Testi in vigore: Panama

Decreto Ley N° 5 de 8 de julio de 1999 — Título II: De la Conciliación y de la Mediación

Capítulo I — De la Conciliación

Artículo 44. Para la solución de sus controversias, en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, la partes en conflicto podrán acudir al método de la conciliación extrajudicial. Esta se rige por los principios de autonomía de la voluntad, acceso, eficiencia, eficacia, privacidad, equidad, neutralidad, imparcialidad y celeridad en la Justicia.

Artículo 45. La conciliación es un método de solución pacífica de conflictos, a través del cual las partes gestionan la solución de sus conflictos con la intervención de un facilitador imparcial, llamado conciliador, cualificado mediante reglamento expedido por el Ministerio de Gobierno y Justicia.

Artículo 46. Podrán someterse al trámite de la conciliación las materias susceptibles de transacción, desistimiento y negociación.

Artículo 47. La conciliación puede ser institucional cuando se desarrolle a través de centros de arbitraje, conciliación y mediación privados, autorizados, conforme a los procedimientos establecidos para las instituciones arbitrales, de acuerdo con lo establecido al presente Decreto Ley. También podrá conciliarse a través de instituciones estatales, en cuyo caso la práctica del trámite será gratuita. La conciliación será ad-hoc o independiente cuando sea llevada a cabo por personas independientes, cualificadas y debidamente designadas por las partes.

Artículo 48. Tratándose de conciliación institucional, la calidad de conciliador institucional o independiente, será cualificada por la institución reconocida como centro de arbitraje, conciliación y mediación. Éstas determinarán los procedimientos para dicha cualificación, tales como la capacitación requerida y la formación permanente, así como los costos administrativos y los honorarios correspondientes.

Artículo 49. El acuerdo de conciliación al cual lleguen las partes presta mérito ejecutivo será inmutable a partir de la suscripción y firma por parte de los interesados por el conciliador cualificado. El acuerdo de conciliación puede ser elevado a laudo cuando las partes así lo soliciten expresamente, para lo cual se constituirá el tribunal arbitral respectivo de conformidad con lo previsto para el arbitraje en el presente Decreto Ley.

Artículo 50. Las partes en conflicto, que podrán ser asistidas por abogado, podrán solicitar la intervención de un conciliador en la solución de sus controversias, antes o durante el proceso ordinario, mientras no se haya proferido sentencia de primera instancia. En los contratos administrativos en los cuales pueden suscribirse convenios arbitrales, podrá convenirse la conciliación. Cuando haya proceso administrativo en curso, las partes, de común acuerdo, podrán solicitar al juez la suspensión del proceso con el objeto de acudir al mecanismo de la conciliación. En caso de acuerdo y si este no vulnera normas de Derecho Público, el juez lo homologará; en caso contrario el proceso continuará. En los demás procesos en los que se haya solicitado la suspensión, las partes que acudan a la conciliación deberán informar al juez sobre su resultado dentro de los cuarenta y cinco días siguientes. Si dicho resultado es un acuerdo de conciliación, el juez dará por terminado el proceso, en caso contrario lo continuará.

Artículo 51. Con el objeto de viabilizar los propósitos de este capítulo, el Gobierno nacional o municipal podrá crear centros comunales de conciliación, los cuales se desarrollarán en proyectos de fortalecimiento de las organizaciones comunales. Para tal efecto, créase el proyecto piloto de conciliación a partir del 1 de enero del año 2000, para los distritos de Panamá y San Miguelito, el cual se desarrollará de conformidad con los preceptos del presente capítulo y funcionará a través de las juntas comunales de cada uno de sus corregimientos.

Capítulo II — De la Mediación

Artículo 52. Se instituye la mediación como método alternativo para la solución de conflictos de manera no adversarial, cuyo objeto es buscar y facilitar la comunicación entre las partes mediante la intervención de un tercero idóneo, llamado mediador, con miras al logro de un acuerdo proveniente de éstas, que ponga fin al conflicto o controversia.

Artículo 53. La mediación se orienta en los principios de la autonomía de la voluntad de las partes, equidad, neutralidad, confidencialidad, economía y eficacia.

