Testi in vigore: Spagna

TÍTULO I. Disposiciones generales

Artículo 1. Concepto.

Se entiende por mediación aquel medio adecuado de solución de controversias en que dos o más partes intentan voluntariamente, a través de un procedimiento estructurado, alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Esta Ley es de aplicación a las mediaciones en asuntos civiles o mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable.

En defecto de sometimiento expreso o tácito a esta Ley, la misma será aplicable cuando, al menos, una de las partes tenga su domicilio en España y la mediación se realice en territorio español.

2. Quedan excluidos, en todo caso, del ámbito de aplicación de esta Ley:

a) La mediación penal.

b) La mediación con las Administraciones públicas.

c) La mediación laboral.

Artículo 3. Mediación en conflictos transfronterizos.

1. Un conflicto es transfronterizo cuando al menos una de las partes está domiciliada o reside habitualmente en un Estado distinto a aquél en que cualquiera de las otras partes a las que afecta estén domiciliadas cuando acuerden hacer uso de la mediación o sea obligatorio acudir a la misma de acuerdo con la ley que resulte aplicable. También tendrán esta consideración los conflictos previstos o resueltos por acuerdo de mediación, cualquiera que sea el lugar en el que se haya realizado, cuando, como consecuencia del traslado del domicilio de alguna de las partes, el pacto o algunas de sus consecuencias se pretendan ejecutar en el territorio de un Estado distinto.

2. En los litigios transfronterizos entre partes que residan en distintos Estados miembros de la Unión Europea, el domicilio se determinará de conformidad con los artículos 59 y 60 del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

Artículo 4. Efectos de la mediación sobre los plazos de prescripción y caducidad.

La solicitud de inicio de la mediación conforme al artículo 16 interrumpirá la prescripción o suspenderá la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recepción de dicha solicitud por el mediador o el depósito ante la institución de mediación en su caso, reiniciándose o reanudándose respectivamente el cómputo de los plazos en el caso de que en el plazo de quince días naturales desde la fecha de la recepción de la solicitud por el mediador o institución mediadora no se hubiera intentado por estos la comunicación con la otra parte, así como en el caso de que en el plazo de quince días naturales desde la recepción de la propuesta por la parte requerida, o desde la fecha de intento de la comunicación si dicha recepción no se produce, no se mantenga la primera reunión dirigida a alcanzar un acuerdo o no se obtenga respuesta por escrito.

En caso de que se abra la mediación, la interrupción o la suspensión se prolongará hasta la fecha de la firma del acuerdo de mediación o, en su defecto, la firma del acta final, o cuando se produzca la terminación de la mediación por alguna de las causas previstas en esta ley.

Artículo 5. Las instituciones de mediación.

1. Tienen la consideración de instituciones de mediación las entidades públicas o privadas, españolas o extranjeras, y las corporaciones de derecho público que tengan entre sus fines el impulso de la mediación, facilitando el acceso y administración de la misma, incluida la designación de mediadores, debiendo garantizar la transparencia en la referida designación. Si entre sus fines figurase también el arbitraje, adoptarán las medidas para asegurar la separación entre ambas actividades.

La institución de mediación no podrá prestar directamente el servicio de mediación, ni tendrá más intervención en la misma que la que prevé esta Ley.

Las instituciones de mediación darán a conocer la identidad de los mediadores que actúen dentro de su ámbito, informando, al menos, de su formación, especialidad y experiencia en el ámbito de la mediación a la que se dediquen.

2. Estas instituciones podrán implantar sistemas de mediación por medios electrónicos, en especial para aquellas controversias que consistan en reclamaciones dinerarias.

3. El Ministerio de Justicia y las Administraciones públicas competentes velarán por que las instituciones de mediación respeten, en el desarrollo de sus actividades, los principios de la mediación establecidos en esta Ley, así como por la buena actuación de los mediadores, en la forma que establezcan sus normas reguladoras.

TÍTULO II. Principios informadores de la mediación

Artículo 6. Requisito de procedibilidad y libre disposición.

1. La mediación es uno de los medios adecuados de solución de controversias a los que las partes pueden acudir para intentar encontrar una solución extrajudicial a la controversia y cumplir con el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 403.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

A efectos procesales, se entenderá cumplido este requisito con la celebración, al menos, de una sesión inicial ante el mediador, siempre que quede en ella constancia del objeto de la controversia y de los demás requisitos establecidos en el artículo 17. A dicha sesión habrán de asistir las partes, personalmente si se trata de personas físicas, y el representante legal o persona con facultad para transigir, si se trata de personas jurídicas.

2. Cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter a mediación las controversias surgidas o que puedan surgir, se deberá intentar el procedimiento pactado de buena fe, antes de acudir a la jurisdicción o a otra solución extrajudicial. Dicha cláusula surtirá estos efectos incluso cuando la controversia verse sobre la validez o existencia del contrato en el que conste.

3. Nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a concluir un acuerdo.

Artículo 7. Igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores.

En el procedimiento de mediación se garantizará que las partes intervengan con plena igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibrio entre sus posiciones y el respeto hacia los puntos de vista por ellas expresados, sin que el mediador pueda actuar en perjuicio o interés de cualquiera de ellas.

Artículo 8. Neutralidad.

Las actuaciones de mediación se desarrollarán de forma que permitan a las partes en conflicto alcanzar por sí mismas un acuerdo de mediación, actuando el mediador de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.

Artículo 9. Confidencialidad.

1. El procedimiento de mediación y la documentación utilizada en el mismo es confidencial, salvo la información relativa a si las partes acudieron o no a mediación y al objeto de la controversia. La obligación de confidencialidad se extiende al mediador, que quedará protegido por el secreto profesional, a las instituciones de mediación y a las partes intervinientes de modo que no podrán revelar la información que hubieran podido obtener derivada del procedimiento.

2. La confidencialidad de la mediación y de su contenido impide que los mediadores o las personas que participen en el procedimiento de mediación estén obligados, en el ámbito de un procedimiento judicial o de un arbitraje, a declarar sobre la información y documentación derivada de dicho procedimiento de mediación o a aportar documentación relacionada con él, excepto:

a) Cuando todas las partes de manera expresa y por escrito se hayan dispensado recíprocamente o al mediador del deber de confidencialidad.

b) Cuando se esté tramitando la impugnación de la tasación de costas y su solicitud de exoneración o moderación según lo previsto en el artículo 245 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a esos únicos efectos y sin que pueda utilizarse para otros diferentes ni en procesos posteriores.

c) Cuando, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada por los jueces del orden jurisdiccional penal.

d) Cuando sea necesario por razones imperiosas de orden público, en particular cuando así lo requiera la protección del interés superior del menor o la prevención de daños a la integridad física o psicológica de una persona.

Salvo en dichas excepciones, si se pretendiese por alguna de las partes la aportación de la información confidencial como prueba en un proceso judicial o un arbitraje no será admitida por aplicación de lo dispuesto en el artículo 183.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

3. La infracción del deber de confidencialidad generará responsabilidad en los términos previstos en el ordenamiento jurídico.

Artículo 10. Las partes en la mediación.

1. Sin perjuicio del respeto a los principios establecidos en esta Ley, la mediación se organizará del modo que las partes tengan por conveniente.

2. Las partes sujetas a mediación actuarán entre sí conforme a los principios de lealtad, buena fe y respeto mutuo.

Durante el tiempo en que se desarrolle la mediación las partes no podrán ejercitar contra las otras partes ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto, con excepción de la solicitud de las medidas cautelares u otras medidas urgentes imprescindibles para evitar la pérdida irreversible de bienes y derechos.

El compromiso de sometimiento a mediación y la iniciación de ésta impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a mediación durante el tiempo en que se desarrolle ésta, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria.

3. Las partes deberán prestar colaboración y apoyo permanente a la actuación del mediador, manteniendo la adecuada deferencia hacia su actividad.

TÍTULO III. Estatuto del mediador

Artículo 11. Condiciones para ejercer de mediador.

1. Pueden ser mediadores las personas naturales que se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión.

Las personas jurídicas que se dediquen a la mediación, sean sociedades profesionales o cualquier otra prevista por el ordenamiento jurídico, deberán designar para su ejercicio a una persona natural que reúna los requisitos previstos en esta Ley.

2. El mediador deberá estar en posesión de título oficial universitario o de formación profesional superior y contar con formación específica para ejercer la mediación, que se adquirirá mediante la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas, que tendrán validez para el ejercicio de la actividad mediadora en cualquier parte del territorio nacional.

3. El mediador deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada de su actuación en los conflictos en que intervenga.

4. Para actuar como mediador en los supuestos exigidos en el artículo 16.1 será necesaria la inscripción en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación dependiente del Ministerio de Justicia o, en su caso, en los registros de mediadores habilitados por las Comunidades Autónomas.

Artículo 12. Calidad y autorregulación de la mediación.

El Ministerio de Justicia y las Administraciones públicas competentes, en colaboración con las instituciones de mediación, fomentarán y requerirán la adecuada formación inicial y continua de los mediadores, la elaboración de códigos de conducta voluntarios, así como la adhesión de aquéllos y de las instituciones de mediación a tales códigos.

Artículo 13. Actuación del mediador.

1. El mediador facilitará la comunicación entre las partes y velará por que dispongan de la información y el asesoramiento suficientes.

La asistencia de los abogados de las partes a cada una de las sesiones de mediación, de haber varias, será consensuada con las partes y el mediador y su inasistencia a alguna de ellas no invalidará el procedimiento de mediación cuando así se haya acordado.

2. El mediador desarrollará una conducta activa tendente a lograr el acercamiento entre las partes, con respeto a los principios recogidos en esta Ley.

3. El mediador podrá renunciar a desarrollar la mediación, con obligación de entregar un acta a las partes en la que conste su renuncia.

4. El mediador no podrá iniciar o deberá abandonar la mediación cuando concurran circunstancias que afecten a su imparcialidad.

5. Antes de iniciar o de continuar su tarea, el mediador deberá revelar cualquier circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad o bien generar un conflicto de intereses. Tales circunstancias incluirán, en todo caso:

a) Todo tipo de relación personal, contractual o empresarial con una de las partes.

b) Cualquier interés directo o indirecto en el resultado de la mediación.

c) Que el mediador, o un miembro de su empresa u organización, hayan actuado anteriormente a favor de una o varias de las partes en cualquier circunstancia, con excepción de la mediación.

En tales casos el mediador sólo podrá aceptar o continuar la mediación cuando asegure poder mediar con total imparcialidad y siempre que las partes lo consientan y lo hagan constar expresamente.

El deber de revelar esta información permanece a lo largo de todo el procedimiento de mediación.

Artículo 14. Responsabilidad de los mediadores.

La aceptación de la mediación obliga a los mediadores a cumplir fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren. El perjudicado tendrá acción directa contra el mediador y, en su caso, la institución de mediación que corresponda con independencia de las acciones de reembolso que asistan a ésta contra los mediadores. La responsabilidad de la institución de mediación derivará de la designación del mediador o del incumplimiento de las obligaciones que le incumben.

Artículo 15. Coste de la mediación.

1. El coste de la mediación, haya concluido o no con el resultado de un acuerdo, se dividirá por igual entre las partes, salvo pacto en contrario.

2. Tanto los mediadores como la institución de mediación podrán exigir a las partes la provisión de fondos que estimen necesaria para atender el coste de la mediación.

Si las partes o alguna de ellas no realizaran en plazo la provisión de fondos solicitada, el mediador o la institución, podrán dar por concluida la mediación. No obstante, si alguna de las partes no hubiere realizado su provisión, el mediador o la institución, antes de acordar la conclusión, lo comunicará a las demás partes, por si tuvieren interés en suplirla dentro del plazo que hubiera sido fijado.

TÍTULO IV. Procedimiento de mediación

Artículo 16. Solicitud de inicio.

1. El procedimiento de mediación podrá iniciarse:

a) De común acuerdo entre las partes. En este caso la solicitud incluirá la designación del mediador o la institución de mediación en la que llevarán a cabo la mediación, así como el acuerdo sobre el lugar en el que se desarrollarán las sesiones y la lengua o lenguas de las actuaciones.

b) Por una de las partes en cumplimiento de un pacto de sometimiento a mediación existente entre aquellas.

c) Por una de las partes antes del ejercicio de acciones judiciales y en cumplimiento del requisito de procedibilidad previsto en el artículo 403.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

d) Por derivación judicial o del letrado o la letrada de la Administración de Justicia, previa conformidad de las partes en los términos previstos en las leyes procesales.

2. La solicitud se formulará ante las instituciones de mediación o ante el mediador propuesto por una de las partes a las demás o ya designado por ellas.

3. Cuando de manera voluntaria se inicie una mediación estando en curso un proceso judicial, las partes de común acuerdo podrán solicitar su suspensión de conformidad con lo dispuesto en la legislación procesal.

En los casos en que se derive a mediación por el juez, jueza o tribunal o por el letrado o letrada de la Administración de Justicia durante el curso del proceso, las partes designarán un mediador o institución de mediación debidamente acreditados ante los registros de mediadores del Ministerio de Justicia o de las Comunidades Autónomas. Si no llegasen a un acuerdo en la designación en el plazo común de cinco días, se nombrará el que por turno corresponda de la lista de mediadores de cada especialidad que exista en el Servicio de medios adecuados de solución de controversias o ante los propios tribunales.

En todos los casos, la no aceptación por el mediador designado en primer lugar, salvo que sea justificada, se entenderá como renuncia automática a la designación efectuada, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en que pueda incurrir por razón de dicha negativa.

Artículo 17. Sesión inicial.

1. Recibida la solicitud y salvo pacto en contrario de las partes, el mediador o la institución de mediación citará a las partes para la celebración de la sesión inicial. En caso de inasistencia injustificada de cualquiera de las partes a dicha sesión se entenderá que rehúsan la mediación solicitada y se tendrá por cumplido el requisito de procedibilidad. La información de qué parte o partes no asistieron a la sesión no será confidencial.

En esa sesión el mediador informará a las partes de las posibles causas que puedan afectar a su imparcialidad, de su profesión, formación y experiencia; así como de las características de la mediación, su coste, la organización del procedimiento y las consecuencias jurídicas del acuerdo que se pudiera alcanzar, y del plazo para firmar el acta de la sesión constitutiva.

Las partes habrán de manifestar durante la sesión el objeto de la controversia para que el intento de mediación pueda entenderse como suficiente para considerar cumplido el requisito de procedibilidad previo a la interposición de la demanda.

