Testi in vigore: Costa Rica

Capítulo I. Disposiciones generales

ARTÍCULO 1.

"Toda persona tiene derecho a una adecuada educación sobre la paz, en las escuelas y los colegios, los cuales tienen el deber de hacerles comprender a sus alumnos la naturaleza y las exigencias de la construcción permanente de la paz."

ARTÍCULO 2.

"Toda persona tiene el derecho de recurrir al diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y otras técnicas similares, para solucionar sus diferencias patrimoniales de naturaleza disponible."

ARTÍCULO 3.

"El acuerdo que solucione un conflicto entre particulares puede tener lugar en cualquier momento, aun cuando haya proceso judicial pendiente. Incluso en el caso de que se haya dictado sentencia en el proceso y esta se encuentre firme, los particulares pueden arreglar sus intereses en conflicto por medio de convenios celebrados libremente."

Capítulo II. De la conciliación y mediación

ARTÍCULO 4.

"Los principios y las reglas establecidas para la conciliación judicial o extrajudicial se aplicarán, igualmente, a la mediación judicial o extrajudicial."

ARTÍCULO 5.

"La mediación y la conciliación extrajudiciales podrán ser practicadas libremente por los particulares, con las limitaciones que establece esta ley. Las partes tienen el derecho de elegir con libertad y de mutuo acuerdo a las personas que fungirán como mediadores o conciliadores."

ARTÍCULO 6.

"En cualquier etapa de un proceso judicial, el tribunal puede proponer una audiencia de conciliación. El conciliador podrá ser el mismo juez de la causa o un juez conciliador. La Corte Suprema de Justicia designará a los jueces conciliadores, que requiera el servicio y les determinará las facultades y responsabilidades."

ARTÍCULO 7.

"Para que se efectúe la audiencia de conciliación judicial, será necesario que estén presentes el conciliador, las partes o sus apoderados, y sus abogados si las partes solicitan, expresamente, su asistencia. Si se produce un acuerdo entre las partes, total o parcial, el juez conciliador deberá homologarlo dentro de los tres días siguientes a la última audiencia de conciliación."

ARTÍCULO 8.

"Si la conciliación fuere parcial, se dictará, sin más trámite, una resolución para poner fin al proceso, sobre los extremos en los que haya habido acuerdo y, en cuanto a estos, será ejecutable en forma inmediata. El proceso seguirá su curso normal en relación con los extremos en los que no haya habido acuerdo."

ARTÍCULO 9.

"Los acuerdos de conciliación judiciales una vez homologados por el juez, y los extrajudiciales, tendrán autoridad y eficacia de cosa juzgada material y serán ejecutorios en forma inmediata."

ARTÍCULO 10.

"El juez o conciliador judicial no será recusable por las opiniones o propuestas que emita en la audiencia de conciliación, ni podrá atribuírsele responsabilidad civil o penal por ese solo hecho."

ARTÍCULO 11.

"El abogado que asesore, a una o más partes en un conflicto, tendrá el deber de informar a sus clientes sobre la posibilidad de recurrir a mecanismos alternos para solucionar disputas, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, cuando estos puedan resultar beneficiosos para su cliente."

ARTÍCULO 12.

"Los acuerdos adoptados con motivo de un proceso de mediación o conciliación, judicial o extrajudicial, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Indicación de los nombres de las partes y sus calidades.

b) Mención clara del objeto del conflicto y de sus alcances.

c) Indicación del nombre de los mediadores, los conciliadores y, si se aplica, el nombre de la institución para la cual trabajan.

d) Relación puntual de los acuerdos adoptados.

e) Si hubiere proceso judicial o administrativo iniciado o pendiente, indicar, expresamente, la institución que lo conoce, el número de expediente y su estado actual y la mención de la voluntad de las partes de concluir, parcial o totalmente, ese proceso.

f) El conciliador o mediador deberá hacer constar en el documento que ha informado a las partes de los derechos que se encuentran en juego y les ha advertido que el acuerdo puede no satisfacer todos sus intereses. También deberá hacer constar que ha advertido a las partes sobre el derecho que las asiste de consultar, el contenido del acuerdo, con un abogado antes de firmarlo.

g) Las firmas de todas las partes involucradas, así como la del mediador o conciliador.

h) Indicación de la dirección exacta donde las partes recibirán notificaciones.

i) Haber cancelado el monto correspondiente por costas y/o honorarios por los servicios prestados por la Defensa Pública, de conformidad con los artículos 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 7333, de 5 de mayo de 1993, y sus reformas."

(la lettera i) risulta aggiunta dalla Ley N° 10257 del 6 maggio 2022, secondo la fonte secondaria consultata — v. avvertenze in "Fonte").

ARTÍCULO 13.