Artículo 54. La mediación puede ser pública o privada, dependiendo de si la misma se lleva a cabo por un mediador o mediadores al servicio del Estado o a nivel privado. Puede ser institucional o independiente, atendiendo a la procedencia del mediador o mediadores de centros, organismos o instituciones establecidas mediante las exigencias que la ley ordene o, ejercida por mediadores independientes.

Artículo 55. Podrán someterse al trámite de la mediación las materias susceptibles de transacción, desistimiento y negociación y demás que sean reglamentadas.

Artículo 56. Al iniciarse la mediación, el mediador y las partes deberán suscribir previamente un convenio de confidencialidad que garantice lo siguiente: 1. Que el contenido de las actividades preparatorias, conversaciones y convenios parciales del acuerdo sean absolutamente confidenciales. En este sentido, el mediador no podrá revelar el contenido de las discusiones ni de los acuerdos parciales de estas partes y, en consecuencia, al mediador le asiste el secreto profesional. 2. Que las partes no pueden relevar al mediador de su deber de confidencialidad, ni tendrá valor probatorio el testimonio o la confesión de ellas ni de los mediadores, sobre lo ocurrido o expresado en la audiencia o audiencias de mediación. El principio de confidencialidad establecido en este artículo se aplicará sin perjuicio de las excepciones establecidas en la Ley. En caso de que las partes lleguen a acuerdo, éste se hará constar por escrito mediante un acta. Dicho documento prestará mérito ejecutivo a partir de la discusión y firma por los interesados y el mediador.

Artículo 57. La mediación puede tener lugar judicial o extrajudicialmente. Cuando sea ante un conflicto planteado judicialmente, la mediación puede darse en cualquier momento o etapa procesal.

Artículo 58. Para que una institución, centro, organización, o entidad privada pueda llevar a cabo mediación, deberá contar con el correspondiente reconocimiento y autorización conferida por el Ministerio de Gobierno y Justicia. En las entidades públicas nacionales o municipales, la mediación deberá ser llevada a cabo por mediadores certificados como tales por el Ministerio de Gobierno y Justicia.

Artículo 59. Para ejercer la conciliación y la mediación se requiere: 1. Haber recibido capacitación que lo califique como conciliador o mediador por un centro especializado o institución educativa debidamente reconocida, las cuales expedirán las certificaciones correspondientes. 2. Inscribir dicha certificación en el Ministerio de Gobierno y Justicia, el cual creará el Registro de conciliadores y mediadores.

Artículo 60. No podrán ser nombrados conciliadores y mediadores las siguientes personas: 1. Las que hubiesen sido declaradas responsables penalmente por delitos de prevaricación, falsedad, o estafa; 2. Las que hayan violado el principio de confidencialidad, dentro de un proceso de conciliación y mediación.

Artículo 61. Quedan reconocidos y autorizados para la administración de arbitrajes y procedimientos de conciliación y mediación, los centros de conciliación, mediación y arbitraje que, al promulgarse este Decreto Ley, tengan personería jurídica debidamente aprobada e inscrita en el Registro Público y aquellos que en los sucesivo sean reconocidos como tales por el Ministerio de Gobierno y Justicia, conforme a este Decreto Ley y demás disposiciones complementarias.

Traduzione non ufficiale.

Decreto Legge N° 5 dell'8 luglio 1999 — Titolo II: Della Conciliazione e della Mediazione

Capitolo I — Della Conciliazione

Articolo 44. Per la soluzione delle proprie controversie, in attuazione del principio dell'autonomia della volontà, le parti in conflitto potranno ricorrere al metodo della conciliazione extragiudiziale. Questa è retta dai principi di autonomia della volontà, accesso, efficienza, efficacia, riservatezza, equità, neutralità, imparzialità e celerità della Giustizia.

Articolo 45. La conciliazione è un metodo di soluzione pacifica dei conflitti, attraverso il quale le parti gestiscono la soluzione dei propri conflitti con l'intervento di un facilitatore imparziale, denominato conciliatore, qualificato mediante regolamento emanato dal Ministero del Governo e della Giustizia.