2. El mediador deberá expedir, a petición de cualquiera de las partes, un documento en el que deberá hacer constar:

a) La identidad del mediador, su cualificación, colegio profesional o institución a la que pertenece.

b) La identidad de las partes.

c) El objeto de la controversia.

d) La fecha de la sesión.

e) La declaración solemne de que las dos partes han intervenido de buena fe en el proceso, para que surta efectos ante la autoridad judicial correspondiente.

f) En su caso, la inasistencia de cualquiera de las partes.

La certificación por el mediador de la asistencia de las partes a esta sesión inicial, o el inicio del proceso de mediación de buena fe, aun cuando posteriormente se abandone por el desistimiento de cualquiera de las partes, satisface el requisito de procedibilidad del intento negociador previo a la interposición de la demanda.

Artículo 18. Pluralidad de mediadores.

1. La mediación será llevada a cabo por uno o varios mediadores.

2. Si por la complejidad de la materia o por la conveniencia de las partes se produjera la actuación de varios mediadores en un mismo procedimiento, éstos actuarán de forma coordinada.

Artículo 19. Sesión constitutiva.

1. El procedimiento de mediación comenzará mediante una sesión constitutiva en la que las partes expresarán su deseo de desarrollar la mediación y dejarán constancia de los siguientes aspectos:

a) El programa de actuaciones y duración máxima prevista para el desarrollo del procedimiento, sin perjuicio de su posible modificación.

b) La información del coste de la mediación o las bases para su determinación, con indicación separada de los honorarios de la persona mediadora y de otros posibles gastos.

c) La declaración de aceptación voluntaria por las partes de la mediación y de que asumen las obligaciones de ella derivadas.

d) El lugar de celebración y la lengua del procedimiento.

2. De la sesión constitutiva se levantará un acta en la que consten estos aspectos, que será firmada tanto por las partes como por la persona o personas mediadoras. En otro caso, dicha acta declarará que la mediación se ha intentado sin efecto.

Artículo 20. Duración del procedimiento.

1. La duración del procedimiento de mediación será lo más breve posible y sus actuaciones se concentrarán en el mínimo número de sesiones.

2. En los casos en que se opte por el intento de mediación como requisito de procedibilidad, la duración de la mediación no podrá exceder de tres meses desde la recepción de la solicitud por el mediador.

Artículo 21. Desarrollo de las actuaciones de mediación.

1. El mediador convocará a las partes para cada sesión con la antelación necesaria, dirigirá las sesiones y facilitará la exposición de sus posiciones y su comunicación de modo igual y equilibrado.

2. Las comunicaciones entre el mediador y las personas en conflicto podrán ser o no simultáneas.

3. El mediador comunicará a todas las partes la celebración de las reuniones que tengan lugar por separado con alguna de ellas, sin perjuicio de la confidencialidad sobre lo tratado. El mediador no podrá ni comunicar ni distribuir la información o documentación que la parte le hubiera aportado, salvo autorización expresa de esta.

Artículo 22. Terminación del procedimiento.

1. El procedimiento de mediación puede concluir en acuerdo o finalizar sin alcanzar dicho acuerdo, bien sea porque todas o alguna de las partes ejerzan su derecho a dar por terminadas las actuaciones, comunicándoselo al mediador, bien porque haya transcurrido el plazo máximo acordado por las partes para la duración del procedimiento, así como cuando el mediador aprecie de manera justificada que las posiciones de las partes son irreconciliables o concurra otra causa que determine su conclusión.

Con la terminación del procedimiento se devolverán a cada parte los documentos que hubiere aportado. Con los documentos que no hubieren de devolverse a las partes, se formará un expediente que deberá conservar y custodiar el mediador o, en su caso, la institución de mediación, una vez terminado el procedimiento, por un plazo de cuatro meses.

2. La renuncia del mediador a continuar el procedimiento o el rechazo de las partes a su mediador sólo producirá la terminación del procedimiento cuando no se llegue a nombrar un nuevo mediador.

3. El acta final determinará la conclusión del procedimiento y, en su caso, reflejará los acuerdos alcanzados de forma clara y comprensible, o su finalización por cualquier otra causa.

El acta deberá ir firmada por todas las partes y por el mediador o mediadores y se entregará un ejemplar original a cada una de ellas. En caso de que alguna de las partes no quisiera firmar el acta, el mediador hará constar en la misma esta circunstancia, entregando un ejemplar a las partes que lo deseen.

Artículo 23. El acuerdo de mediación.

1. El acuerdo de mediación puede versar sobre una parte o sobre la totalidad de las materias sometidas a la mediación.

En el acuerdo de mediación deberá constar la identidad y el domicilio de las partes, el lugar y fecha en que se suscribe, las obligaciones que cada parte asume y que se ha seguido un procedimiento de mediación ajustado a las previsiones de esta Ley, con indicación del mediador o mediadores que han intervenido y, en su caso, de la institución de mediación en la cual se ha desarrollado el procedimiento.

2. El acuerdo de mediación deberá firmarse por las partes o sus representantes.

3. Del acuerdo de mediación se entregará un ejemplar a cada una de las partes, reservándose otro el mediador para su conservación.

El mediador informará a las partes del carácter vinculante del acuerdo alcanzado y de que pueden instar su elevación a escritura pública al objeto de configurar su acuerdo como un título ejecutivo.

4. Contra lo convenido en el acuerdo de mediación sólo podrá ejercitarse la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos.

Artículo 24. Actuaciones desarrolladas por medios electrónicos.

1. Las partes podrán acordar que todas o alguna de las actuaciones de mediación, incluida la sesión constitutiva y las sucesivas que estimen conveniente, se lleven a cabo por medios electrónicos, por videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de la voz o la imagen, siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios de la mediación previstos en esta Ley.

2. La mediación que consista en una reclamación de cantidad que no exceda de 600 euros se desarrollará preferentemente por medios electrónicos, salvo que el empleo de éstos no sea posible para alguna de las partes.

TÍTULO V. Ejecución de los acuerdos

Artículo 25. Formalización del título ejecutivo.

1. Las partes podrán elevar a escritura pública el acuerdo alcanzado tras un procedimiento de mediación. El acuerdo de mediación se presentará por cualquiera de las partes ante un notario acompañado de copia de las actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento, sin que sea necesaria la presencia del mediador.

2. Para llevar a cabo la elevación a escritura pública del acuerdo de mediación, el notario verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Ley y que su contenido no es contrario a Derecho.

3. Cuando el acuerdo de mediación haya de ejecutarse en otro Estado, además de la elevación a escritura pública, será necesario el cumplimiento de los requisitos que, en su caso, puedan exigir los convenios internacionales en que España sea parte y las normas de la Unión Europea.

4. Cuando el acuerdo se hubiere alcanzado en una mediación desarrollada después de iniciar un proceso judicial, las partes podrán solicitar del tribunal su homologación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 26. Tribunal competente para la ejecución de los acuerdos de mediación.

La ejecución de los acuerdos resultado de una mediación iniciada estando en curso un proceso se instará ante el tribunal que homologó el acuerdo.

Si se tratase de acuerdos formalizados tras un procedimiento de mediación será competente para denegar o autorizar la ejecución y el correspondiente despacho el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya firmado el acuerdo de mediación, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 545 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 27. Ejecución de los acuerdos de mediación transfronterizos.

1. Sin perjuicio de lo que dispongan la normativa de la Unión Europea y los convenios internacionales vigentes en España, el reconocimiento y ejecución de un acuerdo de mediación se producirá en la forma prevista en la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil.

2. Un acuerdo de mediación que no haya sido declarado ejecutable por una autoridad extranjera sólo podrá ser ejecutado en España previa elevación a escritura pública por notario español a solicitud de las partes, o de una de ellas con el consentimiento expreso de las demás.

3. El documento extranjero no podrá ser ejecutado cuando resulte contrario al orden público español.

Disposiciones adicionales

Disposición adicional primera.

Las instituciones o servicios de mediación establecidos o reconocidos por las Administraciones públicas de acuerdo con lo dispuesto en las leyes podrán asumir las funciones de mediación previstas en esta Ley siempre que cumplan las condiciones establecidas en la misma para actuar como instituciones de mediación.

Disposición adicional segunda.

1. Las Administraciones públicas competentes para la provisión de medios materiales al servicio de la Administración de Justicia proveerán la puesta a disposición de los órganos jurisdiccionales y del público de información sobre la mediación como alternativa al proceso judicial.

2. Las Administraciones públicas competentes procurarán incluir la mediación dentro del asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, previstos en el artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, en la medida que permita reducir tanto la litigiosidad como sus costes.

Disposición adicional tercera.

Para el cálculo de los honorarios notariales de la escritura pública de formalización de los acuerdos de mediación se aplicarán los aranceles correspondientes a los «Documentos sin cuantía» previstos en el número 1 del anexo I del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los notarios.

Disposición adicional cuarta.

Los procedimientos de mediación deberán garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. A tal fin, deberán atenerse a lo dispuesto en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.

En especial se deberá garantizar la accesibilidad de los entornos, la utilización de la lengua de signos y los medios de apoyo a la comunicación oral, el braille, la comunicación táctil o cualquier otro medio o sistema que permita a las personas con discapacidad participar plenamente del proceso.

Los medios electrónicos a los que se refiere el artículo 24 de esta Ley deberán atenerse a las condiciones de accesibilidad previstas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Disposición derogatoria

Disposición derogatoria única.

Queda derogado el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Disposiciones finales

Disposición final primera.

La letra ñ) del artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, pasa a tener la siguiente redacción: «ñ) Impulsar y desarrollar la mediación, así como desempeñar funciones de arbitraje, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.»

Disposición final segunda.

La letra i) del apartado 1 del artículo 2 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, pasa a tener la siguiente redacción: «i) Impulsar y desarrollar la mediación, así como desempeñar funciones de arbitraje mercantil, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.»

Disposición final tercera.

[Modifica extensamente la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en numerosos puntos relativos a la mediación (efectos procesales, suspensión de plazos, homologación de acuerdos, etc.). Por su extensión, no se reproduce íntegramente en este documento; se remite a la fuente oficial indicada más arriba.]

Disposición final cuarta.

[Modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, incorporando nuevas disposiciones adicionales relativas a la formación en mediación. Por su extensión, no se reproduce íntegramente en este documento; se remite a la fuente oficial indicada más arriba.]

Disposición final quinta.

Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil, establecida en el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución. No obstante lo anterior, la modificación de la Ley 34/2006 se efectúa al amparo del artículo 149.1.1.ª, 6.ª y 30.ª de la Constitución.

Disposición final sexta.

Mediante esta Ley se incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Disposición final séptima.

El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Justicia, promoverá la resolución de los conflictos que versen sobre reclamaciones de cantidad a través de un procedimiento de mediación simplificado que se desarrollará exclusivamente por medios electrónicos, salvo que el empleo de éstos no sea posible para alguna de las partes. Las posiciones de las partes quedarán reflejadas en los formularios de solicitud del procedimiento y su contestación que el mediador o la institución de mediación facilitarán a los interesados. Este procedimiento tendrá una duración máxima de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de la solicitud, y será prorrogable por acuerdo de las partes.

Disposición final octava. Desarrollo reglamentario del control del cumplimiento de los requisitos de la mediación exigidos en la Ley.

1. El Gobierno, a iniciativa del Ministro de Justicia, podrá prever reglamentariamente los instrumentos que se consideren necesarios para la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Ley a los mediadores y a las instituciones de mediación, así como de su publicidad. Estos instrumentos podrán incluir la creación de un Registro de Mediadores y de Instituciones de Mediación, dependiente del Ministerio de Justicia y coordinado con los Registros de Mediación de las Comunidades Autónomas, y en el que en atención al incumplimiento de los requisitos previstos en esta Ley se podrá dar de baja a un mediador.

2. Las Administraciones públicas competentes determinarán la duración y contenido mínimo del curso o cursos que con carácter previo habrán de realizar los mediadores para adquirir la formación necesaria para el desempeño de la mediación, así como la formación continua que deben recibir. Dicha formación incluirá, entre otras materias, sendos módulos de igualdad, de atención a las personas con discapacidad, de detección de violencia de género que tenga en cuenta la perspectiva de discapacidad, de perspectiva de género y de infancia y de diversidad sexual, de género y familiar para todos los mediadores que deseen actuar en el ámbito del Derecho de familia.

También deberá incluir formación en necesidades específicas de las personas con una edad de sesenta y cinco años o más que garantice su participación en el procedimiento de mediación en condiciones de igualdad.

El Gobierno podrá desarrollar reglamentariamente el alcance de la obligación de aseguramiento de la responsabilidad civil de los mediadores.

Disposición final novena.

El Gobierno deberá remitir a las Cortes Generales, en el plazo de dos años, un informe sobre la aplicación, la efectividad y los efectos del conjunto de medidas adoptadas por la presente Ley a los efectos de evaluar su funcionamiento, incluyendo, en su caso, propuestas para la adopción de otras medidas, tanto sustantivas como procedimentales, dirigidas a la mejora de la mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Disposición final décima. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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AVVISO IMPORTANTE — TRADUZIONE NON UFFICIALE La presente traduzione italiana è stata realizzata a puri fini informativi e divulgativi. Non è una traduzione ufficiale, non è certificata né approvata da alcuna autorità spagnola o italiana e non ha alcun valore legale o vincolante. In caso di qualsiasi dubbio interpretativo, controversia o uso legale, fa fede esclusivamente il testo originale in lingua spagnola pubblicato nel Boletín Oficial del Estado (BOE), disponibile all'indirizzo https://www.boe.es/eli/es/l/2012/07/06/5/con (BOE-A-2012-9112). Chi redige questa traduzione non si assume alcuna responsabilità per eventuali imprecisioni o per decisioni assunte sulla base di essa.

TITOLO I. Disposizioni generali

Articolo 1. Concetto.

Per mediazione si intende quel mezzo adeguato di soluzione delle controversie in cui due o più parti tentano volontariamente, attraverso un procedimento strutturato, di raggiungere da sé un accordo con l'intervento di un mediatore.

Articolo 2. Ambito di applicazione.

1. La presente Legge si applica alle mediazioni in materia civile o commerciale, inclusi i conflitti transfrontalieri, sempre che non riguardino diritti e obblighi non disponibili per le parti in base alla legislazione applicabile.

In assenza di sottoposizione espressa o tacita alla presente Legge, essa sarà applicabile quando, almeno, una delle parti abbia il proprio domicilio in Spagna e la mediazione si svolga in territorio spagnolo.

2. Sono esclusi, in ogni caso, dall'ambito di applicazione della presente Legge:

a) La mediazione penale.

b) La mediazione con le Pubbliche Amministrazioni.

c) La mediazione del lavoro.

Articolo 3. Mediazione nei conflitti transfrontalieri.

