Testi in vigore: Cuba

Le porzioni seguenti, fino all'art. 8.1 incluso, sono citazione letterale verificata, ottenuta tramite vLex Cuba. Il testo dopo l'art. 8.1 non è stato reperito in forma integrale: ne riporto solo la struttura indicata dall'indice della fonte, seguita da una sintesi ricostruita e dichiaratamente non verificata testualmente.

Preámbulo (cita textual):

"JUAN ESTEBAN LAZO HERNÁNDEZ, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

HAGO SABER: Que el Consejo de Estado ha acordado lo siguiente:

POR CUANTO: La Constitución de la República de Cuba dispone en su Artículo 93, que el Estado reconoce el derecho de las personas a resolver sus controversias utilizando los medios alternativos de solución de conflictos de conformidad con la Constitución y las normas jurídicas que se establezcan a tales efectos.

POR CUANTO: En correspondencia con el orden constitucional vigente y las tendencias actuales en la aplicación de los medios de solución de conflictos, se requiere establecer el marco jurídico del procedimiento de mediación como método de solución de conflictos para restaurar las relaciones sociales que privilegie las vías pacíficas de solución de controversias, identificar la fuerza vinculante que acompaña a los acuerdos logrados y fomentar una cultura de paz.

POR TANTO: El Consejo de Estado, en el ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el inciso c) del Artículo 122 de la Constitución de la República de Cuba, resuelve dictar el siguiente:

DECRETO-LEY No. 69 SOBRE LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS"

CAPÍTULO I — DISPOSICIONES GENERALES

Sección Primera — Objetivos y alcance

"Artículo 1.1 El presente Decreto-Ley tiene como objetivo regular el procedimiento de Mediación como método voluntario, confidencial y flexible de gestión y solución de los conflictos, iniciado a petición de al menos una de las personas interesadas y aceptado voluntariamente por la o las otras personas en su caso.

1. Mediante este procedimiento uno o varios terceros, denominados mediadores, actúan como facilitadores para que las partes involucradas en un conflicto, por sí mismas, negocien de forma colaborativa a través de la autocomposición e identifiquen alternativas viables para dirimir su controversia y arriben a acuerdos de mutua satisfacción.

2. Lo dispuesto por la presente norma jurídica resulta aplicable a los procedimientos de mediación que tengan lugar en el territorio nacional, con excepción de la Mediación Comercial Internacional, el cual es regulado por la Cámara de Comercio de la República de Cuba y es un servicio brindado por la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional adscripta a dicha entidad.

Artículo 2 La Organización Nacional de Bufetes Colectivos brinda el servicio que garantiza la realización de los procedimientos de mediación, su regulación y control, así como la contratación y ejercicio práctico de todos los graduados de los cursos de habilitación de mediadores.

Las Oficinas de Mediación radican en los Bufetes Colectivos y en las otras instituciones que excepcionalmente autorice el Ministerio de Justicia."

Sección Segunda — De los principios

"Artículo 3 El procedimiento de mediación se rige por los siguientes principios:

1. Voluntariedad: entendida como expresión de la decisión de las partes para someterse al procedimiento de mediación;
2. balance de poder, equidad y trato justo: triada que significa que el mediador debe garantizar la igualdad de oportunidades de sus mediados durante el procedimiento;
3. flexibilidad: debe carecer de protocolos y formulismos que puedan entorpecer el procedimiento; sin perjuicio de que se prevean reglas para su correcto funcionamiento y la eficiencia del servicio prestado;
4. oralidad: se desarrolla con la mínima documentación que se requiera para el logro de sus objetivos;
5. confidencialidad: la información develada durante el procedimiento de mediación es intrasmisible por los participantes y por los mediadores, salvo por disposición legal en contrario;
6. celeridad: debe realizarse con la mayor rapidez, simplificando los trámites y procederes;
7. economía procesal: debe implicar el mínimo de gastos, tiempo y desgaste personal sin perjuicio de la calidad del procedimiento;
8. legalidad: solo pueden ser objeto de los procedimientos de mediación regulados en la presente norma jurídica aquellos conflictos derivados de los derechos que se encuentren, según la materia, dentro de la libre disposición de las partes y cuyo límite es el cumplimiento de la ley, el orden público, los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, la Constitución y las leyes;
9. buena fe: los mediados en el procedimiento siempre deben actuar de buena fe, manteniendo el respeto recíproco entre ellas; la buena fe es la creencia de actuar legal o moralmente;
10. consentimiento informado: se refiere a la comprensión y aceptación de los mediados de los mecanismos alternativos de solución de controversias, las características de cada uno de los procedimientos, la importancia de los principios, los compromisos inherentes a su participación y al alcance de los convenios o acuerdos a que arriben;
11. intervención mínima: el deber del o los mediadores de realizar las actividades estrictamente indispensables para que los mediados avancen en los respectivos procederes y, en su caso, logren la solución de sus controversias;
12. imparcialidad: los mediadores deben abstenerse de ofrecer preferencias durante el procedimiento de mediación y de manifestar criterios personales referentes a sus creencias, valores y principios; actúan libres de favorecer o establecer prejuicios, tratando a los mediados con absoluta objetividad, sin establecer diferencia alguna, y es su obligación revelar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a dudas razonables sobre su imparcialidad;
13. multiparcialidad o parcialidad compartida: el mediador toma en consideración tanto los intereses y necesidades de un mediado como del otro, intenta en todo momento lograr un resultado bajo la fórmula ganar-ganar;
14. independencia: los mediadores actúan bajo los principios de su labor profesional y solo se deben a ellos y a la Ley vigente;
15. honestidad: los mediadores deben actuar con pleno apego a los valores humanos y a los demás principios de la mediación establecidos en la presente norma;
16. interés superior de niños, niñas y adolescentes: como interés a ponderar en todas las etapas del procedimiento de mediación; y
17. profesionalidad: por ser los mediadores graduados de carreras universitarias y, además, por el desempeño adecuado a ello que deben mantener."

