Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público, interés general y observancia obligatoria en el Distrito Federal, y tienen como propósito reglamentar el párrafo cuarto del artículo 17 y el párrafo sexto del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y regular la mediación como método de gestión de conflictos para la solución de controversias entre particulares cuando éstas recaigan sobre derechos de los cuales pueden aquellos disponer libremente, sin afectar el orden público, basado en la autocomposición asistida.

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Acuerdo: solución consensuada que construyen los mediados para cada uno de los puntos controvertidos de un conflicto, durante el desarrollo de la mediación y con la finalidad de resolverlo satisfactoriamente. El conjunto de acuerdos forman el clausulado del convenio que aquellos suscriben.

II. Autocomposición: reglas que los propios particulares involucrados en una controversia establecen para efecto de encontrar una solución a la misma.

III. Centro: Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

IV. Consejo: Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.

IV Bis. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Mediación.

IV Ter. Consejo de certificación: Consejo de Certificación en Sede Judicial.

V. Co-mediación: procedimiento complementario de la mediación, con el cual se enriquece ésta, a partir de la intervención de otro u otros mediadores.

VI. Co-mediador: mediador autorizado por el Centro para asistir al mediador asignado a la atención de una determinada controversia, aportando sus experiencias, conocimientos y habilidades.

VI bis. Comité: Comité Revisor de las Evidencias de Evaluación.

VI Ter. Facilitador: El profesional certificado del Órgano cuya función es facilitar la participación de los intervinientes en los Mecanismos Alternativos en Materia Penal.

VII. Instituto: Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

VIII. Justicia alternativa: procedimientos distintos a los jurisdiccionales para la solución de controversias entre particulares.

IX. Ley: Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal.

IX Bis. Ley Nacional: Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.

IX Ter. Mecanismos alternativos en materia penal: la mediación, la conciliación y la junta restaurativa.

X. Mediación: procedimiento voluntario por el cual dos o más personas involucradas en una controversia, a las cuales se les denomina mediados, buscan y construyen una solución satisfactoria a la misma, con la asistencia de un tercero imparcial denominado mediador.

XI. Mediados: personas físicas o morales que, después de haber establecido una relación de variada naturaleza jurídica, se someten a la mediación, en busca de una solución pacífica a su controversia.

XII. Mediador: especialista que habiendo cumplido los requisitos previstos por esta Ley se encuentra capacitado, certificado y registrado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para conducir el procedimiento de mediación e intervenir como facilitador de la comunicación y la negociación entre particulares involucrados en una controversia, y que podrá ser público o privado.

XII bis. Módulo de Mediación: Es la unidad territorialmente desconcentrada que podrá ser permanente, temporal o itinerante, instalada por cuenta del Tribunal o de una dependencia o entidad para ofrecer y atender los servicios de mediación.

XII Ter. Módulo de mediación privada: Es el establecimiento o espacio físico instalado por cuenta de uno o varios mediadores privados en una institución pública o privada que, habiendo satisfecho los requisitos para ello, se encuentra registrado y autorizado ante el Centro para ofrecer y atender los servicios de mediación privada.

XII Quater. Módulo de mediación virtual: Es el espacio virtual del sistema automatizado que permite la prestación del servicio de mediación por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología operada por cuenta del Tribunal por conducto del Centro cuya utilización y acceso se autoriza a uno o varios mediadores privados que han satisfecho los requisitos para ello.

XIII. Pre-mediación: Sesión informativa previa en la que las personas interesadas son orientadas sobre las ventajas, principios y características de la mediación y para valorar si la controversia que se plantea es susceptible de ser solucionada mediante este procedimiento o, en caso contrario, sugerir las instancias pertinentes.

XIV. Registros:

a) En el capítulo correspondiente es el padrón de mediadores públicos y privados certificados por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y

b) En el capítulo correspondiente es la Inscripción de convenios emanados del procedimiento de mediación en los términos de esta Ley;

XIV bis. Reglamento: Reglamento Interno del Centro de Justicia Alternativa.

XIV ter. Reglas: Reglas del Mediador Privado.

XV. Re-mediación: procedimiento posterior a la mediación, que se utiliza cuando el convenio alcanzado en ésta se ha incumplido parcial o totalmente, o cuando surgen nuevas circunstancias que hacen necesario someter el asunto nuevamente a mediación.

XVI. Tribunal: Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Artículo 3. La mediación tiene como objetivo fomentar una convivencia social armónica, a través del diálogo y la tolerancia, mediante procedimientos basados en la prontitud, la economía y la satisfacción de las partes.

La mediación, como método de gestión de conflictos, pretende asimismo evitar la apertura de procesos judiciales de carácter contencioso y poner fin a los ya iniciados.

Artículo 4. La mediación procederá de la voluntad mutua de los particulares de someterse a ella para solucionar o prevenir una controversia común. Los jueces del Distrito Federal podrán, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable, ordenar a los particulares que acudan al procedimiento de mediación a que se refiere la Ley, e intenten, a través de dicho procedimiento, llegar a un acuerdo que ponga fin a la controversia, decretando además la suspensión del juicio hasta por el término de dos meses.

Artículo 5. La mediación procederá en los siguientes supuestos:

I. En materia civil, las controversias que deriven de relaciones entre particulares, sean personas físicas o morales, en tanto no involucren cuestiones de derecho familiar.

II. En materia mercantil, las que deriven de relaciones entre comerciantes, en razón de su participación en actos de comercio, considerados así por las leyes correspondientes.

III. En materia familiar, las controversias que deriven de las relaciones entre las personas que se encuentren unidas en matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia o, aun cuando no se encuentren en dichos supuestos, tengan hijos en común; entre personas unidas por algún lazo de parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil; las que surjan de esas relaciones con terceros, así como por sucesiones testamentarias e intestamentarias.

IV. En materia penal, la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, dentro del marco de la justicia restaurativa, procederá en las controversias entre particulares originadas por la comisión de un delito, y éste:

a) Se persiga por querella o requisito equivalente de parte ofendida; b) Sea un delito culposo; o c) Sea un delito o un delito patrimonial cometido sin violencia sobre las personas; o no se trate de delitos de violencia familiar;

IV bis. En materia penal, la mediación también procederá, en el marco de la justicia restaurativa, y previo al inicio del proceso penal, en las controversias entre particulares originadas por la comisión de una conducta tipificada como delito que se persiga por querella, y al concluir el proceso penal, respecto de conductas tipificadas como delitos graves y perseguibles de oficio, en tratándose de la reparación del daño, exclusivamente para efectos restaurativos y de recomposición del tejido social cuando la víctima u ofendido del delito lo solicite, en términos del Reglamento, independientemente de que se haya reparado el daño y de que el autor de la conducta delictiva se encuentre cumpliendo una sentencia.

V. En materia de justicia para adolescentes, en los supuestos previstos en la Ley de Justicia para Adolescentes, siempre que dichas conductas no sean consideradas como delitos graves.

Artículo 6. La mediación es independiente a la jurisdicción ordinaria y tiene como propósito auxiliarla.

Los jueces, en materia civil, familiar, penal y de justicia para adolescentes deberán hacer saber a las partes la existencia de la mediación como forma alternativa de solución, en los términos de esta ley.

El ministerio público estará facultado para informar sobre las peculiaridades de la mediación, antes de iniciar denuncia o querella y orientar a los particulares en cuanto a las ventajas de acudir a la misma para alcanzar una solución económica, rápida y satisfactoria a sus controversias.

Artículo 7. El término de la prescripción y para la caducidad de la instancia se interrumpirá durante la substanciación de la mediación, hasta por un máximo de dos meses.

Artículo 8. Son principios rectores del servicio de mediación, los siguientes:

I. Voluntariedad: La participación de los particulares en la mediación deberá ser por propia decisión, libre y auténtica;

II. Confidencialidad: La información generada por las partes durante la mediación no podrá ser divulgada;

III. Flexibilidad: La mediación carecerá de toda forma rígida, ya que parte de la voluntad de los mediados;

IV. Neutralidad: Los mediadores que conduzcan la mediación deberán mantener a ésta exenta de juicios, opiniones y prejuicios propios respecto de los mediados, que puedan influir en la toma de decisiones;

V. Imparcialidad: Los mediadores que conduzcan la mediación deberán mantener a ésta libre de favoritismos, inclinaciones o preferencias personales, que impliquen la concesión de ventajas a alguno de los mediados;

VI. Equidad: Los mediadores propiciarán condiciones de equilibrio entre los mediados, para obtener acuerdos recíprocamente satisfactorios;

VII. Legalidad: La mediación tendrá como límites la voluntad de las partes, la ley, la moral y las buenas costumbres;

VIII. Economía: El procedimiento deberá implicar el mínimo de gastos, tiempo y desgaste personal.

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA

Artículo 9. El Centro de Justicia Alternativa es una dependencia del Tribunal que cuenta con autonomía técnica y de gestión, tendrá las siguientes atribuciones:

I. El desarrollo y la administración eficaz y eficiente de la mediación como método alterno de solución de controversias;

II. La prestación de los servicios de información al público, sobre los métodos alternativos de solución de controversias y en particular, sobre la Mediación; así como de orientación jurídica, psicológica y social a los mediados, durante la substanciación de aquella;

II Bis. Operar como órgano especializado en la aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal;

III. La capacitación, certificación, selección, registro y monitoreo de los facilitadores y de los mediadores para el servicio público y privado; a efecto de garantizar altos índices de competencia profesional; así como la capacitación de mediadores y desarrollo de proyectos de mediación en apoyo a instituciones públicas y privadas, para la solución de controversias en todos los ámbitos de interacción social, tales como mediación escolar y comunitaria, entre otras;

IV. La difusión y divulgación permanente de los servicios que presta;

V. El fortalecimiento de sus funciones y la ampliación de sus metas, a partir de su experiencia y del intercambio permanente con instituciones públicas, privadas, nacionales y extranjeras;

VI. La supervisión constante de los servicios a cargo de los Mediadores y Facilitadores y del funcionamiento de los módulos de mediación, su retroalimentación oportuna, para mantenerlos dentro de niveles superiores de calidad, así como el registro de los convenios de mediación y de la base de datos de asuntos atendidos en materia penal;

VII. El apoyo al trabajo jurisdiccional del Tribunal;

VIII. El diseño y actualización de su normatividad interna, que será aprobada por el Pleno del Consejo;

IX. La optimación de sus servicios a través de la aplicación de programas de investigación, planeación y modernización científica y tecnológica;

IX bis. Operar como órgano especializado de la justicia para adolescentes, y

X. Cumplir con las disposiciones legales aplicables, así como con las que le atribuya expresamente esta Ley, sus disposiciones reglamentarias y los acuerdos que emita el Consejo.

Artículo 10. El Centro contará con un Director General, del cual partirá la estructura necesaria para el desarrollo eficaz y eficiente de sus funciones, así como con la planta de mediadores, facilitadores y personal técnico y administrativo que para ello requiera.

Artículo 11. Para ser Director General del Centro se deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener por lo menos treinta años de edad, cumplidos al día de la designación;

III. Tener título y cédula profesionales de estudios de licenciatura, con experiencia relacionada con la función sustantiva del Centro;

IV. Tener práctica profesional mínima de cinco años, contados a partir de la fecha de expedición del título profesional;

V. Haber residido en el Distrito Federal durante el último año anterior al día de la designación;

VI. Gozar de buena reputación; y

VII. No haber sido sentenciado, mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, por un delito doloso.

Artículo 12. El Director General del Centro tendrá las siguientes atribuciones:

I. Representar jurídicamente al Centro;

II. Tomar las decisiones técnicas y administrativas que competan al Centro;

III. Proponer al Consejo las convocatorias que correspondan para la celebración de concursos de selección de mediadores públicos adscritos al Centro y de facilitadores en materia penal; para cursos de capacitación para la certificación y refrendo de certificación de mediadores privados, y para la selección de especialistas externos que funjan como comediadores;

IV. Elaborar, conjuntamente con el Instituto, los programas de capacitación y entrenamiento para los nuevos mediadores y facilitadores, así como los de capacitación continua y actualización para los mediadores y facilitadores en ejercicio;

V. Establecer los mecanismos de supervisión continua de los servicios que presten los mediadores y facilitadores en la aplicación de los procedimientos de mediación, co-mediación, re-mediación y mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, respectivamente;

VI. Calificar la procedencia de la causa de excusa planteada por los mediadores o co-mediadores, para inhibirse del conocimiento del caso asignado para mediación, ya sea antes de su inicio o durante el mismo, o cuando se presente una causa superveniente y, en su caso, nombrar al mediador o co-mediador sustituto;

VII. A partir de la experiencia del Centro y del reconocimiento de los avances de instituciones similares, impulsar los estudios y análisis de carácter diagnóstico y prospectivo que permitan apoyar la retroalimentación de los servicios que el propio Centro ofrece;

VIII. Supervisar los procesos de evaluación de los mediadores y facilitadores;

IX. Elegir los mecanismos de difusión necesarios, a efecto de que la sociedad conozca las funciones y alcances de los servicios del Centro;

X. Establecer los mecanismos necesarios para garantizar la eficacia y eficiencia de los recursos tecnológicos del Centro, así como el máximo aprovechamiento de los mismos;

XI. Rendir al Presidente del Tribunal y del Consejo, en el último día hábil del mes de noviembre de cada año, un informe general sobre el funcionamiento, actividades y resultados obtenidos por el Centro;

XII. Hacer del conocimiento del Consejo, anualmente, el Programa Interno de Trabajo del Centro, con sus metas, tareas y los requerimientos humanos, materiales y financieros necesarios para el siguiente año, presentando oportunamente el Programa Operativo Anual; y

XIII. Las demás que esta Ley, las disposiciones reglamentarias y acuerdos del Consejo le impongan.

Artículo 13. Toda ausencia del Director General del Centro, hasta por tres meses por causa debidamente justificada y con autorización de la autoridad competente, será cubierta por el servidor público que corresponda, en los términos de su Reglamento Interno. Si dicha ausencia rebasa el tiempo señalado en el párrafo anterior, el Consejo designará un Director General Interino, por un período de tres meses; al concluir este plazo y si el titular no se reincorporase a su cargo, el Consejo nombrará un nuevo Director General; designación que puede recaer en el Interino. En el supuesto de remoción del Director General, el Centro quedará a cargo del servidor público que corresponda, en los términos de su Reglamento Interno, en tanto el Consejo hace la nueva designación.

Artículo 14. El Centro contará con los Directores y Subdirectores de Mediación por especialidad que requiera. El Director General, los Directores y Subdirectores de Mediación tendrán fe pública, únicamente en los siguientes casos:

I. Para la celebración de los convenios que suscriban los mediados a través del Centro;

II. Para certificar las copias de los documentos que por disposición de esta Ley deban agregarse a los convenios de mediación, y

III. Para expedir copias certificadas de los documentos de mediación que se encuentren registrados y resguardados en el archivo del Centro a petición de cualquier mediado, del Mediador Privado que hubiere intervenido, de autoridad competente o para fines registrales.

Artículo 15. El Centro contará con la infraestructura adecuada para la óptima administración y desarrollo de sus servicios. Así mismo, estará provisto de sistemas automatizados para la recepción, resguardo, clasificación y el manejo del acervo informativo que genere. Así mismo contará con los sistemas automatizados que permitan la prestación del servicio de mediación por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología; así como la comparecencia por los mismos medios del Director General, del Director, Subdirector de Mediación o mediador privado ante quien se otorgue el convenio, ajustándose a los criterios que para tal efecto emita el Consejo.

Artículo 16. El Consejo Consultivo se integrará por destacados académicos y profesionales de la mediación nacionales y extranjeros y su objeto será el desarrollo de proyectos y su evaluación, organizar conferencias públicas, apoyar a instituciones públicas y privadas así como universitarias, impulsar la adopción de normas y criterios homogéneos a nivel nacional, y demás temas complementarios a los mencionados.

Los participantes en el Consejo Consultivo serán propuestos por el Magistrado Presidente del Tribunal al Consejo atendiendo sus méritos y su participación será honoraria.

La presidencia del Consejo Consultivo recaerá en el Magistrado Presidente del Tribunal y será suplido por quien determine el Consejo.

La secretaría del Consejo Consultivo estará a cargo del Director General del Centro.

CAPÍTULO TERCERO. DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN

Artículo 17. El Centro contará con un registro de mediadores tanto públicos como privados, así como de facilitadores en materia penal.

Artículo 18. Para ser mediador público, mediador privado o facilitador, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

A) Mediador público:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y tener cuando menos veinticinco años de edad al día de su designación;

II. Contar con título y cédula profesionales de Licenciatura en Derecho, así como dos años de experiencia profesional mínima demostrable, en cualquiera de las materias competencia del Centro;

III. Concursar y aprobar el proceso de selección correspondiente, sometiéndose a los exámenes y cursos de capacitación y entrenamiento.

Los resultados de los exámenes son confidenciales y la decisión del Consejo es inapelable.

El cargo de mediador es de confianza y será ratificado cada tres años por el Consejo, previa aprobación de un examen de competencias laborales.

El Director General, los Directores y los Subdirectores de Mediación del Centro, así como los Secretarios Actuarios del Tribunal que satisfagan los requisitos a que se refieren las fracciones I y II de este apartado, podrán ser registrados como Mediadores sometiéndose a los exámenes y cursos de capacitación y entrenamiento correspondientes. Su condición de mediador público deberá ratificarse cada tres años y se perderá al dejar de formar parte del Centro o deje de ser Secretario Actuario del Tribunal, según corresponda.

B) Mediador privado:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y tener cuando menos veinticinco años de edad al día de su certificación y registro;

II. Poseer grado de licenciatura, así como dos años de experiencia profesional mínima demostrable;

III. Gozar de buena reputación profesional y reconocida honorabilidad;

IV. No haber sido sentenciado, mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, por delito doloso que merezca pena privativa de libertad;

V. Presentar y aprobar el examen de conocimientos de competencias laborales;

VI. Aprobar los cursos de capacitación para la certificación y registro;

VII. Realizar las horas de práctica en el Centro que fijen las Reglas.

Los resultados de los exámenes son confidenciales y la decisión del Comité es inapelable. La certificación y el registro que otorgue el Centro tendrán una vigencia de tres años. Para renovar la certificación y el registro deberá presentarse y aprobar el examen de competencias laborales, y cumplir con las disposiciones que sobre esta materia establezcan el Reglamento y las Reglas.

C) Facilitador:

Para ser facilitador se estará a lo dispuesto en la Ley Nacional.

Artículo 19. Los mediadores deberán excusarse para conocer de un asunto cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos:

I. Tener interés directo o indirecto en el resultado del conflicto;

II. Ser cónyuge, concubina o concubinario, socio de convivencia, pariente dentro del cuarto grado por consanguinidad, por afinidad o civil de alguno de los mediados;

III. Estar en la misma situación a que se refiere la fracción anterior respecto de los miembros de los órganos de administración cuando los mediados o alguno de ellos sea una persona moral o, en su caso, de los socios ilimitadamente responsables;

V. Mantener o haber mantenido, durante los seis meses inmediatos anteriores a su designación, relación laboral con alguno de los mediados, o prestarle o haberle prestado, durante el mismo periodo, servicios profesionales independientes;

VI. Ser socio, arrendador o inquilino de alguno de los mediados;

VII. Cuando exista un vínculo de afecto o desafecto con alguno de los mediados, sus parientes dentro del cuarto grado por consanguinidad, por afinidad o civil;

VIII. Haber sido o ser abogado, persona de confianza, apoderado o persona autorizada de cualquiera de los mediados en algún juicio anterior o presente; y

IX. Cuando por la especial naturaleza o complejidad de la controversia planteada reconozcan que la limitación de sus capacidades puede afectar el procedimiento.

Los mediadores también deberán excusarse cuando durante la mediación llegara a actualizarse cualquiera de los supuestos antes mencionados.

Los Mediadores que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en este artículo y no se excusen, quedarán sujetos a las sanciones administrativas previstas en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal o a las sanciones administrativas que prevé esta Ley, según sean públicos adscritos al Centro o privados.

CAPÍTULO CUARTO. DEL SERVICIO PÚBLICO DE MEDIACIÓN

Artículo 20. El servicio público de mediación será prestado por el Centro por conducto de los Mediadores Públicos y de los Facilitadores y por los Secretarios Actuarios a que se refiere el apartado A) del artículo 18 de la Ley, en los términos previstos por la misma y el Reglamento.

Los mediados que sean atendidos en el Centro, podrán recusar al Mediador o al Co-Mediador designado y solicitar al Director General del Centro la sustitución de los mismos, mediante petición expresa por escrito y cuando se actualicen alguno de los supuestos previstos en el artículo anterior.

Artículo 21. Serán obligaciones del mediador público, luego de realizada la pre-mediación:

I. Efectuar en forma clara, ordenada y transparente las actuaciones que les impone la mediación, a partir de sus principios rectores;

II. Tratar con respeto y diligencia a los mediados, conduciéndose ante ellos sin posturas ni actitudes discriminatorias;

III. Abstenerse de divulgar y utilizar la información que obtengan en el ejercicio de su función y cumplir con el deber del secreto profesional;

IV. Conducir la mediación con flexibilidad, respondiendo a las necesidades de los mediados, de manera que, al propiciar una buena comunicación y comprensión entre ellos, se facilite la negociación;

V. Cuidar que los mediados participen de manera libre y voluntaria, exentos de coacciones o de influencia alguna;

VI. Conducir la mediación estimulando la creatividad de los mediados durante la negociación;

VII. Asegurarse de que los acuerdos a los que lleguen los mediados, estén apegados a la legalidad y sobre la base de la buena fe;

VIII. Evitar influir en los mediados para acudir, permanecer o retirarse de la mediación;

IX. Suscribir el escrito de autonomía;

X. Celebrar el convenio de confidencialidad con los mediados;

XI. Solicitar el consentimiento de los mediados para la participación de co-mediadores, peritos u otros especialistas externos a la mediación, cuando resulte evidente que por las características del conflicto, se requiere su intervención;

XII. Dar por concluida la mediación en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando exista falta de respeto a las reglas para conducirse en la mediación, por parte de uno o ambos mediados;

b) Cuando exista falta de colaboración en uno o ambos mediados;

c) Cuando uno o ambos mediados falten a dos sesiones consecutivas sin justificación o, uno de ellos a tres sesiones sucesivas sin causa justificada;

d) Cuando la mediación se vuelva inútil o infructuosa para la finalidad perseguida; y

e) Cuando alguno de los mediados o ambos lo soliciten.

XIII. Dar aviso al Director General cuando, en el desempeño de sus funciones, tenga indicios de amenaza para la vida o la integridad física o psíquica de alguno de los mediados o cuando conozca de la concreción de hechos delictivos perseguibles de oficio, tanto para orientarlos y canalizarlos a las instituciones especializadas pertinentes o para, en su caso, hacerlo del conocimiento de las autoridades correspondientes;

XIV. Rendir al Director General informe, cuando así se lo solicite; y

XV. Someterse a los programas de capacitación continua y de actualización.

Artículo 22. Los mediadores públicos tendrán la obligación de seguir las normas y procedimientos establecidos en el Reglamento.

Los Secretarios Actuarios, en funciones de mediador público, remitirán por semana al Centro comunicación por escrito de las mediaciones que conduzcan en el que asentarán por numeración progresiva indicación clara y precisa de los nombres de los mediados, el tipo de servicio de mediación, el número de sesiones de mediación y datos de identificación del juicio o procedimiento de que se trate.

Si la mediación concluyó con la celebración de un convenio ante su fe, deberá adjuntarlo para su registro por el Centro en los términos previstos por esta Ley.

Anexo al comunicado deberán adjuntarse las constancias que comprueben que se les orientó debidamente en pre-mediación a los mediados, el escrito de autonomía, el convenio de confidencialidad, y en su caso el ejemplar del convenio y demás documentación que considere pertinente, o deba constar agregado por disposición de esta Ley o el Reglamento.

Los comunicados recibidos en el Centro por parte de los secretarios actuarios así como los documentos anexos deberán incorporarse al sistema de control con base en lo dispuesto por esta Ley y el Reglamento, y los convenios se registrarán en los mismos términos que esta Ley previene para el registro de convenios emanados del servicio de mediación privada.

Artículo 23. El Centro, y los secretarios actuarios autorizados para ello, atentos a las posibles circunstancias especiales que se actualicen en el procedimiento de mediación, recurrirá a todas las medidas pertinentes a su alcance, para que éste concluya exitosamente, siempre que las mismas no violenten la ley, la moral ni las buenas costumbres.

Artículo 24. El incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en los términos de esta Ley, dará lugar a que los Mediadores del Centro y los Secretarios Actuarios sean sometidos al procedimiento disciplinario que corresponda y, en su caso, sancionados por la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo.

Artículo 25. El Mediador Público y los Facilitadores que, en el ejercicio de su cargo, tengan un comportamiento sistemáticamente meritorio y destacado, se harán acreedores a los estímulos e incentivos establecidos en los programas que establezca el Centro.

Artículo 26. El mediador no podrá actuar como testigo en procedimiento legal alguno relacionado con los asuntos en los que participe, en términos del principio de confidencialidad que rige a la mediación y al deber del secreto profesional que les asiste.

Artículo 27. Los mediados, tratándose de personas físicas, deberán actuar directamente en la mediación, pudiendo celebrarse el convenio en los casos permitidos por la Ley por conducto de apoderado general o especial designado para tal efecto.

Tratándose de personas morales, deberán actuar en la mediación por conducto de sus representantes.

Las personas menores de edad o incapaces deberán acudir e intervenir en la mediación, asistidos por sus representantes legales.