1. Un conflitto è transfrontaliero quando almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato diverso da quello in cui sono domiciliate le altre parti coinvolte, nel momento in cui concordano di ricorrere alla mediazione o in cui il ricorso ad essa è obbligatorio in base alla legge applicabile. Sono altresì considerati tali i conflitti previsti o risolti mediante accordo di mediazione, qualunque sia il luogo in cui esso sia stato concluso, quando, in conseguenza del trasferimento del domicilio di una delle parti, si intenda dare esecuzione al patto o ad alcune delle sue conseguenze nel territorio di uno Stato diverso.

2. Nelle controversie transfrontaliere tra parti residenti in diversi Stati membri dell'Unione Europea, il domicilio si determina conformemente agli articoli 59 e 60 del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Articolo 4. Effetti della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza.

La richiesta di avvio della mediazione ai sensi dell'articolo 16 interrompe la prescrizione o sospende la decadenza delle azioni dalla data in cui risulti la ricezione di tale richiesta da parte del mediatore o il deposito presso l'istituzione di mediazione, a seconda del caso, riprendendo o riavviandosi rispettivamente il computo dei termini nel caso in cui, entro quindici giorni naturali dalla data di ricezione della richiesta da parte del mediatore o dell'istituzione mediatrice, questi non abbiano tentato la comunicazione con l'altra parte, così come nel caso in cui, entro quindici giorni naturali dalla ricezione della proposta da parte del soggetto richiesto, o dalla data del tentativo di comunicazione qualora tale ricezione non si verifichi, non si tenga la prima riunione diretta a raggiungere un accordo o non si ottenga una risposta scritta.

Qualora venga avviata la mediazione, l'interruzione o la sospensione si protrarrà fino alla data della firma dell'accordo di mediazione o, in mancanza, della firma del verbale finale, o fino a quando si verifichi la conclusione della mediazione per una delle cause previste dalla presente legge.

Articolo 5. Le istituzioni di mediazione.

1. Sono considerate istituzioni di mediazione gli enti pubblici o privati, spagnoli o stranieri, e le corporazioni di diritto pubblico che abbiano tra i propri fini la promozione della mediazione, facilitandone l'accesso e la gestione, ivi compresa la designazione dei mediatori, dovendo garantire la trasparenza in tale designazione. Se tra i loro fini figuri anche l'arbitrato, adotteranno le misure necessarie ad assicurare la separazione tra le due attività.

L'istituzione di mediazione non potrà prestare direttamente il servizio di mediazione, né avrà in essa un intervento diverso da quello previsto dalla presente Legge.

Le istituzioni di mediazione renderanno nota l'identità dei mediatori che operano nel proprio ambito, informando, quantomeno, sulla loro formazione, specializzazione ed esperienza nell'ambito della mediazione a cui si dedicano.

2. Tali istituzioni potranno implementare sistemi di mediazione tramite mezzi elettronici, in particolare per le controversie consistenti in richieste di somme di denaro.

3. Il Ministero della Giustizia e le Pubbliche Amministrazioni competenti vigileranno affinché le istituzioni di mediazione rispettino, nello svolgimento delle loro attività, i principi della mediazione stabiliti dalla presente Legge, nonché la corretta condotta dei mediatori, secondo quanto stabilito dalle rispettive norme regolatrici.

TITOLO II. Principi ispiratori della mediazione

Articolo 6. Requisito di procedibilità e libera disponibilità.

1. La mediazione è uno dei mezzi adeguati di soluzione delle controversie a cui le parti possono ricorrere per tentare di trovare una soluzione extragiudiziale alla controversia e per soddisfare il requisito di procedibilità previsto dall'articolo 403.2 della Legge 1/2000, del 7 gennaio, di Procedura Civile.

Ai fini processuali, tale requisito si considererà soddisfatto con lo svolgimento, almeno, di una sessione iniziale dinanzi al mediatore, sempre che in essa risulti l'oggetto della controversia e gli altri requisiti stabiliti dall'articolo 17. A tale sessione dovranno partecipare le parti, personalmente se persone fisiche, e il rappresentante legale o la persona con potere di transigere, se si tratta di persone giuridiche.

2. Qualora esista un patto scritto che esprima l'impegno a sottoporre a mediazione le controversie sorte o che possano sorgere, si dovrà tentare la procedura pattuita in buona fede, prima di ricorrere alla giurisdizione o ad altra soluzione extragiudiziale. Tale clausola produrrà questi effetti anche quando la controversia verta sulla validità o esistenza del contratto in cui è contenuta.

3. Nessuno è obbligato a rimanere nel procedimento di mediazione né a concludere un accordo.

Articolo 7. Uguaglianza delle parti e imparzialità dei mediatori.

Nel procedimento di mediazione sarà garantito che le parti intervengano con piena parità di opportunità, mantenendo l'equilibrio tra le loro posizioni e il rispetto verso i punti di vista da esse espressi, senza che il mediatore possa agire a danno o a favore di alcuna di esse.

Articolo 8. Neutralità.

Le attività di mediazione si svolgeranno in modo tale da consentire alle parti in conflitto di raggiungere da sé un accordo di mediazione, agendo il mediatore conformemente a quanto disposto dall'articolo 13.

Articolo 9. Riservatezza.

1. Il procedimento di mediazione e la documentazione utilizzata nello stesso sono riservati, ad eccezione delle informazioni relative al fatto se le parti abbiano o meno fatto ricorso alla mediazione e all'oggetto della controversia. L'obbligo di riservatezza si estende al mediatore, che sarà tutelato dal segreto professionale, alle istituzioni di mediazione e alle parti intervenute, in modo che non possano rivelare le informazioni che avessero potuto ottenere in conseguenza del procedimento.

2. La riservatezza della mediazione e del suo contenuto impedisce che i mediatori o le persone che partecipano al procedimento di mediazione siano obbligati, nell'ambito di un procedimento giudiziario o di un arbitrato, a testimoniare sulle informazioni e sulla documentazione derivanti da tale procedimento di mediazione o a produrre documentazione ad esso relativa, salvo che:

a) Tutte le parti, in modo espresso e per iscritto, si siano reciprocamente dispensate, o abbiano dispensato il mediatore, dall'obbligo di riservatezza.

b) Sia in corso il procedimento di impugnazione della liquidazione delle spese e la relativa richiesta di esonero o riduzione ai sensi dell'articolo 245 della Legge 1/2000, del 7 gennaio, di Procedura Civile, esclusivamente a tali fini e senza che possa essere utilizzata per fini diversi né in procedimenti successivi.

c) Sia richiesta, mediante provvedimento giudiziale motivato, dai giudici dell'ordine giurisdizionale penale.

d) Sia necessaria per ragioni imperative di ordine pubblico, in particolare quando ciò sia richiesto dalla tutela del superiore interesse del minore o dalla prevenzione di danni all'integrità fisica o psicologica di una persona.

Salvo tali eccezioni, qualora una delle parti intenda produrre l'informazione riservata come prova in un procedimento giudiziario o in un arbitrato, essa non sarà ammessa in applicazione di quanto disposto dall'articolo 183.3 della Legge 1/2000, del 7 gennaio, di Procedura Civile.

3. La violazione dell'obbligo di riservatezza determinerà responsabilità nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Articolo 10. Le parti nella mediazione.

1. Fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dalla presente Legge, la mediazione sarà organizzata nel modo che le parti ritengano opportuno.

2. Le parti sottoposte a mediazione agiranno tra loro secondo i principi di lealtà, buona fede e rispetto reciproco.

Durante il periodo in cui si svolge la mediazione, le parti non potranno esercitare l'una contro l'altra alcuna azione giudiziale o extragiudiziale relativa al suo oggetto, ad eccezione della richiesta di misure cautelari o di altre misure urgenti indispensabili per evitare la perdita irreversibile di beni e diritti.

L'impegno a sottoporsi a mediazione e l'avvio della stessa impediscono ai tribunali di conoscere delle controversie sottoposte a mediazione durante il periodo in cui questa si svolge, sempre che la parte interessata lo invochi mediante eccezione di declinatoria (declinatoria di competenza).

3. Le parti dovranno prestare collaborazione e sostegno permanente all'operato del mediatore, mantenendo la dovuta deferenza verso la sua attività.

TITOLO III. Statuto del mediatore

Articolo 11. Condizioni per esercitare come mediatore.

1. Possono essere mediatori le persone fisiche che si trovino nel pieno esercizio dei propri diritti civili, sempre che ciò non sia loro impedito dalla legislazione a cui possano essere soggette nell'esercizio della propria professione.

Le persone giuridiche che si dedicano alla mediazione, siano esse società professionali o qualsiasi altra forma prevista dall'ordinamento giuridico, dovranno designare per il suo esercizio una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dalla presente Legge.

2. Il mediatore dovrà essere in possesso di titolo universitario ufficiale o di formazione professionale superiore e disporre di formazione specifica per esercitare la mediazione, che si acquisisce mediante lo svolgimento di uno o più corsi specifici impartiti da istituzioni debitamente accreditate, i quali avranno validità per l'esercizio dell'attività di mediazione in qualsiasi parte del territorio nazionale.

3. Il mediatore dovrà stipulare un'assicurazione o garanzia equivalente che copra la responsabilità civile derivante dalla sua attività nei conflitti in cui interviene.

4. Per agire come mediatore nei casi richiesti dall'articolo 16.1 sarà necessaria l'iscrizione nel Registro dei Mediatori e delle Istituzioni di Mediazione dipendente dal Ministero della Giustizia o, se del caso, nei registri dei mediatori abilitati dalle Comunità Autonome.

Articolo 12. Qualità e autoregolamentazione della mediazione.

Il Ministero della Giustizia e le Pubbliche Amministrazioni competenti, in collaborazione con le istituzioni di mediazione, promuoveranno e richiederanno l'adeguata formazione iniziale e continua dei mediatori, l'elaborazione di codici di condotta volontari, nonché l'adesione degli stessi e delle istituzioni di mediazione a tali codici.

Articolo 13. Attività del mediatore.

1. Il mediatore agevolerà la comunicazione tra le parti e vigilerà affinché esse dispongano di informazioni e consulenza sufficienti.

La partecipazione degli avvocati delle parti a ciascuna delle sessioni di mediazione, qualora ve ne siano diverse, sarà concordata con le parti e con il mediatore e la loro mancata partecipazione ad alcuna di esse non invaliderà il procedimento di mediazione qualora ciò sia stato concordato.

2. Il mediatore svilupperà una condotta attiva tesa a favorire l'avvicinamento tra le parti, nel rispetto dei principi contenuti nella presente Legge.

3. Il mediatore potrà rinunciare a svolgere la mediazione, con l'obbligo di consegnare alle parti un verbale in cui risulti la sua rinuncia.

4. Il mediatore non potrà iniziare o dovrà abbandonare la mediazione qualora ricorrano circostanze che incidano sulla sua imparzialità.

5. Prima di iniziare o proseguire il proprio incarico, il mediatore dovrà rivelare qualsiasi circostanza che possa incidere sulla propria imparzialità o generare un conflitto di interessi. Tali circostanze comprendono, in ogni caso:

a) Ogni tipo di rapporto personale, contrattuale o imprenditoriale con una delle parti.

b) Qualsiasi interesse diretto o indiretto nell'esito della mediazione.

c) Il fatto che il mediatore, o un membro della sua impresa od organizzazione, abbia in precedenza agito a favore di una o più delle parti in qualsiasi circostanza, ad eccezione della mediazione.

In tali casi il mediatore potrà accettare o proseguire la mediazione solo qualora sia in grado di garantire di poter mediare con totale imparzialità e sempre che le parti vi acconsentano e lo dichiarino espressamente.

L'obbligo di rivelare tali informazioni permane per tutto il procedimento di mediazione.

Articolo 14. Responsabilità dei mediatori.

L'accettazione dell'incarico di mediazione obbliga i mediatori ad adempiervi fedelmente, incorrendo, in caso contrario, in responsabilità per i danni causati. Il soggetto danneggiato avrà azione diretta contro il mediatore e, se del caso, contro l'istituzione di mediazione competente, indipendentemente dalle azioni di regresso spettanti a quest'ultima nei confronti dei mediatori. La responsabilità dell'istituzione di mediazione deriverà dalla designazione del mediatore o dall'inadempimento degli obblighi ad essa incombenti.

Articolo 15. Costo della mediazione.

1. Il costo della mediazione, sia essa conclusasi o meno con un accordo, sarà ripartito in parti uguali tra le parti, salvo patto contrario.

2. Sia i mediatori che l'istituzione di mediazione potranno richiedere alle parti il versamento anticipato dei fondi ritenuti necessari per far fronte al costo della mediazione.

Se le parti, o alcuna di esse, non provvedessero entro il termine al versamento richiesto, il mediatore o l'istituzione potranno dichiarare conclusa la mediazione. Tuttavia, qualora una delle parti non avesse effettuato il proprio versamento, il mediatore o l'istituzione, prima di deliberare la conclusione, lo comunicheranno alle altre parti, affinché queste possano, se interessate, provvedervi entro il termine che sarà stato fissato.

TITOLO IV. Procedimento di mediazione

Articolo 16. Richiesta di avvio.

1. Il procedimento di mediazione potrà essere avviato:

a) Di comune accordo tra le parti. In questo caso la richiesta includerà la designazione del mediatore o dell'istituzione di mediazione presso cui si svolgerà la mediazione, nonché l'accordo sul luogo in cui si terranno le sessioni e la lingua o le lingue delle attività.

b) Da una delle parti, in adempimento di un patto di sottoposizione a mediazione esistente tra le stesse.

c) Da una delle parti, prima dell'esercizio di azioni giudiziali e in adempimento del requisito di procedibilità previsto dall'articolo 403.2 della Legge 1/2000, del 7 gennaio, di Procedura Civile.

d) Per derivazione giudiziale o del cancelliere (letrado/a de la Administración de Justicia), previo consenso delle parti nei termini previsti dalle leggi processuali.

2. La richiesta sarà presentata alle istituzioni di mediazione o al mediatore proposto da una delle parti alle altre o già designato dalle stesse.

3. Qualora si avvii volontariamente una mediazione mentre è in corso un procedimento giudiziale, le parti, di comune accordo, potranno chiederne la sospensione conformemente a quanto disposto dalla legislazione processuale.

Nei casi in cui la mediazione sia disposta dal giudice o dal tribunale, o dal cancelliere, durante il corso del processo, le parti designeranno un mediatore o un'istituzione di mediazione debitamente accreditati presso i registri dei mediatori del Ministero della Giustizia o delle Comunità Autonome. Se non raggiungessero un accordo sulla designazione entro il termine comune di cinque giorni, sarà nominato colui a cui spetti per turno dall'elenco dei mediatori di ciascuna specializzazione esistente presso il Servizio dei mezzi adeguati di soluzione delle controversie o presso gli stessi tribunali.