Sección Tercera — De los plazos

"Artículo 4 Los plazos establecidos en el presente Decreto-Ley se computan en días hábiles, salvo que se indique que se trata de días naturales y comienzan a contarse desde el día siguiente a aquel en que se hubiese efectuado la notificación."

CAPÍTULO II — DE LOS ASUNTOS MEDIABLES

"Artículo 5 El presente Decreto-Ley es de aplicación al procedimiento de mediación en:

1. Conflictos civiles, de familia, mercantiles, inmobiliarios, del trabajo y la seguridad social, penales y cualesquiera otros asuntos, siempre que tengan carácter disponible por tratarse de asuntos en los que las partes pueden decidir por ellas mismas interesar la mediación conforme a la legislación vigente; y
2. otros asuntos que sean susceptibles de transacción o convenio, que no vulneren el orden público, con la excepción de los relativos a la materia comercial internacional.

Artículo 6 Son asuntos no mediables:

1. Los conflictos relacionados con la violación de los derechos inherentes a la personalidad en caso de que se trate de una persona en situación de vulnerabilidad;
2. las pretensiones filiatorias, las relativas a la suspensión y privación de la responsabilidad parental, la renuncia al derecho de reclamar alimentos;
3. los demás que afecten las acciones vinculadas al estado civil de las personas y los relativos al ejercicio de la capacidad jurídica, y a la provisión de apoyos y salvaguardias;
4. la nulidad de actos jurídicos o de cualquier documento notarial;
5. las controversias derivadas de la determinación de los herederos por vía ab intestato y los conflictos suscitados por la adveración de testamento otorgado sin intervención notarial;
6. los casos en que se advierta que se propicia la discriminación y la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones y en los que existan desequilibrios entre las partes que afecten la comunicación, la voluntariedad y el cumplimiento efectivo de los posibles acuerdos, aunque las pretensiones tengan naturaleza disponible; y
7. los demás asuntos cuyas materias no sean de libre disposición para las partes o vulneren el orden público."

CAPÍTULO III — DEL MEDIADOR

Sección Primera — De los requisitos para la habilitación como mediador (cita textual, parcial)

"Artículo 7 Para ser habilitado como mediador en la solución de conflictos se exige el cumplimiento de los requisitos siguientes:

1. Ser graduado de la licenciatura en Derecho, Psicología o Sociología;
2. no encontrarse sujeto a alguna circunstancia o causal que lo inhabilite para ejercer sus derechos ciudadanos;
3. no estar sancionado por hecho que lo hagan desmerecer de un buen concepto público; y
4. aprobar un curso de habilitación en mediación autorizado por el Ministerio de Justicia e impartido por un centro formador.

Artículo 8.1 Para ejercer como mediador se requiere la inscripción en el Registro Nacional de Mediadores del Ministerio de Justicia.

1. Los graduados de las carreras de Psicología y Sociología solo pueden actuar como co-mediadores de conjunto con licenciados en Derecho."

(Il testo verificato si interrompe qui. Segue solo l'indice, non il contenuto, delle parti restanti — dalla fonte consultata):

• Capítulo III (continuazione): Sección Segunda (artt. 9-10), Sección Tercera (art. 11.1), Sección Cuarta (art. 12.1), Sección Quinta (art. 13.1), Sección Sexta (art. 14.1), Sección Séptima (art. 15.1), Sección Octava (art. 16.1), Sección Novena (art. 17.1) — dedicate presumibilmente, in base ai soli titoli di sezione, a diritti/doveri del mediatore, cause di ricusazione o astensione, responsabilità e altri aspetti dello statuto del mediatore.
• Capítulo IV: Sección Primera (artt. 18-19), Sección Segunda (art. 20), Sección Tercera (art. 21).
• Capítulo V (artt. 22-23.1).
• Capítulo VI: Sección Primera (artt. 24-25.1), Sección Segunda (art. 26.1), Sección Tercera (art. 27.1), Sección Cuarta (artt. 28-35), Sección Quinta (artt. 36.1-39).
• Capítulo VII, Sección Única (artt. 40.1-43).
• Disposición Final.