CAPÍTULO QUINTO. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MEDIADOS

Artículo 28. Los mediados tendrán derecho a:

I. Solicitar la intervención del Centro, o mediador privado certificado de su elección en los términos de esta Ley;

II. Intervenir personalmente en la mediación;

III. Recibir asesoría legal externa al Centro o servicio de mediación privada, así como apoyarse, a su costa, en peritos y otros especialistas;

IV. Solicitar al Director General del Centro la recusación o sustitución de los mediadores o co-mediadores, cuando se actualice alguno de los supuestos de excusa o exista causa justificada para ello; y

V. Los demás que determine esta Ley y las disposiciones reglamentarias conducentes.

Artículo 29. Las obligaciones de los mediados serán las siguientes:

I. Conducirse con respeto y observar buen comportamiento durante el desarrollo de las sesiones y, en general, en el transcurso de la mediación;

II. Cumplir con las obligaciones de dar, hacer o no hacer establecidas en el convenio que se llegare a celebrar;

III. Respetar la confidencialidad; y

IV. Las demás que se contemplen en la presente Ley y disposiciones reglamentarias conducentes.

Artículo 30. El procedimiento de mediación se desarrollará, en lo conducente, a través de las siguientes etapas:

I. Inicial:

a) Encuentro entre el mediador y sus mediados; b) Recordatorio y firma de las reglas de la mediación y del convenio de confidencialidad; c) Indicación de las formas y supuestos de terminación de la mediación; d) Firma del convenio de confidencialidad; y e) Narración del conflicto.

II. Análisis del caso y construcción de la agenda:

a) Identificación de los puntos en conflicto; b) Reconocimiento de la corresponsabilidad; c) Identificación de los intereses controvertidos y de las necesidades reales generadoras del conflicto; d) Atención del aspecto emocional de los mediados; e) Listado de los temas materia de la mediación; y f) Atención de los temas de la agenda.

III. Construcción de soluciones:

a) Aportación de alternativas; b) Evaluación y selección de alternativas de solución; y c) Construcción de acuerdos;

IV. Final:

a) Revisión y consenso de acuerdos; y b) Elaboración del convenio y, en su caso, firma del que adopte la forma escrita.

Artículo 31. El procedimiento de mediación se realizará a través de sesiones grupales e individuales.

Artículo 32. Durante el procedimiento de mediación, deberán de conducirse los mediados de la siguiente forma:

I. Mantener la confidencialidad del diálogo que se establezca durante el procedimiento;

II. Manifestar una conducta de respeto y tolerancia entre sí y para con el mediador;

III. Dialogar con honestidad y franqueza, para mantener una comunicación constructiva;

IV. Procurar que los acontecimientos del pasado, no sean un obstáculo para la construcción de una solución y de un futuro diferente;

V. Tener siempre presente que están por voluntad propia en la sesión y que, por lo tanto, su participación para la solución del conflicto debe ser activa;

VI. Permitir que el mediador guíe el procedimiento;

VII. Tener la disposición para efectuar sesiones privadas cuando el mediador las solicite o alguno de los mediados la sugiera;

VIII. Permanecer en la sesión hasta en tanto el mediador no la dé por terminada o concluya de común acuerdo entre las partes;

IX. Respetar la fecha y hora señaladas para todas las sesiones, así como confirmar y asistir puntualmente a las mismas; y

X. En caso de fuerza mayor que le impida asistir, solicitar al Centro o al mediador privado certificado, según corresponda, la reprogramación de la sesión.

Artículo 33. La duración de la mediación será la que resulte suficiente, en atención a la complejidad de la controversia y de cómo se organizó.

Artículo 34. La mediación concluirá en cualquier momento si se actualiza alguno de los siguientes supuestos:

I. Por convenio en el que se haya resuelto la totalidad o parte de los puntos litigiosos de la controversia;

II. Por el comportamiento irrespetuoso o agresivo de alguna de las partes hacia la otra, el mediador o persona autorizada para intervenir en la mediación, cuya gravedad impida cualquier intento de dialogo posterior;

III. Por decisión conjunta o separada de las partes;

IV. Por inasistencia injustificada de ambas partes a dos sesiones consecutivas, o por inasistencia, sin causa justificada, de alguna de las partes a tres sesiones consecutivas;

V. Por decisión del mediador, cuando de la conducta de alguna o de ambas partes, se desprenda indudablemente que no hay voluntad para llegar a un acuerdo.

El Centro, atento a las posibles circunstancias especiales que se actualicen en el transcurso de la mediación, recurrirá a todas las medidas pertinentes a su alcance, para que ésta concluya exitosamente, siempre que las mismas no violenten la ley, la moral ni las buenas costumbres.

Artículo 35. Los acuerdos a los que lleguen los mediados podrán adoptar la forma de convenio por escrito, en cuyo caso deberá contener las formalidades y requisitos siguientes:

I. Lugar y fecha de celebración;

II. Nombre, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u ocupación y domicilio de cada uno de los mediados;

III. En el caso de las personas morales se acompañará, como anexo, el documento con el que el apoderado o representante legal del mediado de que se trate, acreditó su personalidad;

IV. Los antecedentes del conflicto entre los mediados que los llevaron a utilizar la mediación;

V. Un capítulo de declaraciones, si los mediados lo estiman conveniente;

VI. Una descripción precisa de las obligaciones de dar, hacer o no hacer que hubieren acordado los mediados; así como el lugar, la forma y el tiempo en que estas deberán cumplirse;

VII. Las firmas o huellas dactilares, en su caso, de los mediados;

VIII. Nombre y firma del Director General, del Director o Subdirector de Mediación actuante o, en su caso, del Secretario Actuario correspondiente, para hacer constar que da fe de la celebración del convenio; así como el sello del Centro, y

IX. Número o clave de registro en el Centro.

El Convenio se redactará al menos por triplicado, en todo caso se deberá procurar que, con independencia del número de ejemplares, uno sea conservado por el Centro, y cada una de las partes reciba un ejemplar como constancia.

Artículo 36. La información que se genere en los procedimientos de mediación se considerará confidencial, en términos de lo previsto por la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales.

CAPÍTULO SEXTO. DE LA RE-MEDIACIÓN Y CO-MEDIACIÓN

Artículo 37. Ante el incumplimiento parcial o total de un convenio celebrado por los mediados, o ante el cambio de las circunstancias que dieron origen a su celebración, éstos podrán utilizar la re-mediación en el propio Centro y, con la reapertura del expediente respectivo, elaborar un convenio modificatorio o construir uno nuevo.

La re-mediación se llevará a cabo, en lo conducente, utilizando las mismas reglas que, para la mediación, establece esta Ley.

Artículo 37 Bis. Cuando por las características del conflicto se requiera la intervención de un co-mediador, el mediador público o privado podrá solicitar al Director General del Centro o al Director o Subdirector de Mediación que designe a un especialista externo para que lo asista en ese conflicto determinado.

Para ser especialista externo se deberán cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento.

Artículo 37 Ter. En todos los casos en que se requiera la intervención de un co-mediador se deberá solicitar el consentimiento de los mediados.

CAPÍTULO SÉPTIMO. DE LOS EFECTOS DEL CONVENIO ENTRE LAS PARTES

Artículo 38. El convenio celebrado entre los mediados ante la fe pública del Director General, Director o Subdirector de Mediación actuante con las formalidades que señala esta Ley, será válido y exigible en sus términos y dicho pacto tendrá fuerza de cosa juzgada.

El convenio traerá aparejada ejecución para su exigibilidad en vía de apremio ante los juzgados. La negativa del órgano jurisdiccional para su ejecución será causa de responsabilidad administrativa, excepto cuando el convenio adolezca de alguno de los requisitos señalados en el artículo 35 de la presente ley.

En el supuesto de incumplimiento del convenio en materia penal, quedarán a salvo los derechos del afectado para que los haga valer en la vía y forma correspondientes.

Surtirán el mismo efecto los convenios emanados de procedimientos conducidos por Secretarios Actuarios y mediadores privados certificados por el Tribunal que sean celebrados con las formalidades que señala esta Ley, y sean debidamente registrados ante el Centro en los términos previstos por esta Ley, el Reglamento y las Reglas, según corresponda.

Si el convenio emanado de procedimiento conducido por Secretario Actuario o mediador privado certificado por el Tribunal no cumple con alguna de las formalidades previstas en esta Ley, y esta es subsanable, se suspenderá el trámite de registro ante el Centro y se devolverá al Secretario Actuario o Mediador Privado, según corresponda, para que subsane dichas formalidades, en caso contrario se negará el registro y se iniciará el procedimiento de sanción correspondiente.

Por acuerdo de los mediados los convenios podrán ser anotados en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de conformidad con las leyes respectivas.

CAPÍTULO OCTAVO. DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL CENTRO

Artículo 39. El Director General, los servidores públicos del Centro, así como los Secretarios Actuarios, en funciones de mediador, son responsables de las faltas y/o delitos que cometan en el ejercicio de sus encargos y quedarán por ello sujetos a los procedimientos y sanciones que determinen la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás leyes aplicables.

CAPÍTULO NOVENO. DEL SERVICIO PRIVADO DE MEDIACIÓN

Artículo 40. El servicio privado de mediación será prestado por conducto de los mediadores privados certificados por el Tribunal en los términos previstos por esta Ley, las Reglas y el Reglamento.

Artículo 41. Serán obligaciones del mediador privado:

I. Orientar a las personas interesadas sobre las ventajas, principios y características de la mediación, para valorar si la controversia que se plantea es susceptible de ser solucionada mediante este procedimiento o, en caso contrario, sugerir las instancias pertinentes;

II. Efectuar en forma clara, ordenada, transparente, responsable y de buena fe las actuaciones que impone la mediación siguiendo sus principios rectores;

III. Tratar con respeto y diligencia a los mediados;

IV. Abstenerse de divulgar y utilizar la información que obtenga en el ejercicio de su función, cumpliendo con el deber que le impone el secreto profesional, por lo cual no podrá actuar, en forma alguna, en cualquier procedimiento legal relacionado con los asuntos en los que participe en términos del principio de confidencialidad que rige a la mediación;

V. Abstenerse de ofrecer el servicio de mediación cuando haya participado como apoderado, litigante o asesor de alguna de las partes que soliciten sus servicios y excusarse en cualquier otro supuesto previsto en la legislación aplicable;

VI. Conducir la mediación con flexibilidad, respondiendo a las necesidades de los mediados, de manera que, al propiciar una buena comunicación y comprensión entre ellos, se facilite la construcción de acuerdos;

VII. Cuidar que los mediados participen de manera libre y voluntaria, exentos de coacciones o de influencia alguna;

VIII. Conducir la mediación estimulando la creatividad de los mediados durante la construcción de acuerdos;

IX. Asegurarse que los acuerdos a los que lleguen los mediados, estén apegados a la legalidad y sobre la base de la buena fe;

X. Evitar influir en los mediados para acudir, permanecer o retirarse de la mediación;

XI. Suscribir el escrito de autonomía;

XII. Celebrar el convenio de confidencialidad con los mediados;

XIII. Celebrar el convenio de pago de honorarios con los mediados;

XIV. Solicitar el consentimiento de los mediados para la participación de co-mediadores, peritos u otros especialistas externos a la mediación, cuando resulte evidente que por las características del conflicto se requiere su intervención;

XV. Abstenerse de delegar a persona alguna la función de Mediador certificado en un procedimiento ya iniciado, salvo en los casos de vencimiento, suspensión o revocación de la certificación;

XVI. Tramitar y obtener el registro de los convenios ante el Centro;

XVII. Facilitar las acciones de supervisión y monitoreo del Centro;

XVIII. Participar, de manera gratuita, en la atención de campañas de orientación, sensibilización y mediación que emprenda el Centro;

XIX. Desempeñar personalmente la función de mediador privado;

XX. Para efectos de la renovación de su certificación y registro, participar en los programas de capacitación continua y de actualización que al efecto organicen el Centro y el Instituto, participando, al menos en dos cursos de capacitación por año, así como acudir a los eventos organizados por el Centro, como foros, congresos, coloquios o cualquier otro relacionado con la justicia alternativa;

XXI. Cubrir las cuotas y derechos que resulten aplicables;

XXII. Verificar y cumplir lo previsto por la legislación aplicable en materia de acceso a la información pública y de datos personales, respecto de la información que se plasme en los convenios en los que participe y resguardarlos, y

XXIII. Las demás que se establezcan en la Ley, el Reglamento y las Reglas.

Artículo 42. Los mediadores privados certificados por el Tribunal tendrán fe pública únicamente en los siguientes casos:

I. Para la celebración de los convenios que suscriban los mediados y que sean emanados del servicio de mediación privada conducida por el propio mediador privado;

II. Para certificar las copias de los documentos que por disposición de esta Ley deban agregarse a los convenios de mediación con la finalidad de acreditar la identidad del documento y que el mismo es fiel reproducción de su original que se tuvo a la vista con el único efecto de ser integrado como anexo al propio convenio de mediación, y

III. Para expedir copias certificadas de los convenios de mediación que se encuentren resguardados en su archivo a petición de cualquier mediado, del Centro, de autoridad competente o para efectos registrales.

Artículo 43. La persona que haya obtenido la certificación y el registro para ejercer como mediador privado previamente al inicio de sus funciones y dentro de los noventa días siguientes a la expedición de su constancia de certificación deberá:

I. Otorgar la garantía que señale el Consejo;

II. Proveerse a su costa de sello y libro de registro, con las características señaladas en las Reglas;

III. Registrar su constancia de certificación, sello, rúbrica o media firma y firma ante el Centro, el Registro Público de la Propiedad, y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal;

IV. Dar aviso al Centro señalando el domicilio en que se ubique la oficina de su Centro de Mediación Privada, y

V. Rendir protesta ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, o ante quien éste último delegue dicha atribución.

Satisfechos todos los requisitos que anteceden, se mandará publicar, sin costo para el mediador privado certificado, dentro de un plazo de diez días, en el Boletín Judicial y la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el acuerdo de certificación y registro correspondiente, a partir de lo cual el mediador privado certificado podrá iniciar el ejercicio de sus funciones.

Artículo 44. Los mediadores privados llevarán un registro de las mediaciones que conduzcan en un libro que denominarán de registro, en el que asentarán por numeración progresiva una razón que contendrá invariablemente los nombres de los mediados, el tipo de servicio de mediación, el número de sesiones de mediación y la mención de que el convenio fue celebrado de manera privada, ante su fe y registrado por el Centro en los términos previstos por esta Ley.

Anexo al registro deberán adjuntarse las constancias que comprueben que se les orientó debidamente en pre-mediación a los mediados, el escrito de autonomía, el convenio de confidencialidad, el convenio de honorarios, el ejemplar del convenio y demás documentación que el mediador privado considere pertinente, o deba constar agregado por disposición de esta Ley o las Reglas.

El libro de registro y los documentos anexos deberán llevarse con las formalidades previstas en esta Ley y las Reglas.

Artículo 45. El registro a que se refiere el artículo que antecede deberá llevarse por cualquier medio que permita su conservación y consulta y conforme a lo dispuesto en las Reglas. En todo caso el mediador privado es responsable de la veracidad de los datos asentados y que los documentos permanezcan inalterados y no sufran deterioro. El mediador privado queda obligado a exhibir los registros y documentos durante los procedimientos de verificación y supervisión, así como para el refrendo de su certificación si es requerido para ello.

Artículo 46. La mediación privada certificada a que se refiere esta Ley generalmente estará a cargo de un solo mediador. Cuando por las características del conflicto se requiera la intervención de un co-mediador, o por solicitud expresa de los mediados, se podrá solicitar la intervención de otro mediador privado, mediador público o especialista externo para llevar a cabo la co-mediación. En caso de que sea necesario un especialista externo, de profesión distinta a la licenciatura en derecho, el mediador podrá solicitar los servicios de los peritos registrados en el Tribunal.

Artículo 47. El mediador privado podrá sustanciar el procedimiento de mediación del modo que estime adecuado, respetando en todo momento los principios básicos de la mediación previstos en Ley y considerando las circunstancias del caso, los deseos que expresen los mediados y la necesidad de solucionar la controversia. Son aplicables a los mediadores privados las disposiciones previstas por los artículos 21 fracción XIII y 26 de esta Ley.

Artículo 48. Durante el procedimiento de mediación, el mediador privado podrá reunirse o comunicarse con los mediados conjuntamente o con cada uno de ellos por separado, en el momento que así lo considere oportuno.

Artículo 49. El procedimiento de mediación privada se dará por terminado:

I. Por convenio en el que se haya resuelto la totalidad o parte de los puntos litigiosos de la controversia;

II. Por decisión conjunta o separada de los mediados;

III. Por inasistencia injustificada de ambos mediados a dos sesiones consecutivas, o por inasistencia, sin causa justificada de alguno de los mediados a tres sesiones consecutivas;

IV. Por el comportamiento irrespetuoso o agresivo de alguno de los mediados respecto del otro, del mediador o del especialista externo, cuya gravedad impida cualquier intento posterior de diálogo, o

V. Por alguna causa de terminación prevista en otra normatividad aplicable.

Artículo 50. Los acuerdos a los que lleguen los mediados a través del servicio de mediación privada podrán adoptar la forma de convenio por escrito, en cuyo caso deberá contener las formalidades y requisitos siguientes:

I. El número de registro que le corresponda de los referidos en el artículo 44;

II. Lugar y fecha de celebración;

III. Nombre completo, número de registro de certificación, sello y firma del mediador privado;

IV. Nombre completo, en su caso, del especialista o especialistas externos que participaron;

V. Nombre, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u ocupación y domicilio de cada uno de los mediados;

VI. En el caso de las personas morales, se acompañará como anexo en copia certificada el documento con el que el apoderado o representante legal del mediado de que se trate, acreditó su personalidad;

VII. Los antecedentes del conflicto entre los mediados que los llevaron a utilizar la mediación;

VIII. Un capítulo de declaraciones, si los mediados lo estiman conveniente;

IX. Una descripción precisa de las obligaciones de dar, hacer o no hacer que hubieren acordado los mediados; así como el lugar, la forma y el tiempo en que estas deberán cumplirse;

X. Las firmas o huellas dactilares, en su caso, de los mediados;

XI. Una certificación del mediador privado al final del documento donde hará constar:

a) Que se aseguró de la identidad de los mediados, y que a su juicio tienen capacidad para participar en el procedimiento;

b) Que orientó a los mediados acerca del valor, las consecuencias y alcances legales de los acuerdos contenidos en el convenio, y

c) Los hechos que el mediador estime necesarios y que guarden relación con el convenio que autorice, en especial aquellos que comprueben que cumplió a satisfacción de los mediados con las obligaciones que le imponen esta Ley, el Reglamento y las Reglas.

El mediador privado deberá señalar expresamente en la certificación el medio por el cual se aseguró de la identidad de los mediados.

Para que el mediador privado haga constar que los mediados tienen capacidad bastará con que no observe en ellos manifestaciones evidentes de incapacidad natural y que no tenga noticias de que estén sujetos a interdicción.

Artículo 51. Los convenios que sean celebrados ante mediador privado certificado en los términos de la fracción I del artículo 42 con todas las formalidades del artículo anterior, traerán aparejada ejecución para su exigibilidad en vía de apremio ante los juzgados, y dicho pacto tendrá fuerza de cosa juzgada en los términos previstos por el artículo 38 de esta Ley.

Artículo 52. En todo caso, además de los requisitos a que se refiere el artículo 50 de esta Ley, el mediador privado es responsable de señalar fehacientemente la forma y términos de la celebración del convenio en los términos dispuestos por esta Ley y las Reglas.

El mediador privado presentará al Centro, para su registro, sólo un ejemplar del convenio de mediación, y entregará a los mediados, conforme a lo previsto en la fracción III del artículo 42 de la Ley, copias certificadas de los convenios de mediación registrados.

Artículo 53. Los mediadores privados deberán excusarse para conocer de un asunto cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos:

I. Tener interés directo o indirecto en el resultado del conflicto;

II. Ser cónyuge, concubina o concubinario, socio de convivencia, pariente dentro del cuarto grado por consanguinidad, por afinidad o civil de alguno de los mediados;

III. Estar en la misma situación a que se refiere la fracción anterior respecto de los miembros de los órganos de administración, cuando los mediados o alguno de ellos sea una persona moral o, en su caso, de los socios ilimitadamente responsables;

V. Mantener o haber mantenido, durante los seis meses inmediatos anteriores a su designación, relación laboral con alguno de los mediados, prestarle o haberle prestado, durante el mismo periodo, servicios profesionales independientes o haber fungido como albacea, síndico, perito o cualquier otra actividad que se encuentre expresamente prohibida en alguna legislación;

VI. Ser socio, arrendador o inquilino de alguno de los mediados;

VII. Cuando exista un vínculo de afecto o desafecto con alguno de los mediados o con sus parientes, dentro del cuarto grado por consanguinidad, por afinidad o civil;

VIII. Haber sido o ser abogado, persona de confianza, apoderado o persona autorizada de cualquiera de los mediados en algún juicio anterior o presente, y

IX. Cuando por la especial naturaleza o complejidad de la controversia planteada reconozcan que la limitación de sus capacidades puede afectar el procedimiento.

Los mediadores privados también deberán excusarse cuando durante la mediación llegare a actualizarse cualquiera de los supuestos antes mencionados.

Artículo 54. Sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudiera incurrir el mediador privado en el ejercicio de su función, queda sometido al régimen disciplinario y procedimiento previsto en esta Ley. El mediador privado es responsable de las infracciones que cometa en el ejercicio de su función y queda por ello sujeto a las sanciones administrativas que determine esta Ley, las Reglas y, en su caso, las demás disposiciones aplicables.

Artículo 55. El Comité conocerá de las quejas de los mediados por presuntas infracciones del mediador privado así como los reportes de visita de supervisión y monitoreo que realice el Centro, cuando se haya detectado la posible comisión de una infracción. Con la queja y el reporte, según corresponda, se presentarán los elementos probatorios de la presunta infracción.

Artículo 56. El Centro abrirá el expediente de que se trate y lo turnará al Comité en un plazo de tres días hábiles, mismo que deberá substanciar el expediente relativo, solicitando el día hábil siguiente por escrito un informe al mediador denunciado o reportado, quien deberá rendirlo por escrito en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación, en el que podrá ofrecer las pruebas que estime necesarias.

La audiencia se realizará dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la recepción del informe y las pruebas. Una vez rendido el informe y desahogadas las pruebas admitidas, el asunto se discutirá y votará en la misma sesión del Comité.

Artículo 57. El mediador sancionado podrá recurrir la resolución del Comité ante el Consejo de conformidad a lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La resolución del Consejo será definitiva.

Artículo 58. Comete infracción el mediador que incumpla cualquiera de las obligaciones previstas en esta Ley, el Reglamento y las Reglas.

Las sanciones administrativas aplicables a los mediadores privados serán impuestas por el Comité, órgano que fundará y motivará su resolución, tomando en cuenta la gravedad de la infracción; la calidad de reincidente del infractor, entendiendo por reincidencia, que el infractor haya sido sancionado por violaciones a las disposiciones de esta Ley, el Reglamento y de las Reglas dentro del periodo de vigencia de la certificación y registro, y el beneficio obtenido por el infractor como resultado de la infracción en su caso.

Artículo 59. Las sanciones podrán ser las siguientes:

I. Amonestación escrita con apercibimiento y multa en los supuestos previstos por las Reglas;

II. Suspensión temporal del registro que podrá ser de uno a tres meses en los supuestos previstos por las Reglas, y

III. Cancelación del registro en los siguientes casos:

a) Cuando al término de la vigencia de su certificación no cumpla con los requisitos previstos por esta Ley, las Reglas y demás disposiciones aplicables para obtener la renovación;

b) Por reincidencia de alguno de los supuestos que ameriten suspensión;

c) Por celebrar un convenio emanado del servicio de mediación sin entregar un ejemplar al Centro para su archivo y no haber tramitado su registro, en los términos del artículo 35 de esta Ley;

d) Por celebrar un convenio emanado del servicio de mediación sin identificar a los mediados, o habiéndolos identificado hubiere permitido que el convenio se celebrara sin su presencia en los términos previstos por esta Ley, el Reglamento y las Reglas;

e) Por permitir la suplantación de su persona en un procedimiento de mediación;

f) Por presentar a registro ante el Centro un convenio con firmas falsas a sabiendas de esta situación;

g) Por negarse o no permitir por cualquier causa el procedimiento de verificación y supervisión a que se refieren esta Ley, el Reglamento y las Reglas;

h) Por realizar actuaciones de fe pública fuera de los casos previstos por el artículo 42 de esta Ley, e

i) En los demás casos establecidos en las Reglas.

Artículo 60. Cuando la cancelación del registro sea por alguna de las causas previstas en los incisos b), c), d), e), f), g) y h) del artículo 59 de esta Ley, no se podrá volver a certificar ni registrar ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal como mediador.

Las Reglas determinarán los casos en que proceda cada una de las sanciones mencionadas, así como los procedimientos de verificación y supervisión.

Se agregará al expediente del mediador de que se trate, un ejemplar de la resolución del Comité y del Consejo, en su caso.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Tercero. El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, deberá expedir las modificaciones que correspondan al Reglamento Interno del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y las Reglas del Mediador Privado en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Cuarto. Quienes habiendo obtenido diploma o constancia de mediación privada con licenciatura distinta a la de derecho podrán optar por la obtención de certificación y registro del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal como Mediadores Privados para lo cual se les concede un plazo de hasta noventa días para solicitarlo por escrito ante el Centro de Justicia Alternativa, a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Quienes los soliciten deberán cursar el programa de actualización y cumplir con los requisitos que establece la Ley.

Quinto. Para su mayor difusión, ordénese su publicación en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Sexto. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

(Nota: los artículos transitorios reproducidos corresponden al decreto de reforma integral de la Ley; la Ley ha sido objeto de reformas sucesivas — 8 de febrero de 2011, 19 de junio de 2013, 20 de agosto de 2015, entre otras — cada una acompañada de sus propias disposiciones transitorias, que se resumen en la sección Fonte.)

Legge di Giustizia Alternativa del Tribunale Superiore di Giustizia per il Distretto Federale

CAPITOLO PRIMO. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono di ordine pubblico, di interesse generale e di osservanza obbligatoria nel Distretto Federale, e hanno lo scopo di dare attuazione al quarto comma dell'articolo 17 e al sesto comma dell'articolo 18 della Costituzione Politica degli Stati Uniti Messicani, nonché di disciplinare la mediazione quale metodo di gestione dei conflitti per la soluzione delle controversie tra privati, quando queste vertano su diritti di cui i medesimi possano liberamente disporre, senza pregiudicare l'ordine pubblico, sulla base dell'autocomposizione assistita.