In tutti i casi, la mancata accettazione da parte del mediatore designato per primo, salvo che sia giustificata, sarà considerata come rinuncia automatica alla designazione effettuata, fatte salve le responsabilità disciplinari in cui possa incorrere per tale rifiuto.

Articolo 17. Sessione iniziale.

1. Ricevuta la richiesta e salvo diverso accordo delle parti, il mediatore o l'istituzione di mediazione convocherà le parti per lo svolgimento della sessione iniziale. In caso di mancata partecipazione ingiustificata di una delle parti a tale sessione, si riterrà che essa rifiuti la mediazione richiesta e il requisito di procedibilità si considererà soddisfatto. L'informazione su quale parte o parti non abbiano partecipato alla sessione non sarà riservata.

In tale sessione il mediatore informerà le parti delle eventuali cause che possano incidere sulla propria imparzialità, della propria professione, formazione ed esperienza, nonché delle caratteristiche della mediazione, del suo costo, dell'organizzazione del procedimento e delle conseguenze giuridiche dell'eventuale accordo raggiunto, e del termine per firmare il verbale della sessione costitutiva.

Le parti dovranno dichiarare durante la sessione l'oggetto della controversia affinché il tentativo di mediazione possa considerarsi sufficiente ai fini del soddisfacimento del requisito di procedibilità previo alla proposizione della domanda.

2. Il mediatore dovrà rilasciare, su richiesta di una qualsiasi delle parti, un documento in cui dovrà far constare:

a) L'identità del mediatore, la sua qualifica, l'ordine professionale o l'istituzione a cui appartiene.

b) L'identità delle parti.

c) L'oggetto della controversia.

d) La data della sessione.

e) La dichiarazione solenne che le due parti hanno partecipato in buona fede al procedimento, affinché produca effetti dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

f) Se del caso, la mancata partecipazione di una qualsiasi delle parti.

L'attestazione da parte del mediatore della partecipazione delle parti a tale sessione iniziale, o dell'avvio del procedimento di mediazione in buona fede, anche qualora venga successivamente abbandonato per rinuncia di una qualsiasi delle parti, soddisfa il requisito di procedibilità del tentativo negoziale previo alla proposizione della domanda.

Articolo 18. Pluralità di mediatori.

1. La mediazione sarà svolta da uno o più mediatori.

2. Se, per la complessità della materia o per convenienza delle parti, dovesse aversi l'intervento di più mediatori in uno stesso procedimento, questi agiranno in modo coordinato.

Articolo 19. Sessione costitutiva.

1. Il procedimento di mediazione avrà inizio mediante una sessione costitutiva in cui le parti esprimeranno la propria volontà di svolgere la mediazione e daranno atto dei seguenti aspetti:

a) Il programma delle attività e la durata massima prevista per lo svolgimento del procedimento, fermo restando la sua eventuale modifica.

b) L'informazione sul costo della mediazione o i criteri per la sua determinazione, con indicazione separata degli onorari del mediatore e di eventuali altre spese.

c) La dichiarazione di accettazione volontaria della mediazione da parte delle parti e del fatto che assumono gli obblighi da essa derivanti.

d) Il luogo di svolgimento e la lingua del procedimento.

2. Della sessione costitutiva sarà redatto un verbale contenente tali aspetti, che sarà firmato sia dalle parti che dal mediatore o dai mediatori. In caso contrario, tale verbale dichiarerà che la mediazione è stata tentata senza esito.

Articolo 20. Durata del procedimento.

1. La durata del procedimento di mediazione sarà la più breve possibile e le sue attività si concentreranno nel minor numero di sessioni.

2. Nei casi in cui si opti per il tentativo di mediazione come requisito di procedibilità, la durata della mediazione non potrà eccedere i tre mesi dalla ricezione della richiesta da parte del mediatore.

Articolo 21. Svolgimento delle attività di mediazione.

1. Il mediatore convocherà le parti per ciascuna sessione con il preavviso necessario, dirigerà le sessioni e agevolerà l'esposizione delle rispettive posizioni e la loro comunicazione in modo paritario ed equilibrato.

2. Le comunicazioni tra il mediatore e le persone in conflitto potranno essere simultanee o meno.

3. Il mediatore comunicherà a tutte le parti lo svolgimento delle riunioni tenute separatamente con alcuna di esse, ferma restando la riservatezza su quanto trattato. Il mediatore non potrà né comunicare né distribuire le informazioni o la documentazione che una parte gli abbia fornito, salvo autorizzazione espressa di quest'ultima.

Articolo 22. Conclusione del procedimento.

1. Il procedimento di mediazione può concludersi con un accordo o terminare senza il raggiungimento dello stesso, sia perché tutte o alcuna delle parti esercitino il proprio diritto di porre fine alle attività, comunicandolo al mediatore, sia perché sia decorso il termine massimo concordato dalle parti per la durata del procedimento, così come quando il mediatore ritenga, in modo motivato, che le posizioni delle parti siano inconciliabili o ricorra un'altra causa che ne determini la conclusione.

Con la conclusione del procedimento saranno restituiti a ciascuna parte i documenti da essa forniti. Con i documenti che non debbano essere restituiti alle parti si formerà un fascicolo che dovrà essere conservato e custodito dal mediatore o, se del caso, dall'istituzione di mediazione, una volta terminato il procedimento, per un termine di quattro mesi.

2. La rinuncia del mediatore a proseguire il procedimento o il rifiuto delle parti nei confronti del proprio mediatore comporterà la conclusione del procedimento solo qualora non si giunga alla nomina di un nuovo mediatore.

3. Il verbale finale determinerà la conclusione del procedimento e, se del caso, rifletterà in modo chiaro e comprensibile gli accordi raggiunti, o la sua conclusione per qualsiasi altra causa.

Il verbale dovrà essere firmato da tutte le parti e dal mediatore o dai mediatori e ne sarà consegnato un esemplare originale a ciascuna di esse. Qualora una delle parti non intenda firmare il verbale, il mediatore ne darà atto nello stesso, consegnandone un esemplare alle parti che lo desiderino.

Articolo 23. L'accordo di mediazione.

1. L'accordo di mediazione può riguardare una parte o la totalità delle materie sottoposte a mediazione.

Nell'accordo di mediazione dovranno risultare l'identità e il domicilio delle parti, il luogo e la data di sottoscrizione, gli obblighi assunti da ciascuna parte e il fatto che sia stato seguito un procedimento di mediazione conforme alle previsioni della presente Legge, con indicazione del mediatore o dei mediatori intervenuti e, se del caso, dell'istituzione di mediazione presso cui si è svolto il procedimento.

2. L'accordo di mediazione dovrà essere firmato dalle parti o dai loro rappresentanti.

3. Dell'accordo di mediazione sarà consegnato un esemplare a ciascuna delle parti, riservandone uno il mediatore per la propria conservazione.

Il mediatore informerà le parti del carattere vincolante dell'accordo raggiunto e della possibilità di chiederne l'elevazione ad atto pubblico al fine di configurare l'accordo come titolo esecutivo.

4. Contro quanto pattuito nell'accordo di mediazione potrà esercitarsi soltanto l'azione di nullità per le cause che invalidano i contratti.

Articolo 24. Attività svolte tramite mezzi elettronici.

1. Le parti potranno concordare che tutte o alcune delle attività di mediazione, inclusa la sessione costitutiva e quelle successive che ritengano opportune, si svolgano tramite mezzi elettronici, videoconferenza o altro mezzo analogo di trasmissione della voce o dell'immagine, sempre che sia garantita l'identità dei partecipanti e il rispetto dei principi della mediazione previsti dalla presente Legge.

2. La mediazione avente ad oggetto una richiesta di somma di denaro non eccedente 600 euro si svolgerà preferibilmente tramite mezzi elettronici, salvo che l'impiego di questi non sia possibile per alcuna delle parti.

TITOLO V. Esecuzione degli accordi

Articolo 25. Formalizzazione del titolo esecutivo.

1. Le parti potranno elevare ad atto pubblico l'accordo raggiunto a seguito di un procedimento di mediazione. L'accordo di mediazione sarà presentato da una qualsiasi delle parti dinanzi a un notaio, corredato di copia dei verbali della sessione costitutiva e finale del procedimento, senza necessità della presenza del mediatore.

2. Per procedere all'elevazione ad atto pubblico dell'accordo di mediazione, il notaio verificherà il rispetto dei requisiti richiesti dalla presente Legge e che il suo contenuto non sia contrario al Diritto.

3. Qualora l'accordo di mediazione debba essere eseguito in un altro Stato, oltre all'elevazione ad atto pubblico, sarà necessario il rispetto dei requisiti eventualmente richiesti dalle convenzioni internazionali di cui la Spagna sia parte e dalle norme dell'Unione Europea.

4. Qualora l'accordo sia stato raggiunto in una mediazione svoltasi dopo l'avvio di un procedimento giudiziale, le parti potranno chiedere al tribunale la sua omologazione conformemente a quanto disposto dalla Legge 1/2000, del 7 gennaio, di Procedura Civile.

Articolo 26. Tribunale competente per l'esecuzione degli accordi di mediazione.

L'esecuzione degli accordi risultanti da una mediazione avviata mentre era in corso un procedimento sarà richiesta dinanzi al tribunale che ha omologato l'accordo.

Qualora si tratti di accordi formalizzati a seguito di un procedimento di mediazione, sarà competente a negare o autorizzare l'esecuzione e il relativo mandato il Tribunale di Prima Istanza del luogo in cui è stato firmato l'accordo di mediazione, conformemente a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 545 della Legge di Procedura Civile.

Articolo 27. Esecuzione degli accordi di mediazione transfrontalieri.

1. Fermo restando quanto disposto dalla normativa dell'Unione Europea e dalle convenzioni internazionali vigenti in Spagna, il riconoscimento e l'esecuzione di un accordo di mediazione avverranno secondo quanto previsto dalla Legge di cooperazione giuridica internazionale in materia civile.

2. Un accordo di mediazione che non sia stato dichiarato eseguibile da un'autorità straniera potrà essere eseguito in Spagna solo previa elevazione ad atto pubblico da parte di un notaio spagnolo, su richiesta delle parti, o di una di esse con il consenso espresso delle altre.

3. Il documento straniero non potrà essere eseguito qualora risulti contrario all'ordine pubblico spagnolo.

Disposizioni aggiuntive

Disposizione aggiuntiva prima.

Le istituzioni o i servizi di mediazione istituiti o riconosciuti dalle Pubbliche Amministrazioni conformemente a quanto disposto dalle leggi potranno assumere le funzioni di mediazione previste dalla presente Legge, sempre che soddisfino le condizioni da essa stabilite per agire come istituzioni di mediazione.

Disposizione aggiuntiva seconda.

1. Le Pubbliche Amministrazioni competenti per la fornitura dei mezzi materiali al servizio dell'Amministrazione della Giustizia provvederanno a mettere a disposizione degli organi giurisdizionali e del pubblico informazioni sulla mediazione quale alternativa al procedimento giudiziale.

2. Le Pubbliche Amministrazioni competenti si adopereranno per includere la mediazione nell'ambito della consulenza e dell'orientamento gratuiti preliminari al procedimento, previsti dall'articolo 6 della Legge 1/1996, del 10 gennaio, sul Patrocinio a Spese dello Stato, nella misura in cui ciò consenta di ridurre sia la conflittualità che i relativi costi.

Disposizione aggiuntiva terza.

Per il calcolo degli onorari notarili dell'atto pubblico di formalizzazione degli accordi di mediazione si applicheranno le tariffe corrispondenti ai «Documenti senza valore determinato» previste dal numero 1 dell'allegato I del Regio Decreto 1426/1989, del 17 novembre, che approva la tariffa dei notai.

Disposizione aggiuntiva quarta.

I procedimenti di mediazione dovranno garantire la parità di opportunità per le persone con disabilità. A tal fine, dovranno attenersi a quanto disposto dal Regio Decreto 366/2007, del 16 marzo, che stabilisce le condizioni di accessibilità e non discriminazione delle persone con disabilità nei loro rapporti con l'Amministrazione Generale dello Stato.

In particolare dovrà essere garantita l'accessibilità degli ambienti, l'uso della lingua dei segni e dei mezzi di supporto alla comunicazione orale, il braille, la comunicazione tattile o qualsiasi altro mezzo o sistema che consenta alle persone con disabilità di partecipare pienamente al procedimento.

I mezzi elettronici a cui si riferisce l'articolo 24 della presente Legge dovranno attenersi alle condizioni di accessibilità previste dalla Legge 34/2002, dell'11 luglio, sui servizi della società dell'informazione e del commercio elettronico.

Disposizione transitoria/derogatoria

Disposizione abrogativa unica.

È abrogato il Regio Decreto-Legge 5/2012, del 5 marzo, sulla mediazione in materia civile e commerciale.

Disposizioni finali

Disposizione finale prima.

La lettera ñ) dell'articolo 5 della Legge 2/1974, del 13 febbraio, sugli Ordini Professionali, assume la seguente formulazione: «ñ) Promuovere e sviluppare la mediazione, nonché svolgere funzioni di arbitrato, nazionale e internazionale, conformemente a quanto stabilito dalla legislazione vigente.»

Disposizione finale seconda.

La lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge 3/1993, del 22 marzo, di base sulle Camere Ufficiali di Commercio, Industria e Navigazione, assume la seguente formulazione: «i) Promuovere e sviluppare la mediazione, nonché svolgere funzioni di arbitrato commerciale, nazionale e internazionale, conformemente a quanto stabilito dalla legislazione vigente.»

Disposizione finale terza. [Modifica estesamente la Legge 1/2000, del 7 gennaio, di Procedura Civile, in numerosi punti relativi alla mediazione. Data la sua estensione, non viene riprodotta integralmente in questo documento: si rimanda alla fonte ufficiale sopra indicata.]

Disposizione finale quarta. [Modifica la Legge 34/2006, del 30 ottobre, sull'accesso alle professioni di Avvocato e Procuratore dei Tribunali. Data la sua estensione, non viene riprodotta integralmente in questo documento: si rimanda alla fonte ufficiale sopra indicata.]

Disposizione finale quinta.

La presente Legge è emanata in virtù della competenza esclusiva dello Stato in materia di legislazione commerciale, processuale e civile, stabilita dall'articolo 149.1.6ª e 8ª della Costituzione. Tuttavia, la modifica della Legge 34/2006 è effettuata in virtù dell'articolo 149.1.1ª, 6ª e 30ª della Costituzione.

Disposizione finale sesta.

Con la presente Legge si recepisce nel Diritto spagnolo la Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

Disposizione finale settima.