Sintesi ricostruita, NON verificata testualmente, dei capitoli IV-VII, basata unicamente su fonti secondarie descrittive (sintesi redazionale di vLex e un articolo accademico che cita il decreto senza riportarne il testo): questi capitoli disciplinerebbero, complessivamente, l'avvio e lo svolgimento del procedimiento di mediazione (richiesta, sessioni, ruolo delle Oficinas de Mediación presso i Bufetes Colectivos), l'esito dell'accordo raggiunto tra le parti — indicato in dottrina come "Acuerdo Resultante" (talora reso con l'acronimo "ARCA", Acuerdo Resultante de Convenio Amigable) — e presumibilmente il suo valore vincolante/esecutivo, oltre alle cause di conclusione del procedimento e alle disposizioni finali (tra cui, verosimilmente, la data di entrata in vigore). Non essendo stato possibile reperire il testo letterale di queste parti, non riporto numeri di articolo specifici né formulazioni testuali per questo segmento, per non rischiare di attribuire al decreto-legge un contenuto non verificato.

Traduzione non ufficiale.

Preambolo:

"JUAN ESTEBAN LAZO HERNÁNDEZ, Presidente dell'Assemblea Nazionale del Potere Popolare.

RENDO NOTO: Che il Consiglio di Stato ha deliberato quanto segue:

CONSIDERATO CHE: La Costituzione della Repubblica di Cuba dispone, al suo articolo 93, che lo Stato riconosce il diritto delle persone a risolvere le proprie controversie ricorrendo ai mezzi alternativi di soluzione dei conflitti, in conformità con la Costituzione e con le norme giuridiche che a tal fine si stabiliscano.

CONSIDERATO CHE: In coerenza con l'ordine costituzionale vigente e con le tendenze attuali nell'applicazione dei mezzi di soluzione dei conflitti, occorre stabilire il quadro giuridico del procedimento di mediazione come metodo di soluzione dei conflitti volto a ristabilire le relazioni sociali, che privilegi le vie pacifiche di soluzione delle controversie, identifichi la forza vincolante che accompagna gli accordi raggiunti e promuova una cultura di pace.

PERTANTO: Il Consiglio di Stato, nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli dall'inciso c) dell'articolo 122 della Costituzione della Repubblica di Cuba, delibera di emanare il seguente:

DECRETO-LEGGE N. 69 SULLA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI"

CAPITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione Prima — Obiettivi e ambito di applicazione

"Articolo 1.1 Il presente Decreto-Legge ha l'obiettivo di disciplinare il procedimento di Mediazione quale metodo volontario, riservato e flessibile di gestione e soluzione dei conflitti, avviato su richiesta di almeno una delle persone interessate e accettato volontariamente dall'altra o dalle altre persone, ove ricorra il caso.

1. Mediante questo procedimento uno o più terzi, denominati mediatori, agiscono come facilitatori affinché le parti coinvolte in un conflitto negozino esse stesse, in modo collaborativo, tramite l'autocomposizione, individuino alternative praticabili per dirimere la propria controversia e giungano ad accordi di reciproca soddisfazione.

2. Le disposizioni della presente norma giuridica si applicano ai procedimenti di mediazione che si svolgono nel territorio nazionale, ad eccezione della Mediazione Commerciale Internazionale, disciplinata dalla Camera di Commercio della Repubblica di Cuba e fornita come servizio dalla Corte Cubana di Arbitrato Commerciale Internazionale ad essa annessa.

Articolo 2 L'Organizzazione Nazionale degli Studi Legali Collettivi (Organización Nacional de Bufetes Colectivos) fornisce il servizio che garantisce lo svolgimento dei procedimenti di mediazione, la loro regolazione e controllo, nonché il conferimento dell'incarico e l'esercizio pratico di tutti i diplomati dei corsi di abilitazione dei mediatori.

Gli Uffici di Mediazione hanno sede presso gli Studi Legali Collettivi e presso le altre istituzioni eccezionalmente autorizzate dal Ministero della Giustizia."