Articolo 2. Ai fini della presente legge si intende per:

I. Accordo: la soluzione consensuale che i mediati costruiscono per ciascuno dei punti controversi di un conflitto, nel corso dello svolgimento della mediazione, al fine di risolverlo in modo soddisfacente. L'insieme degli accordi forma il clausolato del convenio che essi sottoscrivono.

II. Autocomposizione: le regole che gli stessi privati coinvolti in una controversia stabiliscono al fine di trovarne una soluzione.

III. Centro: il Centro di Giustizia Alternativa del Tribunale Superiore di Giustizia del Distretto Federale.

IV. Consiglio: il Consiglio della Magistratura del Distretto Federale.

IV Bis. Consiglio Consultivo: il Consiglio Consultivo per lo Sviluppo della Mediazione.

IV Ter. Consiglio di certificazione: il Consiglio di Certificazione in Sede Giudiziaria.

V. Co-mediazione: procedimento complementare alla mediazione, con il quale questa si arricchisce grazie all'intervento di uno o più altri mediatori.

VI. Co-mediatore: mediatore autorizzato dal Centro ad assistere il mediatore assegnato alla trattazione di una determinata controversia, apportando la propria esperienza, conoscenze e competenze.

VI bis. Comitato: il Comitato Revisore delle Evidenze di Valutazione.

VI Ter. Facilitatore: il professionista certificato dall'Organo la cui funzione è agevolare la partecipazione degli intervenienti nei Meccanismi Alternativi in Materia Penale.

VII. Istituto: l'Istituto di Studi Giudiziari del Tribunale Superiore di Giustizia del Distretto Federale.

VIII. Giustizia alternativa: i procedimenti diversi da quelli giurisdizionali per la soluzione delle controversie tra privati.

IX. Legge: la Legge di Giustizia Alternativa del Tribunale Superiore di Giustizia per il Distretto Federale.

IX Bis. Legge Nazionale: la Legge Nazionale dei Meccanismi Alternativi di Soluzione delle Controversie in Materia Penale.

IX Ter. Meccanismi alternativi in materia penale: la mediazione, la conciliazione e la giunta restaurativa.

X. Mediazione: procedimento volontario mediante il quale due o più persone coinvolte in una controversia, denominate mediati, cercano e costruiscono una soluzione soddisfacente della stessa, con l'assistenza di un terzo imparziale denominato mediatore.

XI. Mediati: le persone fisiche o giuridiche che, dopo aver instaurato un rapporto di varia natura giuridica, si sottopongono alla mediazione, alla ricerca di una soluzione pacifica della propria controversia.

XII. Mediatore: lo specialista che, avendo soddisfatto i requisiti previsti dalla presente legge, è formato, certificato e iscritto dal Tribunale Superiore di Giustizia del Distretto Federale per condurre il procedimento di mediazione e intervenire quale facilitatore della comunicazione e della negoziazione tra i privati coinvolti in una controversia, e che può essere pubblico o privato.

XII bis. Modulo di Mediazione: l'unità territorialmente decentrata, che può essere permanente, temporanea o itinerante, istituita a cura del Tribunale o di una amministrazione o ente per offrire e prestare i servizi di mediazione.

XII Ter. Modulo di mediazione privata: lo stabilimento o lo spazio fisico installato a cura di uno o più mediatori privati presso un'istituzione pubblica o privata che, avendo soddisfatto i relativi requisiti, risulti iscritto e autorizzato presso il Centro per offrire e prestare i servizi di mediazione privata.

XII Quater. Modulo di mediazione virtuale: lo spazio virtuale del sistema automatizzato che consente la prestazione del servizio di mediazione con mezzi elettronici, ottici o di qualunque altra tecnologia, gestito a cura del Tribunale per il tramite del Centro, il cui utilizzo e accesso è autorizzato a uno o più mediatori privati che abbiano soddisfatto i relativi requisiti.

XIII. Pre-mediazione: sessione informativa preliminare in cui le persone interessate vengono orientate sui vantaggi, i principi e le caratteristiche della mediazione e si valuta se la controversia prospettata sia suscettibile di essere risolta mediante questo procedimento oppure, in caso contrario, si suggeriscono le sedi pertinenti.

XIV. Registri:

a) nel capitolo corrispondente, l'albo dei mediatori pubblici e privati certificati dal Tribunale Superiore di Giustizia del Distretto Federale; e

b) nel capitolo corrispondente, l'iscrizione dei convenios derivanti dal procedimento di mediazione ai sensi della presente legge;

XIV bis. Regolamento: il Regolamento Interno del Centro di Giustizia Alternativa.

XIV ter. Regole: le Regole del Mediatore Privato.

XV. Ri-mediazione: procedimento successivo alla mediazione, cui si ricorre quando il convenio raggiunto in quest'ultima sia stato inadempiuto in tutto o in parte, oppure quando sopravvengano nuove circostanze che rendano necessario sottoporre nuovamente la questione a mediazione.

XVI. Tribunale: il Tribunale Superiore di Giustizia del Distretto Federale.

Articolo 3. La mediazione ha come obiettivo promuovere una convivenza sociale armoniosa, attraverso il dialogo e la tolleranza, mediante procedimenti fondati sulla celerità, l'economia e la soddisfazione delle parti.

La mediazione, quale metodo di gestione dei conflitti, mira altresì a evitare l'avvio di processi giudiziali di natura contenziosa e a porre fine a quelli già iniziati.

Articolo 4. La mediazione ha luogo per volontà comune dei privati di sottoporvisi al fine di risolvere o prevenire una controversia comune. I giudici del Distretto Federale possono, conformemente a quanto disposto dalla legislazione applicabile, ordinare ai privati di ricorrere al procedimento di mediazione di cui alla presente legge e di tentare, attraverso tale procedimento, di raggiungere un accordo che ponga fine alla controversia, disponendo inoltre la sospensione del giudizio per un termine massimo di due mesi.

Articolo 5. La mediazione ha luogo nelle seguenti ipotesi:

I. in materia civile, le controversie derivanti da rapporti tra privati, persone fisiche o giuridiche, purché non coinvolgano questioni di diritto di famiglia;

II. in materia commerciale, quelle derivanti da rapporti tra commercianti, in ragione della loro partecipazione ad atti di commercio, considerati tali dalle leggi applicabili;

III. in materia familiare, le controversie derivanti dai rapporti tra persone unite in matrimonio, unione di fatto (concubinato), società di convivenza o, anche non ricorrendo tali ipotesi, con figli in comune; tra persone unite da un vincolo di parentela per consanguineità, affinità o adozione; quelle che sorgano da tali rapporti con terzi, nonché per successioni testamentarie e intestate;

IV. in materia penale, l'applicazione dei meccanismi alternativi di soluzione delle controversie, nel quadro della giustizia riparativa, ha luogo nelle controversie tra privati originate dalla commissione di un reato, quando esso:

a) sia perseguibile a querela o requisito equivalente della parte offesa;

b) sia un reato colposo; oppure

c) sia un reato o un reato patrimoniale commesso senza violenza sulle persone, ovvero non si tratti di reati di violenza familiare;

IV bis. in materia penale, la mediazione ha altresì luogo, nel quadro della giustizia riparativa, prima dell'inizio del processo penale, nelle controversie tra privati originate dalla commissione di una condotta qualificata come reato perseguibile a querela, e, alla conclusione del processo penale, con riguardo a condotte qualificate come reati gravi perseguibili d'ufficio, per quanto concerne il risarcimento del danno, esclusivamente a fini riparativi e di ricomposizione del tessuto sociale, quando la vittima o la persona offesa dal reato lo richieda, ai sensi del Regolamento, indipendentemente dal fatto che il danno sia già stato risarcito e che l'autore della condotta delittuosa stia scontando una condanna;

V. in materia di giustizia per adolescenti, nei casi previsti dalla Legge di Giustizia per Adolescenti, purché tali condotte non siano considerate reati gravi.

Articolo 6. La mediazione è indipendente dalla giurisdizione ordinaria e ha lo scopo di coadiuvarla.

I giudici, in materia civile, familiare, penale e di giustizia per adolescenti, devono informare le parti dell'esistenza della mediazione quale forma alternativa di soluzione, ai sensi della presente legge.

Il pubblico ministero è facoltizzato a informare sulle peculiarità della mediazione prima di avviare denuncia o querela, e a orientare i privati circa i vantaggi di ricorrervi per raggiungere una soluzione economica, rapida e soddisfacente delle proprie controversie.

Articolo 7. Il termine di prescrizione e quello per la decadenza dell'istanza si interrompono durante lo svolgimento della mediazione, per un massimo di due mesi.

Articolo 8. Sono principi fondamentali del servizio di mediazione i seguenti:

I. Volontarietà: la partecipazione dei privati alla mediazione deve avvenire per propria decisione, libera e autentica;

II. Riservatezza: l'informazione generata dalle parti durante la mediazione non può essere divulgata;

III. Flessibilità: la mediazione è priva di ogni forma rigida, poiché muove dalla volontà dei mediati;

IV. Neutralità: i mediatori che conducono la mediazione devono mantenerla esente da giudizi, opinioni e pregiudizi propri riguardo ai mediati, che possano influire sull'assunzione delle decisioni;

V. Imparzialità: i mediatori che conducono la mediazione devono mantenerla libera da favoritismi, inclinazioni o preferenze personali, che implichino la concessione di vantaggi a uno dei mediati;

VI. Equità: i mediatori promuovono condizioni di equilibrio tra i mediati, al fine di ottenere accordi reciprocamente soddisfacenti;

VII. Legalità: la mediazione ha come limiti la volontà delle parti, la legge, la morale e il buon costume;

VIII. Economia: il procedimento deve comportare il minimo di spese, tempo e dispendio personale.

CAPITOLO SECONDO. DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI GIUSTIZIA ALTERNATIVA

Articolo 9. Il Centro di Giustizia Alternativa è un'unità del Tribunale dotata di autonomia tecnica e gestionale, con le seguenti attribuzioni:

I. lo sviluppo e l'amministrazione efficace ed efficiente della mediazione quale metodo alternativo di soluzione delle controversie;

II. la prestazione di servizi di informazione al pubblico sui metodi alternativi di soluzione delle controversie e, in particolare, sulla mediazione, nonché di orientamento giuridico, psicologico e sociale ai mediati durante il suo svolgimento;

II Bis. operare quale organo specializzato nell'applicazione dei Meccanismi Alternativi di Soluzione delle Controversie in Materia Penale;

III. la formazione, certificazione, selezione, iscrizione e monitoraggio dei facilitatori e dei mediatori per il servizio pubblico e privato, al fine di garantire elevati livelli di competenza professionale, nonché la formazione dei mediatori e lo sviluppo di progetti di mediazione a sostegno di istituzioni pubbliche e private, per la soluzione delle controversie in tutti gli ambiti di interazione sociale, quali la mediazione scolastica e comunitaria, tra le altre;

IV. la diffusione e divulgazione permanente dei servizi prestati;

V. il rafforzamento delle proprie funzioni e l'ampliamento dei propri obiettivi, sulla base dell'esperienza acquisita e dello scambio permanente con istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere;

VI. la supervisione costante dei servizi svolti dai Mediatori e dai Facilitatori e del funzionamento dei moduli di mediazione, con il relativo tempestivo feedback, al fine di mantenerli su livelli qualitativi elevati, nonché la tenuta del registro dei convenios di mediazione e della banca dati degli affari trattati in materia penale;

VII. il supporto all'attività giurisdizionale del Tribunale;

VIII. la predisposizione e l'aggiornamento della propria normativa interna, approvata dal Plenum del Consiglio;

IX. l'ottimizzazione dei propri servizi mediante l'applicazione di programmi di ricerca, pianificazione e ammodernamento scientifico e tecnologico;

IX bis. operare quale organo specializzato della giustizia per adolescenti; e

X. rispettare le disposizioni di legge applicabili, nonché quelle attribuitegli espressamente dalla presente legge, dalle relative disposizioni regolamentari e dagli atti emanati dal Consiglio.

Articolo 10. Il Centro dispone di un Direttore Generale, dal quale deriva la struttura necessaria per lo svolgimento efficace ed efficiente delle proprie funzioni, nonché dell'organico di mediatori, facilitatori e personale tecnico e amministrativo necessario a tal fine.

Articolo 11. Per essere Direttore Generale del Centro occorre soddisfare i seguenti requisiti:

I. essere cittadino messicano nel pieno godimento ed esercizio dei propri diritti civili e politici;

II. avere almeno trent'anni di età, compiuti alla data della nomina;

III. essere in possesso di laurea e della relativa abilitazione professionale, con esperienza attinente alla funzione sostanziale del Centro;

IV. avere un'esperienza professionale minima di cinque anni, decorrenti dalla data di conseguimento del titolo professionale;

V. avere risieduto nel Distretto Federale durante l'ultimo anno precedente alla nomina;

VI. godere di buona reputazione; e

VII. non essere stato condannato, con sentenza di condanna passata in giudicato, per un delitto doloso.

Articolo 12. Il Direttore Generale del Centro ha le seguenti attribuzioni:

I. rappresentare legalmente il Centro;

II. assumere le decisioni tecniche e amministrative di competenza del Centro;

III. proporre al Consiglio i relativi bandi per lo svolgimento di concorsi di selezione dei mediatori pubblici assegnati al Centro e dei facilitatori in materia penale; per i corsi di formazione ai fini della certificazione e del rinnovo della certificazione dei mediatori privati; e per la selezione di specialisti esterni che fungano da co-mediatori;

IV. predisporre, congiuntamente con l'Istituto, i programmi di formazione e addestramento per i nuovi mediatori e facilitatori, nonché quelli di formazione continua e aggiornamento per i mediatori e i facilitatori in esercizio;

V. stabilire i meccanismi di supervisione continua dei servizi prestati dai mediatori e dai facilitatori nell'applicazione dei procedimenti di mediazione, co-mediazione, ri-mediazione e meccanismi alternativi di soluzione delle controversie in materia penale, rispettivamente;

VI. valutare la fondatezza della causa di astensione addotta dai mediatori o co-mediatori per esimersi dalla trattazione del caso loro assegnato per la mediazione, sia prima del suo inizio sia nel corso dello stesso, o quando sopravvenga una causa sopravvenuta e, se del caso, nominare il mediatore o co-mediatore sostitutivo;

VII. a partire dall'esperienza del Centro e dal riconoscimento dei progressi di istituzioni analoghe, promuovere studi e analisi di carattere diagnostico e prospettico che consentano di sostenere il feedback sui servizi offerti dal Centro stesso;

VIII. supervisionare i processi di valutazione dei mediatori e dei facilitatori;

IX. individuare i meccanismi di divulgazione necessari affinché la società conosca le funzioni e la portata dei servizi del Centro;

X. stabilire i meccanismi necessari a garantire l'efficacia e l'efficienza delle risorse tecnologiche del Centro, nonché il loro massimo sfruttamento;

XI. presentare al Presidente del Tribunale e del Consiglio, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di novembre di ogni anno, una relazione generale sul funzionamento, le attività e i risultati conseguiti dal Centro;

XII. portare a conoscenza del Consiglio, annualmente, il Programma Interno di Lavoro del Centro, con i relativi obiettivi, compiti e le esigenze in termini di risorse umane, materiali e finanziarie necessarie per l'anno successivo, presentando tempestivamente il Programma Operativo Annuale; e

XIII. le altre attribuzioni che la presente legge, le disposizioni regolamentari e gli atti del Consiglio gli impongano.

Articolo 13. Ogni assenza del Direttore Generale del Centro, fino a tre mesi per causa debitamente giustificata e con l'autorizzazione dell'autorità competente, è coperta dal funzionario pubblico corrispondente, ai sensi del relativo Regolamento Interno. Se tale assenza supera il termine indicato al comma precedente, il Consiglio nomina un Direttore Generale Interinale per un periodo di tre mesi; alla scadenza di tale termine, qualora il titolare non si sia reinsediato nell'incarico, il Consiglio nomina un nuovo Direttore Generale, nomina che può ricadere sull'Interinale stesso. Nel caso di revoca del Direttore Generale, il Centro resta affidato al funzionario pubblico corrispondente, ai sensi del relativo Regolamento Interno, fino a che il Consiglio non provveda alla nuova nomina.

Articolo 14. Il Centro dispone dei Direttori e Sottodirettori di Mediazione per specializzazione, secondo le proprie esigenze. Il Direttore Generale, i Direttori e i Sottodirettori di Mediazione hanno fede pubblica unicamente nei seguenti casi:

I. per la stipulazione dei convenios sottoscritti dai mediati tramite il Centro;

II. per certificare le copie dei documenti che, per disposizione della presente legge, debbano essere allegati ai convenios di mediazione; e

III. per rilasciare copie autentiche dei documenti di mediazione registrati e custoditi nell'archivio del Centro, su richiesta di qualunque mediato, del Mediatore Privato che vi sia intervenuto, dell'autorità competente o ai fini di iscrizione nei registri pubblici.

Articolo 15. Il Centro dispone dell'infrastruttura adeguata per l'ottimale amministrazione e sviluppo dei propri servizi. È altresì dotato di sistemi automatizzati per la ricezione, la custodia, la classificazione e la gestione del patrimonio informativo che genera. È inoltre dotato di sistemi automatizzati che consentono la prestazione del servizio di mediazione con mezzi elettronici, ottici o di qualunque altra tecnologia, nonché la comparizione con i medesimi mezzi del Direttore Generale, del Direttore, del Sottodirettore di Mediazione o del mediatore privato dinanzi al quale il convenio viene stipulato, in conformità ai criteri stabiliti a tal fine dal Consiglio.

Articolo 16. Il Consiglio Consultivo è composto da eminenti accademici e professionisti della mediazione, nazionali ed esteri, e ha per oggetto lo sviluppo di progetti e la loro valutazione, l'organizzazione di conferenze pubbliche, il sostegno a istituzioni pubbliche, private e universitarie, la promozione dell'adozione di norme e criteri omogenei a livello nazionale, e le altre materie complementari a quelle menzionate.

I partecipanti al Consiglio Consultivo sono proposti dal Presidente del Tribunale al Consiglio in base ai loro meriti e la loro partecipazione è a titolo onorario.

La presidenza del Consiglio Consultivo spetta al Presidente del Tribunale ed è supplita da chi determini il Consiglio.

La segreteria del Consiglio Consultivo è affidata al Direttore Generale del Centro.

CAPITOLO TERZO. DEI PRESTATORI DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

Articolo 17. Il Centro dispone di un registro dei mediatori, sia pubblici sia privati, nonché dei facilitatori in materia penale.

Articolo 18. Per essere mediatore pubblico, mediatore privato o facilitatore occorre soddisfare i seguenti requisiti:

A) Mediatore pubblico:

I. essere cittadino messicano nel pieno esercizio dei propri diritti civili e politici e avere almeno venticinque anni di età alla data della nomina;

II. essere in possesso di laurea in Giurisprudenza e della relativa abilitazione professionale, nonché di un'esperienza professionale minima dimostrabile di due anni, in una qualsiasi delle materie di competenza del Centro;

III. concorrere e superare il relativo procedimento di selezione, sottoponendosi agli esami e ai corsi di formazione e addestramento.

I risultati degli esami sono riservati e la decisione del Consiglio è inappellabile.

L'incarico di mediatore è fiduciario e viene confermato ogni tre anni dal Consiglio, previo superamento di un esame di competenze lavorative.

Il Direttore Generale, i Direttori e i Sottodirettori di Mediazione del Centro, nonché i Cancellieri del Tribunale che soddisfino i requisiti di cui alle frazioni I e II del presente comma, possono essere iscritti come Mediatori sottoponendosi ai relativi esami e corsi di formazione e addestramento. La loro qualità di mediatore pubblico deve essere confermata ogni tre anni e si perde nel momento in cui cessino di far parte del Centro o di essere Cancellieri del Tribunale, a seconda dei casi.

B) Mediatore privato:

I. essere cittadino messicano nel pieno esercizio dei propri diritti civili e politici e avere almeno venticinque anni di età alla data della propria certificazione e iscrizione;

II. essere in possesso di laurea, nonché di un'esperienza professionale minima dimostrabile di due anni;

III. godere di buona reputazione professionale e di riconosciuta onorabilità;

IV. non essere stato condannato, con sentenza di condanna passata in giudicato, per delitto doloso punibile con pena detentiva;

V. sostenere e superare l'esame di conoscenze e competenze lavorative;

VI. superare i corsi di formazione ai fini della certificazione e iscrizione;

VII. svolgere le ore di pratica presso il Centro stabilite dalle Regole.

I risultati degli esami sono riservati e la decisione del Comitato è inappellabile. La certificazione e l'iscrizione rilasciate dal Centro hanno una validità di tre anni. Per rinnovare la certificazione e l'iscrizione occorre sostenere e superare l'esame di competenze lavorative e rispettare le disposizioni che in materia stabiliscano il Regolamento e le Regole.

C) Facilitatore:

Per essere facilitatore si applica quanto disposto dalla Legge Nazionale.

Articolo 19. I mediatori devono astenersi dal trattare un affare quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

I. avere un interesse diretto o indiretto nell'esito del conflitto;

II. essere coniuge, convivente more uxorio, socio di convivenza, parente entro il quarto grado per consanguineità, affinità o adozione di uno dei mediati;

III. trovarsi nella medesima situazione di cui alla frazione precedente rispetto ai membri degli organi di amministrazione, quando i mediati o uno di essi sia una persona giuridica, o, se del caso, rispetto ai soci illimitatamente responsabili;

V. mantenere o avere mantenuto, nei sei mesi immediatamente precedenti alla propria designazione, un rapporto di lavoro con uno dei mediati, o avergli prestato, nello stesso periodo, servizi professionali autonomi;

VI. essere socio, locatore o conduttore di uno dei mediati;

VII. quando esista un vincolo di affetto o disaffezione con uno dei mediati o con i suoi parenti entro il quarto grado per consanguineità, affinità o adozione;

VIII. essere stato o essere avvocato, persona di fiducia, procuratore o persona autorizzata di uno qualsiasi dei mediati in un giudizio anteriore o pendente; e

IX. quando, per la particolare natura o complessità della controversia prospettata, riconoscano che il limite delle proprie capacità possa pregiudicare il procedimento.

I mediatori devono altresì astenersi quando, nel corso della mediazione, sopravvenga una delle ipotesi sopra menzionate.

I Mediatori che si trovino in una delle ipotesi previste dal presente articolo e non si astengano restano soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla Legge Organica del Tribunale Superiore di Giustizia del Distretto Federale o alle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, a seconda che siano pubblici assegnati al Centro o privati.

CAPITOLO QUARTO. DEL SERVIZIO PUBBLICO DI MEDIAZIONE

Articolo 20. Il servizio pubblico di mediazione è prestato dal Centro per il tramite dei Mediatori Pubblici e dei Facilitatori, nonché dei Cancellieri di cui al comma A) dell'articolo 18 della presente legge, nei termini dalla stessa previsti e dal Regolamento.

I mediati assistiti presso il Centro possono ricusare il Mediatore o il Co-Mediatore designato e richiedere al Direttore Generale del Centro la loro sostituzione, mediante istanza scritta espressa, qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'articolo precedente.

Articolo 21. Sono obblighi del mediatore pubblico, una volta svolta la pre-mediazione:

I. svolgere in forma chiara, ordinata e trasparente le attività richieste dalla mediazione, sulla base dei suoi principi fondamentali;

II. trattare con rispetto e diligenza i mediati, comportandosi nei loro confronti senza atteggiamenti o posizioni discriminatorie;

III. astenersi dal divulgare e utilizzare le informazioni ottenute nell'esercizio della propria funzione e rispettare l'obbligo del segreto professionale;

IV. condurre la mediazione con flessibilità, rispondendo alle esigenze dei mediati, in modo da favorire una buona comunicazione e comprensione tra loro, agevolando la negoziazione;

V. vigilare affinché i mediati partecipino in modo libero e volontario, esenti da coazioni o da qualsiasi influenza;

VI. condurre la mediazione stimolando la creatività dei mediati durante la negoziazione;

VII. assicurarsi che gli accordi raggiunti dai mediati siano conformi alla legalità e fondati sulla buona fede;

VIII. evitare di influenzare i mediati affinché prendano parte, rimangano o si ritirino dalla mediazione;

IX. sottoscrivere la dichiarazione di autonomia;

X. stipulare con i mediati il patto di riservatezza;

XI. richiedere il consenso dei mediati alla partecipazione di co-mediatori, periti o altri specialisti esterni alla mediazione, quando risulti evidente che, per le caratteristiche del conflitto, il loro intervento sia necessario;

XII. dichiarare conclusa la mediazione in uno dei seguenti casi:

a) quando vi sia mancanza di rispetto delle regole di condotta della mediazione da parte di uno o di entrambi i mediati;

b) quando vi sia mancanza di collaborazione da parte di uno o di entrambi i mediati;

c) quando uno o entrambi i mediati manchino a due sessioni consecutive senza giustificazione, oppure uno di essi a tre sessioni successive senza causa giustificata;

d) quando la mediazione divenga inutile o infruttuosa rispetto alla finalità perseguita; e

e) quando uno dei mediati, o entrambi, lo richiedano.

XIII. informare il Direttore Generale quando, nello svolgimento delle proprie funzioni, abbia indizi di minaccia per la vita o l'integrità fisica o psichica di uno dei mediati, oppure quando venga a conoscenza del compimento di fatti delittuosi perseguibili d'ufficio, sia per orientare e indirizzare gli interessati verso le istituzioni specializzate pertinenti, sia per informarne, se del caso, le autorità competenti;

XIV. presentare al Direttore Generale una relazione, quando questi la richieda; e

XV. partecipare ai programmi di formazione continua e di aggiornamento.

Articolo 22. I mediatori pubblici hanno l'obbligo di rispettare le norme e le procedure stabilite dal Regolamento.

I Cancellieri, nella funzione di mediatore pubblico, trasmettono settimanalmente al Centro una comunicazione scritta delle mediazioni condotte, riportando, con numerazione progressiva, l'indicazione chiara e precisa dei nomi dei mediati, il tipo di servizio di mediazione, il numero delle sessioni di mediazione e i dati identificativi del giudizio o procedimento cui si riferiscono.

Se la mediazione si è conclusa con la stipulazione di un convenio dinanzi al Cancelliere, questi deve allegarlo affinché il Centro ne curi l'iscrizione ai sensi della presente legge.