Il Governo, su iniziativa del Ministero della Giustizia, promuoverà la risoluzione delle controversie relative a richieste di somme di denaro attraverso un procedimento di mediazione semplificato che si svolgerà esclusivamente tramite mezzi elettronici, salvo che il loro impiego non sia possibile per alcuna delle parti. Le posizioni delle parti risulteranno dai moduli di richiesta del procedimento e dalla relativa risposta che il mediatore o l'istituzione di mediazione metteranno a disposizione degli interessati. Tale procedimento avrà una durata massima di un mese, a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della richiesta, ed è prorogabile su accordo delle parti.

Disposizione finale ottava. Sviluppo regolamentare del controllo del rispetto dei requisiti della mediazione richiesti dalla Legge.

1. Il Governo, su iniziativa del Ministro della Giustizia, potrà prevedere per via regolamentare gli strumenti ritenuti necessari per la verifica del rispetto dei requisiti richiesti dalla presente Legge ai mediatori e alle istituzioni di mediazione, nonché della relativa pubblicità. Tali strumenti potranno includere la creazione di un Registro dei Mediatori e delle Istituzioni di Mediazione, dipendente dal Ministero della Giustizia e coordinato con i Registri di Mediazione delle Comunità Autonome, presso il quale, in caso di inadempimento dei requisiti previsti dalla presente Legge, un mediatore potrà essere cancellato.

2. Le Pubbliche Amministrazioni competenti determineranno la durata e il contenuto minimo del corso o dei corsi che i mediatori dovranno preliminarmente seguire per acquisire la formazione necessaria allo svolgimento della mediazione, nonché la formazione continua che dovranno ricevere. Tale formazione includerà, tra le altre materie, appositi moduli su uguaglianza, assistenza alle persone con disabilità, individuazione della violenza di genere che tenga conto della prospettiva della disabilità, prospettiva di genere e dell'infanzia, e diversità sessuale, di genere e familiare, per tutti i mediatori che intendano operare nell'ambito del Diritto di famiglia.

Dovrà inoltre includere formazione sulle esigenze specifiche delle persone di età pari o superiore a sessantacinque anni, che garantisca la loro partecipazione al procedimento di mediazione in condizioni di parità.

Il Governo potrà disciplinare per via regolamentare la portata dell'obbligo assicurativo per la responsabilità civile dei mediatori.

Disposizione finale nona.

Il Governo dovrà trasmettere alle Cortes Generales, entro il termine di due anni, una relazione sull'applicazione, l'efficacia e gli effetti dell'insieme delle misure adottate dalla presente Legge, ai fini di valutarne il funzionamento, includendo, se del caso, proposte per l'adozione di ulteriori misure, sia sostanziali che procedurali, volte al miglioramento della mediazione in materia civile e commerciale.

Disposizione finale decima. Entrata in vigore.

La presente Legge entrerà in vigore trascorsi venti giorni dalla sua pubblicazione nel «Boletín Oficial del Estado».

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IMPORTANT NOTICE — UNOFFICIAL TRANSLATION This English translation is provided for informational purposes only. It is not an official translation, is not certified or approved by any Spanish or other authority, and has no legal or binding value whatsoever. For any interpretative question, dispute, or legal use, only the original Spanish-language text published in the Boletín Oficial del Estado (BOE) is authoritative, available at https://www.boe.es/eli/es/l/2012/07/06/5/con (BOE-A-2012-9112). The drafter of this translation accepts no liability for any inaccuracy or for decisions taken on the basis of it.

TITLE I. General provisions

Article 1. Concept.

Mediation is understood as that appropriate means of dispute resolution in which two or more parties voluntarily attempt, through a structured procedure, to reach an agreement by themselves with the involvement of a mediator.

Article 2. Scope of application.

1. This Act applies to mediations in civil or commercial matters, including cross-border disputes, provided they do not affect rights and obligations that are not at the parties' disposal under the applicable legislation.

Failing express or tacit submission to this Act, it shall apply where at least one of the parties has its domicile in Spain and the mediation takes place in Spanish territory.

2. In any case, the following are excluded from the scope of application of this Act:

a) Criminal mediation.

b) Mediation with public administrations.

c) Labour mediation.

Article 3. Mediation in cross-border disputes.

1. A dispute is cross-border when at least one of the parties is domiciled or habitually resident in a State other than that in which any of the other parties concerned are domiciled at the time they agree to use mediation or when recourse to it is mandatory under the applicable law. Disputes provided for or resolved by a mediation agreement shall also be considered as such, whatever the place in which it was concluded, where, as a result of the transfer of the domicile of one of the parties, the agreement or some of its consequences are intended to be carried out in the territory of a different State.

2. In cross-border disputes between parties resident in different Member States of the European Union, domicile shall be determined in accordance with Articles 59 and 60 of Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters.

Article 4. Effects of mediation on limitation and lapse periods.

The request to initiate mediation pursuant to Article 16 shall interrupt limitation periods or suspend lapse periods for actions from the date on which receipt of that request by the mediator, or its deposit with the mediation institution, as applicable, is recorded, the running of the periods restarting or resuming, respectively, where within fifteen calendar days from the date of receipt of the request by the mediator or mediating institution, the latter has not attempted to communicate with the other party, and also where, within fifteen calendar days from receipt of the proposal by the requested party, or from the date of the attempted communication if such receipt does not occur, the first meeting aimed at reaching an agreement is not held or no written response is obtained.

Where mediation is opened, the interruption or suspension shall be extended until the date of signature of the mediation agreement or, failing that, the signature of the final record, or until the mediation is terminated on any of the grounds provided for in this Act.

Article 5. Mediation institutions.

1. Public or private entities, Spanish or foreign, and public-law corporations whose purposes include the promotion of mediation, facilitating access to and administration thereof, including the appointment of mediators — while guaranteeing transparency in such appointment — shall be regarded as mediation institutions. Should their purposes also include arbitration, they shall adopt measures to ensure separation between the two activities.

The mediation institution may not directly provide the mediation service, nor shall it have any greater involvement therein than that provided for in this Act.

Mediation institutions shall make known the identity of the mediators acting within their scope, informing at least of their training, specialisation and experience in the field of mediation to which they devote themselves.

2. Such institutions may implement mediation systems by electronic means, in particular for disputes consisting of monetary claims.

3. The Ministry of Justice and the competent public administrations shall ensure that mediation institutions, in carrying out their activities, respect the principles of mediation established in this Act, as well as the proper conduct of mediators, in the manner established by their governing rules.

TITLE II. Guiding principles of mediation

Article 6. Procedural requirement and free disposal.

1. Mediation is one of the appropriate means of dispute resolution to which the parties may have recourse in order to attempt to find an out-of-court solution to the dispute and to satisfy the procedural requirement set out in Article 403.2 of Act 1/2000 of 7 January on Civil Procedure.

For procedural purposes, this requirement shall be deemed satisfied by the holding of at least one initial session before the mediator, provided that it records the subject matter of the dispute and the other requirements established in Article 17. The parties must attend that session, in person if they are natural persons, and their legal representative or a person with authority to settle, if they are legal persons.

2. Where there is a written agreement expressing the commitment to submit disputes that have arisen or may arise to mediation, the agreed procedure must be attempted in good faith before resorting to the courts or another out-of-court solution. Such a clause shall have these effects even where the dispute concerns the validity or existence of the contract in which it is contained.

3. No one is obliged to remain in the mediation procedure or to conclude an agreement.

Article 7. Equality of the parties and impartiality of mediators.

In the mediation procedure it shall be guaranteed that the parties take part with full equality of opportunity, maintaining the balance between their positions and respect for the points of view expressed by them, without the mediator being able to act to the detriment or in the interest of any of them.

Article 8. Neutrality.

Mediation activities shall be carried out in a manner enabling the parties in conflict to reach a mediation agreement by themselves, the mediator acting in accordance with the provisions of Article 13.

Article 9. Confidentiality.

1. The mediation procedure and the documentation used therein are confidential, except for information as to whether or not the parties resorted to mediation and the subject matter of the dispute. The obligation of confidentiality extends to the mediator, who shall be protected by professional secrecy, to mediation institutions, and to the participating parties, such that they may not disclose information they may have obtained as a result of the procedure.

2. The confidentiality of mediation and its content shall prevent mediators or persons taking part in the mediation procedure from being required, within the framework of judicial proceedings or arbitration, to testify about information and documentation arising from that mediation procedure or to produce documentation related to it, except:

a) Where all parties, expressly and in writing, have mutually released one another, or released the mediator, from the duty of confidentiality.

b) Where challenge proceedings concerning the assessment of costs, and the request for exemption or reduction thereof under Article 245 of Act 1/2000 of 7 January on Civil Procedure, are being processed, for that purpose alone and without it being usable for any other purpose or in subsequent proceedings.

c) Where, by reasoned judicial decision, it is requested by judges of the criminal jurisdiction.

d) Where necessary for compelling reasons of public policy, in particular where required for the protection of the best interests of a minor or the prevention of harm to a person's physical or psychological integrity.

Save in those exceptions, should any party seek to produce confidential information as evidence in judicial proceedings or in arbitration, it shall not be admitted, pursuant to Article 183.3 of Act 1/2000 of 7 January on Civil Procedure.

3. Breach of the duty of confidentiality shall give rise to liability under the terms provided for in the legal system.

Article 10. The parties in mediation.

1. Without prejudice to respect for the principles established in this Act, mediation shall be organised in the manner the parties consider appropriate.

2. Parties subject to mediation shall act towards one another in accordance with the principles of loyalty, good faith and mutual respect.

While mediation is being conducted, the parties may not bring any judicial or extrajudicial action against the other parties in relation to its subject matter, with the exception of applications for precautionary measures or other urgent measures essential to prevent the irreversible loss of assets and rights.

The commitment to submit to mediation and its commencement shall prevent the courts from hearing disputes submitted to mediation while it is being conducted, provided the interested party invokes this by way of a declinatory plea.

3. The parties must give ongoing cooperation and support to the mediator's work, showing due deference towards that work.

TITLE III. Statute of the mediator

Article 11. Conditions for acting as mediator.

1. Natural persons who are in full exercise of their civil rights may act as mediators, provided this is not prevented by the legislation to which they may be subject in the exercise of their profession.

Legal persons engaged in mediation, whether professional companies or any other form provided for by the legal system, shall designate for that purpose a natural person meeting the requirements set out in this Act.

2. The mediator must hold an official university degree or higher vocational training qualification and possess specific training to practise mediation, to be acquired by completing one or more specific courses provided by duly accredited institutions, which shall be valid for the exercise of mediation activity in any part of the national territory.

3. The mediator must take out insurance or an equivalent guarantee covering civil liability arising from their activity in the disputes in which they intervene.

4. To act as mediator in the cases required under Article 16.1, registration in the Register of Mediators and Mediation Institutions under the Ministry of Justice, or, as applicable, in the mediator registers authorised by the Autonomous Communities, shall be necessary.

Article 12. Quality and self-regulation of mediation.

The Ministry of Justice and the competent public administrations, in collaboration with mediation institutions, shall promote and require the appropriate initial and continuing training of mediators, the drawing-up of voluntary codes of conduct, and adherence by mediators and mediation institutions to such codes.

Article 13. Conduct of the mediator.

1. The mediator shall facilitate communication between the parties and ensure they have sufficient information and advice.

The attendance of the parties' lawyers at each mediation session, where there are several, shall be agreed with the parties and the mediator, and their absence from any one of them shall not invalidate the mediation procedure where this has been so agreed.

2. The mediator shall pursue an active course of conduct aimed at bringing the parties closer together, with respect for the principles set out in this Act.

3. The mediator may withdraw from conducting the mediation, subject to an obligation to hand the parties a record stating their withdrawal.

4. The mediator may not begin, or must abandon, the mediation where circumstances arise affecting their impartiality.

5. Before beginning or continuing their task, the mediator must disclose any circumstance that may affect their impartiality or give rise to a conflict of interest. Such circumstances shall include, in any case:

a) Any kind of personal, contractual or business relationship with one of the parties.

b) Any direct or indirect interest in the outcome of the mediation.

c) The fact that the mediator, or a member of their firm or organisation, has previously acted on behalf of one or more of the parties in any capacity, other than in mediation.

In such cases the mediator may only accept or continue the mediation where they can ensure they are able to mediate with total impartiality and provided the parties consent to this and expressly record it.

The duty to disclose this information remains throughout the mediation procedure.

Article 14. Liability of mediators.

Acceptance of a mediation assignment obliges mediators to carry it out faithfully, and, should they fail to do so, they shall incur liability for the damage and loss caused. The injured party shall have a direct action against the mediator and, as applicable, the relevant mediation institution, independently of any recourse actions available to the latter against the mediators. The liability of the mediation institution shall arise from the appointment of the mediator or from the institution's failure to comply with its own obligations.

Article 15. Cost of mediation.

1. The cost of mediation, whether or not it results in an agreement, shall be divided equally between the parties, unless otherwise agreed.

2. Both the mediators and the mediation institution may require the parties to provide such funds as they consider necessary to cover the cost of the mediation.

If the parties, or any of them, fail to provide the requested funds within the set time, the mediator or the institution may declare the mediation terminated. However, if any party has not made its provision of funds, the mediator or the institution, before deciding on termination, shall notify the other parties, in case they are interested in supplying it within the period that had been set.

TITLE IV. Mediation procedure

Article 16. Request to commence.

1. The mediation procedure may be commenced:

a) By common agreement between the parties. In this case the request shall include the designation of the mediator or the mediation institution at which the mediation will be conducted, as well as agreement on the place where the sessions will be held and the language or languages of the proceedings.

b) By one of the parties in performance of an existing agreement between them to submit to mediation.

c) By one of the parties before bringing judicial actions, in compliance with the procedural requirement set out in Article 403.2 of Act 1/2000 of 7 January on Civil Procedure.

d) By judicial referral or referral by the Clerk of the Court (Letrado/a de la Administración de Justicia), subject to the parties' agreement under the terms provided for in procedural laws.

2. The request shall be made to mediation institutions or to the mediator proposed by one party to the others, or already designated by them.

3. Where mediation is voluntarily commenced while judicial proceedings are under way, the parties may, by common agreement, request their suspension in accordance with the provisions of procedural legislation.

In cases where mediation is referred by the judge or court, or by the Clerk of the Court, during the course of the proceedings, the parties shall designate a mediator or mediation institution duly accredited before the mediator registers of the Ministry of Justice or of the Autonomous Communities. Should they fail to reach agreement on the designation within the common period of five days, the mediator whose turn it is on the list of mediators of each specialism existing at the Appropriate Dispute Resolution Service or before the courts themselves shall be appointed.

In all cases, non-acceptance by the mediator first designated, unless justified, shall be deemed an automatic waiver of the designation made, without prejudice to any disciplinary liability they may incur on account of that refusal.

Article 17. Initial session.