Articolo 46. Potranno essere sottoposte alla procedura di conciliazione le materie suscettibili di transazione, rinuncia e negoziazione.

Articolo 47. La conciliazione può essere istituzionale quando si svolga tramite centri di arbitrato, conciliazione e mediazione privati, autorizzati, conformemente alle procedure stabilite per le istituzioni arbitrali, in base a quanto previsto dal presente Decreto Legge. Si potrà altresì conciliare tramite istituzioni statali, nel qual caso la pratica della procedura sarà gratuita. La conciliazione sarà ad hoc o indipendente quando sia condotta da persone indipendenti, qualificate e debitamente designate dalle parti.

Articolo 48. Trattandosi di conciliazione istituzionale, la qualità di conciliatore istituzionale o indipendente sarà attribuita dall'istituzione riconosciuta come centro di arbitrato, conciliazione e mediazione. Tali istituzioni determineranno le procedure per detta qualificazione, quali la formazione richiesta e la formazione permanente, nonché i costi amministrativi e gli onorari corrispondenti.

Articolo 49. L'accordo di conciliazione raggiunto dalle parti ha efficacia esecutiva ed è immutabile a partire dalla sottoscrizione e firma da parte degli interessati e del conciliatore qualificato. L'accordo di conciliazione può essere elevato a lodo qualora le parti lo richiedano espressamente, a tal fine costituendosi il rispettivo tribunale arbitrale conformemente a quanto previsto per l'arbitrato nel presente Decreto Legge.

Articolo 50. Le parti in conflitto, che potranno essere assistite da un avvocato, potranno richiedere l'intervento di un conciliatore per la soluzione delle proprie controversie, prima o durante il processo ordinario, purché non sia stata pronunciata sentenza di primo grado. Nei contratti amministrativi nei quali possono sottoscriversi convenzioni arbitrali, potrà essere convenuta la conciliazione. Qualora sia in corso un processo amministrativo, le parti, di comune accordo, potranno chiedere al giudice la sospensione del processo al fine di ricorrere al meccanismo della conciliazione. In caso di accordo, e qualora esso non violi norme di Diritto Pubblico, il giudice lo omologherà; in caso contrario il processo proseguirà. Negli altri processi in cui sia stata richiesta la sospensione, le parti che ricorrano alla conciliazione dovranno informare il giudice del relativo esito entro i quarantacinque giorni successivi. Se tale esito è un accordo di conciliazione, il giudice dichiarerà concluso il processo; in caso contrario lo proseguirà.

Articolo 51. Allo scopo di realizzare le finalità del presente capitolo, il Governo nazionale o municipale potrà creare centri comunali di conciliazione, che si svilupperanno nell'ambito di progetti di rafforzamento delle organizzazioni comunali. A tal fine, è istituito il progetto pilota di conciliazione a decorrere dal 1° gennaio 2000, per i distretti di Panama e San Miguelito, che si svolgerà in conformità ai precetti del presente capitolo e funzionerà tramite le giunte comunali di ciascuno dei rispettivi corregimientos.

Capitolo II — Della Mediazione

Articolo 52. È istituita la mediazione quale metodo alternativo per la soluzione dei conflitti in modo non avversariale, il cui scopo è cercare e facilitare la comunicazione tra le parti mediante l'intervento di un terzo idoneo, denominato mediatore, in vista del raggiungimento di un accordo tra le parti stesse, che ponga fine al conflitto o alla controversia.

Articolo 53. La mediazione si ispira ai principi dell'autonomia della volontà delle parti, equità, neutralità, riservatezza, economia ed efficacia.

Articolo 54. La mediazione può essere pubblica o privata, a seconda che sia svolta da un mediatore o da mediatori al servizio dello Stato o a livello privato. Può essere istituzionale o indipendente, a seconda della provenienza del mediatore o dei mediatori da centri, organismi o istituzioni costituite secondo i requisiti prescritti dalla legge, oppure esercitata da mediatori indipendenti.