Alla comunicazione devono essere allegati gli atti che comprovino che i mediati sono stati debitamente orientati nella pre-mediazione, la dichiarazione di autonomia, il patto di riservatezza e, se del caso, l'esemplare del convenio e ogni altra documentazione che il Cancelliere ritenga pertinente o che debba essere allegata per disposizione della presente legge o del Regolamento.

Le comunicazioni pervenute al Centro da parte dei Cancellieri, nonché i documenti allegati, devono essere inseriti nel sistema di controllo ai sensi della presente legge e del Regolamento, e i convenios sono iscritti secondo le medesime modalità previste dalla presente legge per l'iscrizione dei convenios derivanti dal servizio di mediazione privata.

Articolo 23. Il Centro, e i Cancellieri a ciò autorizzati, tenuto conto delle possibili circostanze particolari che si presentino nel procedimento di mediazione, ricorrono a tutte le misure pertinenti a loro disposizione affinché esso si concluda con esito positivo, sempre che le stesse non violino la legge, la morale o il buon costume.

Articolo 24. L'inadempimento di uno degli obblighi stabiliti dalla presente legge dà luogo a che i Mediatori del Centro e i Cancellieri siano sottoposti al relativo procedimento disciplinare e, se del caso, sanzionati dalla Commissione di Disciplina Giudiziaria del Consiglio.

Articolo 25. Il Mediatore Pubblico e i Facilitatori che, nell'esercizio del proprio incarico, tengano una condotta sistematicamente meritevole e di rilievo, beneficiano degli incentivi e delle premialità previsti dai programmi stabiliti dal Centro.

Articolo 26. Il mediatore non può agire come testimone in alcun procedimento legale relativo agli affari cui abbia partecipato, ai sensi del principio di riservatezza che governa la mediazione e dell'obbligo del segreto professionale che lo vincola.

Articolo 27. I mediati, trattandosi di persone fisiche, devono agire direttamente nella mediazione, potendo il convenio essere stipulato, nei casi consentiti dalla legge, per il tramite di procuratore generale o speciale a tal fine designato.

Trattandosi di persone giuridiche, esse devono agire nella mediazione per il tramite dei propri rappresentanti.

I minori di età o gli incapaci devono presenziare e intervenire alla mediazione assistiti dai propri rappresentanti legali.

CAPITOLO QUINTO. DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI DEI MEDIATI

Articolo 28. I mediati hanno diritto a:

I. richiedere l'intervento del Centro, o del mediatore privato certificato di propria scelta, ai sensi della presente legge;

II. intervenire personalmente nella mediazione;

III. ricevere assistenza legale esterna al Centro o al servizio di mediazione privata, nonché avvalersi, a proprie spese, di periti e altri specialisti;

IV. richiedere al Direttore Generale del Centro la ricusazione o la sostituzione dei mediatori o co-mediatori, quando ricorra una delle ipotesi di astensione o sussista una causa giustificata a tal fine; e

V. gli altri diritti stabiliti dalla presente legge e dalle relative disposizioni regolamentari.

Articolo 29. Sono obblighi dei mediati i seguenti:

I. comportarsi con rispetto e osservare una buona condotta durante lo svolgimento delle sessioni e, in generale, nel corso della mediazione;

II. adempiere agli obblighi di dare, fare o non fare stabiliti nel convenio eventualmente stipulato;

III. rispettare la riservatezza; e

IV. gli altri obblighi previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni regolamentari.

Articolo 30. Il procedimento di mediazione si svolge, per quanto pertinente, attraverso le seguenti fasi:

I. Iniziale:

a) incontro tra il mediatore e i propri mediati; b) ricordo e sottoscrizione delle regole della mediazione e del patto di riservatezza; c) indicazione delle forme e delle ipotesi di conclusione della mediazione; d) sottoscrizione del patto di riservatezza; e e) narrazione del conflitto.

II. Analisi del caso e costruzione dell'agenda:

a) individuazione dei punti in conflitto; b) riconoscimento della corresponsabilità; c) individuazione degli interessi controversi e delle esigenze reali all'origine del conflitto; d) gestione dell'aspetto emotivo dei mediati; e) elenco dei temi oggetto della mediazione; e f) trattazione dei temi dell'agenda.

III. Costruzione delle soluzioni:

a) formulazione di alternative; b) valutazione e selezione delle alternative di soluzione; e c) costruzione degli accordi;

IV. Finale:

a) revisione e consenso sugli accordi; e b) redazione del convenio e, se del caso, sottoscrizione di quello che assuma forma scritta.

Articolo 31. Il procedimento di mediazione si svolge attraverso sessioni collettive e individuali.

Articolo 32. Durante il procedimento di mediazione, i mediati devono comportarsi nel modo seguente:

I. mantenere la riservatezza del dialogo intercorso durante il procedimento;

II. mantenere una condotta di rispetto e tolleranza reciproca e verso il mediatore;

III. dialogare con onestà e franchezza, al fine di mantenere una comunicazione costruttiva;

IV. adoperarsi affinché gli avvenimenti passati non costituiscano un ostacolo alla costruzione di una soluzione e di un futuro diverso;

V. tenere sempre presente che partecipano alla sessione per propria volontà e che, pertanto, la loro partecipazione alla soluzione del conflitto deve essere attiva;

VI. consentire che il mediatore guidi il procedimento;

VII. rendersi disponibili a sessioni private quando il mediatore le richieda o quando uno dei mediati lo suggerisca;

VIII. rimanere nella sessione finché il mediatore non la dichiari conclusa o essa non termini di comune accordo tra le parti;

IX. rispettare la data e l'ora fissate per tutte le sessioni, nonché confermarle e presenziarvi puntualmente; e

X. in caso di forza maggiore che impedisca la presenza, richiedere al Centro o al mediatore privato certificato, a seconda dei casi, il rinvio della sessione.

Articolo 33. La durata della mediazione è quella che risulti sufficiente, in considerazione della complessità della controversia e delle modalità con cui è stata organizzata.

Articolo 34. La mediazione si conclude in qualunque momento qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

I. per convenio con cui sia stata risolta in tutto o in parte la controversia;

II. per il comportamento irrispettoso o aggressivo di una delle parti verso l'altra, verso il mediatore o verso la persona autorizzata a intervenire nella mediazione, la cui gravità impedisca qualsiasi ulteriore tentativo di dialogo;

III. per decisione congiunta o separata delle parti;

IV. per assenza ingiustificata di entrambe le parti a due sessioni consecutive, oppure per assenza, senza causa giustificata, di una delle parti a tre sessioni consecutive;

V. per decisione del mediatore, quando dalla condotta di una o di entrambe le parti risulti indubbiamente che non vi sia volontà di raggiungere un accordo.

Il Centro, tenuto conto delle possibili circostanze particolari che si presentino nel corso della mediazione, ricorre a tutte le misure pertinenti a sua disposizione affinché essa si concluda con esito positivo, sempre che le stesse non violino la legge, la morale o il buon costume.

Articolo 35. Gli accordi raggiunti dai mediati possono assumere la forma di convenio scritto, nel qual caso deve contenere le seguenti formalità e requisiti:

I. luogo e data di stipulazione;

II. nome, età, nazionalità, stato civile, professione od occupazione e domicilio di ciascuno dei mediati;

III. nel caso di persone giuridiche, deve essere allegato il documento con cui il procuratore o il rappresentante legale del mediato ha comprovato la propria legittimazione;

IV. i precedenti del conflitto tra i mediati che li hanno indotti a ricorrere alla mediazione;

V. un capitolo di dichiarazioni, ove i mediati lo ritengano opportuno;

VI. una descrizione precisa degli obblighi di dare, fare o non fare concordati dai mediati, nonché il luogo, le modalità e il termine entro cui devono essere adempiuti;

VII. le firme o le impronte digitali, se del caso, dei mediati;

VIII. nome e firma del Direttore Generale, del Direttore o Sottodirettore di Mediazione intervenuto o, se del caso, del Cancelliere corrispondente, per attestare la stipulazione del convenio, nonché il timbro del Centro; e

IX. il numero o codice di registrazione presso il Centro.

Il convenio è redatto almeno in triplice copia; in ogni caso si deve provvedere affinché, indipendentemente dal numero di esemplari, uno resti conservato presso il Centro e ciascuna delle parti riceva un esemplare come prova.

Articolo 36. Le informazioni generate nei procedimenti di mediazione sono considerate riservate, ai sensi della normativa in materia di trasparenza e accesso all'informazione pubblica e di protezione dei dati personali.

CAPITOLO SESTO. DELLA RI-MEDIAZIONE E DELLA CO-MEDIAZIONE

Articolo 37. In caso di inadempimento parziale o totale di un convenio stipulato dai mediati, o in caso di mutamento delle circostanze che ne avevano determinato la stipulazione, questi possono avvalersi della ri-mediazione presso lo stesso Centro e, con la riapertura del relativo fascicolo, predisporre un convenio modificativo o costruirne uno nuovo.

La ri-mediazione si svolge, per quanto pertinente, secondo le medesime regole che la presente legge stabilisce per la mediazione.

Articolo 37 Bis. Quando, per le caratteristiche del conflitto, sia necessario l'intervento di un co-mediatore, il mediatore pubblico o privato può richiedere al Direttore Generale del Centro o al Direttore o Sottodirettore di Mediazione la designazione di uno specialista esterno che lo assista in quel determinato conflitto.

Per essere specialista esterno occorre soddisfare i requisiti stabiliti dal Regolamento.

Articolo 37 Ter. In tutti i casi in cui sia necessario l'intervento di un co-mediatore deve essere richiesto il consenso dei mediati.

CAPITOLO SETTIMO. DEGLI EFFETTI DEL CONVENIO TRA LE PARTI

Articolo 38. Il convenio stipulato tra i mediati dinanzi alla fede pubblica del Direttore Generale, del Direttore o del Sottodirettore di Mediazione intervenuto, con le formalità stabilite dalla presente legge, è valido ed esigibile nei propri termini e tale patto ha forza di cosa giudicata.

Il convenio costituisce titolo esecutivo ai fini della sua esigibilità in via di esecuzione forzata dinanzi ai giudici. Il diniego dell'organo giurisdizionale alla sua esecuzione è causa di responsabilità amministrativa, salvo che il convenio sia privo di uno dei requisiti indicati all'articolo 35 della presente legge.

Nell'ipotesi di inadempimento del convenio in materia penale, restano salvi i diritti dell'interessato di farli valere nella sede e con le forme corrispondenti.

Producono il medesimo effetto i convenios derivanti da procedimenti condotti dai Cancellieri e dai mediatori privati certificati dal Tribunale, stipulati con le formalità stabilite dalla presente legge e debitamente iscritti presso il Centro nei termini previsti dalla presente legge, dal Regolamento e dalle Regole, a seconda dei casi.

Se il convenio derivante da un procedimento condotto da un Cancelliere o da un mediatore privato certificato dal Tribunale non soddisfa una delle formalità previste dalla presente legge, e questa sia sanabile, il procedimento di iscrizione presso il Centro è sospeso e restituito al Cancelliere o al Mediatore Privato, a seconda dei casi, affinché sani tali formalità; in caso contrario, l'iscrizione è negata e viene avviato il relativo procedimento sanzionatorio.

Su accordo dei mediati, i convenios possono essere annotati nel Registro Pubblico della Proprietà e del Commercio, in conformità alle rispettive leggi.

CAPITOLO OTTAVO. DELLE RESPONSABILITÀ DEI FUNZIONARI E DEI DIPENDENTI DEL CENTRO

Articolo 39. Il Direttore Generale, i dipendenti pubblici del Centro, nonché i Cancellieri, nell'esercizio della funzione di mediatore, sono responsabili delle mancanze e/o dei reati che commettano nell'esercizio dei propri incarichi e restano per ciò soggetti ai procedimenti e alle sanzioni stabiliti dalla Legge Organica del Tribunale Superiore di Giustizia del Distretto Federale, dalla Legge Federale sulle Responsabilità dei Dipendenti Pubblici e dalle altre leggi applicabili.

CAPITOLO NONO. DEL SERVIZIO PRIVATO DI MEDIAZIONE

Articolo 40. Il servizio privato di mediazione è prestato per il tramite dei mediatori privati certificati dal Tribunale, nei termini previsti dalla presente legge, dalle Regole e dal Regolamento.

Articolo 41. Sono obblighi del mediatore privato:

I. orientare gli interessati sui vantaggi, i principi e le caratteristiche della mediazione, al fine di valutare se la controversia prospettata sia suscettibile di essere risolta mediante tale procedimento oppure, in caso contrario, suggerire le sedi pertinenti;

II. svolgere in forma chiara, ordinata, trasparente, responsabile e in buona fede le attività richieste dalla mediazione, secondo i suoi principi fondamentali;

III. trattare con rispetto e diligenza i mediati;

IV. astenersi dal divulgare e utilizzare le informazioni ottenute nell'esercizio della propria funzione, rispettando l'obbligo del segreto professionale, per il quale non può agire, in alcun modo, in qualunque procedimento legale relativo agli affari cui partecipi, ai sensi del principio di riservatezza che governa la mediazione;

V. astenersi dall'offrire il servizio di mediazione quando abbia partecipato come procuratore, difensore o consulente di una delle parti che richiedano i suoi servizi, e astenersi in ogni altra ipotesi prevista dalla normativa applicabile;

VI. condurre la mediazione con flessibilità, rispondendo alle esigenze dei mediati, in modo da favorire una buona comunicazione e comprensione tra loro, agevolando la costruzione degli accordi;

VII. vigilare affinché i mediati partecipino in modo libero e volontario, esenti da coazioni o da qualsiasi influenza;

VIII. condurre la mediazione stimolando la creatività dei mediati durante la costruzione degli accordi;

IX. assicurarsi che gli accordi raggiunti dai mediati siano conformi alla legalità e fondati sulla buona fede;

X. evitare di influenzare i mediati affinché prendano parte, rimangano o si ritirino dalla mediazione;

XI. sottoscrivere la dichiarazione di autonomia;

XII. stipulare con i mediati il patto di riservatezza;

XIII. stipulare con i mediati il patto relativo al pagamento degli onorari;

XIV. richiedere il consenso dei mediati alla partecipazione di co-mediatori, periti o altri specialisti esterni alla mediazione, quando risulti evidente che, per le caratteristiche del conflitto, il loro intervento sia necessario;

XV. astenersi dal delegare a qualsiasi persona la funzione di Mediatore certificato in un procedimento già avviato, salvo i casi di scadenza, sospensione o revoca della certificazione;

XVI. curare e ottenere l'iscrizione dei convenios presso il Centro;

XVII. agevolare le azioni di supervisione e monitoraggio del Centro;

XVIII. partecipare, gratuitamente, alle campagne di orientamento, sensibilizzazione e mediazione promosse dal Centro;

XIX. svolgere personalmente la funzione di mediatore privato;

XX. ai fini del rinnovo della propria certificazione e iscrizione, partecipare ai programmi di formazione continua e aggiornamento organizzati a tal fine dal Centro e dall'Istituto, partecipando ad almeno due corsi di formazione l'anno, nonché presenziare agli eventi organizzati dal Centro, quali forum, congressi, colloqui o altri eventi attinenti alla giustizia alternativa;

XXI. corrispondere le quote e i diritti applicabili;

XXII. verificare e rispettare quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di accesso all'informazione pubblica e di protezione dei dati personali, riguardo alle informazioni contenute nei convenios cui partecipi, e custodirli; e

XXIII. gli altri obblighi stabiliti dalla Legge, dal Regolamento e dalle Regole.

Articolo 42. I mediatori privati certificati dal Tribunale hanno fede pubblica unicamente nei seguenti casi:

I. per la stipulazione dei convenios sottoscritti dai mediati e derivanti dal servizio di mediazione privata condotto dal mediatore privato medesimo;

II. per certificare le copie dei documenti che, per disposizione della presente legge, debbano essere allegati ai convenios di mediazione, al fine di attestare l'identità del documento e che esso è fedele riproduzione del proprio originale visionato, con il solo effetto di essere allegato al convenio di mediazione; e

III. per rilasciare copie autentiche dei convenios di mediazione custoditi nel proprio archivio, su richiesta di qualunque mediato, del Centro, dell'autorità competente o ai fini di iscrizione nei registri pubblici.

Articolo 43. La persona che abbia ottenuto la certificazione e l'iscrizione per esercitare come mediatore privato deve, prima dell'inizio delle proprie funzioni e entro novanta giorni dal rilascio del relativo attestato di certificazione:

I. prestare la garanzia indicata dal Consiglio;

II. dotarsi, a proprie spese, di timbro e libro dei registri, con le caratteristiche indicate dalle Regole;

III. registrare il proprio attestato di certificazione, timbro, sigla o mezza firma e firma presso il Centro, il Registro Pubblico della Proprietà e la Consulenza Giuridica e dei Servizi Legali del Governo del Distretto Federale;

IV. dare comunicazione al Centro del domicilio in cui si trovi l'ufficio del proprio Centro di Mediazione Privata; e

V. prestare giuramento dinanzi al Presidente del Tribunale Superiore di Giustizia e del Consiglio della Magistratura del Distretto Federale, o dinanzi a chi quest'ultimo deleghi tale attribuzione.

Soddisfatti tutti i requisiti che precedono, si dispone la pubblicazione, senza spese per il mediatore privato certificato, entro un termine di dieci giorni, nel Bollettino Giudiziario e nella Gazzetta Ufficiale del Distretto Federale, dell'atto di certificazione e iscrizione corrispondente, a partire dal quale il mediatore privato certificato può iniziare l'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 44. I mediatori privati tengono un registro delle mediazioni condotte in un apposito libro, nel quale annotano, con numerazione progressiva, una registrazione che contiene sempre i nomi dei mediati, il tipo di servizio di mediazione, il numero delle sessioni di mediazione e l'indicazione che il convenio è stato stipulato in via privata, dinanzi alla loro fede pubblica, e iscritto dal Centro nei termini previsti dalla presente legge.

Al registro devono essere allegati gli atti che comprovino che i mediati sono stati debitamente orientati nella pre-mediazione, la dichiarazione di autonomia, il patto di riservatezza, il patto di onorari, l'esemplare del convenio e ogni altra documentazione che il mediatore privato ritenga pertinente o che debba essere allegata per disposizione della presente legge o delle Regole.

Il libro dei registri e i documenti allegati devono essere tenuti con le formalità previste dalla presente legge e dalle Regole.

Articolo 45. Il registro di cui all'articolo precedente deve essere tenuto con qualunque mezzo che ne consenta la conservazione e la consultazione, in conformità a quanto stabilito dalle Regole. In ogni caso il mediatore privato è responsabile della veridicità dei dati riportati e della circostanza che i documenti restino inalterati e non subiscano deterioramento. Il mediatore privato è tenuto a esibire i registri e i documenti durante i procedimenti di verifica e supervisione, nonché ai fini del rinnovo della propria certificazione, se richiesto.

Articolo 46. La mediazione privata certificata di cui alla presente legge è generalmente affidata a un solo mediatore. Quando, per le caratteristiche del conflitto, sia necessario l'intervento di un co-mediatore, o su espressa richiesta dei mediati, può essere richiesto l'intervento di un altro mediatore privato, di un mediatore pubblico o di uno specialista esterno per svolgere la co-mediazione. Qualora sia necessario uno specialista esterno di formazione diversa dalla laurea in giurisprudenza, il mediatore può richiedere i servizi dei periti iscritti presso il Tribunale.

Articolo 47. Il mediatore privato può svolgere il procedimento di mediazione nel modo che ritenga più adeguato, rispettando in ogni momento i principi fondamentali della mediazione previsti dalla legge e considerando le circostanze del caso, i desideri espressi dai mediati e la necessità di risolvere la controversia. Ai mediatori privati si applicano le disposizioni previste dall'articolo 21, frazione XIII, e dall'articolo 26 della presente legge.

Articolo 48. Durante il procedimento di mediazione, il mediatore privato può incontrarsi o comunicare con i mediati congiuntamente o con ciascuno di essi separatamente, nel momento che ritenga opportuno.

Articolo 49. Il procedimento di mediazione privata si considera concluso:

I. per convenio con cui sia stata risolta in tutto o in parte la controversia;

II. per decisione congiunta o separata dei mediati;

III. per assenza ingiustificata di entrambi i mediati a due sessioni consecutive, oppure per assenza, senza causa giustificata, di uno dei mediati a tre sessioni consecutive;

IV. per il comportamento irrispettoso o aggressivo di uno dei mediati verso l'altro, verso il mediatore o verso lo specialista esterno, la cui gravità impedisca qualsiasi ulteriore tentativo di dialogo; oppure

V. per qualsiasi altra causa di conclusione prevista da altra normativa applicabile.

Articolo 50. Gli accordi raggiunti dai mediati mediante il servizio di mediazione privata possono assumere la forma di convenio scritto, nel qual caso deve contenere le seguenti formalità e requisiti:

I. il numero di registrazione corrispondente, tra quelli di cui all'articolo 44;

II. luogo e data di stipulazione;

III. nome completo, numero di registrazione della certificazione, timbro e firma del mediatore privato;

IV. nome completo, se del caso, dello specialista o degli specialisti esterni intervenuti;

V. nome, età, nazionalità, stato civile, professione od occupazione e domicilio di ciascuno dei mediati;

VI. nel caso di persone giuridiche, deve essere allegata, in copia autentica, il documento con cui il procuratore o il rappresentante legale del mediato ha comprovato la propria legittimazione;

VII. i precedenti del conflitto tra i mediati che li hanno indotti a ricorrere alla mediazione;

VIII. un capitolo di dichiarazioni, ove i mediati lo ritengano opportuno;

IX. una descrizione precisa degli obblighi di dare, fare o non fare concordati dai mediati, nonché il luogo, le modalità e il termine entro cui devono essere adempiuti;

X. le firme o le impronte digitali, se del caso, dei mediati;

XI. un'attestazione del mediatore privato alla fine del documento, in cui dà atto:

a) di essersi accertato dell'identità dei mediati e che, a suo giudizio, essi abbiano capacità per partecipare al procedimento;

b) di avere orientato i mediati circa il valore, le conseguenze e la portata legale degli accordi contenuti nel convenio; e

c) dei fatti che il mediatore ritenga necessari e attinenti al convenio che autentica, in particolare quelli che comprovino di avere adempiuto, con soddisfazione dei mediati, agli obblighi imposti dalla presente legge, dal Regolamento e dalle Regole.

Il mediatore privato deve indicare espressamente nell'attestazione il mezzo con cui si sia accertato dell'identità dei mediati.

Affinché il mediatore privato attesti che i mediati abbiano capacità è sufficiente che egli non rilevi in essi manifestazioni evidenti di incapacità naturale e non abbia notizia che siano soggetti a interdizione.

Articolo 51. I convenios stipulati dinanzi a un mediatore privato certificato ai sensi della frazione I dell'articolo 42, con tutte le formalità di cui all'articolo precedente, costituiscono titolo esecutivo ai fini della loro esigibilità in via di esecuzione forzata dinanzi ai giudici, e tale patto ha forza di cosa giudicata nei termini previsti dall'articolo 38 della presente legge.

Articolo 52. In ogni caso, oltre ai requisiti di cui all'articolo 50 della presente legge, il mediatore privato è responsabile di indicare in modo attendibile le modalità e i termini della stipulazione del convenio, ai sensi della presente legge e delle Regole.

Il mediatore privato presenta al Centro, ai fini della sua iscrizione, un solo esemplare del convenio di mediazione, e consegna ai mediati, ai sensi della frazione III dell'articolo 42 della presente legge, copie autentiche dei convenios di mediazione iscritti.

Articolo 53. I mediatori privati devono astenersi dal trattare un affare quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

I. avere un interesse diretto o indiretto nell'esito del conflitto;

II. essere coniuge, convivente more uxorio, socio di convivenza, parente entro il quarto grado per consanguineità, affinità o adozione di uno dei mediati;

III. trovarsi nella medesima situazione di cui alla frazione precedente rispetto ai membri degli organi di amministrazione, quando i mediati o uno di essi sia una persona giuridica, o, se del caso, rispetto ai soci illimitatamente responsabili;

V. mantenere o avere mantenuto, nei sei mesi immediatamente precedenti alla propria designazione, un rapporto di lavoro con uno dei mediati, avergli prestato, nello stesso periodo, servizi professionali autonomi, oppure avere svolto le funzioni di esecutore testamentario, curatore, perito o qualsiasi altra attività espressamente vietata da una normativa;

VI. essere socio, locatore o conduttore di uno dei mediati;

VII. quando esista un vincolo di affetto o disaffezione con uno dei mediati o con i suoi parenti entro il quarto grado per consanguineità, affinità o adozione;

VIII. essere stato o essere avvocato, persona di fiducia, procuratore o persona autorizzata di uno qualsiasi dei mediati in un giudizio anteriore o pendente; e

IX. quando, per la particolare natura o complessità della controversia prospettata, riconoscano che il limite delle proprie capacità possa pregiudicare il procedimento.

I mediatori privati devono altresì astenersi quando, nel corso della mediazione, sopravvenga una delle ipotesi sopra menzionate.

Articolo 54. Ferme restando le responsabilità legali in cui possa incorrere il mediatore privato nell'esercizio della propria funzione, egli è soggetto al regime disciplinare e al procedimento previsti dalla presente legge. Il mediatore privato è responsabile delle infrazioni commesse nell'esercizio della propria funzione e resta per ciò soggetto alle sanzioni amministrative stabilite dalla presente legge, dalle Regole e, se del caso, dalle altre disposizioni applicabili.

Articolo 55. Il Comitato è competente a conoscere dei reclami dei mediati per presunte infrazioni del mediatore privato, nonché delle relazioni di visita di supervisione e monitoraggio svolte dal Centro, quando sia stata rilevata la possibile commissione di un'infrazione. Con il reclamo o con la relazione, a seconda dei casi, sono presentati gli elementi probatori della presunta infrazione.

Articolo 56. Il Centro apre il relativo fascicolo e lo trasmette al Comitato entro tre giorni lavorativi; il Comitato istruisce il relativo fascicolo, richiedendo, il giorno lavorativo successivo, per iscritto, una relazione al mediatore denunciato o segnalato, il quale deve presentarla per iscritto entro un termine non superiore a cinque giorni lavorativi dalla notifica, potendo in essa offrire le prove che ritenga necessarie.