"Son deberes del mediador o conciliador:

a) Mantener la imparcialidad hacia todas las partes involucradas.

b) Excusarse de intervenir, en los casos que le representen conflicto de intereses.

c) Informar a las partes sobre el procedimiento de mediación o conciliación, así como de las implicaciones legales de los acuerdos conciliatorios.

d) Mantener la confidencialidad sobre lo actuado por las partes en el procedimiento de mediación o conciliación y sobre los actos preparatorios del acuerdo conciliatorio.

e) En los supuestos del artículo 369 del Código Procesal Civil."

(la lettera e) è riportata così come recuperata dalla fonte secondaria; la formulazione appare sintatticamente incompleta e potrebbe non essere il testo letterale integrale — v. avvertenza di affidabilità MEDIA in "Fonte").

ARTÍCULO 14.

"Es absolutamente confidencial el contenido de las actividades preparatorias, conversaciones y convenios parciales del acuerdo conciliatorio. El mediador o conciliador no podrá revelar el contenido de las discusiones ni los acuerdos parciales de las partes, en este sentido se entiende que al mediador o conciliador le asiste el secreto profesional.

Las partes no pueden relevar al mediador o conciliador de ese deber, ni tendrá valor probatorio el testimonio o la confesión de las partes ni de los mediadores sobre lo ocurrido o expresado en la audiencia o las audiencias de mediación o conciliación, salvo si se trata de procesos penales o civiles en los que se discuta la posible responsabilidad del mediador o conciliador, o se trata de aclarar o interpretar los alcances del acuerdo conciliatorio que se haya logrado concluir, con motivo de esas audiencias.

Si se llegare a un acuerdo conciliatorio y se discutiere judicialmente su eficacia o validez, el mediador o conciliador será considerado testigo privilegiado del contenido del acuerdo y del proceso con que se llegó a él."

ARTÍCULO 15.

"Documentos públicos. Los documentos en los que consten los acuerdos logrados en procesos de mediación o conciliación se considerarán públicos, en los siguientes casos:

a) Si el acuerdo fuere producto de una conciliación judicial.

b) Si lo autorizare un mediador o conciliador de una oficina pública del Estado, como parte de las funciones que se le han asignado dentro de esa oficina o dependencia estatal.

c) Si lo autorizare un mediador o conciliador profesional, que sea notario público o esté asistido por un notario público en forma permanente, de lo cual quedará constancia en el documento y en el protocolo del profesional indicado."

ARTÍCULO 16.

"Salvo pacto en contrario de las partes, el mediador o conciliador extrajudicial, queda inhabilitado para participar como tercero neutral en cualquier proceso, posterior, judicial o arbitral."

ARTÍCULO 17.

"Quienes ejerciten la mediación o conciliación, profesionalmente o no, serán responsables de los daños y perjuicios que sufran las partes del acuerdo conciliatorio, cuando se hayan violado gravemente los principios éticos que rigen la materia o se haya incurrido en conducta dolosa."

[Capítulo III. Del arbitraje — artt. 18-70 ca. — OMESSO]

Non riportato in questa scheda poiché non attiene alla mediazione/conciliazione. Si segnala che, secondo le fonti consultate, la disciplina dell'arbitrato nazionale è stata scorporata dalla Ley 7727 nel 2024 (Ley N° 10535), che ha unificato l'arbitrato nazionale e internazionale sotto la Ley N° 8937, senza tuttavia incidere sul Capítulo II qui riportato.

Capítulo IV. De la administración institucional de los mecanismos alternos (estratto: artt. 71-73)

ARTÍCULO 71.

"Podrán constituirse y organizarse entidades dedicadas a la administración institucional de procesos de mediación, conciliación o arbitraje, a título oneroso o gratuito."

(segue l'art. 71 bis, aggiunto nel 2024, relativo ai requisiti degli arbitri — non riportato/tradotto poiché non riguarda i mediatori/conciliatori).

ARTÍCULO 72.

"Para poder dedicarse a la administración institucional de los mecanismos alternos de solución de conflictos, las entidades deberán contar con una autorización previa del Ministerio de Justicia, salvo si estuvieren autorizadas por una ley especial. [Il testo dell'articolo prosegue — secondo una sintesi secondaria non riscontrata parola per parola — disciplinando i criteri di verifica da parte del Ministero (adeguatezza dei regolamenti, delle risorse umane e delle infrastrutture) e la possibilità di revoca motivata dell'autorizzazione previo procedimento; questa parte NON è riportata come citazione letterale per le ragioni indicate in "Fonte".]"

ARTÍCULO 73.

"Las regulaciones de los centros deben estar a disposición del público y contener, por lo menos, la lista de mediadores, conciliadores, árbitros o facilitadores, así como las tarifas, los honorarios y gastos administrativos y las reglas propias del proceso."