Articolo 55. Potranno essere sottoposte alla procedura di mediazione le materie suscettibili di transazione, rinuncia e negoziazione, nonché le altre materie che siano disciplinate da regolamento.

Articolo 56. All'avvio della mediazione, il mediatore e le parti dovranno preventivamente sottoscrivere un accordo di riservatezza che garantisca quanto segue: 1. Che il contenuto delle attività preparatorie, delle conversazioni e degli accordi parziali sia assolutamente confidenziale. A tal fine, il mediatore non potrà rivelare il contenuto delle discussioni né degli accordi parziali delle parti e, di conseguenza, al mediatore compete il segreto professionale. 2. Che le parti non possano sollevare il mediatore dal proprio obbligo di riservatezza, né avrà valore probatorio la testimonianza o la confessione di esse né dei mediatori, riguardo a quanto avvenuto o dichiarato nell'udienza o nelle udienze di mediazione. Il principio di riservatezza stabilito nel presente articolo si applicherà fatte salve le eccezioni previste dalla Legge. Qualora le parti raggiungano un accordo, esso sarà messo per iscritto mediante un verbale. Tale documento avrà efficacia esecutiva a partire dalla discussione e firma da parte degli interessati e del mediatore.

Articolo 57. La mediazione può svolgersi in sede giudiziale o extragiudiziale. Quando riguardi un conflitto già instaurato in sede giudiziale, la mediazione può aver luogo in qualsiasi momento o fase processuale.

Articolo 58. Affinché un'istituzione, centro, organizzazione o ente privato possa svolgere attività di mediazione, esso dovrà disporre del corrispondente riconoscimento e autorizzazione conferiti dal Ministero del Governo e della Giustizia. Negli enti pubblici nazionali o municipali, la mediazione dovrà essere svolta da mediatori certificati come tali dal Ministero del Governo e della Giustizia.

Articolo 59. Per esercitare la conciliazione e la mediazione si richiede: 1. Aver ricevuto una formazione che qualifichi come conciliatore o mediatore presso un centro specializzato o un'istituzione educativa debitamente riconosciuta, che rilascerà le relative certificazioni. 2. Iscrivere tale certificazione presso il Ministero del Governo e della Giustizia, il quale istituirà il Registro dei conciliatori e mediatori.

Articolo 60. Non potranno essere nominate conciliatori e mediatori le seguenti persone: 1. Coloro che siano stati dichiarati penalmente responsabili per i reati di prevaricazione, falso o truffa; 2. Coloro che abbiano violato il principio di riservatezza nell'ambito di un procedimento di conciliazione e mediazione.

Articolo 61. Restano riconosciuti e autorizzati per l'amministrazione di arbitrati e procedimenti di conciliazione e mediazione i centri di conciliazione, mediazione e arbitrato che, al momento della promulgazione del presente Decreto Legge, siano dotati di personalità giuridica debitamente approvata e iscritta nel Registro Pubblico, nonché quelli che successivamente siano riconosciuti come tali dal Ministero del Governo e della Giustizia, conformemente al presente Decreto Legge e alle altre disposizioni complementari.

Unofficial translation.

Decree-Law No. 5 of 8 July 1999 — Title II: On Conciliation and Mediation

Chapter I — On Conciliation

Article 44. In order to resolve their disputes, in furtherance of the principle of party autonomy, the parties to a conflict may resort to the method of extrajudicial conciliation. This is governed by the principles of party autonomy, access, efficiency, effectiveness, privacy, equity, neutrality, impartiality and expedition of Justice.

Article 45. Conciliation is a method of peaceful dispute resolution, through which the parties manage the resolution of their disputes with the intervention of an impartial facilitator, called a conciliator, qualified pursuant to regulations issued by the Ministry of Government and Justice.

Article 46. Matters susceptible of settlement, withdrawal and negotiation may be submitted to conciliation proceedings.

Article 47. Conciliation may be institutional when it is conducted through private centers of arbitration, conciliation and mediation, authorized in accordance with the procedures established for arbitral institutions, pursuant to this Decree-Law. Conciliation may also be conducted through state institutions, in which case the proceedings shall be free of charge. Conciliation shall be ad hoc or independent when conducted by independent persons, qualified and duly appointed by the parties.