Sezione Seconda — Dei principi

"Articolo 3 Il procedimento di mediazione è retto dai seguenti principi:

1. Volontarietà: intesa come espressione della decisione delle parti di sottoporsi al procedimento di mediazione;
2. equilibrio di potere, equità e trattamento giusto: triade che significa che il mediatore deve garantire la parità di opportunità delle parti mediate durante il procedimento;
3. flessibilità: deve essere priva di protocolli e formalismi che possano ostacolare il procedimento, fermo restando che possano prevedersi regole per il suo corretto funzionamento e l'efficienza del servizio prestato;
4. oralità: si svolge con la minima documentazione richiesta per il conseguimento dei suoi obiettivi;
5. riservatezza: l'informazione rivelata durante il procedimento di mediazione non è trasmissibile dai partecipanti né dai mediatori, salvo diversa disposizione di legge;
6. celerità: deve svolgersi con la massima rapidità, semplificando gli adempimenti e le procedure;
7. economia processuale: deve comportare il minimo di spese, tempo e dispendio personale, senza pregiudizio per la qualità del procedimento;
8. legalità: possono essere oggetto dei procedimenti di mediazione disciplinati dalla presente norma giuridica solo i conflitti derivanti da diritti che, secondo la materia, rientrino nella libera disponibilità delle parti, il cui limite è il rispetto della legge, dell'ordine pubblico, dei diritti altrui, della sicurezza collettiva, del benessere generale, della Costituzione e delle leggi;
9. buona fede: le parti mediate nel procedimento devono sempre agire in buona fede, mantenendo il rispetto reciproco tra loro; la buona fede è la convinzione di agire in modo lecito o moralmente corretto;
10. consenso informato: si riferisce alla comprensione e all'accettazione, da parte delle persone mediate, dei meccanismi alternativi di soluzione delle controversie, delle caratteristiche di ciascun procedimento, dell'importanza dei principi, degli impegni inerenti alla loro partecipazione e della portata degli accordi cui giungono;
11. intervento minimo: il dovere del mediatore o dei mediatori di svolgere le attività strettamente indispensabili affinché le parti mediate procedano nei rispettivi percorsi e, ove possibile, raggiungano la soluzione delle loro controversie;
12. imparzialità: i mediatori devono astenersi dal manifestare preferenze durante il procedimento di mediazione e dall'esprimere opinioni personali relative alle proprie credenze, valori e principi; agiscono liberi da favoritismi o pregiudizi, trattando le parti mediate con assoluta oggettività, senza operare alcuna differenza, ed hanno l'obbligo di rivelare ogni circostanza che possa dare adito a dubbi ragionevoli sulla loro imparzialità;
13. multiparzialità o parzialità condivisa: il mediatore tiene in considerazione tanto gli interessi e le esigenze di una parte mediata quanto quelli dell'altra, cercando in ogni momento di conseguire un risultato secondo la formula vinci-vinci;
14. indipendenza: i mediatori agiscono secondo i principi della loro attività professionale e rispondono soltanto ad essi e alla legge vigente;
15. onestà: i mediatori devono agire nel pieno rispetto dei valori umani e degli altri principi della mediazione stabiliti dalla presente norma;
16. interesse superiore dei bambini, delle bambine e degli adolescenti: quale interesse da ponderare in tutte le fasi del procedimento di mediazione; e
17. professionalità: in quanto i mediatori sono diplomati di corsi di laurea universitari e, inoltre, per lo svolgimento adeguato che a ciò devono mantenere."

Sezione Terza — Dei termini

"Articolo 4 I termini stabiliti nel presente Decreto-Legge si computano in giorni lavorativi, salvo che sia indicato trattarsi di giorni naturali, e cominciano a decorrere dal giorno successivo a quello in cui sia stata effettuata la notifica."

CAPITOLO II — DELLE MATERIE MEDIABILI

"Articolo 5 Il presente Decreto-Legge si applica al procedimento di mediazione in:

1. Conflitti civili, di famiglia, commerciali, immobiliari, del lavoro e della sicurezza sociale, penali e in qualsiasi altra materia, purché abbiano carattere disponibile, trattandosi di questioni in cui le parti possono decidere autonomamente di richiedere la mediazione conformemente alla legislazione vigente; e
2. altre materie suscettibili di transazione o accordo, che non ledano l'ordine pubblico, ad eccezione di quelle relative alla materia commerciale internazionale.

Articolo 6 Sono materie non mediabili:

1. I conflitti relativi alla violazione dei diritti inerenti alla personalità, qualora si tratti di persona in condizione di vulnerabilità;
2. le pretese relative alla filiazione, quelle relative alla sospensione e privazione della responsabilità genitoriale, la rinuncia al diritto di richiedere gli alimenti;
3. le altre questioni che riguardino le azioni relative allo stato civile delle persone e quelle relative all'esercizio della capacità giuridica e alla fornitura di sostegni e salvaguardie;
4. la nullità di atti giuridici o di qualsiasi documento notarile;
5. le controversie derivanti dalla determinazione degli eredi per via di successione legittima (ab intestato) e i conflitti sorti dalla convalida di testamento redatto senza intervento notarile;
6. i casi in cui si rilevi che si favorisce la discriminazione e la violenza, in qualsiasi loro manifestazione, e in cui esistano squilibri tra le parti che pregiudichino la comunicazione, la volontarietà e l'effettivo adempimento dei possibili accordi, anche qualora le pretese abbiano natura disponibile; e
7. le altre materie il cui oggetto non sia di libera disponibilità per le parti o che ledano l'ordine pubblico."