L'udienza si svolge entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della relazione e delle prove. Presentata la relazione ed esaurita l'istruttoria delle prove ammesse, la questione è discussa e votata nella stessa seduta del Comitato.

Articolo 57. Il mediatore sanzionato può impugnare la decisione del Comitato dinanzi al Consiglio, ai sensi della Legge Organica del Tribunale Superiore di Giustizia del Distretto Federale. La decisione del Consiglio è definitiva.

Articolo 58. Commette infrazione il mediatore che violi uno qualsiasi degli obblighi previsti dalla presente legge, dal Regolamento e dalle Regole.

Le sanzioni amministrative applicabili ai mediatori privati sono irrogate dal Comitato, organo che ne motiva la decisione tenendo conto della gravità dell'infrazione, della qualità di recidivo del trasgressore — intendendosi per recidiva il fatto che il trasgressore sia già stato sanzionato per violazioni delle disposizioni della presente legge, del Regolamento e delle Regole nel periodo di validità della propria certificazione e iscrizione — e del vantaggio ottenuto dal trasgressore per effetto dell'infrazione, se del caso.

Articolo 59. Le sanzioni possono essere le seguenti:

I. ammonizione scritta con diffida e multa, nelle ipotesi previste dalle Regole;

II. sospensione temporanea dell'iscrizione, che può variare da uno a tre mesi, nelle ipotesi previste dalle Regole; e

III. cancellazione dell'iscrizione nei seguenti casi:

a) quando, alla scadenza della propria certificazione, non soddisfi i requisiti previsti dalla presente legge, dalle Regole e dalle altre disposizioni applicabili per ottenerne il rinnovo;

b) per recidiva in una delle ipotesi che comportino la sospensione;

c) per avere stipulato un convenio derivante dal servizio di mediazione senza consegnarne un esemplare al Centro ai fini dell'archiviazione e senza averne curato l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 35 della presente legge;

d) per avere stipulato un convenio derivante dal servizio di mediazione senza identificare i mediati, oppure, avendoli identificati, avere consentito che il convenio fosse stipulato senza la loro presenza, in violazione di quanto previsto dalla presente legge, dal Regolamento e dalle Regole;

e) per avere consentito la sostituzione della propria persona in un procedimento di mediazione;

f) per avere presentato all'iscrizione presso il Centro un convenio con firme false, essendo a conoscenza di tale circostanza;

g) per essersi rifiutato o per non avere consentito, per qualsiasi motivo, il procedimento di verifica e supervisione di cui alla presente legge, al Regolamento e alle Regole;

h) per avere svolto atti di fede pubblica al di fuori dei casi previsti dall'articolo 42 della presente legge; e

i) negli altri casi stabiliti dalle Regole.

Articolo 60. Quando la cancellazione dell'iscrizione avvenga per una delle cause previste dalle lettere b), c), d), e), f), g) e h) dell'articolo 59 della presente legge, non è più possibile ottenere una nuova certificazione né una nuova iscrizione presso il Tribunale Superiore di Giustizia del Distretto Federale come mediatore.

Le Regole determinano i casi in cui trovi applicazione ciascuna delle sanzioni menzionate, nonché le procedure di verifica e supervisione.

Al fascicolo del mediatore interessato viene allegato un esemplare della decisione del Comitato e, se del caso, del Consiglio.

ARTICOLI TRANSITORI

Primo. Si pubblichi nella Gazzetta Ufficiale del Distretto Federale e, per maggiore diffusione, nel Diario Ufficiale della Federazione.

Secondo. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Distretto Federale.

Terzo. Il Consiglio della Magistratura del Distretto Federale deve emanare le modifiche corrispondenti al Regolamento Interno del Centro di Giustizia Alternativa del Tribunale Superiore di Giustizia del Distretto Federale e alle Regole del Mediatore Privato entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Quarto. Coloro che abbiano ottenuto un diploma o attestato di mediazione privata con una laurea diversa da quella in giurisprudenza possono optare per il conseguimento della certificazione e dell'iscrizione presso il Tribunale Superiore di Giustizia del Distretto Federale come Mediatori Privati, avendo a tal fine un termine massimo di novanta giorni per farne richiesta scritta presso il Centro di Giustizia Alternativa, decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto. Coloro che ne facciano richiesta devono frequentare il programma di aggiornamento e soddisfare i requisiti stabiliti dalla legge.

Quinto. Per maggiore diffusione, se ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Giudiziario del Tribunale Superiore di Giustizia del Distretto Federale.

Sesto. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con il presente decreto.

(Nota: gli articoli transitori qui riportati corrispondono al decreto di riforma organica della legge; la legge è stata oggetto di successive riforme — 8 febbraio 2011, 19 giugno 2013, 20 agosto 2015, tra le altre — ciascuna corredata da proprie disposizioni transitorie, sintetizzate nella sezione Fonte.)

Alternative Justice Law of the Superior Court of Justice for the Federal District

CHAPTER ONE. GENERAL PROVISIONS

Article 1. The provisions contained in this Law are of public order, general interest and mandatory application in the Federal District, and are intended to implement the fourth paragraph of article 17 and the sixth paragraph of article 18 of the Political Constitution of the United Mexican States, and to regulate mediation as a conflict-management method for the settlement of disputes between private parties, when these concern rights of which the parties may freely dispose, without affecting public order, based on assisted self-composition.

Article 2. For the purposes of this Law, the following definitions apply:

I. Agreement: the consensual solution built by the mediated parties for each of the disputed points of a conflict, during the course of the mediation and for the purpose of resolving it satisfactorily. The set of agreements forms the clauses of the settlement instrument they sign.

II. Self-composition: the rules that the private parties involved in a dispute themselves establish in order to find a solution to it.

III. Center: the Alternative Justice Center of the Superior Court of Justice of the Federal District.

IV. Council: the Judicial Council of the Federal District.

IV Bis. Advisory Council: the Advisory Council for the Development of Mediation.

IV Ter. Certification Council: the Judicial Certification Council.

V. Co-mediation: a procedure complementary to mediation, which is enriched through the intervention of one or more other mediators.

VI. Co-mediator: a mediator authorized by the Center to assist the mediator assigned to a given dispute, contributing his or her experience, knowledge and skills.

VI bis. Committee: the Evaluation Evidence Review Committee.

VI Ter. Facilitator: the certified professional of the Body whose function is to facilitate the participation of those involved in the Alternative Mechanisms in Criminal Matters.

VII. Institute: the Judicial Studies Institute of the Superior Court of Justice of the Federal District.

VIII. Alternative justice: procedures other than judicial ones for settling disputes between private parties.

IX. Law: the Alternative Justice Law of the Superior Court of Justice for the Federal District.

IX Bis. National Law: the National Law on Alternative Dispute Resolution Mechanisms in Criminal Matters.

IX Ter. Alternative mechanisms in criminal matters: mediation, conciliation and the restorative panel.

X. Mediation: a voluntary procedure whereby two or more persons involved in a dispute, called the mediated parties, seek and build a satisfactory solution to it, with the assistance of an impartial third party called the mediator.

XI. Mediated parties: natural or legal persons who, having entered into a relationship of varied legal nature, submit to mediation in search of a peaceful solution to their dispute.

XII. Mediator: the specialist who, having met the requirements set out in this Law, is trained, certified and registered by the Superior Court of Justice of the Federal District to conduct the mediation procedure and to act as a facilitator of communication and negotiation between private parties involved in a dispute, and who may be public or private.

XII bis. Mediation Module: the territorially decentralized unit, which may be permanent, temporary or itinerant, established by the Court or by an agency or entity to offer and provide mediation services.

XII Ter. Private mediation module: the establishment or physical space set up by one or more private mediators within a public or private institution which, having met the applicable requirements, is registered with and authorized by the Center to offer and provide private mediation services.

XII Quater. Virtual mediation module: the virtual space of the automated system that enables the provision of mediation services by electronic, optical or other technological means, operated by the Court through the Center, whose use and access is authorized to one or more private mediators who have met the applicable requirements.

XIII. Pre-mediation: a prior informational session in which interested persons are advised of the advantages, principles and characteristics of mediation, and in which it is assessed whether the dispute presented is susceptible of being resolved through this procedure or, if not, the appropriate venues are suggested.

XIV. Registries:

a) in the corresponding chapter, the roll of public and private mediators certified by the Superior Court of Justice of the Federal District; and

b) in the corresponding chapter, the registration of settlement instruments arising from the mediation procedure under this Law;

XIV bis. Regulation: the Internal Regulation of the Alternative Justice Center.

XIV ter. Rules: the Rules of the Private Mediator.

XV. Re-mediation: a procedure subsequent to mediation, used when the settlement instrument reached therein has been breached, in whole or in part, or when new circumstances arise that make it necessary to submit the matter to mediation again.

XVI. Court: the Superior Court of Justice of the Federal District.

Article 3. Mediation has as its objective the promotion of harmonious social coexistence, through dialogue and tolerance, by means of procedures based on promptness, economy and the satisfaction of the parties.

Mediation, as a conflict-management method, also seeks to avoid the initiation of contentious judicial proceedings and to bring an end to those already commenced.

Article 4. Mediation shall proceed from the mutual will of the private parties to submit to it in order to resolve or prevent a common dispute. Judges of the Federal District may, in accordance with the applicable legislation, order the private parties to attend the mediation procedure referred to in this Law and to attempt, through that procedure, to reach an agreement putting an end to the dispute, ordering in addition the suspension of the proceedings for up to two months.

Article 5. Mediation shall proceed in the following cases:

I. in civil matters, disputes arising from relations between private parties, whether natural or legal persons, provided they do not involve family-law issues;

II. in commercial matters, those arising from relations between merchants, by reason of their participation in acts of commerce, so considered by the applicable laws;

III. in family matters, disputes arising from relations between persons joined in marriage, concubinage, a cohabitation partnership, or, even where none of those situations apply, who have children in common; between persons joined by a bond of kinship by consanguinity, affinity or adoption; those arising from such relations with third parties, as well as those arising from testate and intestate successions;

IV. in criminal matters, the application of alternative dispute-resolution mechanisms, within the framework of restorative justice, shall proceed in disputes between private parties arising from the commission of an offence, where the offence:

a) is prosecuted upon complaint or an equivalent requirement of the injured party;

b) is a negligent offence; or

c) is an offence, or a property offence, committed without violence against persons, or is not an offence of family violence;

IV bis. in criminal matters, mediation shall also proceed, within the framework of restorative justice and prior to the commencement of criminal proceedings, in disputes between private parties arising from conduct classified as an offence prosecuted upon complaint, and, upon conclusion of criminal proceedings, with respect to conduct classified as a serious offence prosecutable ex officio, as regards reparation of the harm, exclusively for restorative purposes and the rebuilding of the social fabric, when the victim or the person injured by the offence so requests, pursuant to the Regulation, irrespective of whether the harm has already been repaired and of whether the perpetrator of the offending conduct is serving a sentence;

V. in matters of justice for adolescents, in the cases provided for in the Law on Justice for Adolescents, provided such conduct is not regarded as a serious offence.

Article 6. Mediation is independent of ordinary jurisdiction and its purpose is to assist it.

Judges, in civil, family, criminal and adolescent-justice matters, must inform the parties of the existence of mediation as an alternative means of settlement, in accordance with this Law.

The Public Prosecutor's Office is empowered to inform on the particulars of mediation before a complaint or accusation is filed, and to advise private parties of the advantages of resorting to it in order to reach an economical, swift and satisfactory solution to their disputes.

Article 7. The limitation period and the period for lapse of the proceedings shall be interrupted during the conduct of the mediation, for a maximum of two months.

Article 8. The guiding principles of the mediation service are the following:

I. Voluntariness: the participation of private parties in mediation must be by their own decision, free and genuine;

II. Confidentiality: the information generated by the parties during mediation may not be disclosed;

III. Flexibility: mediation shall be free of any rigid form, since it proceeds from the will of the mediated parties;

IV. Neutrality: mediators conducting mediation must keep it free from their own judgments, opinions and prejudices regarding the mediated parties that could influence decision-making;

V. Impartiality: mediators conducting mediation must keep it free from favouritism, inclinations or personal preferences that would grant undue advantages to one of the mediated parties;

VI. Equity: mediators shall foster conditions of balance between the mediated parties, in order to obtain mutually satisfactory agreements;

VII. Legality: mediation shall be bound by the will of the parties, the law, morality and good custom;

VIII. Economy: the procedure must involve the minimum of expense, time and personal exertion.

CHAPTER TWO. ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE ALTERNATIVE JUSTICE CENTER

Article 9. The Alternative Justice Center is a unit of the Court with technical and management autonomy, having the following powers:

I. the effective and efficient development and administration of mediation as an alternative method of dispute resolution;

II. the provision of public information services on alternative dispute-resolution methods and, in particular, on mediation, as well as legal, psychological and social guidance to the mediated parties during its conduct;

II Bis. to operate as a specialized body in the application of Alternative Dispute-Resolution Mechanisms in Criminal Matters;

III. the training, certification, selection, registration and monitoring of facilitators and mediators for the public and private service, in order to guarantee high standards of professional competence, as well as the training of mediators and the development of mediation projects in support of public and private institutions, for the settlement of disputes in every field of social interaction, such as school and community mediation, among others;

IV. the permanent dissemination and promotion of the services it provides;

V. the strengthening of its functions and the expansion of its goals, based on its experience and on ongoing exchange with public and private, national and foreign institutions;

VI. the constant supervision of the services provided by Mediators and Facilitators and of the operation of the mediation modules, with timely feedback, in order to keep them at high quality levels, as well as the recording of mediation settlement instruments and of the database of matters handled in criminal cases;

VII. support for the Court's judicial work;

VIII. the design and updating of its internal regulations, to be approved by the Plenary of the Council;

IX. the optimization of its services through the application of research, planning and scientific and technological modernization programs;

IX bis. to operate as a specialized body of justice for adolescents; and

X. to comply with the applicable legal provisions, as well as those expressly assigned to it by this Law, its regulatory provisions and the resolutions issued by the Council.

Article 10. The Center shall have a Director General, from whom the structure necessary for the effective and efficient performance of its functions shall derive, together with the staff of mediators, facilitators and technical and administrative personnel that it may require.

Article 11. To be Director General of the Center, the following requirements must be met:

I. being Mexican and in full enjoyment and exercise of one's civil and political rights;

II. being at least thirty years of age, completed as of the date of appointment;

III. holding a university degree and the corresponding professional licence, with experience related to the substantive function of the Center;

IV. having a minimum of five years of professional practice, counted from the date the professional degree was issued;

V. having resided in the Federal District during the year immediately preceding the date of appointment;

VI. enjoying a good reputation; and

VII. not having been sentenced, by a final conviction, for a wilful offence.

Article 12. The Director General of the Center shall have the following powers:

I. to legally represent the Center;

II. to make the technical and administrative decisions falling within the Center's competence;

III. to propose to the Council the corresponding calls for selection competitions for public mediators assigned to the Center and for facilitators in criminal matters; for training courses for the certification and renewal of certification of private mediators; and for the selection of external specialists to serve as co-mediators;

IV. to prepare, together with the Institute, the training and coaching programs for new mediators and facilitators, as well as continuing-training and refresher programs for mediators and facilitators in practice;

V. to establish the mechanisms for ongoing supervision of the services provided by mediators and facilitators in applying the procedures of mediation, co-mediation, re-mediation and alternative dispute-resolution mechanisms in criminal matters, respectively;

VI. to rule on the merits of a ground for recusal raised by mediators or co-mediators seeking to be excused from a case assigned to them for mediation, whether before it begins or during its course, or when a supervening cause arises, and, where applicable, to appoint a substitute mediator or co-mediator;

VII. drawing on the Center's experience and the recognition of progress made by similar institutions, to promote diagnostic and forward-looking studies and analyses that support feedback on the services the Center itself offers;

VIII. to supervise the evaluation processes of mediators and facilitators;

IX. to select the dissemination mechanisms necessary so that society becomes aware of the functions and scope of the Center's services;

X. to establish the mechanisms necessary to guarantee the effectiveness and efficiency of the Center's technological resources, and their optimal use;

XI. to submit to the President of the Court and of the Council, on the last business day of November each year, a general report on the operation, activities and results obtained by the Center;

XII. to inform the Council annually of the Center's Internal Work Program, with its goals, tasks and the human, material and financial requirements needed for the following year, submitting the Annual Operating Program in a timely manner; and

XIII. such other powers as this Law, its regulatory provisions and resolutions of the Council may impose on him or her.

Article 13. Any absence of the Director General of the Center, for up to three months for a duly justified cause and with the authorization of the competent authority, shall be covered by the appropriate public servant, in accordance with the Internal Regulation. Should such absence exceed the period indicated in the preceding paragraph, the Council shall appoint an Interim Director General for a period of three months; upon the expiry of that period, should the incumbent not have resumed the post, the Council shall appoint a new Director General, an appointment which may fall upon the Interim Director General. In the event of the removal of the Director General, the Center shall remain in the charge of the appropriate public servant, in accordance with the Internal Regulation, until the Council makes the new appointment.

Article 14. The Center shall have Mediation Directors and Deputy Directors for each specialty it requires. The Director General, the Mediation Directors and Deputy Directors shall have public-faith (notarial-like) authority only in the following cases:

I. for the execution of settlement instruments signed by the mediated parties through the Center;

II. to certify copies of documents that, under this Law, must be attached to mediation settlement instruments; and

III. to issue certified copies of mediation documents registered and held in the Center's files, at the request of any mediated party, of the Private Mediator who took part, of the competent authority, or for registry purposes.

Article 15. The Center shall have the infrastructure appropriate for the optimal administration and development of its services. It shall likewise be equipped with automated systems for the receipt, safekeeping, classification and management of the information it generates. It shall further be equipped with automated systems enabling the provision of the mediation service by electronic, optical or other technological means, as well as the appearance by such means of the Director General, the Director, the Mediation Deputy Director or the private mediator before whom the settlement instrument is executed, in accordance with the criteria issued for that purpose by the Council.

Article 16. The Advisory Council shall be composed of distinguished academics and mediation professionals, both national and foreign, and its purpose shall be the development and evaluation of projects, the organization of public conferences, support for public, private and academic institutions, the promotion of the adoption of uniform standards and criteria at the national level, and other matters complementary to those mentioned.

Members of the Advisory Council shall be proposed by the President Justice of the Court to the Council on the basis of their merits, and their participation shall be honorary.

The chairmanship of the Advisory Council shall fall to the President Justice of the Court and shall be exercised, in his or her absence, by whomever the Council determines.

The secretariat of the Advisory Council shall be entrusted to the Director General of the Center.

CHAPTER THREE. ON THE PROVIDERS OF THE MEDIATION SERVICE

Article 17. The Center shall keep a registry of both public and private mediators, as well as of facilitators in criminal matters.

Article 18. To be a public mediator, private mediator or facilitator, the following requirements must be met:

A) Public mediator:

I. being Mexican, in full exercise of one's civil and political rights, and being at least twenty-five years of age as of the date of appointment;

II. holding a university degree and professional licence in Law, as well as a demonstrable minimum of two years' professional experience, in any of the matters within the Center's competence;

III. competing for and passing the corresponding selection process, submitting to the examinations and training and coaching courses.

The results of the examinations are confidential and the Council's decision is final.

The position of mediator is one of trust and shall be confirmed every three years by the Council, upon passing a labour-competency examination.

The Director General, the Mediation Directors and Deputy Directors of the Center, as well as the Court Clerks who meet the requirements referred to in sections I and II of this subsection, may be registered as Mediators upon submitting to the corresponding examinations and training and coaching courses. Their status as public mediator must be confirmed every three years and shall be lost upon ceasing to be part of the Center or ceasing to be a Court Clerk, as applicable.

B) Private mediator:

I. being Mexican, in full exercise of one's civil and political rights, and being at least twenty-five years of age as of the date of certification and registration;

II. holding a university degree, as well as a demonstrable minimum of two years' professional experience;

III. enjoying a good professional reputation and recognized integrity;

IV. not having been sentenced, by a final conviction, for a wilful offence carrying a custodial sentence;

V. sitting and passing the labour-competency knowledge examination;

VI. passing the training courses for certification and registration;

VII. completing the hours of practice at the Center set by the Rules.

The results of the examinations are confidential and the Committee's decision is final. Certification and registration granted by the Center are valid for three years. To renew certification and registration, the applicant must sit and pass the labour-competency examination and comply with the provisions on this matter set out in the Regulation and the Rules.

C) Facilitator:

To be a facilitator, the provisions of the National Law shall apply.

Article 19. Mediators must be excused from handling a matter when any of the following circumstances arise:

I. having a direct or indirect interest in the outcome of the conflict;

II. being the spouse, common-law partner, cohabitation partner, or relative within the fourth degree by consanguinity, affinity or adoption, of one of the mediated parties;

III. being in the same situation as referred to in the preceding section with respect to the members of the governing bodies, when the mediated parties or one of them is a legal person, or, as applicable, with respect to the unlimitedly liable partners;

V. maintaining or having maintained, during the six months immediately preceding his or her designation, an employment relationship with one of the mediated parties, or having provided, during the same period, independent professional services to that party;

VI. being a partner, landlord or tenant of one of the mediated parties;

VII. where there exists a bond of affection or estrangement with one of the mediated parties, or with their relatives within the fourth degree by consanguinity, affinity or adoption;

VIII. having been or being the lawyer, person of trust, attorney-in-fact or authorized representative of any of the mediated parties in a prior or pending lawsuit; and

IX. where, owing to the special nature or complexity of the dispute raised, the mediator recognizes that the limitation of his or her abilities may affect the procedure.

Mediators must likewise be excused where, during the course of the mediation, any of the aforementioned circumstances arises.

Mediators who find themselves in any of the situations provided for in this article and fail to excuse themselves shall be subject to the administrative sanctions provided for in the Organic Law of the Superior Court of Justice of the Federal District, or to the administrative sanctions provided for in this Law, depending on whether they are public mediators assigned to the Center or private mediators.

CHAPTER FOUR. ON THE PUBLIC MEDIATION SERVICE

Article 20. The public mediation service shall be provided by the Center through Public Mediators and Facilitators, and through the Court Clerks referred to in subsection A) of article 18 of this Law, under the terms provided therein and in the Regulation.

Mediated parties attended to at the Center may challenge the Mediator or Co-Mediator assigned and request the Director General of the Center to substitute them, by express written request, when any of the circumstances provided for in the preceding article arises.

Article 21. After pre-mediation has taken place, the public mediator shall be under the following obligations:

I. to carry out, in a clear, orderly and transparent manner, the acts required by mediation, based on its guiding principles;

II. to treat the mediated parties with respect and diligence, conducting himself or herself toward them without discriminatory attitudes or postures;

III. to refrain from disclosing and using information obtained in the exercise of his or her function, and to comply with the duty of professional secrecy;

IV. to conduct the mediation with flexibility, responding to the needs of the mediated parties, so that, by fostering good communication and understanding between them, negotiation is facilitated;

V. to ensure that the mediated parties participate freely and voluntarily, free from coercion or any influence;

VI. to conduct the mediation by stimulating the creativity of the mediated parties during the negotiation;

VII. to ensure that the agreements reached by the mediated parties conform to legality and are grounded in good faith;

VIII. to avoid influencing the mediated parties to attend, remain in or withdraw from the mediation;

IX. to sign the statement of autonomy;

X. to execute the confidentiality agreement with the mediated parties;

XI. to request the consent of the mediated parties for the participation of co-mediators, experts or other specialists external to the mediation, when it is evident that, owing to the characteristics of the conflict, their involvement is required;

XII. to declare the mediation concluded in any of the following cases:

a) when there is a lack of respect for the rules of conduct of the mediation on the part of one or both mediated parties;

b) when there is a lack of cooperation on the part of one or both mediated parties;

c) when one or both mediated parties fail to attend two consecutive sessions without justification, or one of them fails to attend three consecutive sessions without justified cause;

d) when the mediation becomes useless or fruitless for the purpose pursued; and

e) when one or both of the mediated parties so request.

XIII. to notify the Director General when, in the performance of his or her duties, he or she has indications of a threat to the life or physical or psychological integrity of one of the mediated parties, or becomes aware of the commission of offences prosecutable ex officio, in order to guide and refer the parties to the relevant specialized institutions or, as applicable, to bring the matter to the attention of the competent authorities;

XIV. to submit a report to the Director General, when so requested; and

XV. to undergo continuing-training and refresher programs.

Article 22. Public mediators shall be under an obligation to follow the rules and procedures established by the Regulation.

Court Clerks, acting as public mediator, shall send the Center a weekly written communication of the mediations they conduct, recording, by progressive numbering, a clear and precise indication of the names of the mediated parties, the type of mediation service, the number of mediation sessions and identifying data of the case or proceeding concerned.

If the mediation concluded with the execution of a settlement instrument before the Clerk, it must be attached for registration by the Center under the terms provided for in this Law.

Attached to the communication must be the records evidencing that the mediated parties were duly briefed during pre-mediation, the statement of autonomy, the confidentiality agreement and, where applicable, the copy of the settlement instrument and any other documentation the Clerk considers pertinent, or that must be attached under this Law or the Regulation.

Communications received by the Center from Court Clerks, together with the attached documents, must be entered into the control system in accordance with this Law and the Regulation, and the settlement instruments shall be registered under the same terms as those provided by this Law for the registration of settlement instruments arising from the private mediation service.

Article 23. The Center, and the Court Clerks authorized for that purpose, mindful of the special circumstances that may arise in the mediation procedure, shall resort to all pertinent measures within their reach so that it concludes successfully, provided that such measures do not violate the law, morality or good custom.

Article 24. Failure to comply with any of the obligations established under this Law shall cause the Mediators of the Center and the Court Clerks to be subjected to the corresponding disciplinary proceeding and, where applicable, to be sanctioned by the Judicial Discipline Commission of the Council.

Article 25. The Public Mediator and Facilitators who, in the exercise of their office, display systematically meritorious and outstanding conduct, shall be entitled to the incentives and rewards established under the programs set up by the Center.

Article 26. The mediator may not act as a witness in any legal proceeding related to matters in which he or she has taken part, in accordance with the principle of confidentiality governing mediation and the duty of professional secrecy binding on mediators.