1. On receipt of the request, and unless the parties agree otherwise, the mediator or mediation institution shall summon the parties to hold the initial session. In the event of unjustified non-attendance by any party at that session, it shall be understood that they refuse the mediation requested, and the procedural requirement shall be deemed satisfied. Information as to which party or parties did not attend the session shall not be confidential.

At that session the mediator shall inform the parties of any circumstances that may affect their impartiality, of their profession, training and experience, as well as of the characteristics of mediation, its cost, the organisation of the procedure and the legal consequences of any agreement that may be reached, and of the time limit for signing the record of the constitutive session.

The parties must state the subject matter of the dispute during the session so that the attempt at mediation may be regarded as sufficient to consider the procedural requirement prior to bringing the claim as satisfied.

2. The mediator must, at the request of any of the parties, issue a document recording:

a) The identity of the mediator, their qualification, and the professional body or institution to which they belong.

b) The identity of the parties.

c) The subject matter of the dispute.

d) The date of the session.

e) A solemn statement that both parties took part in the process in good faith, so that it may have effect before the competent judicial authority.

f) As applicable, the non-attendance of any of the parties.

Certification by the mediator of the parties' attendance at this initial session, or of the commencement of the mediation process in good faith, even where it is subsequently abandoned owing to withdrawal by any of the parties, satisfies the procedural requirement of a prior attempt at negotiation before bringing the claim.

Article 18. Plurality of mediators.

1. Mediation shall be conducted by one or more mediators.

2. Should the complexity of the matter, or the parties' convenience, result in the participation of several mediators in a single procedure, they shall act in a coordinated manner.

Article 19. Constitutive session.

1. The mediation procedure shall begin with a constitutive session at which the parties shall express their wish to conduct the mediation and shall place on record the following matters:

a) The programme of activities and the maximum duration envisaged for the conduct of the procedure, without prejudice to its possible modification.

b) Information on the cost of the mediation or the basis for determining it, with separate indication of the mediator's fees and of any other possible expenses.

c) A declaration of the parties' voluntary acceptance of mediation and that they assume the obligations arising from it.

d) The place where it is to be held and the language of the procedure.

2. A record of the constitutive session shall be drawn up containing these matters, which shall be signed both by the parties and by the mediator or mediators. Failing that, the record shall state that mediation has been attempted without effect.

Article 20. Duration of the procedure.

1. The duration of the mediation procedure shall be as short as possible and its proceedings shall be concentrated in the minimum number of sessions.

2. In cases where the mediation attempt is chosen as the procedural requirement, the duration of the mediation may not exceed three months from receipt of the request by the mediator.

Article 21. Conduct of mediation proceedings.

1. The mediator shall summon the parties to each session with the necessary notice, shall conduct the sessions and shall facilitate the presentation of their positions and their communication on an equal and balanced basis.

2. Communications between the mediator and the persons in dispute may or may not be simultaneous.

3. The mediator shall inform all parties of the holding of meetings held separately with any of them, without prejudice to the confidentiality of what is discussed. The mediator may neither communicate nor distribute information or documentation provided by a party, save with that party's express authorisation.

Article 22. Termination of the procedure.

1. The mediation procedure may conclude in an agreement or end without such an agreement being reached, either because all or some of the parties exercise their right to terminate the proceedings, notifying the mediator thereof, or because the maximum period agreed by the parties for the duration of the procedure has elapsed, as well as where the mediator justifiably considers that the parties' positions are irreconcilable, or another cause determining its conclusion arises.

On termination of the procedure, the documents provided by each party shall be returned to that party. A file shall be made up of documents not to be returned to the parties, which the mediator or, as applicable, the mediation institution must keep and safeguard, once the procedure has ended, for a period of four months.

2. Withdrawal by the mediator from continuing the procedure, or rejection of the mediator by the parties, shall only result in termination of the procedure where a new mediator is not appointed.

3. The final record shall determine the conclusion of the procedure and, as applicable, shall reflect clearly and comprehensibly the agreements reached, or its conclusion on any other ground.

The record must be signed by all the parties and by the mediator or mediators, and an original copy shall be handed to each of them. Should any party be unwilling to sign the record, the mediator shall record this circumstance in it, handing a copy to those parties who wish to have one.

Article 23. The mediation agreement.

1. The mediation agreement may concern part or the whole of the matters submitted to mediation.

The mediation agreement must state the identity and domicile of the parties, the place and date on which it is executed, the obligations each party assumes, and that a mediation procedure conforming to the provisions of this Act has been followed, with an indication of the mediator or mediators who took part and, as applicable, of the mediation institution in which the procedure was conducted.

2. The mediation agreement must be signed by the parties or their representatives.

3. A copy of the mediation agreement shall be given to each of the parties, with the mediator retaining another for safekeeping.

The mediator shall inform the parties of the binding nature of the agreement reached and that they may request that it be raised to a public deed in order to configure their agreement as an enforceable instrument (título ejecutivo).

4. Only an action for annulment on the grounds that invalidate contracts may be brought against what has been agreed in the mediation agreement.

Article 24. Proceedings conducted by electronic means.

1. The parties may agree that all or some of the mediation proceedings, including the constitutive session and any subsequent ones they consider appropriate, be conducted by electronic means, by videoconference or another similar means of transmitting voice or image, provided the identity of the participants and respect for the principles of mediation set out in this Act are guaranteed.

2. Mediation consisting of a monetary claim not exceeding 600 euros shall preferably be conducted by electronic means, unless their use is not possible for any of the parties.

TITLE V. Enforcement of agreements

Article 25. Formalisation of the enforceable instrument.

1. The parties may raise to a public deed the agreement reached following a mediation procedure. The mediation agreement shall be presented by any of the parties to a notary, accompanied by copies of the records of the constitutive and final sessions of the procedure, without the mediator's presence being necessary.

2. In order to raise the mediation agreement to a public deed, the notary shall verify compliance with the requirements set out in this Act and that its content is not contrary to law.

3. Where the mediation agreement is to be enforced in another State, in addition to being raised to a public deed, compliance shall be necessary with any requirements that may be imposed by the international conventions to which Spain is party and by European Union rules.

4. Where the agreement was reached in mediation conducted after judicial proceedings had been initiated, the parties may request its approval (homologación) by the court in accordance with the provisions of Act 1/2000 of 7 January on Civil Procedure.

Article 26. Court with jurisdiction to enforce mediation agreements.

Enforcement of agreements resulting from mediation commenced while proceedings were under way shall be sought before the court that approved the agreement.

In the case of agreements formalised following a mediation procedure, the Court of First Instance of the place where the mediation agreement was signed shall have jurisdiction to refuse or authorise enforcement and the corresponding writ, in accordance with the provisions of paragraph 2 of Article 545 of the Civil Procedure Act.

Article 27. Enforcement of cross-border mediation agreements.

1. Without prejudice to the provisions of European Union law and international conventions in force in Spain, recognition and enforcement of a mediation agreement shall take place as provided for in the Act on International Legal Cooperation in Civil Matters.

2. A mediation agreement that has not been declared enforceable by a foreign authority may be enforced in Spain only after being raised to a public deed by a Spanish notary at the request of the parties, or of one of them with the express consent of the others.

3. The foreign document may not be enforced where it is contrary to Spanish public policy.

Additional provisions

First additional provision.

Mediation institutions or services established or recognised by public administrations in accordance with the law may assume the mediation functions provided for in this Act, provided they meet the conditions established therein for acting as mediation institutions.

Second additional provision.

1. The public administrations competent for the provision of material resources to the Administration of Justice shall make available to judicial bodies and to the public information on mediation as an alternative to judicial proceedings.

2. The competent public administrations shall endeavour to include mediation within the free legal advice and guidance prior to proceedings provided for in Article 6 of Act 1/1996 of 10 January on Free Legal Aid, insofar as this makes it possible to reduce both litigation and its costs.

Third additional provision.

For the calculation of notarial fees for the public deed formalising mediation agreements, the tariffs corresponding to "Documents without a stated value" (Documentos sin cuantía) set out in item 1 of Annex I to Royal Decree 1426/1989 of 17 November, approving the notaries' tariff, shall apply.

Fourth additional provision.

Mediation procedures must guarantee equal opportunities for persons with disabilities. To this end, they must comply with the provisions of Royal Decree 366/2007 of 16 March establishing conditions of accessibility and non-discrimination for persons with disabilities in their dealings with the General State Administration.

In particular, the accessibility of premises, the use of sign language and means to support oral communication, braille, tactile communication or any other means or system enabling persons with disabilities to participate fully in the procedure must be guaranteed.

The electronic means referred to in Article 24 of this Act must comply with the accessibility conditions provided for in Act 34/2002 of 11 July on Information Society Services and Electronic Commerce.

Repealing provision

Sole repealing provision.

Royal Decree-Law 5/2012 of 5 March on mediation in civil and commercial matters is hereby repealed.

Final provisions

First final provision.

Point ñ) of Article 5 of Act 2/1974 of 13 February on Professional Associations (Colegios Profesionales) shall read as follows: "ñ) To promote and develop mediation, and to perform arbitration functions, national and international, in accordance with the provisions of the law in force."

Second final provision.

Point i) of paragraph 1 of Article 2 of Act 3/1993 of 22 March, the Basic Act on Official Chambers of Commerce, Industry and Navigation, shall read as follows: "i) To promote and develop mediation, and to perform commercial arbitration functions, national and international, in accordance with the provisions of the law in force."

Third final provision. [Extensively amends Act 1/2000 of 7 January on Civil Procedure, on numerous points relating to mediation. Owing to its length, it is not reproduced in full in this document; readers are referred to the official source indicated above.]

Fourth final provision. [Amends Act 34/2006 of 30 October on access to the professions of Lawyer and Procurator before the Courts. Owing to its length, it is not reproduced in full in this document; readers are referred to the official source indicated above.]

Fifth final provision.

This Act is enacted under the State's exclusive competence in matters of commercial, procedural and civil legislation, established in Article 149.1.6ª and 8ª of the Constitution. Notwithstanding the foregoing, the amendment of Act 34/2006 is made under Article 149.1.1ª, 6ª and 30ª of the Constitution.

Sixth final provision.

This Act transposes into Spanish law Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters.

Seventh final provision.

The Government, on the initiative of the Ministry of Justice, shall promote the resolution of disputes concerning monetary claims through a simplified mediation procedure to be conducted exclusively by electronic means, unless their use is not possible for any of the parties. The parties' positions shall be reflected in the request forms for the procedure and the reply thereto, which the mediator or mediation institution shall provide to the persons concerned. This procedure shall have a maximum duration of one month, counted from the day following receipt of the request, and may be extended by agreement of the parties.

Eighth final provision. Regulatory development of the monitoring of compliance with the mediation requirements laid down in the Act.

1. The Government, on the initiative of the Minister of Justice, may provide by regulation for such instruments as are considered necessary to verify compliance by mediators and mediation institutions with the requirements set out in this Act, and to publicise them. Such instruments may include the creation of a Register of Mediators and Mediation Institutions, under the Ministry of Justice and coordinated with the Mediation Registers of the Autonomous Communities, from which a mediator may be removed on account of non-compliance with the requirements provided for in this Act.

2. The competent public administrations shall determine the duration and minimum content of the course or courses that mediators must complete beforehand in order to acquire the training necessary to practise mediation, and the continuing training they must receive. Such training shall include, among other subjects, modules on equality, care for persons with disabilities, detection of gender-based violence taking into account the perspective of disability, gender and child perspectives, and sexual, gender and family diversity, for all mediators wishing to act in the field of family law.

It must also include training on the specific needs of persons aged sixty-five or over, so as to guarantee their participation in the mediation procedure on an equal footing.

The Government may develop by regulation the scope of the obligation to insure mediators' civil liability.

Ninth final provision.

The Government must submit to the Cortes Generales, within two years, a report on the application, effectiveness and effects of the measures adopted by this Act, for the purpose of evaluating its operation, including, as applicable, proposals for the adoption of other measures, both substantive and procedural, aimed at improving mediation in civil and commercial matters.

Tenth final provision. Entry into force.

This Act shall enter into force twenty days after its publication in the "Boletín Oficial del Estado".

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AVIS IMPORTANT — TRADUCTION NON OFFICIELLE La présente traduction française est fournie à titre purement informatif. Il ne s'agit pas d'une traduction officielle ; elle n'est ni certifiée ni approuvée par une quelconque autorité espagnole ou autre, et n'a aucune valeur juridique ou contraignante. Pour toute question d'interprétation, tout litige ou tout usage juridique, seul fait foi le texte original en langue espagnole publié au Boletín Oficial del Estado (BOE), disponible à l'adresse https://www.boe.es/eli/es/l/2012/07/06/5/con (BOE-A-2012-9112). L'auteur de cette traduction décline toute responsabilité en cas d'inexactitude ou de décision prise sur son fondement.

TITRE I. Dispositions générales

Article 1. Notion.

On entend par médiation ce moyen approprié de résolution des différends par lequel deux ou plusieurs parties tentent volontairement, au moyen d'une procédure structurée, de parvenir elles-mêmes à un accord avec l'intervention d'un médiateur.

Article 2. Champ d'application.

1. La présente loi s'applique aux médiations en matière civile ou commerciale, y compris les litiges transfrontaliers, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à des droits et obligations dont les parties ne peuvent disposer en vertu de la législation applicable.

À défaut de soumission expresse ou tacite à la présente loi, celle-ci s'applique lorsque, au moins, l'une des parties a son domicile en Espagne et que la médiation se déroule sur le territoire espagnol.

2. Sont exclus, en tout état de cause, du champ d'application de la présente loi :

a) La médiation pénale.

b) La médiation avec les administrations publiques.

c) La médiation du travail.

Article 3. Médiation dans les litiges transfrontaliers.

1. Un litige est transfrontalier lorsque, au moins, l'une des parties est domiciliée ou réside habituellement dans un État autre que celui dans lequel l'une quelconque des autres parties concernées est domiciliée, au moment où elles conviennent de recourir à la médiation ou lorsqu'il est obligatoire d'y recourir en vertu de la loi applicable. Sont également considérés comme tels les litiges prévus ou résolus par un accord de médiation, quel que soit le lieu où celui-ci a été conclu, lorsque, à la suite du transfert du domicile de l'une des parties, l'accord ou certaines de ses conséquences doivent être exécutés sur le territoire d'un État différent.

2. Dans les litiges transfrontaliers entre parties résidant dans différents États membres de l'Union européenne, le domicile est déterminé conformément aux articles 59 et 60 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Article 4. Effets de la médiation sur les délais de prescription et de forclusion.