CAPITOLO III — DEL MEDIATORE

Sezione Prima — Dei requisiti per l'abilitazione a mediatore (traduzione della citazione testuale parziale)

"Articolo 7 Per essere abilitati come mediatori nella soluzione dei conflitti si richiede il rispetto dei seguenti requisiti:

1. Essere laureati in Giurisprudenza, Psicologia o Sociologia;
2. non trovarsi in alcuna circostanza o causa che inabiliti all'esercizio dei propri diritti civici;
3. non essere stati sanzionati per fatti che facciano venir meno una buona reputazione pubblica; e
4. superare un corso di abilitazione in mediazione autorizzato dal Ministero della Giustizia e impartito da un centro formatore.

Articolo 8.1 Per esercitare come mediatore è richiesta l'iscrizione nel Registro Nazionale dei Mediatori del Ministero della Giustizia.

1. I laureati in Psicologia e Sociologia possono agire solo come co-mediatori, congiuntamente a laureati in Giurisprudenza."

(La traduzione si interrompe qui in corrispondenza dell'interruzione del testo verificato in spagnolo. Per i capitoli III [sezioni successive]-VII e la Disposizione Finale è disponibile solo l'indice delle sezioni, non il contenuto: si veda l'elenco riportato nella sezione "Testo originale". La sintesi ricostruita e non verificata sui contenuti presumibili di tali capitoli — procedimento di mediazione, "Acuerdo Resultante"/ARCA, cause di conclusione, entrata in vigore — è anch'essa riportata solo nella sezione in spagnolo, per evitare di presentare come "traduzione" un contenuto che non è una citazione testuale.)

Unofficial translation.

Preamble:

"JUAN ESTEBAN LAZO HERNÁNDEZ, President of the National Assembly of People's Power.

I HEREBY MAKE KNOWN: That the Council of State has agreed as follows:

WHEREAS: The Constitution of the Republic of Cuba provides, in its Article 93, that the State recognizes the right of persons to resolve their disputes using alternative means of conflict resolution, in accordance with the Constitution and the legal norms established for that purpose.

WHEREAS: In keeping with the current constitutional order and current trends in the application of means of conflict resolution, it is necessary to establish the legal framework for the mediation procedure as a method of conflict resolution aimed at restoring social relations, one that favors peaceful means of dispute resolution, identifies the binding force attached to the agreements reached, and fosters a culture of peace.

THEREFORE: The Council of State, in the exercise of the powers conferred upon it by subparagraph c) of Article 122 of the Constitution of the Republic of Cuba, resolves to enact the following:

DECREE-LAW No. 69 ON THE MEDIATION OF CONFLICTS"

CHAPTER I — GENERAL PROVISIONS

First Section — Objectives and scope

"Article 1.1 The purpose of this Decree-Law is to regulate the Mediation procedure as a voluntary, confidential and flexible method for managing and resolving conflicts, initiated at the request of at least one of the interested persons and voluntarily accepted by the other person or persons, as applicable.

1. Through this procedure, one or more third parties, called mediators, act as facilitators so that the parties involved in a conflict may themselves negotiate collaboratively, through self-determined settlement, identify viable alternatives to resolve their dispute, and reach agreements of mutual satisfaction.

2. The provisions of this legal norm apply to mediation procedures taking place within the national territory, with the exception of International Commercial Mediation, which is regulated by the Chamber of Commerce of the Republic of Cuba and is a service provided by the Cuban Court of International Commercial Arbitration attached to that entity.

Article 2 The National Organization of Collective Law Firms (Organización Nacional de Bufetes Colectivos) provides the service that ensures the conduct of mediation procedures, their regulation and oversight, as well as the engagement and practical exercise of all graduates of the mediator training courses.

Mediation Offices are located within the Collective Law Firms and within any other institutions exceptionally authorized by the Ministry of Justice."