Article 27. Mediated parties, where natural persons, must act directly in the mediation, the settlement instrument being capable of execution, in the cases permitted by the Law, through a general or special attorney-in-fact designated for that purpose.

Where legal persons are concerned, they must act in the mediation through their representatives.

Minors or persons lacking legal capacity must attend and take part in the mediation assisted by their legal representatives.

CHAPTER FIVE. ON THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE MEDIATED PARTIES

Article 28. The mediated parties shall be entitled to:

I. request the involvement of the Center, or of the certified private mediator of their choice, under the terms of this Law;

II. take part personally in the mediation;

III. receive legal advice external to the Center or to the private mediation service, and to rely, at their own expense, on experts and other specialists;

IV. request the Director General of the Center to recuse or substitute the mediators or co-mediators, when any of the grounds for recusal arise or there exists a justified cause for doing so; and

V. such other rights as this Law and the relevant regulatory provisions may determine.

Article 29. The obligations of the mediated parties shall be the following:

I. to conduct themselves with respect and to observe good behaviour during the sessions and, in general, throughout the mediation;

II. to comply with the obligations to give, do or refrain from doing established in any settlement instrument reached;

III. to respect confidentiality; and

IV. such other obligations as may be provided for in this Law and the relevant regulatory provisions.

Article 30. The mediation procedure shall, as applicable, be conducted through the following stages:

I. Initial:

a) meeting between the mediator and the mediated parties; b) reminder and signing of the mediation rules and of the confidentiality agreement; c) indication of the forms and circumstances of termination of the mediation; d) signing of the confidentiality agreement; and e) narration of the conflict.

II. Analysis of the case and building of the agenda:

a) identification of the points in conflict; b) recognition of shared responsibility; c) identification of the interests in dispute and of the real needs giving rise to the conflict; d) attention to the emotional aspect of the mediated parties; e) listing of the topics that are the subject of the mediation; and f) addressing of the items on the agenda.

III. Building of solutions:

a) contribution of alternatives; b) evaluation and selection of alternative solutions; and c) building of agreements;

IV. Final:

a) review of and consensus on agreements; and b) drafting of the settlement instrument and, where applicable, signature of the one taking written form.

Article 31. The mediation procedure shall be carried out through group and individual sessions.

Article 32. During the mediation procedure, the mediated parties shall conduct themselves as follows:

I. maintaining the confidentiality of the dialogue held during the procedure;

II. displaying respectful and tolerant conduct toward each other and toward the mediator;

III. engaging in dialogue with honesty and frankness, in order to maintain constructive communication;

IV. seeking to ensure that past events do not become an obstacle to building a solution and a different future;

V. always bearing in mind that they are present at the session of their own free will and that, therefore, their participation in resolving the conflict must be active;

VI. allowing the mediator to guide the procedure;

VII. being willing to hold private sessions when the mediator requests them or one of the mediated parties suggests them;

VIII. remaining in the session until the mediator declares it concluded or it ends by mutual agreement between the parties;

IX. respecting the date and time set for all sessions, and confirming and attending them punctually; and

X. in case of force majeure preventing attendance, requesting the Center or the certified private mediator, as applicable, to reschedule the session.

Article 33. The duration of the mediation shall be whatever proves sufficient, having regard to the complexity of the dispute and to how it was organized.

Article 34. The mediation shall conclude at any time upon the occurrence of any of the following circumstances:

I. by a settlement instrument resolving all or part of the contested points of the dispute;

II. by disrespectful or aggressive conduct of one of the parties toward the other, toward the mediator, or toward a person authorized to take part in the mediation, of such gravity as to prevent any further attempt at dialogue;

III. by joint or separate decision of the parties;

IV. by unjustified absence of both parties from two consecutive sessions, or by unjustified absence of one of the parties from three consecutive sessions;

V. by decision of the mediator, when it is unmistakably apparent from the conduct of one or both parties that there is no will to reach an agreement.

The Center, mindful of the special circumstances that may arise in the course of the mediation, shall resort to all pertinent measures within its reach so that it concludes successfully, provided that such measures do not violate the law, morality or good custom.

Article 35. Agreements reached by the mediated parties may take the form of a written settlement instrument, in which case it must contain the following formalities and requirements:

I. place and date of execution;

II. name, age, nationality, marital status, profession or occupation, and address of each of the mediated parties;

III. in the case of legal persons, the document by which the attorney-in-fact or legal representative of the mediated party evidenced his or her authority shall be attached;

IV. the background of the conflict between the mediated parties that led them to resort to mediation;

V. a section of recitals, should the mediated parties consider it appropriate;

VI. a precise description of the obligations to give, do or refrain from doing agreed by the mediated parties, as well as the place, manner and time within which they are to be performed;

VII. the signatures or, where applicable, fingerprints of the mediated parties;

VIII. the name and signature of the Director General, of the Director or Deputy Director of Mediation acting in the matter, or, as applicable, of the corresponding Court Clerk, attesting to the execution of the settlement instrument, together with the seal of the Center; and

IX. the registration number or code with the Center.

The settlement instrument shall be drawn up in at least triplicate; in any event, care shall be taken that, regardless of the number of copies, one is kept by the Center and each party receives a copy as evidence.

Article 36. Information generated in mediation proceedings shall be regarded as confidential, in accordance with the legislation on transparency and access to public information and on the protection of personal data.

CHAPTER SIX. ON RE-MEDIATION AND CO-MEDIATION

Article 37. In the event of partial or total breach of a settlement instrument executed by the mediated parties, or where the circumstances that gave rise to its execution have changed, the parties may resort to re-mediation at the Center itself and, upon reopening of the relevant file, draw up an amending settlement instrument or build a new one.

Re-mediation shall be conducted, as applicable, using the same rules this Law establishes for mediation.

Article 37 Bis. When, owing to the characteristics of the conflict, the involvement of a co-mediator is required, the public or private mediator may request the Director General of the Center, or the Director or Deputy Director of Mediation, to designate an external specialist to assist him or her in that particular conflict.

To be an external specialist, the requirements established by the Regulation must be met.

Article 37 Ter. In every case in which the involvement of a co-mediator is required, the consent of the mediated parties must be sought.

CHAPTER SEVEN. ON THE EFFECTS OF THE SETTLEMENT INSTRUMENT BETWEEN THE PARTIES

Article 38. The settlement instrument executed between the mediated parties before the public-faith authority of the Director General, or of the Director or Deputy Director of Mediation acting in the matter, with the formalities set out in this Law, shall be valid and enforceable in its terms, and such instrument shall have the force of res judicata.

The settlement instrument shall carry executory force for enforcement by way of compulsory execution before the courts. A refusal by the judicial body to enforce it shall constitute grounds for administrative liability, except where the instrument lacks one of the requirements set out in article 35 of this Law.

In the event of breach of a settlement instrument in criminal matters, the rights of the affected party to assert them through the appropriate channel and form shall remain unaffected.

The same effect shall attach to settlement instruments arising from proceedings conducted by Court Clerks and by private mediators certified by the Court, executed with the formalities set out in this Law and duly registered with the Center under the terms provided for in this Law, the Regulation and the Rules, as applicable.

Should a settlement instrument arising from a proceeding conducted by a Court Clerk or by a private mediator certified by the Court fail to meet one of the formalities provided for in this Law, and that defect be curable, the registration procedure before the Center shall be suspended and the instrument returned to the Clerk or Private Mediator, as applicable, so that the defect may be cured; otherwise, registration shall be refused and the corresponding sanction procedure initiated.

By agreement of the mediated parties, settlement instruments may be noted in the Public Registry of Property and Commerce in accordance with the respective laws.

CHAPTER EIGHT. ON THE LIABILITY OF THE OFFICERS AND EMPLOYEES OF THE CENTER

Article 39. The Director General, the public servants of the Center, as well as the Court Clerks, acting as mediator, are liable for the misconduct and/or offences they commit in the exercise of their duties, and shall accordingly be subject to the proceedings and sanctions determined by the Organic Law of the Superior Court of Justice of the Federal District, the Federal Law on the Liability of Public Servants, and other applicable laws.

CHAPTER NINE. ON THE PRIVATE MEDIATION SERVICE

Article 40. The private mediation service shall be provided through private mediators certified by the Court, under the terms provided for in this Law, the Rules and the Regulation.

Article 41. The obligations of the private mediator shall be:

I. to advise interested persons on the advantages, principles and characteristics of mediation, in order to assess whether the dispute presented is susceptible of being resolved through this procedure or, if not, to suggest the appropriate venues;

II. to carry out, in a clear, orderly, transparent, responsible and good-faith manner, the acts required by mediation, following its guiding principles;

III. to treat the mediated parties with respect and diligence;

IV. to refrain from disclosing and using information obtained in the exercise of his or her function, complying with the duty of professional secrecy imposed on him or her, by virtue of which he or she may not act, in any manner whatsoever, in any legal proceeding related to matters in which he or she has taken part, in accordance with the principle of confidentiality governing mediation;

V. to refrain from offering the mediation service where he or she has acted as attorney-in-fact, litigator or adviser of one of the parties requesting his or her services, and to excuse himself or herself in any other case provided for in the applicable legislation;

VI. to conduct the mediation with flexibility, responding to the needs of the mediated parties, so that, by fostering good communication and understanding between them, the building of agreements is facilitated;

VII. to ensure that the mediated parties participate freely and voluntarily, free from coercion or any influence;

VIII. to conduct the mediation by stimulating the creativity of the mediated parties during the building of agreements;

IX. to ensure that the agreements reached by the mediated parties conform to legality and are grounded in good faith;

X. to avoid influencing the mediated parties to attend, remain in or withdraw from the mediation;

XI. to sign the statement of autonomy;

XII. to execute the confidentiality agreement with the mediated parties;

XIII. to execute the fee agreement with the mediated parties;

XIV. to request the consent of the mediated parties for the participation of co-mediators, experts or other specialists external to the mediation, when it is evident that, owing to the characteristics of the conflict, their involvement is required;

XV. to refrain from delegating to any person the function of certified Mediator in a proceeding already commenced, save in cases of expiry, suspension or revocation of the certification;

XVI. to process and obtain the registration of settlement instruments with the Center;

XVII. to facilitate the Center's supervision and monitoring actions;

XVIII. to take part, free of charge, in outreach, awareness-raising and mediation campaigns undertaken by the Center;

XIX. to personally perform the function of private mediator;

XX. for the purpose of renewing his or her certification and registration, to take part in the continuing-training and refresher programs organized for that purpose by the Center and the Institute, attending at least two training courses per year, and to attend events organized by the Center, such as forums, congresses, colloquia or any other event related to alternative justice;

XXI. to pay the applicable fees and charges;

XXII. to verify and comply with the applicable legislation on access to public information and personal data, with respect to the information reflected in the settlement instruments in which he or she takes part, and to keep them safe; and

XXIII. such other obligations as may be established by the Law, the Regulation and the Rules.

Article 42. Private mediators certified by the Court shall have public-faith authority only in the following cases:

I. for the execution of settlement instruments signed by the mediated parties and arising from the private mediation service conducted by the private mediator himself or herself;

II. to certify copies of documents that, under this Law, must be attached to mediation settlement instruments, for the purpose of attesting to the identity of the document and that it is a true reproduction of the original examined, solely for the purpose of being included as an annex to the mediation settlement instrument itself; and

III. to issue certified copies of mediation settlement instruments held in his or her files, at the request of any mediated party, of the Center, of the competent authority, or for registry purposes.

Article 43. A person who has obtained certification and registration to practise as a private mediator must, prior to commencing his or her functions and within ninety days following the issuance of his or her certification record:

I. provide the guarantee specified by the Council;

II. procure, at his or her own expense, a seal and registration book, with the characteristics specified by the Rules;

III. register his or her certification record, seal, initials or partial signature and full signature with the Center, the Public Registry of Property, and the Legal Counsel and Legal Services Office of the Government of the Federal District;

IV. notify the Center of the address at which the office of his or her Private Mediation Center is located; and

V. take an oath before the President of the Superior Court of Justice and of the Judicial Council of the Federal District, or before whomever the latter delegates that power.

Once all the foregoing requirements have been met, the corresponding certification and registration resolution shall be ordered to be published, at no cost to the certified private mediator, within a period of ten days, in the Judicial Bulletin and the Official Gazette of the Federal District, from which the certified private mediator may begin to exercise his or her functions.

Article 44. Private mediators shall keep a record of the mediations they conduct in a book to be called the register, in which they shall enter, by progressive numbering, an entry invariably containing the names of the mediated parties, the type of mediation service, the number of mediation sessions, and a statement that the settlement instrument was executed privately, before them, and registered by the Center under the terms provided for in this Law.

Attached to the entry shall be the records evidencing that the mediated parties were duly briefed during pre-mediation, the statement of autonomy, the confidentiality agreement, the fee agreement, the copy of the settlement instrument, and any other documentation the private mediator considers pertinent, or that must be attached under this Law or the Rules.

The register book and the attached documents must be kept with the formalities provided for in this Law and the Rules.

Article 45. The register referred to in the preceding article must be kept by any means allowing its preservation and consultation, and in accordance with the Rules. In any event, the private mediator is responsible for the accuracy of the data recorded and for ensuring that the documents remain unaltered and undamaged. The private mediator is obliged to produce the registers and documents during verification and supervision proceedings, and for the renewal of his or her certification, if so required.

Article 46. Certified private mediation under this Law shall generally be conducted by a single mediator. When, owing to the characteristics of the conflict, the involvement of a co-mediator is required, or at the express request of the mediated parties, the involvement of another private mediator, a public mediator, or an external specialist may be requested to carry out the co-mediation. Where an external specialist whose profession is other than a law degree is required, the mediator may call upon the services of experts registered with the Court.

Article 47. The private mediator may conduct the mediation procedure in the manner he or she deems appropriate, at all times respecting the basic principles of mediation set out in the Law and taking into account the circumstances of the case, the wishes expressed by the mediated parties, and the need to resolve the dispute. The provisions of article 21, section XIII, and article 26 of this Law shall apply to private mediators.

Article 48. During the mediation procedure, the private mediator may meet or communicate with the mediated parties jointly or with each of them separately, at whatever time he or she considers appropriate.

Article 49. The private mediation procedure shall be deemed terminated:

I. by a settlement instrument resolving all or part of the contested points of the dispute;

II. by joint or separate decision of the mediated parties;

III. by unjustified absence of both mediated parties from two consecutive sessions, or by unjustified absence of one of the mediated parties from three consecutive sessions;

IV. by disrespectful or aggressive conduct of one of the mediated parties toward the other, toward the mediator or toward the external specialist, of such gravity as to prevent any further attempt at dialogue; or

V. by any other ground for termination provided for in other applicable legislation.

Article 50. Agreements reached by the mediated parties through the private mediation service may take the form of a written settlement instrument, in which case it must contain the following formalities and requirements:

I. the registration number corresponding to it, among those referred to in article 44;

II. place and date of execution;

III. the full name, certification registration number, seal and signature of the private mediator;

IV. the full name, where applicable, of the external specialist or specialists who took part;

V. name, age, nationality, marital status, profession or occupation, and address of each of the mediated parties;

VI. in the case of legal persons, a certified copy of the document by which the attorney-in-fact or legal representative of the mediated party evidenced his or her authority shall be attached;

VII. the background of the conflict between the mediated parties that led them to resort to mediation;

VIII. a section of recitals, should the mediated parties consider it appropriate;

IX. a precise description of the obligations to give, do or refrain from doing agreed by the mediated parties, as well as the place, manner and time within which they are to be performed;

X. the signatures or, where applicable, fingerprints of the mediated parties;

XI. a certification by the private mediator at the end of the document, recording:

a) that he or she ascertained the identity of the mediated parties, and that, in his or her judgment, they have the capacity to take part in the procedure;

b) that he or she advised the mediated parties as to the value, consequences and legal scope of the agreements contained in the settlement instrument; and

c) such facts as the mediator deems necessary and relevant to the settlement instrument he or she authenticates, particularly those evidencing that he or she has satisfactorily fulfilled, to the satisfaction of the mediated parties, the obligations imposed by this Law, the Regulation and the Rules.

The private mediator must expressly state in the certification the means by which he or she ascertained the identity of the mediated parties.

For the private mediator to record that the mediated parties have capacity, it shall suffice that he or she observes no evident manifestations of natural incapacity in them and has no knowledge that they are subject to a declaration of incompetency.

Article 51. Settlement instruments executed before a certified private mediator under the terms of section I of article 42, with all the formalities of the preceding article, shall carry executory force for enforcement by way of compulsory execution before the courts, and such instrument shall have the force of res judicata under the terms provided for in article 38 of this Law.

Article 52. In every case, in addition to the requirements referred to in article 50 of this Law, the private mediator is responsible for reliably stating the manner and terms of execution of the settlement instrument, in accordance with this Law and the Rules.

The private mediator shall submit to the Center, for registration, only one copy of the mediation settlement instrument, and shall deliver to the mediated parties, in accordance with section III of article 42 of the Law, certified copies of the registered mediation settlement instruments.

Article 53. Private mediators must be excused from handling a matter when any of the following circumstances arise:

I. having a direct or indirect interest in the outcome of the conflict;

II. being the spouse, common-law partner, cohabitation partner, or relative within the fourth degree by consanguinity, affinity or adoption, of one of the mediated parties;

III. being in the same situation as referred to in the preceding section with respect to the members of the governing bodies, when the mediated parties or one of them is a legal person, or, as applicable, with respect to the unlimitedly liable partners;

V. maintaining or having maintained, during the six months immediately preceding his or her designation, an employment relationship with one of the mediated parties, having provided, during the same period, independent professional services to that party, or having acted as executor, trustee, expert, or in any other capacity expressly prohibited by any legislation;

VI. being a partner, landlord or tenant of one of the mediated parties;

VII. where there exists a bond of affection or estrangement with one of the mediated parties, or with their relatives within the fourth degree by consanguinity, affinity or adoption;

VIII. having been or being the lawyer, person of trust, attorney-in-fact or authorized representative of any of the mediated parties in a prior or pending lawsuit; and

IX. where, owing to the special nature or complexity of the dispute raised, the mediator recognizes that the limitation of his or her abilities may affect the procedure.

Private mediators must likewise be excused where, during the course of the mediation, any of the aforementioned circumstances arises.

Article 54. Without prejudice to the legal liabilities the private mediator may incur in the exercise of his or her function, he or she shall be subject to the disciplinary regime and proceeding provided for in this Law. The private mediator is liable for the infractions he or she commits in the exercise of his or her function and shall accordingly be subject to the administrative sanctions determined by this Law, the Rules and, as applicable, other applicable provisions.

Article 55. The Committee shall be competent to hear complaints from mediated parties concerning alleged infractions by the private mediator, as well as the reports of supervision and monitoring visits conducted by the Center, when the possible commission of an infraction has been detected. Together with the complaint or the report, as applicable, the evidence of the alleged infraction shall be submitted.

Article 56. The Center shall open the relevant file and refer it to the Committee within three business days; the Committee shall process the relevant file, requesting, on the following business day and in writing, a report from the mediator complained of or reported, who must submit it in writing within a period not exceeding five business days from notification, and may offer therein the evidence he or she deems necessary.

The hearing shall be held within five business days from receipt of the report and the evidence. Once the report has been submitted and the admitted evidence examined, the matter shall be discussed and voted upon at the same session of the Committee.

Article 57. The sanctioned mediator may appeal the Committee's decision to the Council in accordance with the Organic Law of the Superior Court of Justice of the Federal District. The Council's decision shall be final.

Article 58. A mediator commits an infraction who fails to comply with any of the obligations provided for in this Law, the Regulation and the Rules.

Administrative sanctions applicable to private mediators shall be imposed by the Committee, which shall state the grounds and reasons for its decision, taking into account the seriousness of the infraction; the offender's status as a repeat offender — repeat offence meaning that the offender has been sanctioned for violations of the provisions of this Law, the Regulation and the Rules within the period of validity of his or her certification and registration — and the benefit obtained by the offender as a result of the infraction, as applicable.

Article 59. The sanctions may be as follows:

I. a written reprimand with warning and a fine, in the cases provided for by the Rules;

II. temporary suspension of registration, which may range from one to three months, in the cases provided for by the Rules; and

III. cancellation of registration in the following cases:

a) where, upon expiry of his or her certification, the mediator fails to meet the requirements provided for by this Law, the Rules and other applicable provisions for obtaining its renewal;

b) for a repeat occurrence of any of the circumstances warranting suspension;

c) for executing a settlement instrument arising from the mediation service without delivering a copy to the Center for filing and without having processed its registration, under the terms of article 35 of this Law;

d) for executing a settlement instrument arising from the mediation service without identifying the mediated parties, or, having identified them, allowing the instrument to be executed without their presence, contrary to the provisions of this Law, the Regulation and the Rules;

e) for allowing impersonation of his or her person in a mediation proceeding;

f) for submitting for registration with the Center a settlement instrument with false signatures, knowing this to be the case;

g) for refusing or for failing, for any reason, to permit the verification and supervision procedure referred to in this Law, the Regulation and the Rules;

h) for performing acts requiring public-faith authority outside the cases provided for in article 42 of this Law; and

i) in the other cases established by the Rules.

Article 60. Where cancellation of registration is for any of the causes provided for in subsections b), c), d), e), f), g) and h) of article 59 of this Law, the person may no longer be certified or registered with the Superior Court of Justice of the Federal District as a mediator.

The Rules shall determine the cases in which each of the sanctions mentioned shall apply, as well as the verification and supervision procedures.

A copy of the decision of the Committee and, as applicable, of the Council, shall be added to the file of the mediator concerned.

TRANSITORY ARTICLES

First. Let this be published in the Official Gazette of the Federal District and, for wider dissemination, in the Official Gazette of the Federation.

Second. This decree shall enter into force on the day following its publication in the Official Gazette of the Federal District.

Third. The Judicial Council of the Federal District must issue the corresponding amendments to the Internal Regulation of the Alternative Justice Center of the Superior Court of Justice of the Federal District, and to the Rules of the Private Mediator, within a period of one hundred eighty days from the entry into force of this decree.

Fourth. Persons who, having obtained a diploma or certificate in private mediation with a university degree other than in law, may opt to obtain certification and registration with the Superior Court of Justice of the Federal District as Private Mediators, for which purpose they are granted a period of up to ninety days to apply in writing to the Alternative Justice Center, from the entry into force of this decree. Those who apply must complete the refresher program and meet the requirements established by the Law.

Fifth. For wider dissemination, its publication in the Judicial Bulletin of the Superior Court of Justice of the Federal District is hereby ordered.

Sixth. All provisions contrary to this decree are repealed.

(Note: the transitory articles reproduced above correspond to the decree of the comprehensive reform of the Law; the Law has been subject to successive reforms — 8 February 2011, 19 June 2013, 20 August 2015, among others — each accompanied by its own transitory provisions, summarized in the Fonte section.)

Loi de justice alternative du Tribunal supérieur de justice pour le District fédéral

CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. Les dispositions de la présente loi sont d'ordre public, d'intérêt général et d'application obligatoire dans le District fédéral ; elles ont pour objet de mettre en œuvre le quatrième alinéa de l'article 17 et le sixième alinéa de l'article 18 de la Constitution politique des États-Unis mexicains, et de régir la médiation en tant que méthode de gestion des conflits pour le règlement des différends entre particuliers, lorsque ceux-ci portent sur des droits dont les parties peuvent librement disposer, sans porter atteinte à l'ordre public, sur la base de l'autocomposition assistée.

Article 2. Aux fins de la présente loi, on entend par :

I. Accord : la solution consensuelle que les médiés construisent pour chacun des points litigieux d'un conflit, au cours du déroulement de la médiation, en vue de le résoudre de manière satisfaisante. L'ensemble des accords forme le clausulier de la convention qu'ils signent.

II. Autocomposition : les règles que les particuliers eux-mêmes, parties à un différend, établissent afin d'en trouver une solution.

III. Centre : le Centre de justice alternative du Tribunal supérieur de justice du District fédéral.

IV. Conseil : le Conseil de la magistrature du District fédéral.

IV Bis. Conseil consultatif : le Conseil consultatif pour le développement de la médiation.

IV Ter. Conseil de certification : le Conseil de certification en matière judiciaire.

V. Co-médiation : procédure complémentaire à la médiation, qui l'enrichit grâce à l'intervention d'un ou plusieurs autres médiateurs.

VI. Co-médiateur : médiateur autorisé par le Centre à assister le médiateur désigné pour un différend déterminé, en apportant son expérience, ses connaissances et ses compétences.

VI bis. Comité : le Comité d'examen des éléments d'évaluation.

VI Ter. Facilitateur : le professionnel certifié de l'Organe dont la fonction est de faciliter la participation des intervenants aux Mécanismes alternatifs en matière pénale.

VII. Institut : l'Institut d'études judiciaires du Tribunal supérieur de justice du District fédéral.

VIII. Justice alternative : les procédures autres que juridictionnelles pour le règlement des différends entre particuliers.

IX. Loi : la Loi de justice alternative du Tribunal supérieur de justice pour le District fédéral.

IX Bis. Loi nationale : la Loi nationale des mécanismes alternatifs de règlement des différends en matière pénale.

IX Ter. Mécanismes alternatifs en matière pénale : la médiation, la conciliation et la table restaurative.

X. Médiation : procédure volontaire par laquelle deux ou plusieurs personnes impliquées dans un différend, dénommées médiés, recherchent et construisent une solution satisfaisante à celui-ci, avec l'assistance d'un tiers impartial dénommé médiateur.

XI. Médiés : les personnes physiques ou morales qui, après avoir établi une relation de nature juridique variée, se soumettent à la médiation, à la recherche d'une solution pacifique à leur différend.

XII. Médiateur : le spécialiste qui, ayant satisfait aux exigences prévues par la présente loi, est formé, certifié et inscrit par le Tribunal supérieur de justice du District fédéral pour conduire la procédure de médiation et intervenir en tant que facilitateur de la communication et de la négociation entre les particuliers impliqués dans un différend, et qui peut être public ou privé.

XII bis. Module de médiation : unité déconcentrée territorialement, pouvant être permanente, temporaire ou itinérante, installée à l'initiative du Tribunal ou d'un service ou organisme, pour offrir et assurer les services de médiation.