Article 48. In the case of institutional conciliation, the status of institutional or independent conciliator shall be conferred by the institution recognized as a center of arbitration, conciliation and mediation. Such institutions shall determine the procedures for such qualification, including the required training and continuing education, as well as the administrative costs and corresponding fees.

Article 49. The conciliation agreement reached by the parties has executory force and becomes immutable upon its execution and signature by the interested parties and the qualified conciliator. The conciliation agreement may be elevated to an award where the parties expressly so request, for which purpose the relevant arbitral tribunal shall be constituted in accordance with the provisions on arbitration contained in this Decree-Law.

Article 50. The parties to a conflict, who may be assisted by counsel, may request the intervention of a conciliator to resolve their disputes, before or during ordinary proceedings, provided no first-instance judgment has yet been rendered. In administrative contracts in which arbitration agreements may be executed, conciliation may likewise be agreed upon. Where administrative proceedings are pending, the parties, by mutual agreement, may request the judge to suspend the proceedings in order to resort to conciliation. If an agreement is reached and it does not infringe rules of Public Law, the judge shall approve it; otherwise the proceedings shall continue. In other proceedings in which suspension has been requested, the parties who resort to conciliation must inform the judge of the outcome within the following forty-five days. If that outcome is a conciliation agreement, the judge shall terminate the proceedings; otherwise they shall continue.

Article 51. In order to give effect to the purposes of this Chapter, the national or municipal Government may create communal conciliation centers, to be developed within programs strengthening communal organizations. To that end, a pilot conciliation project is hereby created, effective 1 January 2000, for the districts of Panama and San Miguelito, which shall operate in accordance with the precepts of this Chapter and shall function through the communal boards of each of their corregimientos.

Chapter II — On Mediation

Article 52. Mediation is hereby established as an alternative, non-adversarial method for the resolution of disputes, the purpose of which is to seek and facilitate communication between the parties through the intervention of a suitable third party, called a mediator, with a view to the parties reaching an agreement that puts an end to the conflict or dispute.

Article 53. Mediation is guided by the principles of party autonomy, equity, neutrality, confidentiality, economy and effectiveness.

Article 54. Mediation may be public or private, depending on whether it is conducted by a mediator or mediators in the service of the State or at a private level. It may be institutional or independent, depending on whether the mediator or mediators come from centers, bodies or institutions established in accordance with the requirements laid down by law, or is conducted by independent mediators.

Article 55. Matters susceptible of settlement, withdrawal and negotiation, and such other matters as may be regulated, may be submitted to mediation proceedings.

Article 56. Upon commencement of mediation, the mediator and the parties must first execute a confidentiality agreement guaranteeing the following: 1. That the content of the preparatory activities, discussions and partial agreements shall be absolutely confidential. Accordingly, the mediator may not disclose the content of the discussions or of the parties' partial agreements, and the mediator is therefore bound by professional secrecy. 2. That the parties may not release the mediator from this duty of confidentiality, and neither the testimony nor the admissions of the parties or of the mediators concerning what occurred or was stated at the mediation hearing or hearings shall have any evidentiary value. The principle of confidentiality established in this Article shall apply without prejudice to the exceptions established by Law. Should the parties reach an agreement, it shall be recorded in writing by means of a minute (acta). That document shall have executory force from the time it is discussed and signed by the interested parties and the mediator.

Article 57. Mediation may take place judicially or extrajudicially. Where it concerns a dispute already raised in judicial proceedings, mediation may take place at any time or stage of those proceedings.

Article 58. In order for a private institution, center, organization or entity to conduct mediation, it must hold the corresponding recognition and authorization granted by the Ministry of Government and Justice. Within national or municipal public entities, mediation must be conducted by mediators certified as such by the Ministry of Government and Justice.

Article 59. In order to practice as a conciliator or mediator, the following is required: 1. To have received training qualifying the person as a conciliator or mediator from a specialized center or a duly recognized educational institution, which shall issue the corresponding certifications. 2. To register such certification with the Ministry of Government and Justice, which shall establish the Register of Conciliators and Mediators.