Second Section — Principles

"Article 3 The mediation procedure is governed by the following principles:

1. Voluntariness: understood as the expression of the parties' decision to submit to the mediation procedure;
2. balance of power, equity and fair treatment: a triad meaning that the mediator must guarantee equal opportunities for the mediated parties throughout the procedure;
3. flexibility: it must be free of protocols and formalities that could hinder the procedure, without prejudice to rules being provided for its proper functioning and the efficiency of the service rendered;
4. orality: it is conducted with the minimum documentation required to achieve its objectives;
5. confidentiality: information disclosed during the mediation procedure may not be transmitted by the participants or by the mediators, except where otherwise provided by law;
6. speed: it must be carried out as swiftly as possible, simplifying formalities and procedures;
7. procedural economy: it must involve the minimum expenditure of costs, time and personal effort, without prejudice to the quality of the procedure;
8. legality: only conflicts arising from rights that, depending on the subject matter, fall within the free disposal of the parties may be subject to the mediation procedures regulated by this legal norm, the limit of which is compliance with the law, public order, the rights of others, collective security, the general welfare, the Constitution and the laws;
9. good faith: the mediated parties in the procedure must always act in good faith, maintaining mutual respect between them; good faith is the belief that one is acting lawfully or morally;
10. informed consent: refers to the mediated parties' understanding and acceptance of the alternative dispute resolution mechanisms, the characteristics of each procedure, the importance of the principles, the commitments inherent to their participation, and the scope of the agreements they reach;
11. minimal intervention: the duty of the mediator(s) to carry out only those activities strictly necessary for the mediated parties to move forward in their respective proceedings and, where applicable, achieve the resolution of their disputes;
12. impartiality: mediators must refrain from showing preferences during the mediation procedure and from expressing personal views regarding their beliefs, values and principles; they act free from favoritism or prejudice, treating the mediated parties with absolute objectivity and without making any distinction, and are obliged to disclose any circumstance that could give rise to reasonable doubts about their impartiality;
13. multi-partiality or shared partiality: the mediator takes into account both the interests and needs of one mediated party and those of the other, at all times seeking to achieve a win-win outcome;
14. independence: mediators act according to the principles of their professional work and are answerable only to those principles and to the law in force;
15. honesty: mediators must act in full accordance with human values and the other principles of mediation established in this norm;
16. best interests of children and adolescents: to be weighed at every stage of the mediation procedure; and
17. professionalism: since mediators are graduates of university degree programs and, moreover, are required to maintain conduct appropriate to that status."

Third Section — Time limits

"Article 4 The time limits established in this Decree-Law are computed in working days, unless it is indicated that calendar days are meant, and begin to run from the day following the one on which notification was given."

CHAPTER II — MATTERS SUBJECT TO MEDIATION

"Article 5 This Decree-Law applies to the mediation procedure in:

1. Civil, family, commercial, real-estate, labor and social-security, criminal, and any other conflicts, provided they are of a disposable nature, being matters in which the parties may themselves decide to request mediation in accordance with the legislation in force; and
2. other matters susceptible of settlement or agreement, which do not infringe public order, with the exception of matters relating to international commercial affairs.

Article 6 The following are matters not subject to mediation:

1. Conflicts relating to the violation of rights inherent to personality where a person in a situation of vulnerability is involved;
2. claims relating to filiation, those relating to the suspension and deprivation of parental responsibility, and the waiver of the right to claim maintenance/support;
3. any others affecting actions linked to a person's civil status and those relating to the exercise of legal capacity and the provision of support and safeguards;
4. the nullity of legal acts or of any notarial document;
5. disputes arising from the determination of heirs by intestate succession and conflicts arising from the probate of a will executed without notarial intervention;
6. cases in which it is found that discrimination and violence, in any of their manifestations, are being fostered, and in which there are imbalances between the parties affecting communication, voluntariness and the effective performance of any agreements reached, even where the claims are of a disposable nature; and
7. any other matters whose subject matter is not freely disposable by the parties or which infringe public order."

CHAPTER III — THE MEDIATOR

First Section — Requirements for qualification as a mediator (translation of the partial literal quotation)

"Article 7 To be qualified as a mediator for the resolution of conflicts, the following requirements must be met:

1. Holding a university degree in Law, Psychology or Sociology;
2. not being subject to any circumstance or ground that would disqualify the person from exercising their civic rights;
3. not having been sanctioned for conduct that would diminish their good public standing; and
4. passing a mediation qualification course authorized by the Ministry of Justice and delivered by a training center.

Article 8.1 In order to practice as a mediator, registration in the National Register of Mediators of the Ministry of Justice is required.

1. Graduates in Psychology and Sociology may act only as co-mediators together with graduates in Law."

(The translation stops here, at the point where the verified Spanish text stops. For Chapter III [later sections] through Chapter VII and the Final Provision, only the section index is available, not the content — see the list in the "Testo originale" section. The unverified reconstructed summary regarding the presumed content of those chapters — the mediation procedure, the "Acuerdo Resultante"/ARCA, grounds for termination, entry into force — is likewise given only in the Spanish section, so as not to present unverified content as a "translation".)

Traduction non officielle.

Préambule :

« JUAN ESTEBAN LAZO HERNÁNDEZ, Président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire.