La demande d'ouverture de la médiation conformément à l'article 16 interrompt la prescription ou suspend la forclusion des actions à compter de la date à laquelle la réception de cette demande par le médiateur, ou son dépôt auprès de l'institution de médiation le cas échéant, est constatée, le délai reprenant à courir, selon le cas, si, dans les quinze jours calendaires suivant la date de réception de la demande par le médiateur ou l'institution de médiation, ceux-ci n'ont pas tenté d'entrer en communication avec l'autre partie, ainsi que si, dans les quinze jours calendaires suivant la réception de la proposition par la partie requise, ou à compter de la date de la tentative de communication si cette réception n'a pas lieu, la première réunion visant à parvenir à un accord n'a pas lieu ou aucune réponse écrite n'est obtenue.

Si la médiation est ouverte, l'interruption ou la suspension se prolonge jusqu'à la date de signature de l'accord de médiation ou, à défaut, jusqu'à la signature du procès-verbal final, ou jusqu'à ce que la médiation prenne fin pour l'une des causes prévues par la présente loi.

Article 5. Les institutions de médiation.

1. Sont considérées comme institutions de médiation les entités publiques ou privées, espagnoles ou étrangères, ainsi que les corporations de droit public ayant parmi leurs finalités la promotion de la médiation, en facilitant l'accès à celle-ci et son administration, y compris la désignation des médiateurs, en garantissant la transparence de cette désignation. Si l'arbitrage figure également parmi leurs finalités, elles adoptent les mesures nécessaires pour assurer la séparation entre les deux activités.

L'institution de médiation ne peut fournir directement le service de médiation, ni avoir dans celle-ci une intervention autre que celle prévue par la présente loi.

Les institutions de médiation font connaître l'identité des médiateurs agissant dans leur cadre, en informant, à tout le moins, sur leur formation, leur spécialité et leur expérience dans le domaine de la médiation auquel ils se consacrent.

2. Ces institutions peuvent mettre en place des systèmes de médiation par voie électronique, en particulier pour les litiges consistant en des réclamations pécuniaires.

3. Le ministère de la Justice et les administrations publiques compétentes veillent à ce que les institutions de médiation respectent, dans l'exercice de leurs activités, les principes de la médiation établis par la présente loi, ainsi qu'à la bonne conduite des médiateurs, selon les modalités établies par leurs règles régissant.

TITRE II. Principes directeurs de la médiation

Article 6. Condition de recevabilité et libre disposition.

1. La médiation est l'un des moyens appropriés de résolution des différends auxquels les parties peuvent recourir pour tenter de trouver une solution extrajudiciaire au litige et pour satisfaire à la condition de recevabilité prévue à l'article 403.2 de la loi 1/2000, du 7 janvier, de procédure civile.

À des fins procédurales, cette condition est réputée satisfaite par la tenue, au moins, d'une séance initiale devant le médiateur, à condition qu'y soit constaté l'objet du litige ainsi que les autres exigences établies à l'article 17. Doivent assister à cette séance les parties, personnellement s'il s'agit de personnes physiques, et le représentant légal ou la personne habilitée à transiger, s'il s'agit de personnes morales.

2. Lorsqu'il existe un accord écrit exprimant l'engagement de soumettre à médiation les différends survenus ou susceptibles de survenir, la procédure convenue doit être tentée de bonne foi avant de recourir à la juridiction ou à une autre solution extrajudiciaire. Cette clause produit ces effets même lorsque le litige porte sur la validité ou l'existence du contrat dans lequel elle figure.

3. Nul n'est tenu de rester dans la procédure de médiation ni de conclure un accord.

Article 7. Égalité des parties et impartialité des médiateurs.

Dans la procédure de médiation, il est garanti que les parties interviennent en pleine égalité des chances, en maintenant l'équilibre entre leurs positions et le respect des points de vue exprimés par elles, sans que le médiateur puisse agir au détriment ou dans l'intérêt de l'une quelconque d'entre elles.

Article 8. Neutralité.

Les actes de médiation se déroulent de manière à permettre aux parties en conflit de parvenir elles-mêmes à un accord de médiation, le médiateur agissant conformément aux dispositions de l'article 13.

Article 9. Confidentialité.

1. La procédure de médiation et la documentation utilisée dans celle-ci sont confidentielles, à l'exception des informations relatives au fait que les parties aient ou non eu recours à la médiation, et à l'objet du litige. L'obligation de confidentialité s'étend au médiateur, qui est protégé par le secret professionnel, aux institutions de médiation et aux parties intervenantes, de sorte qu'ils ne peuvent révéler les informations qu'ils auraient pu obtenir du fait de la procédure.

2. La confidentialité de la médiation et de son contenu empêche que les médiateurs ou les personnes participant à la procédure de médiation soient tenus, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'un arbitrage, de témoigner sur les informations et la documentation issues de cette procédure de médiation ou de produire des documents s'y rapportant, sauf :

a) Lorsque toutes les parties se sont expressément et par écrit mutuellement dispensées, ou ont dispensé le médiateur, du devoir de confidentialité.

b) Lorsqu'est en cours la contestation de la taxation des dépens et la demande d'exonération ou de modération de celle-ci, conformément à l'article 245 de la loi 1/2000, du 7 janvier, de procédure civile, à cette seule fin et sans qu'elle puisse être utilisée à d'autres fins ni dans des procédures ultérieures.

c) Lorsqu'elle est demandée, par décision judiciaire motivée, par les juges de l'ordre juridictionnel pénal.

d) Lorsqu'elle est nécessaire pour des raisons impérieuses d'ordre public, en particulier lorsque le requiert la protection de l'intérêt supérieur du mineur ou la prévention d'atteintes à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne.

Sauf dans ces exceptions, si l'une des parties entend produire l'information confidentielle comme preuve dans une procédure judiciaire ou un arbitrage, elle ne sera pas admise, en application des dispositions de l'article 183.3 de la loi 1/2000, du 7 janvier, de procédure civile.

3. La violation du devoir de confidentialité engage la responsabilité dans les conditions prévues par l'ordre juridique.

Article 10. Les parties à la médiation.

1. Sans préjudice du respect des principes établis par la présente loi, la médiation est organisée de la manière que les parties jugent appropriée.

2. Les parties soumises à la médiation agissent entre elles conformément aux principes de loyauté, de bonne foi et de respect mutuel.

Pendant le déroulement de la médiation, les parties ne peuvent exercer l'une contre l'autre aucune action judiciaire ou extrajudiciaire relative à son objet, à l'exception de la demande de mesures conservatoires ou d'autres mesures urgentes indispensables pour éviter la perte irréversible de biens et de droits.

L'engagement de se soumettre à la médiation et son ouverture empêchent les tribunaux de connaître des différends soumis à médiation pendant la durée de celle-ci, pour autant que la partie intéressée l'invoque par voie d'exception d'incompétence (déclinatoire).

3. Les parties doivent apporter une collaboration et un soutien permanents à l'action du médiateur, en observant la déférence appropriée envers son activité.

TITRE III. Statut du médiateur

Article 11. Conditions pour exercer en tant que médiateur.

1. Peuvent être médiateurs les personnes physiques jouissant du plein exercice de leurs droits civils, pour autant que cela ne leur soit pas interdit par la législation à laquelle elles peuvent être soumises dans l'exercice de leur profession.

Les personnes morales se consacrant à la médiation, qu'il s'agisse de sociétés professionnelles ou de toute autre forme prévue par l'ordre juridique, doivent désigner, pour son exercice, une personne physique remplissant les conditions prévues par la présente loi.

2. Le médiateur doit être titulaire d'un diplôme universitaire officiel ou d'une formation professionnelle supérieure et disposer d'une formation spécifique à l'exercice de la médiation, acquise par l'accomplissement d'un ou plusieurs cours spécifiques dispensés par des institutions dûment accréditées, valables pour l'exercice de l'activité de médiation sur l'ensemble du territoire national.

3. Le médiateur doit souscrire une assurance ou une garantie équivalente couvrant la responsabilité civile découlant de son intervention dans les litiges auxquels il participe.

4. Pour agir en qualité de médiateur dans les cas prévus à l'article 16.1, l'inscription au Registre des Médiateurs et des Institutions de Médiation relevant du ministère de la Justice ou, le cas échéant, aux registres des médiateurs habilités par les Communautés autonomes, est nécessaire.

Article 12. Qualité et autorégulation de la médiation.

Le ministère de la Justice et les administrations publiques compétentes, en collaboration avec les institutions de médiation, favorisent et exigent la formation initiale et continue appropriée des médiateurs, l'élaboration de codes de conduite volontaires, ainsi que l'adhésion de ceux-ci et des institutions de médiation à ces codes.

Article 13. Action du médiateur.

1. Le médiateur facilite la communication entre les parties et veille à ce qu'elles disposent d'une information et d'un conseil suffisants.

L'assistance des avocats des parties à chacune des séances de médiation, s'il y en a plusieurs, est décidée d'un commun accord entre les parties et le médiateur, et leur absence à l'une d'elles n'invalide pas la procédure de médiation lorsqu'il en a été ainsi convenu.

2. Le médiateur adopte une conduite active tendant à favoriser le rapprochement entre les parties, dans le respect des principes énoncés par la présente loi.

3. Le médiateur peut renoncer à conduire la médiation, à charge pour lui de remettre aux parties un procès-verbal constatant sa renonciation.

4. Le médiateur ne peut pas engager la médiation, ou doit l'abandonner, lorsque surviennent des circonstances affectant son impartialité.

5. Avant de commencer ou de poursuivre sa mission, le médiateur doit révéler toute circonstance susceptible d'affecter son impartialité ou de créer un conflit d'intérêts. Ces circonstances comprennent, en tout état de cause :

a) Tout type de relation personnelle, contractuelle ou commerciale avec l'une des parties.

b) Tout intérêt direct ou indirect dans l'issue de la médiation.

c) Le fait que le médiateur, ou un membre de son entreprise ou de son organisation, ait précédemment agi en faveur d'une ou plusieurs des parties, en toute circonstance, à l'exception de la médiation.

Dans de tels cas, le médiateur ne peut accepter ou poursuivre la médiation que s'il peut garantir sa capacité à médier en toute impartialité et pour autant que les parties y consentent expressément et le mentionnent.

L'obligation de révéler ces informations subsiste tout au long de la procédure de médiation.

Article 14. Responsabilité des médiateurs.

L'acceptation de la médiation oblige les médiateurs à exécuter fidèlement leur mission, à défaut de quoi ils engagent leur responsabilité pour les dommages et préjudices causés. La personne lésée dispose d'une action directe contre le médiateur et, le cas échéant, contre l'institution de médiation compétente, indépendamment des actions récursoires dont dispose celle-ci contre les médiateurs. La responsabilité de l'institution de médiation découle de la désignation du médiateur ou du manquement aux obligations qui lui incombent.

Article 15. Coût de la médiation.

1. Le coût de la médiation, qu'elle ait ou non abouti à un accord, est réparti à parts égales entre les parties, sauf convention contraire.

2. Tant les médiateurs que l'institution de médiation peuvent exiger des parties la provision de fonds qu'ils estiment nécessaire pour couvrir le coût de la médiation.

Si les parties, ou l'une d'elles, ne procèdent pas dans le délai à la provision de fonds demandée, le médiateur ou l'institution peuvent considérer la médiation comme terminée. Toutefois, si l'une des parties n'a pas effectué sa provision, le médiateur ou l'institution, avant de décider de mettre fin à la médiation, en informe les autres parties, au cas où elles souhaiteraient y suppléer dans le délai qui aura été fixé.

TITRE IV. Procédure de médiation

Article 16. Demande d'ouverture.

1. La procédure de médiation peut être engagée :

a) D'un commun accord entre les parties. Dans ce cas, la demande comprend la désignation du médiateur ou de l'institution de médiation auprès de laquelle la médiation sera conduite, ainsi que l'accord sur le lieu où se dérouleront les séances et la ou les langues des actes.

b) Par l'une des parties, en exécution d'un accord de soumission à médiation existant entre elles.

c) Par l'une des parties, avant l'exercice d'actions judiciaires et en exécution de la condition de recevabilité prévue à l'article 403.2 de la loi 1/2000, du 7 janvier, de procédure civile.

d) Sur renvoi judiciaire ou du greffier (letrado/a de la Administración de Justicia), sous réserve de l'accord des parties dans les conditions prévues par les lois de procédure.

2. La demande est formée auprès des institutions de médiation ou du médiateur proposé par l'une des parties aux autres, ou déjà désigné par elles.

3. Lorsqu'une médiation est engagée volontairement alors qu'une procédure judiciaire est en cours, les parties peuvent, d'un commun accord, demander sa suspension conformément à la législation de procédure.

Dans les cas où la médiation est ordonnée par le juge ou la juridiction, ou par le greffier, en cours de procédure, les parties désignent un médiateur ou une institution de médiation dûment accrédités auprès des registres de médiateurs du ministère de la Justice ou des Communautés autonomes. Si elles ne parviennent pas à un accord sur la désignation dans le délai commun de cinq jours, il est procédé à la nomination de celui à qui il revient, selon un système de roulement, sur la liste des médiateurs de chaque spécialité existant au sein du Service des moyens appropriés de résolution des différends ou auprès des juridictions elles-mêmes.

Dans tous les cas, le refus, non justifié, du médiateur désigné en premier lieu vaut renonciation automatique à la désignation effectuée, sans préjudice des responsabilités disciplinaires qu'il peut encourir de ce fait.

Article 17. Séance initiale.

1. Une fois la demande reçue, et sauf accord contraire des parties, le médiateur ou l'institution de médiation convoque les parties à la séance initiale. En cas d'absence injustifiée de l'une des parties à cette séance, il est considéré qu'elle refuse la médiation demandée, et la condition de recevabilité est réputée satisfaite. L'information relative à la ou aux parties n'ayant pas assisté à la séance n'est pas confidentielle.

Lors de cette séance, le médiateur informe les parties des causes éventuelles susceptibles d'affecter son impartialité, de sa profession, de sa formation et de son expérience, ainsi que des caractéristiques de la médiation, de son coût, de l'organisation de la procédure et des conséquences juridiques de l'accord susceptible d'être atteint, et du délai pour signer le procès-verbal de la séance constitutive.

Les parties doivent exposer, au cours de la séance, l'objet du litige, afin que la tentative de médiation puisse être considérée comme suffisante pour que soit réputée satisfaite la condition de recevabilité préalable à l'introduction de la demande.

2. Le médiateur doit délivrer, à la demande de l'une quelconque des parties, un document faisant état :

a) De l'identité du médiateur, de sa qualification, de l'ordre professionnel ou de l'institution auquel il appartient.

b) De l'identité des parties.

c) De l'objet du litige.

d) De la date de la séance.

e) De la déclaration solennelle que les deux parties ont participé de bonne foi à la procédure, afin qu'elle produise ses effets devant l'autorité judiciaire compétente.

f) Le cas échéant, de l'absence de l'une quelconque des parties.