(non si può escludere l'esistenza di un ulteriore comma, relativo a obblighi informativi aggiuntivi per gli enti a scopo di lucro, non recuperato in forma letterale — v. "Fonte").

Capitolo I. Disposizioni generali

ARTICOLO 1.

Ogni persona ha diritto a un'adeguata educazione sulla pace, nelle scuole elementari e negli istituti secondari, i quali hanno il dovere di far comprendere ai propri alunni la natura e le esigenze della costruzione permanente della pace.

ARTICOLO 2.

Ogni persona ha il diritto di ricorrere al dialogo, alla negoziazione, alla mediazione, alla conciliazione, all'arbitrato e ad altre tecniche simili, per risolvere le proprie controversie patrimoniali di natura disponibile.

ARTICOLO 3.

L'accordo che risolve un conflitto tra privati può aver luogo in qualsiasi momento, anche quando sia pendente un processo giudiziale. Anche nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza nel processo e questa sia passata in giudicato, i privati possono comporre i propri interessi in conflitto per mezzo di accordi liberamente conclusi.

Capitolo II. Della conciliazione e mediazione

ARTICOLO 4.

I principi e le regole stabiliti per la conciliazione giudiziale o extragiudiziale si applicano, allo stesso modo, alla mediazione giudiziale o extragiudiziale.

ARTICOLO 5.

La mediazione e la conciliazione extragiudiziali potranno essere praticate liberamente dai privati, con i limiti stabiliti dalla presente legge. Le parti hanno il diritto di scegliere liberamente e di comune accordo le persone che opereranno come mediatori o conciliatori.

ARTICOLO 6.

In qualsiasi fase di un processo giudiziale, il tribunale può proporre un'udienza di conciliazione. Il conciliatore potrà essere lo stesso giudice della causa o un giudice conciliatore. La Corte Suprema di Giustizia designerà i giudici conciliatori di cui il servizio necessiti e ne determinerà le facoltà e le responsabilità.

ARTICOLO 7.

Affinché si tenga l'udienza di conciliazione giudiziale, sarà necessario che siano presenti il conciliatore, le parti o i loro procuratori, e i loro avvocati qualora le parti ne richiedano espressamente la presenza. Se si raggiunge un accordo tra le parti, totale o parziale, il giudice conciliatore dovrà omologarlo entro i tre giorni successivi all'ultima udienza di conciliazione.

ARTICOLO 8.

Se la conciliazione fosse parziale, si emetterà, senza ulteriori formalità, una risoluzione che pone fine al processo relativamente ai punti sui quali sia stato raggiunto un accordo e, per quanto li riguarda, essa sarà immediatamente esecutiva. Il processo seguirà il suo corso normale in relazione ai punti sui quali non sia stato raggiunto un accordo.

ARTICOLO 9.

Gli accordi di conciliazione giudiziali, una volta omologati dal giudice, e quelli extragiudiziali, avranno autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale e saranno immediatamente esecutivi.

ARTICOLO 10.

Il giudice o conciliatore giudiziale non potrà essere ricusato per le opinioni o le proposte espresse nell'udienza di conciliazione, né gli potrà essere attribuita responsabilità civile o penale per questo solo fatto.

ARTICOLO 11.

L'avvocato che assista una o più parti in un conflitto avrà il dovere di informare i propri clienti sulla possibilità di ricorrere a meccanismi alternativi per la risoluzione delle controversie, quali la mediazione, la conciliazione e l'arbitrato, quando questi possano risultare vantaggiosi per il proprio cliente.

ARTICOLO 12.

Gli accordi adottati in occasione di un processo di mediazione o conciliazione, giudiziale o extragiudiziale, dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

a) Indicazione dei nomi delle parti e delle loro qualità.

b) Menzione chiara dell'oggetto del conflitto e della sua portata.

c) Indicazione del nome dei mediatori, dei conciliatori e, se applicabile, del nome dell'istituzione per cui lavorano.

d) Elenco puntuale degli accordi adottati.

e) Se vi fosse un processo giudiziale o amministrativo avviato o pendente, indicare espressamente l'istituzione che ne è competente, il numero di fascicolo e il suo stato attuale, nonché la manifestazione della volontà delle parti di concludere, parzialmente o totalmente, tale processo.

f) Il conciliatore o mediatore dovrà far constare nel documento di aver informato le parti dei diritti in gioco e di averle avvertite che l'accordo potrebbe non soddisfare tutti i loro interessi. Dovrà altresì far constare di aver avvertito le parti del diritto che assiste loro di consultare, riguardo al contenuto dell'accordo, un avvocato prima di firmarlo.

g) Le firme di tutte le parti coinvolte, nonché quella del mediatore o conciliatore.

h) Indicazione dell'indirizzo esatto presso cui le parti riceveranno le notifiche.

i) Aver versato l'importo corrispondente per spese e/o onorari per i servizi prestati dalla Difesa Pubblica, ai sensi degli articoli 153 e 154 della Legge Organica del Potere Giudiziario, n. 7333, del 5 maggio 1993, e successive modifiche.