XII Ter. Module de médiation privée : l'établissement ou l'espace physique installé à l'initiative d'un ou plusieurs médiateurs privés au sein d'une institution publique ou privée qui, ayant satisfait aux exigences requises, est inscrit et autorisé auprès du Centre pour offrir et assurer les services de médiation privée.

XII Quater. Module de médiation virtuelle : l'espace virtuel du système automatisé permettant la prestation du service de médiation par voie électronique, optique ou par toute autre technologie, géré par le Tribunal par l'intermédiaire du Centre, dont l'utilisation et l'accès sont autorisés à un ou plusieurs médiateurs privés ayant satisfait aux exigences requises.

XIII. Pré-médiation : séance d'information préalable au cours de laquelle les personnes intéressées sont informées des avantages, des principes et des caractéristiques de la médiation, afin d'évaluer si le différend soulevé est susceptible d'être résolu par cette procédure ou, dans le cas contraire, de suggérer les instances appropriées.

XIV. Registres :

a) dans le chapitre correspondant, le tableau des médiateurs publics et privés certifiés par le Tribunal supérieur de justice du District fédéral ; et

b) dans le chapitre correspondant, l'inscription des conventions issues de la procédure de médiation au sens de la présente loi ;

XIV bis. Règlement : le Règlement intérieur du Centre de justice alternative.

XIV ter. Règles : les Règles du médiateur privé.

XV. Re-médiation : procédure postérieure à la médiation, à laquelle il est recouru lorsque la convention conclue à l'issue de celle-ci a été inexécutée, en tout ou en partie, ou lorsque surviennent de nouvelles circonstances rendant nécessaire de soumettre à nouveau l'affaire à la médiation.

XVI. Tribunal : le Tribunal supérieur de justice du District fédéral.

Article 3. La médiation a pour objectif de favoriser une coexistence sociale harmonieuse, par le dialogue et la tolérance, au moyen de procédures fondées sur la célérité, l'économie et la satisfaction des parties.

La médiation, en tant que méthode de gestion des conflits, vise également à éviter l'ouverture de procès judiciaires de nature contentieuse et à mettre fin à ceux déjà engagés.

Article 4. La médiation résulte de la volonté commune des particuliers de s'y soumettre pour résoudre ou prévenir un différend commun. Les juges du District fédéral peuvent, conformément à la législation applicable, ordonner aux particuliers de se soumettre à la procédure de médiation visée par la présente loi et de tenter, par cette procédure, de parvenir à un accord mettant fin au différend, en ordonnant en outre la suspension de l'instance pour une durée maximale de deux mois.

Article 5. La médiation a lieu dans les cas suivants :

I. en matière civile, pour les différends résultant de relations entre particuliers, personnes physiques ou morales, dans la mesure où ils n'impliquent pas de questions relevant du droit de la famille ;

II. en matière commerciale, pour ceux résultant de relations entre commerçants, en raison de leur participation à des actes de commerce, considérés comme tels par les lois applicables ;

III. en matière familiale, pour les différends résultant des relations entre personnes unies par le mariage, le concubinage, une société de vie commune ou, même en l'absence de ces situations, ayant des enfants communs ; entre personnes unies par un lien de parenté par consanguinité, par alliance ou civile ; ceux qui naissent de ces relations avec des tiers, ainsi que ceux relatifs aux successions testamentaires et ab intestat ;

IV. en matière pénale, l'application des mécanismes alternatifs de règlement des différends, dans le cadre de la justice restaurative, a lieu pour les différends entre particuliers résultant de la commission d'une infraction, lorsque celle-ci :

a) est poursuivie sur plainte ou condition équivalente de la partie lésée ;

b) est une infraction non intentionnelle ; ou

c) est une infraction, y compris patrimoniale, commise sans violence sur les personnes, ou n'est pas une infraction de violence familiale ;

IV bis. en matière pénale, la médiation a également lieu, dans le cadre de la justice restaurative et avant l'ouverture du procès pénal, pour les différends entre particuliers résultant d'un comportement qualifié d'infraction poursuivie sur plainte, et, à l'issue du procès pénal, pour les comportements qualifiés d'infractions graves poursuivies d'office, en ce qui concerne la réparation du dommage, à des fins exclusivement restauratives et de reconstruction du tissu social, lorsque la victime ou la personne lésée par l'infraction le demande, conformément au Règlement, indépendamment du fait que le dommage ait déjà été réparé et que l'auteur du comportement délictueux purge une peine ;

V. en matière de justice pour adolescents, dans les cas prévus par la Loi de justice pour adolescents, à condition que ces comportements ne soient pas considérés comme des infractions graves.

Article 6. La médiation est indépendante de la juridiction ordinaire et a pour objet de la seconder.

Les juges, en matière civile, familiale, pénale et de justice pour adolescents, doivent porter à la connaissance des parties l'existence de la médiation en tant que mode alternatif de règlement, conformément à la présente loi.

Le ministère public est habilité à informer sur les particularités de la médiation avant l'ouverture d'une plainte ou d'une dénonciation, et à orienter les particuliers sur les avantages d'y recourir pour parvenir à une solution économique, rapide et satisfaisante à leurs différends.

Article 7. Le délai de prescription et celui de la péremption d'instance sont interrompus pendant le déroulement de la médiation, pour une durée maximale de deux mois.

Article 8. Les principes directeurs du service de médiation sont les suivants :

I. Volontariat : la participation des particuliers à la médiation doit résulter de leur propre décision, libre et authentique ;

II. Confidentialité : les informations produites par les parties au cours de la médiation ne peuvent être divulguées ;

III. Souplesse : la médiation est dépourvue de toute forme rigide, puisqu'elle procède de la volonté des médiés ;

IV. Neutralité : les médiateurs qui conduisent la médiation doivent la préserver de tout jugement, opinion ou préjugé personnel à l'égard des médiés, susceptible d'influencer la prise de décision ;

V. Impartialité : les médiateurs qui conduisent la médiation doivent la préserver de tout favoritisme, inclination ou préférence personnelle susceptible d'accorder des avantages indus à l'un des médiés ;

VI. Équité : les médiateurs favorisent des conditions d'équilibre entre les médiés, afin d'obtenir des accords mutuellement satisfaisants ;

VII. Légalité : la médiation a pour limites la volonté des parties, la loi, la morale et les bonnes mœurs ;

VIII. Économie : la procédure doit impliquer le minimum de frais, de temps et d'effort personnel.

CHAPITRE DEUX. DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE JUSTICE ALTERNATIVE

Article 9. Le Centre de justice alternative est une unité du Tribunal dotée d'une autonomie technique et de gestion, ayant les attributions suivantes :

I. le développement et l'administration efficace et efficiente de la médiation en tant que méthode alternative de règlement des différends ;

II. la fourniture au public de services d'information sur les méthodes alternatives de règlement des différends et, en particulier, sur la médiation, ainsi que l'orientation juridique, psychologique et sociale des médiés pendant son déroulement ;

II Bis. agir en tant qu'organe spécialisé dans l'application des Mécanismes alternatifs de règlement des différends en matière pénale ;

III. la formation, la certification, la sélection, l'inscription et le suivi des facilitateurs et des médiateurs pour le service public et privé, afin de garantir des niveaux élevés de compétence professionnelle, ainsi que la formation des médiateurs et le développement de projets de médiation en appui aux institutions publiques et privées, pour le règlement des différends dans tous les domaines de l'interaction sociale, tels que la médiation scolaire et communautaire, entre autres ;

IV. la diffusion et la promotion permanentes des services qu'il fournit ;

V. le renforcement de ses fonctions et l'extension de ses objectifs, à partir de son expérience et de l'échange permanent avec des institutions publiques et privées, nationales et étrangères ;

VI. la supervision constante des services assurés par les Médiateurs et Facilitateurs et du fonctionnement des modules de médiation, avec leur rétroaction en temps utile, afin de les maintenir à un niveau de qualité élevé, ainsi que l'enregistrement des conventions de médiation et de la base de données des affaires traitées en matière pénale ;

VII. le soutien au travail juridictionnel du Tribunal ;

VIII. l'élaboration et la mise à jour de sa réglementation interne, approuvée par l'Assemblée plénière du Conseil ;

IX. l'optimisation de ses services par l'application de programmes de recherche, de planification et de modernisation scientifique et technologique ;

IX bis. agir en tant qu'organe spécialisé de la justice pour adolescents ; et

X. respecter les dispositions légales applicables, ainsi que celles que lui attribue expressément la présente loi, ses dispositions réglementaires et les décisions du Conseil.

Article 10. Le Centre dispose d'un Directeur général, dont dépend la structure nécessaire au développement efficace et efficient de ses fonctions, ainsi que du personnel de médiateurs, de facilitateurs et du personnel technique et administratif dont il a besoin.

Article 11. Pour être Directeur général du Centre, les exigences suivantes doivent être satisfaites :

I. être mexicain, jouissant pleinement de ses droits civils et politiques ;

II. avoir au moins trente ans révolus à la date de la nomination ;

III. être titulaire d'un diplôme universitaire et de l'habilitation professionnelle correspondante, avec une expérience liée à la fonction substantielle du Centre ;

IV. justifier d'une pratique professionnelle minimale de cinq ans, décomptée à partir de la date de délivrance du titre professionnel ;

V. avoir résidé dans le District fédéral au cours de l'année précédant immédiatement la nomination ;

VI. jouir d'une bonne réputation ; et

VII. ne pas avoir été condamné, par une décision définitive, pour un délit intentionnel.

Article 12. Le Directeur général du Centre a les attributions suivantes :

I. représenter juridiquement le Centre ;

II. prendre les décisions techniques et administratives relevant du Centre ;

III. proposer au Conseil les avis de concours correspondants pour la sélection des médiateurs publics affectés au Centre et des facilitateurs en matière pénale ; pour les cours de formation à la certification et au renouvellement de la certification des médiateurs privés ; et pour la sélection des spécialistes externes appelés à exercer comme co-médiateurs ;

IV. élaborer, conjointement avec l'Institut, les programmes de formation et d'entraînement des nouveaux médiateurs et facilitateurs, ainsi que les programmes de formation continue et de mise à jour des médiateurs et facilitateurs en exercice ;

V. établir les mécanismes de supervision continue des services rendus par les médiateurs et facilitateurs dans l'application des procédures de médiation, co-médiation, re-médiation et des mécanismes alternatifs de règlement des différends en matière pénale, respectivement ;

VI. apprécier le bien-fondé de la cause de récusation soulevée par les médiateurs ou co-médiateurs pour se dessaisir de l'affaire qui leur a été confiée pour médiation, que ce soit avant son commencement ou en son cours, ou lorsque survient une cause postérieure, et, le cas échéant, nommer le médiateur ou co-médiateur remplaçant ;

VII. à partir de l'expérience du Centre et de la connaissance des progrès réalisés par des institutions similaires, promouvoir des études et analyses à caractère diagnostique et prospectif permettant d'appuyer la rétroaction sur les services offerts par le Centre lui-même ;

VIII. superviser les processus d'évaluation des médiateurs et facilitateurs ;

IX. choisir les mécanismes de diffusion nécessaires afin que la société connaisse les fonctions et la portée des services du Centre ;

X. établir les mécanismes nécessaires pour garantir l'efficacité et l'efficience des ressources technologiques du Centre, ainsi que leur exploitation optimale ;

XI. présenter au Président du Tribunal et du Conseil, le dernier jour ouvrable du mois de novembre de chaque année, un rapport général sur le fonctionnement, les activités et les résultats obtenus par le Centre ;

XII. porter chaque année à la connaissance du Conseil le Programme interne de travail du Centre, avec ses objectifs, ses tâches et les besoins en ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour l'année suivante, en présentant en temps utile le Programme opérationnel annuel ; et

XIII. les autres attributions que la présente loi, les dispositions réglementaires et les décisions du Conseil lui imposent.

Article 13. Toute absence du Directeur général du Centre, jusqu'à trois mois pour une cause dûment justifiée et avec l'autorisation de l'autorité compétente, est assurée par le fonctionnaire public correspondant, conformément au Règlement intérieur. Si cette absence dépasse le délai indiqué à l'alinéa précédent, le Conseil nomme un Directeur général par intérim pour une période de trois mois ; à l'expiration de ce délai, si le titulaire n'a pas repris ses fonctions, le Conseil nomme un nouveau Directeur général, la désignation pouvant se porter sur le Directeur par intérim. En cas de révocation du Directeur général, le Centre reste confié au fonctionnaire public correspondant, conformément au Règlement intérieur, jusqu'à ce que le Conseil procède à la nouvelle nomination.

Article 14. Le Centre dispose des Directeurs et Sous-directeurs de médiation par spécialité, selon ses besoins. Le Directeur général, les Directeurs et Sous-directeurs de médiation ont l'autorité de foi publique uniquement dans les cas suivants :

I. pour la conclusion des conventions signées par les médiés par l'intermédiaire du Centre ;

II. pour certifier les copies des documents qui, en vertu de la présente loi, doivent être annexés aux conventions de médiation ; et

III. pour délivrer des copies certifiées conformes des documents de médiation enregistrés et conservés dans les archives du Centre, à la demande de tout médié, du Médiateur privé intervenu, de l'autorité compétente, ou aux fins d'inscription dans les registres publics.

Article 15. Le Centre dispose de l'infrastructure appropriée pour l'administration et le développement optimaux de ses services. Il est également doté de systèmes automatisés pour la réception, la conservation, le classement et la gestion du patrimoine informationnel qu'il produit. Il est en outre doté de systèmes automatisés permettant la prestation du service de médiation par des moyens électroniques, optiques ou toute autre technologie, ainsi que la comparution par ces mêmes moyens du Directeur général, du Directeur, du Sous-directeur de médiation ou du médiateur privé devant lequel la convention est conclue, conformément aux critères établis à cet effet par le Conseil.

Article 16. Le Conseil consultatif est composé d'universitaires et de professionnels de la médiation, nationaux et étrangers, éminents, et a pour objet le développement de projets et leur évaluation, l'organisation de conférences publiques, le soutien à des institutions publiques, privées et universitaires, la promotion de l'adoption de normes et de critères homogènes au niveau national, et les autres sujets connexes à ceux mentionnés.

Les membres du Conseil consultatif sont proposés au Conseil par le Président du Tribunal en fonction de leurs mérites, et leur participation est honorifique.

La présidence du Conseil consultatif revient au Président du Tribunal et est exercée, en son absence, par la personne que détermine le Conseil.

Le secrétariat du Conseil consultatif est assuré par le Directeur général du Centre.

CHAPITRE TROIS. DES PRESTATAIRES DU SERVICE DE MÉDIATION

Article 17. Le Centre dispose d'un registre des médiateurs, tant publics que privés, ainsi que des facilitateurs en matière pénale.

Article 18. Pour être médiateur public, médiateur privé ou facilitateur, les exigences suivantes doivent être satisfaites :

A) Médiateur public :

I. être citoyen mexicain, en plein exercice de ses droits civils et politiques, et avoir au moins vingt-cinq ans à la date de la nomination ;

II. être titulaire d'un diplôme universitaire et de l'habilitation professionnelle en droit, ainsi que d'une expérience professionnelle minimale démontrable de deux ans, dans l'une quelconque des matières relevant de la compétence du Centre ;

III. concourir et réussir la procédure de sélection correspondante, en se soumettant aux examens et aux cours de formation et d'entraînement.

Les résultats des examens sont confidentiels et la décision du Conseil est sans appel.

La fonction de médiateur est une fonction de confiance, confirmée tous les trois ans par le Conseil, sous réserve de la réussite d'un examen de compétences professionnelles.

Le Directeur général, les Directeurs et Sous-directeurs de médiation du Centre, ainsi que les Greffiers du Tribunal qui satisfont aux exigences visées aux points I et II du présent alinéa, peuvent être inscrits comme Médiateurs en se soumettant aux examens et cours de formation et d'entraînement correspondants. Leur qualité de médiateur public doit être confirmée tous les trois ans et est perdue lorsqu'ils cessent de faire partie du Centre ou d'être Greffier du Tribunal, selon le cas.

B) Médiateur privé :

I. être citoyen mexicain, en plein exercice de ses droits civils et politiques, et avoir au moins vingt-cinq ans à la date de sa certification et de son inscription ;

II. être titulaire d'un diplôme universitaire, ainsi que d'une expérience professionnelle minimale démontrable de deux ans ;

III. jouir d'une bonne réputation professionnelle et d'une honorabilité reconnue ;

IV. ne pas avoir été condamné, par une décision définitive, pour un délit intentionnel passible d'une peine privative de liberté ;

V. présenter et réussir l'examen de connaissances et de compétences professionnelles ;

VI. réussir les cours de formation à la certification et à l'inscription ;

VII. accomplir les heures de pratique auprès du Centre fixées par les Règles.

Les résultats des examens sont confidentiels et la décision du Comité est sans appel. La certification et l'inscription délivrées par le Centre ont une validité de trois ans. Pour renouveler la certification et l'inscription, il faut présenter et réussir l'examen de compétences professionnelles et respecter les dispositions établies en la matière par le Règlement et les Règles.

C) Facilitateur :

Pour être facilitateur, les dispositions de la Loi nationale s'appliquent.

Article 19. Les médiateurs doivent se récuser pour connaître d'une affaire lorsque survient l'une des situations suivantes :

I. avoir un intérêt direct ou indirect dans l'issue du conflit ;

II. être le conjoint, le concubin ou la concubine, l'associé de vie commune, un parent jusqu'au quatrième degré par consanguinité, alliance ou filiation civile de l'un des médiés ;

III. se trouver dans la même situation que celle visée au point précédent à l'égard des membres des organes d'administration, lorsque les médiés ou l'un d'eux est une personne morale, ou, le cas échéant, à l'égard des associés indéfiniment responsables ;

V. entretenir ou avoir entretenu, au cours des six mois précédant immédiatement sa désignation, une relation de travail avec l'un des médiés, ou lui avoir fourni, au cours de la même période, des services professionnels indépendants ;

VI. être associé, bailleur ou locataire de l'un des médiés ;

VII. lorsqu'il existe un lien d'affection ou de désaffection avec l'un des médiés ou avec ses parents jusqu'au quatrième degré par consanguinité, alliance ou filiation civile ;

VIII. avoir été ou être l'avocat, la personne de confiance, le mandataire ou la personne autorisée de l'un quelconque des médiés dans un procès antérieur ou en cours ; et

IX. lorsque, en raison de la nature particulière ou de la complexité du différend soulevé, le médiateur reconnaît que la limite de ses capacités pourrait affecter la procédure.

Les médiateurs doivent également se récuser lorsque, au cours de la médiation, survient l'une des situations susmentionnées.

Les Médiateurs qui se trouvent dans l'une des situations prévues au présent article et qui ne se récusent pas restent soumis aux sanctions administratives prévues par la Loi organique du Tribunal supérieur de justice du District fédéral ou aux sanctions administratives prévues par la présente loi, selon qu'ils sont médiateurs publics affectés au Centre ou médiateurs privés.

CHAPITRE QUATRE. DU SERVICE PUBLIC DE MÉDIATION

Article 20. Le service public de médiation est assuré par le Centre par l'intermédiaire des Médiateurs publics et des Facilitateurs, ainsi que des Greffiers visés à l'alinéa A) de l'article 18 de la présente loi, dans les conditions qu'elle prévoit et selon le Règlement.

Les médiés pris en charge au Centre peuvent récuser le Médiateur ou le Co-médiateur désigné et demander au Directeur général du Centre leur remplacement, par demande écrite expresse, lorsque l'une des situations prévues à l'article précédent survient.

Article 21. Après la pré-médiation, le médiateur public a les obligations suivantes :

I. accomplir de manière claire, ordonnée et transparente les actes qu'impose la médiation, conformément à ses principes directeurs ;

II. traiter les médiés avec respect et diligence, en évitant toute attitude ou position discriminatoire à leur égard ;

III. s'abstenir de divulguer et d'utiliser les informations obtenues dans l'exercice de sa fonction et respecter le devoir de secret professionnel ;

IV. conduire la médiation avec souplesse, en répondant aux besoins des médiés, de manière à favoriser une bonne communication et compréhension entre eux, facilitant ainsi la négociation ;

V. veiller à ce que les médiés participent de manière libre et volontaire, sans contrainte ni influence quelconque ;

VI. conduire la médiation en stimulant la créativité des médiés au cours de la négociation ;

VII. s'assurer que les accords auxquels parviennent les médiés soient conformes à la légalité et fondés sur la bonne foi ;

VIII. éviter d'influencer les médiés pour qu'ils assistent, restent ou se retirent de la médiation ;

IX. signer la déclaration d'autonomie ;

X. conclure avec les médiés le pacte de confidentialité ;

XI. solliciter le consentement des médiés à la participation de co-médiateurs, d'experts ou d'autres spécialistes externes à la médiation, lorsqu'il apparaît manifeste que, en raison des caractéristiques du conflit, leur intervention est requise ;

XII. déclarer la médiation terminée dans l'un des cas suivants :

a) lorsqu'il y a un manquement au respect des règles de conduite de la médiation de la part de l'un ou des deux médiés ;

b) lorsqu'il y a un manque de collaboration de l'un ou des deux médiés ;

c) lorsque l'un ou les deux médiés manquent à deux séances consécutives sans justification, ou que l'un d'eux manque à trois séances consécutives sans cause justifiée ;

d) lorsque la médiation devient inutile ou infructueuse au regard de la finalité poursuivie ; et

e) lorsque l'un des médiés, ou les deux, le demandent.

XIII. informer le Directeur général lorsque, dans l'exercice de ses fonctions, il a des indices d'une menace pour la vie ou l'intégrité physique ou psychique de l'un des médiés, ou lorsqu'il a connaissance de faits délictueux poursuivables d'office, tant pour orienter et diriger les intéressés vers les institutions spécialisées compétentes que pour en informer, le cas échéant, les autorités concernées ;

XIV. rendre compte au Directeur général, lorsque celui-ci le demande ; et

XV. se soumettre aux programmes de formation continue et de mise à jour.

Article 22. Les médiateurs publics ont l'obligation de suivre les normes et procédures établies par le Règlement.

Les Greffiers, dans l'exercice de la fonction de médiateur public, transmettent chaque semaine au Centre une communication écrite des médiations qu'ils conduisent, en y consignant, par numérotation progressive, l'indication claire et précise des noms des médiés, le type de service de médiation, le nombre de séances de médiation et les données d'identification du procès ou de la procédure concernée.

Si la médiation s'est conclue par la conclusion d'une convention devant lui, le Greffier doit la joindre pour son enregistrement par le Centre dans les conditions prévues par la présente loi.

Doivent être joints à la communication les pièces attestant que les médiés ont été dûment informés lors de la pré-médiation, la déclaration d'autonomie, le pacte de confidentialité et, le cas échéant, l'exemplaire de la convention et toute autre documentation que le Greffier estime pertinente ou devant être jointe en vertu de la présente loi ou du Règlement.

Les communications reçues par le Centre de la part des greffiers, ainsi que les documents annexés, doivent être intégrés au système de contrôle conformément à la présente loi et au Règlement, et les conventions sont inscrites selon les mêmes modalités que celles prévues par la présente loi pour l'inscription des conventions issues du service de médiation privée.

Article 23. Le Centre, et les greffiers autorisés à cet effet, tenant compte des circonstances particulières susceptibles de survenir dans la procédure de médiation, recourent à toutes les mesures pertinentes à leur portée pour qu'elle se conclue avec succès, pourvu que ces mesures ne violent pas la loi, la morale ni les bonnes mœurs.

Article 24. Le manquement à l'une des obligations établies par la présente loi entraîne la soumission des Médiateurs du Centre et des Greffiers à la procédure disciplinaire correspondante et, le cas échéant, à des sanctions de la Commission de discipline judiciaire du Conseil.

Article 25. Le Médiateur public et les Facilitateurs qui, dans l'exercice de leurs fonctions, font preuve d'une conduite systématiquement méritoire et remarquable, ont droit aux distinctions et incitations prévues par les programmes établis par le Centre.

Article 26. Le médiateur ne peut agir comme témoin dans aucune procédure légale relative aux affaires auxquelles il a participé, conformément au principe de confidentialité qui régit la médiation et au devoir de secret professionnel qui lui incombe.

Article 27. Les médiés, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, doivent agir directement dans la médiation, la convention pouvant être conclue, dans les cas autorisés par la loi, par l'intermédiaire d'un mandataire général ou spécial désigné à cet effet.

Lorsqu'il s'agit de personnes morales, elles doivent agir dans la médiation par l'intermédiaire de leurs représentants.

Les mineurs ou les incapables doivent se présenter et intervenir dans la médiation, assistés de leurs représentants légaux.

CHAPITRE CINQ. DES DROITS ET OBLIGATIONS DES MÉDIÉS

Article 28. Les médiés ont le droit de :

I. solliciter l'intervention du Centre, ou du médiateur privé certifié de leur choix, dans les conditions prévues par la présente loi ;

II. intervenir personnellement dans la médiation ;

III. recevoir des conseils juridiques extérieurs au Centre ou au service de médiation privée, ainsi que recourir, à leurs frais, à des experts et autres spécialistes ;

IV. demander au Directeur général du Centre la récusation ou le remplacement des médiateurs ou co-médiateurs, lorsque survient l'une des causes de récusation ou qu'existe un motif justifié à cet effet ; et

V. les autres droits que déterminent la présente loi et les dispositions réglementaires afférentes.

Article 29. Les obligations des médiés sont les suivantes :

I. se comporter avec respect et observer une bonne conduite durant le déroulement des séances et, en général, tout au long de la médiation ;

II. exécuter les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire établies dans la convention éventuellement conclue ;

III. respecter la confidentialité ; et

IV. les autres obligations prévues par la présente loi et les dispositions réglementaires afférentes.

Article 30. La procédure de médiation se déroule, le cas échéant, selon les étapes suivantes :

I. Initiale :

a) rencontre entre le médiateur et ses médiés ; b) rappel et signature des règles de la médiation et du pacte de confidentialité ; c) indication des formes et hypothèses de fin de la médiation ; d) signature du pacte de confidentialité ; et e) exposé du conflit.