L'attestation par le médiateur de la présence des parties à cette séance initiale, ou de l'engagement du processus de médiation de bonne foi, même si celui-ci est par la suite abandonné en raison du désistement de l'une des parties, satisfait à la condition de recevabilité de la tentative préalable de négociation avant l'introduction de la demande.

Article 18. Pluralité de médiateurs.

1. La médiation est conduite par un ou plusieurs médiateurs.

2. Si, en raison de la complexité de la matière ou de la convenance des parties, plusieurs médiateurs interviennent dans une même procédure, ils agissent de façon coordonnée.

Article 19. Séance constitutive.

1. La procédure de médiation commence par une séance constitutive au cours de laquelle les parties expriment leur volonté de conduire la médiation et consignent les éléments suivants :

a) Le programme des actes et la durée maximale prévue pour le déroulement de la procédure, sans préjudice de sa modification éventuelle.

b) L'information relative au coût de la médiation ou les bases de sa détermination, avec indication séparée des honoraires du médiateur et des autres frais éventuels.

c) La déclaration d'acceptation volontaire de la médiation par les parties et du fait qu'elles assument les obligations qui en découlent.

d) Le lieu de déroulement et la langue de la procédure.

2. Un procès-verbal de la séance constitutive est dressé, mentionnant ces éléments, et signé tant par les parties que par le médiateur ou les médiateurs. À défaut, ce procès-verbal constate que la médiation a été tentée sans effet.

Article 20. Durée de la procédure.

1. La durée de la procédure de médiation est aussi brève que possible et ses actes sont concentrés dans le nombre minimal de séances.

2. Dans les cas où la tentative de médiation est retenue en tant que condition de recevabilité, la durée de la médiation ne peut excéder trois mois à compter de la réception de la demande par le médiateur.

Article 21. Déroulement des actes de médiation.

1. Le médiateur convoque les parties à chaque séance dans les délais nécessaires, dirige les séances et facilite l'exposition de leurs positions ainsi que leur communication de façon égale et équilibrée.

2. Les communications entre le médiateur et les personnes en conflit peuvent être ou non simultanées.

3. Le médiateur informe toutes les parties de la tenue des réunions se déroulant séparément avec l'une d'entre elles, sans préjudice de la confidentialité de ce qui y est traité. Le médiateur ne peut ni communiquer ni diffuser les informations ou documents qu'une partie lui aurait fournis, sauf autorisation expresse de celle-ci.

Article 22. Fin de la procédure.

1. La procédure de médiation peut se conclure par un accord ou prendre fin sans qu'un tel accord soit atteint, soit parce que toutes les parties ou certaines d'entre elles exercent leur droit de mettre fin aux actes, en le communiquant au médiateur, soit parce que le délai maximal convenu par les parties pour la durée de la procédure s'est écoulé, ainsi que lorsque le médiateur estime, de manière justifiée, que les positions des parties sont inconciliables, ou lorsque survient une autre cause déterminant sa conclusion.

À la fin de la procédure, les documents fournis par chaque partie lui sont restitués. Un dossier est constitué avec les documents qui n'ont pas à être restitués aux parties, dossier que le médiateur ou, le cas échéant, l'institution de médiation doit conserver et garder, une fois la procédure terminée, pendant un délai de quatre mois.

2. La renonciation du médiateur à poursuivre la procédure, ou le refus des parties d'accepter leur médiateur, n'entraîne la fin de la procédure que si un nouveau médiateur n'est pas nommé.

3. Le procès-verbal final détermine la conclusion de la procédure et, le cas échéant, retrace de façon claire et compréhensible les accords atteints, ou sa fin pour toute autre cause.

Le procès-verbal doit être signé par toutes les parties et par le médiateur ou les médiateurs, et un exemplaire original en est remis à chacune d'elles. Si l'une des parties ne souhaite pas signer le procès-verbal, le médiateur y consigne cette circonstance, en remettant un exemplaire aux parties qui le souhaitent.

Article 23. L'accord de médiation.

1. L'accord de médiation peut porter sur une partie ou sur la totalité des questions soumises à la médiation.

L'accord de médiation doit mentionner l'identité et le domicile des parties, le lieu et la date de sa signature, les obligations que chaque partie assume, ainsi que le fait qu'a été suivie une procédure de médiation conforme aux dispositions de la présente loi, avec indication du médiateur ou des médiateurs qui sont intervenus et, le cas échéant, de l'institution de médiation au sein de laquelle la procédure s'est déroulée.

2. L'accord de médiation doit être signé par les parties ou leurs représentants.

3. Un exemplaire de l'accord de médiation est remis à chacune des parties, le médiateur en conservant un pour sa part.

Le médiateur informe les parties du caractère contraignant de l'accord conclu et de la possibilité d'en demander l'élévation en acte authentique afin de conférer à leur accord la nature de titre exécutoire.

4. Contre ce qui est convenu dans l'accord de médiation, seule peut être exercée l'action en nullité pour les causes qui invalident les contrats.

Article 24. Actes réalisés par voie électronique.

1. Les parties peuvent convenir que tout ou partie des actes de médiation, y compris la séance constitutive et les séances ultérieures qu'elles jugent opportunes, soient réalisés par voie électronique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen analogue de transmission de la voix ou de l'image, pour autant que soient garanties l'identité des intervenants et le respect des principes de la médiation prévus par la présente loi.

2. La médiation portant sur une réclamation pécuniaire n'excédant pas 600 euros se déroule de préférence par voie électronique, sauf si le recours à celle-ci n'est pas possible pour l'une des parties.

TITRE V. Exécution des accords

Article 25. Formalisation du titre exécutoire.

1. Les parties peuvent élever en acte authentique l'accord atteint à l'issue d'une procédure de médiation. L'accord de médiation est présenté par l'une quelconque des parties devant un notaire, accompagné de copies des procès-verbaux de la séance constitutive et de la séance finale de la procédure, sans que la présence du médiateur soit nécessaire.

2. Pour procéder à l'élévation en acte authentique de l'accord de médiation, le notaire vérifie le respect des conditions exigées par la présente loi et le fait que son contenu n'est pas contraire au droit.

3. Lorsque l'accord de médiation doit être exécuté dans un autre État, outre l'élévation en acte authentique, le respect des exigences que peuvent, le cas échéant, imposer les conventions internationales auxquelles l'Espagne est partie et les normes de l'Union européenne est nécessaire.

4. Lorsque l'accord a été atteint dans le cadre d'une médiation menée après l'ouverture d'une procédure judiciaire, les parties peuvent demander son homologation par la juridiction, conformément aux dispositions de la loi 1/2000, du 7 janvier, de procédure civile.

Article 26. Juridiction compétente pour l'exécution des accords de médiation.

L'exécution des accords issus d'une médiation engagée alors qu'une procédure était en cours est demandée devant la juridiction qui a homologué l'accord.

S'il s'agit d'accords formalisés à l'issue d'une procédure de médiation, est compétent pour refuser ou autoriser l'exécution et l'ordonnance correspondante le Tribunal de première instance du lieu où l'accord de médiation a été signé, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 545 de la loi de procédure civile.

Article 27. Exécution des accords de médiation transfrontaliers.

1. Sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne et des conventions internationales en vigueur en Espagne, la reconnaissance et l'exécution d'un accord de médiation ont lieu selon les modalités prévues par la loi de coopération juridique internationale en matière civile.

2. Un accord de médiation qui n'a pas été déclaré exécutoire par une autorité étrangère ne peut être exécuté en Espagne qu'après élévation en acte authentique par un notaire espagnol, à la demande des parties, ou de l'une d'elles avec le consentement exprès des autres.

3. Le document étranger ne peut être exécuté lorsqu'il est contraire à l'ordre public espagnol.

Dispositions additionnelles

Première disposition additionnelle.

Les institutions ou services de médiation établis ou reconnus par les administrations publiques conformément aux lois peuvent assumer les fonctions de médiation prévues par la présente loi, pour autant qu'ils remplissent les conditions établies par celle-ci pour agir en tant qu'institutions de médiation.

Deuxième disposition additionnelle.

1. Les administrations publiques compétentes pour la fourniture des moyens matériels au service de l'Administration de la Justice assurent la mise à disposition des organes juridictionnels et du public d'informations sur la médiation en tant qu'alternative à la procédure judiciaire.

2. Les administrations publiques compétentes s'efforcent d'inclure la médiation dans le cadre du conseil et de l'orientation gratuits préalables à la procédure, prévus à l'article 6 de la loi 1/1996, du 10 janvier, relative à l'aide juridictionnelle gratuite, dans la mesure où cela permet de réduire tant la conflictualité que ses coûts.

Troisième disposition additionnelle.

Pour le calcul des honoraires notariaux de l'acte authentique de formalisation des accords de médiation, s'appliquent les tarifs correspondant aux « documents sans valeur déterminée » prévus au point 1 de l'annexe I du Décret royal 1426/1989, du 17 novembre, portant approbation du tarif des notaires.

Quatrième disposition additionnelle.

Les procédures de médiation doivent garantir l'égalité des chances pour les personnes handicapées. À cette fin, elles doivent se conformer aux dispositions du Décret royal 366/2007, du 16 mars, établissant les conditions d'accessibilité et de non-discrimination des personnes handicapées dans leurs relations avec l'Administration générale de l'État.

Doivent notamment être garanties l'accessibilité des lieux, l'utilisation de la langue des signes et des moyens d'aide à la communication orale, le braille, la communication tactile ou tout autre moyen ou système permettant aux personnes handicapées de participer pleinement à la procédure.

Les moyens électroniques visés à l'article 24 de la présente loi doivent se conformer aux conditions d'accessibilité prévues par la loi 34/2002, du 11 juillet, relative aux services de la société de l'information et au commerce électronique.

Disposition abrogatoire

Disposition abrogatoire unique.

Le décret-loi royal 5/2012, du 5 mars, relatif à la médiation en matière civile et commerciale, est abrogé.

Dispositions finales

Première disposition finale.

Le point ñ) de l'article 5 de la loi 2/1974, du 13 février, relative aux ordres professionnels (Colegios Profesionales), est rédigé comme suit : « ñ) Promouvoir et développer la médiation, ainsi qu'exercer des fonctions d'arbitrage, national et international, conformément aux dispositions de la législation en vigueur. »

Deuxième disposition finale.

Le point i) du paragraphe 1 de l'article 2 de la loi 3/1993, du 22 mars, portant loi de base relative aux Chambres officielles de commerce, d'industrie et de navigation, est rédigé comme suit : « i) Promouvoir et développer la médiation, ainsi qu'exercer des fonctions d'arbitrage commercial, national et international, conformément aux dispositions de la législation en vigueur. »

Troisième disposition finale. [Modifie de façon étendue la loi 1/2000, du 7 janvier, de procédure civile, sur de nombreux points relatifs à la médiation. En raison de sa longueur, elle n'est pas reproduite intégralement dans le présent document ; il est renvoyé à la source officielle indiquée ci-dessus.]

Quatrième disposition finale. [Modifie la loi 34/2006, du 30 octobre, relative à l'accès aux professions d'avocat et d'avoué près les tribunaux. En raison de sa longueur, elle n'est pas reproduite intégralement dans le présent document ; il est renvoyé à la source officielle indiquée ci-dessus.]

Cinquième disposition finale.

La présente loi est édictée en vertu de la compétence exclusive de l'État en matière de législation commerciale, procédurale et civile, établie à l'article 149.1.6ª et 8ª de la Constitution. Néanmoins, la modification de la loi 34/2006 est effectuée en vertu de l'article 149.1.1ª, 6ª et 30ª de la Constitution.

Sixième disposition finale.

La présente loi transpose en droit espagnol la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.

Septième disposition finale.

Le Gouvernement, à l'initiative du ministère de la Justice, promeut la résolution des différends portant sur des réclamations pécuniaires au moyen d'une procédure de médiation simplifiée qui se déroule exclusivement par voie électronique, sauf si le recours à celle-ci n'est pas possible pour l'une des parties. Les positions des parties sont exposées dans les formulaires de demande de la procédure et de réponse à celle-ci, que le médiateur ou l'institution de médiation met à la disposition des intéressés. Cette procédure a une durée maximale d'un mois, à compter du lendemain de la réception de la demande, et peut être prorogée d'un commun accord des parties.

Huitième disposition finale. Développement réglementaire du contrôle du respect des conditions de la médiation exigées par la loi.

1. Le Gouvernement, à l'initiative du ministre de la Justice, peut prévoir par voie réglementaire les instruments jugés nécessaires pour vérifier le respect, par les médiateurs et les institutions de médiation, des conditions exigées par la présente loi, ainsi que leur publicité. Ces instruments peuvent inclure la création d'un Registre des médiateurs et des institutions de médiation, relevant du ministère de la Justice et coordonné avec les registres de médiation des Communautés autonomes, dans lequel un médiateur peut être radié en cas de manquement aux exigences prévues par la présente loi.

2. Les administrations publiques compétentes déterminent la durée et le contenu minimal du ou des cours que les médiateurs doivent préalablement suivre pour acquérir la formation nécessaire à l'exercice de la médiation, ainsi que la formation continue qu'ils doivent recevoir. Cette formation comprend, entre autres matières, des modules respectifs sur l'égalité, la prise en charge des personnes handicapées, la détection des violences fondées sur le genre tenant compte de la perspective du handicap, la perspective de genre et de l'enfance, ainsi que la diversité sexuelle, de genre et familiale, pour tous les médiateurs souhaitant intervenir dans le domaine du droit de la famille.

Elle doit également inclure une formation aux besoins spécifiques des personnes âgées de soixante-cinq ans ou plus, garantissant leur participation à la procédure de médiation dans des conditions d'égalité.

Le Gouvernement peut développer par voie réglementaire la portée de l'obligation d'assurance de la responsabilité civile des médiateurs.

Neuvième disposition finale.

Le Gouvernement doit remettre aux Cortes Generales, dans un délai de deux ans, un rapport sur l'application, l'efficacité et les effets de l'ensemble des mesures adoptées par la présente loi, aux fins d'évaluer son fonctionnement, y compris, le cas échéant, des propositions en vue de l'adoption d'autres mesures, tant substantielles que procédurales, visant à améliorer la médiation en matière civile et commerciale.

Dixième disposition finale. Entrée en vigueur.

La présente loi entre en vigueur vingt jours après sa publication au « Boletín Oficial del Estado ».agentId: a652eff4c01d3bd15 (use SendMessage with to: 'a652eff4c01d3bd15', summary: '<5-10 word recap>' to continue this agent) subagent_tokens: 132355 tool_uses: 31 duration_ms: 680525