JE FAIS SAVOIR : Que le Conseil d'État a décidé ce qui suit :

CONSIDÉRANT QUE : La Constitution de la République de Cuba dispose, en son article 93, que l'État reconnaît le droit des personnes à résoudre leurs différends en recourant aux moyens alternatifs de règlement des conflits, conformément à la Constitution et aux normes juridiques établies à cet effet.

CONSIDÉRANT QUE : Conformément à l'ordre constitutionnel en vigueur et aux tendances actuelles dans l'application des moyens de règlement des conflits, il est nécessaire d'établir le cadre juridique de la procédure de médiation en tant que méthode de règlement des conflits visant à restaurer les relations sociales, privilégiant les voies pacifiques de règlement des différends, identifiant la force contraignante attachée aux accords conclus et favorisant une culture de paix.

PAR CONSÉQUENT : Le Conseil d'État, dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'alinéa c) de l'article 122 de la Constitution de la République de Cuba, décide d'édicter le texte suivant :

DÉCRET-LOI N° 69 SUR LA MÉDIATION DES CONFLITS »

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section première — Objectifs et champ d'application

« Article 1.1 Le présent décret-loi a pour objet de régir la procédure de Médiation en tant que méthode volontaire, confidentielle et flexible de gestion et de règlement des conflits, engagée à la demande d'au moins une des personnes intéressées et acceptée volontairement par l'autre ou les autres personnes, le cas échéant.

1. Par cette procédure, un ou plusieurs tiers, dénommés médiateurs, agissent comme facilitateurs afin que les parties impliquées dans un conflit négocient elles-mêmes, de manière collaborative, par voie d'autocomposition, identifient des solutions viables pour résoudre leur différend et parviennent à des accords mutuellement satisfaisants.

2. Les dispositions de la présente norme juridique s'appliquent aux procédures de médiation ayant lieu sur le territoire national, à l'exception de la Médiation commerciale internationale, laquelle est régie par la Chambre de commerce de la République de Cuba et constitue un service fourni par la Cour cubaine d'arbitrage commercial international qui lui est rattachée.

Article 2 L'Organisation nationale des cabinets juridiques collectifs (Organización Nacional de Bufetes Colectivos) assure le service garantissant la réalisation des procédures de médiation, leur réglementation et leur contrôle, ainsi que le recrutement et l'exercice pratique de tous les diplômés des cours d'habilitation des médiateurs.

Les bureaux de médiation sont établis au sein des cabinets juridiques collectifs et des autres institutions exceptionnellement autorisées par le ministère de la Justice. »

Section deuxième — Des principes

« Article 3 La procédure de médiation est régie par les principes suivants :

1. Volontariat : entendu comme l'expression de la décision des parties de se soumettre à la procédure de médiation ;
2. équilibre des pouvoirs, équité et traitement juste : triade signifiant que le médiateur doit garantir l'égalité des chances des personnes médiées pendant la procédure ;
3. flexibilité : elle doit être exempte de protocoles et de formalismes susceptibles d'entraver la procédure, sans préjudice de la prévision de règles pour son bon fonctionnement et l'efficacité du service rendu ;
4. oralité : elle se déroule avec le minimum de documentation requis pour atteindre ses objectifs ;
5. confidentialité : les informations révélées pendant la procédure de médiation ne peuvent être divulguées par les participants ni par les médiateurs, sauf disposition légale contraire ;
6. célérité : elle doit se dérouler avec la plus grande rapidité, en simplifiant les démarches et les procédures ;
7. économie procédurale : elle doit impliquer un minimum de frais, de temps et d'efforts personnels, sans préjudice de la qualité de la procédure ;
8. légalité : seuls peuvent faire l'objet des procédures de médiation régies par la présente norme juridique les conflits découlant de droits qui, selon la matière, relèvent de la libre disposition des parties, dont la limite est le respect de la loi, de l'ordre public, des droits d'autrui, de la sécurité collective, du bien-être général, de la Constitution et des lois ;
9. bonne foi : les personnes médiées doivent toujours agir de bonne foi pendant la procédure, en maintenant un respect réciproque entre elles ; la bonne foi est la conviction d'agir légalement ou moralement ;
10. consentement éclairé : il s'agit de la compréhension et de l'acceptation, par les personnes médiées, des mécanismes alternatifs de règlement des différends, des caractéristiques de chaque procédure, de l'importance des principes, des engagements inhérents à leur participation et de la portée des accords ou conventions auxquels elles parviennent ;
11. intervention minimale : le devoir du ou des médiateurs de n'accomplir que les actes strictement indispensables pour permettre aux personnes médiées de progresser dans leurs démarches respectives et, le cas échéant, de parvenir au règlement de leur différend ;
12. impartialité : les médiateurs doivent s'abstenir de manifester des préférences pendant la procédure de médiation et d'exprimer des opinions personnelles relatives à leurs croyances, valeurs et principes ; ils agissent sans favoriser ni établir de préjugés, traitant les personnes médiées avec une objectivité absolue, sans établir aucune différence, et ont l'obligation de révéler toute circonstance susceptible de faire naître des doutes raisonnables quant à leur impartialité ;
13. multipartialité ou impartialité partagée : le médiateur tient compte à la fois des intérêts et des besoins d'une personne médiée et de l'autre, en cherchant à tout moment à parvenir à un résultat selon la formule gagnant-gagnant ;
14. indépendance : les médiateurs agissent selon les principes de leur activité professionnelle et ne répondent qu'à ceux-ci et à la loi en vigueur ;
15. honnêteté : les médiateurs doivent agir dans le plein respect des valeurs humaines et des autres principes de la médiation établis par la présente norme ;
16. intérêt supérieur des enfants et des adolescents : en tant qu'intérêt à prendre en compte à toutes les étapes de la procédure de médiation ; et
17. professionnalisme : les médiateurs étant diplômés de filières universitaires et devant, en outre, faire preuve d'une conduite adéquate à ce titre. »