Article 60. The following persons may not be appointed as conciliators or mediators: 1. Those who have been held criminally liable for the offenses of prevarication, forgery or fraud; 2. Those who have breached the principle of confidentiality within a conciliation or mediation proceeding.

Article 61. The centers for conciliation, mediation and arbitration which, at the time this Decree-Law is promulgated, hold duly approved legal personality registered in the Public Registry, and those which are subsequently recognized as such by the Ministry of Government and Justice, remain recognized and authorized to administer arbitrations and conciliation and mediation proceedings, in accordance with this Decree-Law and other complementary provisions.

Traduction non officielle.

Décret-loi n° 5 du 8 juillet 1999 — Titre II : De la conciliation et de la médiation

Chapitre I — De la conciliation

Article 44. Pour la solution de leurs différends, en application du principe de l'autonomie de la volonté, les parties en conflit pourront recourir à la méthode de la conciliation extrajudiciaire. Celle-ci est régie par les principes d'autonomie de la volonté, d'accès, d'efficience, d'efficacité, de confidentialité, d'équité, de neutralité, d'impartialité et de célérité de la Justice.

Article 45. La conciliation est une méthode de règlement pacifique des différends, par laquelle les parties gèrent le règlement de leurs différends avec l'intervention d'un facilitateur impartial, appelé conciliateur, qualifié conformément au règlement édicté par le Ministère du Gouvernement et de la Justice.

Article 46. Peuvent être soumises à la procédure de conciliation les matières susceptibles de transaction, de désistement et de négociation.

Article 47. La conciliation peut être institutionnelle lorsqu'elle est menée par l'intermédiaire de centres d'arbitrage, de conciliation et de médiation privés, autorisés, conformément aux procédures établies pour les institutions arbitrales, en application du présent Décret-loi. Il pourra également être conciliés par l'intermédiaire d'institutions étatiques, auquel cas la procédure sera gratuite. La conciliation sera ad hoc ou indépendante lorsqu'elle est menée par des personnes indépendantes, qualifiées et dûment désignées par les parties.

Article 48. S'agissant de conciliation institutionnelle, la qualité de conciliateur institutionnel ou indépendant sera conférée par l'institution reconnue comme centre d'arbitrage, de conciliation et de médiation. Celles-ci détermineront les procédures de cette qualification, telles que la formation requise et la formation continue, ainsi que les frais administratifs et les honoraires correspondants.

Article 49. L'accord de conciliation auquel parviennent les parties a force exécutoire et devient immuable à compter de sa signature par les intéressés et par le conciliateur qualifié. L'accord de conciliation peut être élevé au rang de sentence lorsque les parties le demandent expressément, auquel cas le tribunal arbitral correspondant sera constitué conformément aux dispositions relatives à l'arbitrage prévues par le présent Décret-loi.

Article 50. Les parties en conflit, qui pourront être assistées d'un avocat, pourront demander l'intervention d'un conciliateur pour le règlement de leurs différends, avant ou pendant la procédure ordinaire, tant qu'un jugement de première instance n'a pas été rendu. Dans les contrats administratifs pouvant faire l'objet de conventions d'arbitrage, la conciliation pourra également être convenue. Lorsqu'une procédure administrative est en cours, les parties, d'un commun accord, pourront demander au juge la suspension de la procédure afin de recourir au mécanisme de la conciliation. En cas d'accord, et si celui-ci ne viole pas de règles de droit public, le juge l'homologuera ; dans le cas contraire, la procédure se poursuivra. Dans les autres procédures pour lesquelles la suspension a été demandée, les parties ayant recours à la conciliation devront informer le juge du résultat dans les quarante-cinq jours suivants. Si ce résultat est un accord de conciliation, le juge mettra fin à la procédure ; dans le cas contraire, il la poursuivra.

Article 51. Afin de rendre effectifs les objectifs du présent chapitre, le Gouvernement national ou municipal pourra créer des centres communaux de conciliation, développés dans le cadre de projets de renforcement des organisations communales. À cet effet, est créé le projet pilote de conciliation à compter du 1er janvier 2000, pour les districts de Panama et de San Miguelito, qui sera mis en œuvre conformément aux dispositions du présent chapitre et fonctionnera par l'intermédiaire des conseils communaux de chacun de leurs corregimientos.