II. Analyse de l'affaire et élaboration de l'ordre du jour :

a) identification des points en conflit ; b) reconnaissance de la coresponsabilité ; c) identification des intérêts en litige et des besoins réels à l'origine du conflit ; d) prise en compte de l'aspect émotionnel des médiés ; e) énumération des thèmes objet de la médiation ; et f) traitement des thèmes de l'ordre du jour.

III. Élaboration des solutions :

a) apport d'alternatives ; b) évaluation et choix des alternatives de solution ; et c) élaboration des accords ;

IV. Finale :

a) révision et consensus sur les accords ; et b) rédaction de la convention et, le cas échéant, signature de celle prenant la forme écrite.

Article 31. La procédure de médiation se déroule au moyen de séances collectives et individuelles.

Article 32. Au cours de la procédure de médiation, les médiés doivent se comporter comme suit :

I. maintenir la confidentialité du dialogue tenu pendant la procédure ;

II. faire preuve d'un comportement de respect et de tolérance réciproque et envers le médiateur ;

III. dialoguer avec honnêteté et franchise, afin de maintenir une communication constructive ;

IV. veiller à ce que les événements passés ne constituent pas un obstacle à la construction d'une solution et d'un avenir différent ;

V. avoir toujours présent à l'esprit qu'ils assistent à la séance de leur propre volonté et que, par conséquent, leur participation à la résolution du conflit doit être active ;

VI. permettre au médiateur de guider la procédure ;

VII. se montrer disposés à des séances privées lorsque le médiateur les demande ou que l'un des médiés le suggère ;

VIII. rester à la séance jusqu'à ce que le médiateur la déclare terminée ou qu'elle se conclue d'un commun accord entre les parties ;

IX. respecter la date et l'heure fixées pour toutes les séances, ainsi que les confirmer et y assister ponctuellement ; et

X. en cas de force majeure les empêchant d'y assister, demander au Centre ou au médiateur privé certifié, selon le cas, le report de la séance.

Article 33. La durée de la médiation est celle qui s'avère suffisante, compte tenu de la complexité du différend et de la manière dont elle a été organisée.

Article 34. La médiation prend fin à tout moment si survient l'une des situations suivantes :

I. par une convention réglant tout ou partie des points litigieux du différend ;

II. par un comportement irrespectueux ou agressif de l'une des parties envers l'autre, envers le médiateur ou envers la personne autorisée à intervenir dans la médiation, dont la gravité empêche toute tentative ultérieure de dialogue ;

III. par une décision conjointe ou séparée des parties ;

IV. par l'absence injustifiée des deux parties à deux séances consécutives, ou par l'absence, sans cause justifiée, de l'une des parties à trois séances consécutives ;

V. par une décision du médiateur, lorsqu'il ressort indubitablement du comportement de l'une des parties ou des deux qu'il n'existe aucune volonté de parvenir à un accord.

Le Centre, tenant compte des circonstances particulières susceptibles de survenir au cours de la médiation, recourt à toutes les mesures pertinentes à sa portée pour qu'elle se conclue avec succès, pourvu que ces mesures ne violent pas la loi, la morale ni les bonnes mœurs.

Article 35. Les accords auxquels parviennent les médiés peuvent prendre la forme d'une convention écrite, laquelle doit alors contenir les formalités et exigences suivantes :

I. le lieu et la date de conclusion ;

II. le nom, l'âge, la nationalité, l'état civil, la profession ou l'occupation et le domicile de chacun des médiés ;

III. dans le cas de personnes morales, sera joint, en annexe, le document par lequel le mandataire ou le représentant légal du médié concerné a établi ses pouvoirs ;

IV. les antécédents du conflit entre les médiés qui les ont conduits à recourir à la médiation ;

V. un chapitre de déclarations, si les médiés le jugent opportun ;

VI. une description précise des obligations de donner, de faire ou de ne pas faire convenues par les médiés, ainsi que le lieu, la forme et le délai dans lesquels elles doivent être exécutées ;

VII. les signatures ou, le cas échéant, les empreintes digitales des médiés ;

VIII. le nom et la signature du Directeur général, du Directeur ou du Sous-directeur de médiation intervenant ou, le cas échéant, du Greffier correspondant, pour attester la conclusion de la convention, ainsi que le sceau du Centre ; et

IX. le numéro ou code d'inscription auprès du Centre.

La convention est rédigée en au moins trois exemplaires ; en tout état de cause, il convient de veiller à ce que, indépendamment du nombre d'exemplaires, l'un soit conservé par le Centre et que chacune des parties reçoive un exemplaire à titre de preuve.

Article 36. Les informations produites dans les procédures de médiation sont considérées comme confidentielles, conformément à la législation en matière de transparence et d'accès à l'information publique et de protection des données personnelles.

CHAPITRE SIX. DE LA RE-MÉDIATION ET DE LA CO-MÉDIATION

Article 37. En cas d'inexécution partielle ou totale d'une convention conclue par les médiés, ou en cas de changement des circonstances qui avaient présidé à sa conclusion, ceux-ci peuvent recourir à la re-médiation auprès du Centre lui-même et, avec la réouverture du dossier correspondant, élaborer une convention modificative ou en construire une nouvelle.

La re-médiation se déroule, le cas échéant, selon les mêmes règles que celles que la présente loi établit pour la médiation.

Article 37 Bis. Lorsque, en raison des caractéristiques du conflit, l'intervention d'un co-médiateur est requise, le médiateur public ou privé peut demander au Directeur général du Centre, ou au Directeur ou Sous-directeur de médiation, de désigner un spécialiste externe pour l'assister dans ce conflit déterminé.

Pour être spécialiste externe, les exigences établies par le Règlement doivent être satisfaites.

Article 37 Ter. Dans tous les cas où l'intervention d'un co-médiateur est requise, le consentement des médiés doit être sollicité.

CHAPITRE SEPT. DES EFFETS DE LA CONVENTION ENTRE LES PARTIES

Article 38. La convention conclue entre les médiés devant l'autorité de foi publique du Directeur général, du Directeur ou du Sous-directeur de médiation intervenant, avec les formalités prévues par la présente loi, est valable et exigible dans ses termes, et cet accord a force de chose jugée.

La convention emporte titre exécutoire aux fins de son exigibilité par voie d'exécution forcée devant les tribunaux. Le refus de l'organe juridictionnel de procéder à son exécution constitue un motif de responsabilité administrative, sauf lorsque la convention est dépourvue de l'une des exigences visées à l'article 35 de la présente loi.

En cas d'inexécution de la convention en matière pénale, les droits de la personne concernée demeurent préservés afin qu'elle puisse les faire valoir par la voie et sous la forme correspondantes.

Le même effet s'attache aux conventions issues de procédures conduites par des Greffiers et par des médiateurs privés certifiés par le Tribunal, conclues avec les formalités prévues par la présente loi et dûment inscrites auprès du Centre dans les conditions prévues par la présente loi, le Règlement et les Règles, selon le cas.

Si la convention issue d'une procédure conduite par un Greffier ou un médiateur privé certifié par le Tribunal ne satisfait pas à l'une des formalités prévues par la présente loi, et que ce défaut soit régularisable, la procédure d'inscription auprès du Centre est suspendue et la convention renvoyée au Greffier ou au Médiateur privé, selon le cas, afin qu'il régularise ces formalités ; à défaut, l'inscription est refusée et la procédure de sanction correspondante est engagée.

D'un commun accord des médiés, les conventions peuvent être annotées au Registre public de la propriété et du commerce, conformément aux lois respectives.

CHAPITRE HUIT. DES RESPONSABILITÉS DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DU CENTRE

Article 39. Le Directeur général, les agents publics du Centre, ainsi que les Greffiers exerçant la fonction de médiateur, sont responsables des fautes et/ou infractions qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions et restent, à ce titre, soumis aux procédures et sanctions déterminées par la Loi organique du Tribunal supérieur de justice du District fédéral, la Loi fédérale sur les responsabilités des agents publics et les autres lois applicables.

CHAPITRE NEUF. DU SERVICE PRIVÉ DE MÉDIATION

Article 40. Le service privé de médiation est assuré par l'intermédiaire des médiateurs privés certifiés par le Tribunal, dans les conditions prévues par la présente loi, les Règles et le Règlement.

Article 41. Les obligations du médiateur privé sont les suivantes :

I. orienter les personnes intéressées sur les avantages, principes et caractéristiques de la médiation, afin d'évaluer si le différend soulevé est susceptible d'être résolu par cette procédure ou, dans le cas contraire, suggérer les instances appropriées ;

II. accomplir de manière claire, ordonnée, transparente, responsable et de bonne foi les actes qu'impose la médiation, conformément à ses principes directeurs ;

III. traiter les médiés avec respect et diligence ;

IV. s'abstenir de divulguer et d'utiliser les informations obtenues dans l'exercice de sa fonction, en respectant le devoir de secret professionnel qui lui incombe, en vertu duquel il ne peut agir, d'aucune manière, dans une quelconque procédure légale relative aux affaires auxquelles il a participé, conformément au principe de confidentialité qui régit la médiation ;

V. s'abstenir d'offrir le service de médiation lorsqu'il a agi en qualité de mandataire, de plaideur ou de conseil de l'une des parties sollicitant ses services, et se récuser dans tout autre cas prévu par la législation applicable ;

VI. conduire la médiation avec souplesse, en répondant aux besoins des médiés, de manière à favoriser une bonne communication et compréhension entre eux, facilitant ainsi l'élaboration des accords ;

VII. veiller à ce que les médiés participent de manière libre et volontaire, sans contrainte ni influence quelconque ;

VIII. conduire la médiation en stimulant la créativité des médiés au cours de l'élaboration des accords ;

IX. s'assurer que les accords auxquels parviennent les médiés soient conformes à la légalité et fondés sur la bonne foi ;

X. éviter d'influencer les médiés pour qu'ils assistent, restent ou se retirent de la médiation ;

XI. signer la déclaration d'autonomie ;

XII. conclure avec les médiés le pacte de confidentialité ;

XIII. conclure avec les médiés la convention d'honoraires ;

XIV. solliciter le consentement des médiés à la participation de co-médiateurs, d'experts ou d'autres spécialistes externes à la médiation, lorsqu'il apparaît manifeste que, en raison des caractéristiques du conflit, leur intervention est requise ;

XV. s'abstenir de déléguer à quiconque la fonction de Médiateur certifié dans une procédure déjà engagée, sauf en cas d'expiration, de suspension ou de révocation de la certification ;

XVI. accomplir les démarches et obtenir l'inscription des conventions auprès du Centre ;

XVII. faciliter les actions de supervision et de suivi du Centre ;

XVIII. participer, à titre gratuit, aux campagnes d'orientation, de sensibilisation et de médiation entreprises par le Centre ;

XIX. exercer personnellement la fonction de médiateur privé ;

XX. aux fins du renouvellement de sa certification et de son inscription, participer aux programmes de formation continue et de mise à jour organisés à cet effet par le Centre et l'Institut, en participant à au moins deux cours de formation par an, ainsi qu'assister aux événements organisés par le Centre, tels que forums, congrès, colloques ou tout autre événement relatif à la justice alternative ;

XXI. acquitter les redevances et droits applicables ;

XXII. vérifier et respecter la législation applicable en matière d'accès à l'information publique et de données personnelles, s'agissant des informations figurant dans les conventions auxquelles il participe, et les conserver en sécurité ; et

XXIII. les autres obligations établies par la Loi, le Règlement et les Règles.

Article 42. Les médiateurs privés certifiés par le Tribunal ont l'autorité de foi publique uniquement dans les cas suivants :

I. pour la conclusion des conventions signées par les médiés et issues du service de médiation privée conduit par le médiateur privé lui-même ;

II. pour certifier les copies des documents qui, en vertu de la présente loi, doivent être annexés aux conventions de médiation, aux fins d'attester l'identité du document et sa parfaite conformité avec l'original examiné, avec pour seul effet d'être intégré en annexe à la convention de médiation elle-même ; et

III. pour délivrer des copies certifiées conformes des conventions de médiation conservées dans ses archives, à la demande de tout médié, du Centre, de l'autorité compétente, ou aux fins d'inscription dans les registres publics.

Article 43. La personne ayant obtenu la certification et l'inscription pour exercer comme médiateur privé doit, avant le commencement de ses fonctions et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la délivrance de son attestation de certification :

I. fournir la garantie fixée par le Conseil ;

II. se doter, à ses frais, d'un sceau et d'un registre, présentant les caractéristiques fixées par les Règles ;

III. faire enregistrer son attestation de certification, son sceau, son paraphe ou sa signature abrégée et sa signature complète auprès du Centre, du Registre public de la propriété et du Conseil juridique et des services juridiques du Gouvernement du District fédéral ;

IV. informer le Centre du domicile où se trouve le bureau de son Centre de médiation privée ; et

V. prêter serment devant le Président du Tribunal supérieur de justice et du Conseil de la magistrature du District fédéral, ou devant la personne à laquelle ce dernier délègue cette attribution.

Une fois toutes les exigences précédentes satisfaites, il est ordonné de publier, sans frais pour le médiateur privé certifié, dans un délai de dix jours, au Bulletin judiciaire et au Journal officiel du District fédéral, l'acte de certification et d'inscription correspondant, à compter duquel le médiateur privé certifié peut commencer l'exercice de ses fonctions.

Article 44. Les médiateurs privés tiennent un registre des médiations qu'ils conduisent dans un livre dénommé registre, dans lequel ils consignent, par numérotation progressive, une mention comportant invariablement les noms des médiés, le type de service de médiation, le nombre de séances de médiation et la mention que la convention a été conclue à titre privé, devant leur autorité, et inscrite par le Centre dans les conditions prévues par la présente loi.

Doivent être joints au registre les pièces attestant que les médiés ont été dûment informés lors de la pré-médiation, la déclaration d'autonomie, le pacte de confidentialité, la convention d'honoraires, l'exemplaire de la convention et toute autre documentation que le médiateur privé estime pertinente ou devant être jointe en vertu de la présente loi ou des Règles.

Le livre-registre et les documents annexés doivent être tenus dans les formes prévues par la présente loi et les Règles.

Article 45. Le registre visé à l'article précédent doit être tenu par tout moyen permettant sa conservation et sa consultation, conformément aux Règles. En tout état de cause, le médiateur privé est responsable de l'exactitude des données consignées et de la conservation des documents dans un état inaltéré et non détérioré. Le médiateur privé est tenu de présenter les registres et documents lors des procédures de vérification et de supervision, ainsi qu'aux fins du renouvellement de sa certification, si cela lui est demandé.

Article 46. La médiation privée certifiée visée par la présente loi est généralement assurée par un seul médiateur. Lorsque, en raison des caractéristiques du conflit, l'intervention d'un co-médiateur est requise, ou à la demande expresse des médiés, l'intervention d'un autre médiateur privé, d'un médiateur public ou d'un spécialiste externe peut être sollicitée pour assurer la co-médiation. Si un spécialiste externe d'une profession autre que le droit est nécessaire, le médiateur peut solliciter les services des experts inscrits auprès du Tribunal.

Article 47. Le médiateur privé peut conduire la procédure de médiation de la manière qu'il estime appropriée, en respectant à tout moment les principes fondamentaux de la médiation prévus par la Loi et en tenant compte des circonstances de l'affaire, des souhaits exprimés par les médiés et de la nécessité de résoudre le différend. Les dispositions prévues à l'article 21, alinéa XIII, et à l'article 26 de la présente loi sont applicables aux médiateurs privés.

Article 48. Au cours de la procédure de médiation, le médiateur privé peut se réunir ou communiquer avec les médiés conjointement ou avec chacun d'eux séparément, au moment qu'il juge opportun.

Article 49. La procédure de médiation privée est réputée terminée :

I. par une convention réglant tout ou partie des points litigieux du différend ;

II. par une décision conjointe ou séparée des médiés ;

III. par l'absence injustifiée des deux médiés à deux séances consécutives, ou par l'absence, sans cause justifiée, de l'un des médiés à trois séances consécutives ;

IV. par un comportement irrespectueux ou agressif de l'un des médiés envers l'autre, envers le médiateur ou envers le spécialiste externe, dont la gravité empêche toute tentative ultérieure de dialogue ; ou

V. par toute autre cause de fin de procédure prévue par une autre réglementation applicable.

Article 50. Les accords auxquels parviennent les médiés par le biais du service de médiation privée peuvent prendre la forme d'une convention écrite, laquelle doit alors contenir les formalités et exigences suivantes :

I. le numéro d'inscription lui correspondant, parmi ceux visés à l'article 44 ;

II. le lieu et la date de conclusion ;

III. le nom complet, le numéro d'inscription de certification, le sceau et la signature du médiateur privé ;

IV. le nom complet, le cas échéant, du ou des spécialistes externes intervenus ;

V. le nom, l'âge, la nationalité, l'état civil, la profession ou l'occupation et le domicile de chacun des médiés ;

VI. dans le cas de personnes morales, sera joint, en annexe et en copie certifiée conforme, le document par lequel le mandataire ou le représentant légal du médié concerné a établi ses pouvoirs ;

VII. les antécédents du conflit entre les médiés qui les ont conduits à recourir à la médiation ;

VIII. un chapitre de déclarations, si les médiés le jugent opportun ;

IX. une description précise des obligations de donner, de faire ou de ne pas faire convenues par les médiés, ainsi que le lieu, la forme et le délai dans lesquels elles doivent être exécutées ;

X. les signatures ou, le cas échéant, les empreintes digitales des médiés ;

XI. une attestation du médiateur privé à la fin du document, dans laquelle il fait constater :

a) qu'il s'est assuré de l'identité des médiés, et qu'à son avis ils ont la capacité de participer à la procédure ;

b) qu'il a informé les médiés de la valeur, des conséquences et de la portée juridique des accords contenus dans la convention ; et

c) les faits que le médiateur estime nécessaires et en rapport avec la convention qu'il authentifie, en particulier ceux attestant qu'il a satisfait, à la satisfaction des médiés, aux obligations que lui imposent la présente loi, le Règlement et les Règles.

Le médiateur privé doit indiquer expressément dans l'attestation le moyen par lequel il s'est assuré de l'identité des médiés.

Pour que le médiateur privé atteste que les médiés ont la capacité requise, il suffit qu'il ne constate chez eux aucune manifestation évidente d'incapacité naturelle et n'ait pas connaissance qu'ils soient soumis à une interdiction.

Article 51. Les conventions conclues devant un médiateur privé certifié, dans les conditions du point I de l'article 42, avec toutes les formalités de l'article précédent, emportent titre exécutoire aux fins de leur exigibilité par voie d'exécution forcée devant les tribunaux, et cet accord a force de chose jugée dans les conditions prévues par l'article 38 de la présente loi.

Article 52. En tout état de cause, outre les exigences visées à l'article 50 de la présente loi, le médiateur privé est responsable d'indiquer de manière fiable la forme et les modalités de conclusion de la convention, conformément à la présente loi et aux Règles.

Le médiateur privé présente au Centre, aux fins de son inscription, un seul exemplaire de la convention de médiation, et remet aux médiés, conformément au point III de l'article 42 de la Loi, des copies certifiées conformes des conventions de médiation inscrites.

Article 53. Les médiateurs privés doivent se récuser pour connaître d'une affaire lorsque survient l'une des situations suivantes :

I. avoir un intérêt direct ou indirect dans l'issue du conflit ;

II. être le conjoint, le concubin ou la concubine, l'associé de vie commune, un parent jusqu'au quatrième degré par consanguinité, alliance ou filiation civile de l'un des médiés ;

III. se trouver dans la même situation que celle visée au point précédent à l'égard des membres des organes d'administration, lorsque les médiés ou l'un d'eux est une personne morale, ou, le cas échéant, à l'égard des associés indéfiniment responsables ;

V. entretenir ou avoir entretenu, au cours des six mois précédant immédiatement sa désignation, une relation de travail avec l'un des médiés, lui avoir fourni, au cours de la même période, des services professionnels indépendants, ou avoir exercé les fonctions d'exécuteur testamentaire, de syndic, d'expert ou toute autre activité expressément interdite par une réglementation ;

VI. être associé, bailleur ou locataire de l'un des médiés ;

VII. lorsqu'il existe un lien d'affection ou de désaffection avec l'un des médiés ou avec ses parents jusqu'au quatrième degré par consanguinité, alliance ou filiation civile ;

VIII. avoir été ou être l'avocat, la personne de confiance, le mandataire ou la personne autorisée de l'un quelconque des médiés dans un procès antérieur ou en cours ; et

IX. lorsque, en raison de la nature particulière ou de la complexité du différend soulevé, le médiateur reconnaît que la limite de ses capacités pourrait affecter la procédure.

Les médiateurs privés doivent également se récuser lorsque, au cours de la médiation, survient l'une des situations susmentionnées.

Article 54. Sans préjudice des responsabilités légales que le médiateur privé pourrait encourir dans l'exercice de sa fonction, il est soumis au régime disciplinaire et à la procédure prévus par la présente loi. Le médiateur privé est responsable des infractions qu'il commet dans l'exercice de sa fonction et reste, à ce titre, soumis aux sanctions administratives déterminées par la présente loi, les Règles et, le cas échéant, les autres dispositions applicables.

Article 55. Le Comité connaît des plaintes des médiés pour infractions présumées du médiateur privé, ainsi que des rapports de visite de supervision et de suivi effectués par le Centre, lorsque la commission possible d'une infraction a été constatée. Sont présentés, avec la plainte ou le rapport, selon le cas, les éléments de preuve de l'infraction présumée.

Article 56. Le Centre ouvre le dossier concerné et le transmet au Comité dans un délai de trois jours ouvrables ; celui-ci instruit le dossier en question, en demandant, le jour ouvrable suivant, par écrit, un rapport au médiateur mis en cause ou signalé, qui doit le présenter par écrit dans un délai n'excédant pas cinq jours ouvrables à compter de la notification, en y offrant les preuves qu'il estime nécessaires.

L'audience se tient dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du rapport et des preuves. Une fois le rapport présenté et les preuves admises examinées, l'affaire est discutée et mise aux voix au cours de la même séance du Comité.

Article 57. Le médiateur sanctionné peut former un recours contre la décision du Comité devant le Conseil, conformément à la Loi organique du Tribunal supérieur de justice du District fédéral. La décision du Conseil est définitive.

Article 58. Commet une infraction le médiateur qui manque à l'une des obligations prévues par la présente loi, le Règlement et les Règles.

Les sanctions administratives applicables aux médiateurs privés sont imposées par le Comité, organe qui motive sa décision en fonction, notamment, de la gravité de l'infraction ; de la qualité de récidiviste du contrevenant — la récidive s'entendant du fait que le contrevenant a déjà été sanctionné pour des violations des dispositions de la présente loi, du Règlement et des Règles pendant la période de validité de sa certification et de son inscription ; et de l'avantage obtenu par le contrevenant du fait de l'infraction, le cas échéant.

Article 59. Les sanctions peuvent être les suivantes :

I. avertissement écrit avec mise en garde et amende, dans les cas prévus par les Règles ;

II. suspension temporaire de l'inscription, pouvant aller d'un à trois mois, dans les cas prévus par les Règles ; et

III. annulation de l'inscription dans les cas suivants :

a) lorsque, à l'expiration de sa certification, il ne remplit pas les exigences prévues par la présente loi, les Règles et les autres dispositions applicables pour en obtenir le renouvellement ;

b) en cas de récidive dans l'une des situations justifiant la suspension ;

c) pour avoir conclu une convention issue du service de médiation sans en remettre un exemplaire au Centre pour archivage et sans en avoir accompli l'inscription, dans les conditions de l'article 35 de la présente loi ;

d) pour avoir conclu une convention issue du service de médiation sans identifier les médiés, ou, les ayant identifiés, avoir permis que la convention soit conclue sans leur présence, contrairement à ce que prévoient la présente loi, le Règlement et les Règles ;

e) pour avoir permis l'usurpation de sa personne dans une procédure de médiation ;

f) pour avoir présenté à l'inscription auprès du Centre une convention comportant des signatures falsifiées, en connaissance de cette situation ;

g) pour avoir refusé ou n'avoir pas permis, pour quelque cause que ce soit, la procédure de vérification et de supervision prévue par la présente loi, le Règlement et les Règles ;

h) pour avoir accompli des actes relevant de la foi publique en dehors des cas prévus à l'article 42 de la présente loi ; et

i) dans les autres cas établis par les Règles.

Article 60. Lorsque l'annulation de l'inscription résulte de l'une des causes prévues aux alinéas b), c), d), e), f), g) et h) de l'article 59 de la présente loi, il n'est plus possible d'obtenir une nouvelle certification ni une nouvelle inscription auprès du Tribunal supérieur de justice du District fédéral en tant que médiateur.

Les Règles déterminent les cas dans lesquels chacune des sanctions mentionnées s'applique, ainsi que les procédures de vérification et de supervision.

Est joint au dossier du médiateur concerné un exemplaire de la décision du Comité et, le cas échéant, du Conseil.

ARTICLES TRANSITOIRES

Premier. Que la présente loi soit publiée au Journal officiel du District fédéral et, pour une plus large diffusion, au Journal officiel de la Fédération.

Deuxième. Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel du District fédéral.

Troisième. Le Conseil de la magistrature du District fédéral doit adopter les modifications correspondantes du Règlement intérieur du Centre de justice alternative du Tribunal supérieur de justice du District fédéral, ainsi que des Règles du médiateur privé, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Quatrième. Les personnes ayant obtenu un diplôme ou une attestation de médiation privée avec un diplôme universitaire autre qu'en droit peuvent opter pour l'obtention de la certification et de l'inscription auprès du Tribunal supérieur de justice du District fédéral en tant que Médiateurs privés, à cet effet un délai maximal de quatre-vingt-dix jours leur étant accordé pour en faire la demande écrite auprès du Centre de justice alternative, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Les demandeurs doivent suivre le programme de mise à jour et satisfaire aux exigences établies par la Loi.

Cinquième. Pour une plus large diffusion, sa publication au Bulletin judiciaire du Tribunal supérieur de justice du District fédéral est ordonnée.

Sixième. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret.

(Note : les articles transitoires reproduits ci-dessus correspondent au décret de réforme intégrale de la loi ; celle-ci a fait l'objet de réformes successives — 8 février 2011, 19 juin 2013, 20 août 2015, entre autres — chacune assortie de ses propres dispositions transitoires, résumées dans la section Fonte.)