Section troisième — Des délais

« Article 4 Les délais établis dans le présent décret-loi se calculent en jours ouvrables, sauf indication contraire précisant qu'il s'agit de jours naturels, et commencent à courir à compter du jour suivant celui où la notification a été effectuée. »

CHAPITRE II — DES AFFAIRES POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MÉDIATION

« Article 5 Le présent décret-loi s'applique à la procédure de médiation dans :

1. Les conflits civils, familiaux, commerciaux, immobiliers, du travail et de la sécurité sociale, pénaux, ainsi que toute autre matière, pour autant qu'ils revêtent un caractère disponible, s'agissant d'affaires dans lesquelles les parties peuvent décider elles-mêmes de recourir à la médiation conformément à la législation en vigueur ; et
2. les autres matières susceptibles de transaction ou d'accord, qui ne portent pas atteinte à l'ordre public, à l'exception de celles relatives à la matière commerciale internationale.

Article 6 Sont exclues de la médiation :

1. Les affaires relatives à la violation des droits inhérents à la personnalité, lorsqu'il s'agit d'une personne en situation de vulnérabilité ;
2. les prétentions relatives à la filiation, celles relatives à la suspension et à la déchéance de l'autorité parentale, la renonciation au droit de réclamer une pension alimentaire ;
3. les autres affaires touchant aux actions liées à l'état civil des personnes et à l'exercice de la capacité juridique, ainsi qu'à la fourniture de mesures d'accompagnement et de sauvegarde ;
4. la nullité d'actes juridiques ou de tout document notarié ;
5. les différends découlant de la détermination des héritiers par voie de succession ab intestat et les conflits nés de l'homologation d'un testament établi sans intervention notariale ;
6. les cas dans lesquels il apparaît que la discrimination et la violence, sous quelque forme que ce soit, sont favorisées, et dans lesquels existent des déséquilibres entre les parties affectant la communication, le caractère volontaire et l'exécution effective des accords éventuels, même lorsque les prétentions sont de nature disponible ; et
7. les autres affaires dont l'objet n'est pas de libre disposition pour les parties ou qui portent atteinte à l'ordre public. »

CHAPITRE III — DU MÉDIATEUR

Section première — Des conditions d'habilitation en tant que médiateur (traduction de la citation littérale partielle)

« Article 7 Pour être habilité en tant que médiateur dans le règlement des conflits, il est exigé de remplir les conditions suivantes :

1. Être titulaire d'une licence en Droit, en Psychologie ou en Sociologie ;
2. ne pas être frappé d'une circonstance ou d'une cause l'empêchant d'exercer ses droits civiques ;
3. ne pas avoir été sanctionné pour un fait de nature à porter atteinte à sa bonne réputation publique ; et
4. réussir un cours d'habilitation en médiation autorisé par le ministère de la Justice et dispensé par un centre de formation.

Article 8.1 Pour exercer en tant que médiateur, l'inscription au Registre national des médiateurs du ministère de la Justice est requise.

1. Les diplômés des filières de Psychologie et de Sociologie ne peuvent agir qu'en tant que co-médiateurs, conjointement avec des titulaires d'une licence en Droit. »

(La traduction s'arrête ici, au point où s'arrête le texte espagnol vérifié. Pour le chapitre III [sections suivantes] jusqu'au chapitre VII et la disposition finale, seul l'index des sections est disponible, non le contenu — voir la liste figurant dans la section « Testo originale ». Le résumé reconstruit et non vérifié concernant le contenu présumé de ces chapitres — procédure de médiation, « Acuerdo Resultante »/ARCA, causes d'extinction, entrée en vigueur — figure lui aussi uniquement dans la section en espagnol, afin de ne pas présenter comme une « traduction » un contenu qui n'est pas une citation littérale.)