Chapitre II — De la médiation

Article 52. La médiation est instituée comme méthode alternative de règlement des différends, de nature non contentieuse, dont l'objet est de rechercher et de faciliter la communication entre les parties par l'intervention d'un tiers compétent, appelé médiateur, en vue de la conclusion par celles-ci d'un accord mettant fin au conflit ou au différend.

Article 53. La médiation s'inspire des principes d'autonomie de la volonté des parties, d'équité, de neutralité, de confidentialité, d'économie et d'efficacité.

Article 54. La médiation peut être publique ou privée, selon qu'elle est menée par un ou plusieurs médiateurs au service de l'État ou dans le cadre privé. Elle peut être institutionnelle ou indépendante, selon que le ou les médiateurs proviennent de centres, organismes ou institutions constitués conformément aux exigences fixées par la loi, ou qu'elle est exercée par des médiateurs indépendants.

Article 55. Peuvent être soumises à la procédure de médiation les matières susceptibles de transaction, de désistement et de négociation, ainsi que les autres matières qui feront l'objet d'une réglementation.

Article 56. Dès l'ouverture de la médiation, le médiateur et les parties devront préalablement signer un accord de confidentialité garantissant ce qui suit : 1. Que le contenu des activités préparatoires, des échanges et des accords partiels soit absolument confidentiel. À ce titre, le médiateur ne pourra divulguer le contenu des discussions ni des accords partiels des parties et bénéficie, en conséquence, du secret professionnel. 2. Que les parties ne puissent délier le médiateur de son obligation de confidentialité, et que ni le témoignage ni l'aveu des parties ou des médiateurs concernant ce qui s'est produit ou a été exprimé lors de la ou des séances de médiation n'ait de valeur probante. Le principe de confidentialité établi au présent article s'appliquera sans préjudice des exceptions prévues par la Loi. Si les parties parviennent à un accord, celui-ci sera consigné par écrit dans un procès-verbal. Ce document aura force exécutoire dès sa discussion et sa signature par les intéressés et le médiateur.

Article 57. La médiation peut avoir lieu judiciairement ou extrajudiciairement. Lorsqu'elle concerne un différend déjà porté devant la justice, la médiation peut intervenir à tout moment ou à toute étape de la procédure.

Article 58. Pour qu'une institution, un centre, une organisation ou une entité privée puisse mener une médiation, elle devra disposer de la reconnaissance et de l'autorisation correspondantes délivrées par le Ministère du Gouvernement et de la Justice. Au sein des entités publiques nationales ou municipales, la médiation devra être menée par des médiateurs certifiés comme tels par le Ministère du Gouvernement et de la Justice.

Article 59. Pour exercer la conciliation et la médiation, il est requis : 1. D'avoir reçu une formation qualifiant en tant que conciliateur ou médiateur auprès d'un centre spécialisé ou d'un établissement d'enseignement dûment reconnu, qui délivrera les certifications correspondantes. 2. D'inscrire cette certification auprès du Ministère du Gouvernement et de la Justice, lequel créera le Registre des conciliateurs et médiateurs.

Article 60. Ne pourront être nommées conciliateurs et médiateurs les personnes suivantes : 1. Celles qui ont été déclarées pénalement responsables pour des délits de prévarication, de faux ou d'escroquerie ; 2. Celles qui ont violé le principe de confidentialité dans le cadre d'une procédure de conciliation et de médiation.

Article 61. Demeurent reconnus et autorisés à administrer des arbitrages et des procédures de conciliation et de médiation les centres de conciliation, de médiation et d'arbitrage qui, à la date de promulgation du présent Décret-loi, sont dotés de la personnalité juridique dûment approuvée et inscrite au Registre public, ainsi que ceux qui seront ultérieurement reconnus comme tels par le Ministère du Gouvernement et de la Justice, conformément au présent Décret-loi et aux autres dispositions complémentaires.