ARTICOLO 13.

Sono doveri del mediatore o conciliatore:

a) Mantenere l'imparzialità verso tutte le parti coinvolte.

b) Astenersi dall'intervenire nei casi che comportino per lui/lei un conflitto di interessi.

c) Informare le parti sulla procedura di mediazione o conciliazione, nonché sulle implicazioni legali degli accordi conciliativi.

d) Mantenere la riservatezza su quanto svolto dalle parti nel procedimento di mediazione o conciliazione e sugli atti preparatori dell'accordo conciliativo.

e) Attenersi a quanto previsto dall'articolo 369 del Codice di Procedura Civile (formulazione recuperata in forma potenzialmente incompleta, v. nota nel testo originale).

ARTICOLO 14.

È assolutamente riservato il contenuto delle attività preparatorie, delle conversazioni e degli accordi parziali dell'accordo conciliativo. Il mediatore o conciliatore non potrà rivelare il contenuto delle discussioni né gli accordi parziali delle parti; in tal senso si intende che al mediatore o conciliatore spetta il segreto professionale.

Le parti non possono liberare il mediatore o conciliatore da tale dovere, né avrà valore probatorio la testimonianza o la confessione delle parti né dei mediatori su quanto accaduto o espresso nell'udienza o nelle udienze di mediazione o conciliazione, salvo che si tratti di processi penali o civili nei quali si discuta la possibile responsabilità del mediatore o conciliatore, o si tratti di chiarire o interpretare la portata dell'accordo conciliativo che sia stato concluso, in occasione di tali udienze.

Se si giungesse a un accordo conciliativo e si discutesse in sede giudiziale la sua efficacia o validità, il mediatore o conciliatore sarà considerato testimone privilegiato del contenuto dell'accordo e del processo con cui vi si è giunti.

ARTICOLO 15.

Documenti pubblici. I documenti nei quali constino gli accordi raggiunti nei processi di mediazione o conciliazione si considereranno pubblici, nei casi seguenti:

a) Se l'accordo fosse frutto di una conciliazione giudiziale.

b) Se lo autorizzasse un mediatore o conciliatore di un ufficio pubblico dello Stato, nell'ambito delle funzioni assegnategli in tale ufficio o dipendenza statale.

c) Se lo autorizzasse un mediatore o conciliatore professionale che sia notaio pubblico o sia assistito in modo permanente da un notaio pubblico, di ciò rimanendo constatazione nel documento e nel protocollo del professionista indicato.

ARTICOLO 16.

Salvo patto contrario delle parti, il mediatore o conciliatore extragiudiziale resta inabilitato a partecipare come terzo neutrale in qualsiasi successivo processo, giudiziale o arbitrale.

ARTICOLO 17.

Coloro che esercitano la mediazione o la conciliazione, professionalmente o meno, saranno responsabili dei danni subiti dalle parti dell'accordo conciliativo, qualora siano stati gravemente violati i principi etici che disciplinano la materia o si sia incorsi in condotta dolosa.

[Capitolo III. Dell'arbitrato — OMESSO, v. nota nel testo originale]

Capitolo IV. Dell'amministrazione istituzionale dei meccanismi alternativi (estratto: artt. 71-73)

ARTICOLO 71.

Potranno costituirsi e organizzarsi enti dedicati all'amministrazione istituzionale di processi di mediazione, conciliazione o arbitrato, a titolo oneroso o gratuito.

ARTICOLO 72.

Per potersi dedicare all'amministrazione istituzionale dei meccanismi alternativi di soluzione dei conflitti, gli enti dovranno disporre di un'autorizzazione preventiva del Ministero della Giustizia, salvo che siano autorizzati da una legge speciale. [Il testo dell'articolo prosegue disciplinando i criteri di verifica da parte del Ministero — adeguatezza dei regolamenti, delle risorse umane e delle infrastrutture — e la possibilità di revoca motivata dell'autorizzazione previo procedimento; non è stato possibile reperire la formulazione letterale completa di questa parte, qui riassunta sulla base di fonti secondarie.]

ARTICOLO 73.

I regolamenti dei centri devono essere a disposizione del pubblico e contenere, quantomeno, l'elenco dei mediatori, conciliatori, arbitri o facilitatori, nonché le tariffe, gli onorari e le spese amministrative e le regole proprie del procedimento.

Chapter I. General provisions

ARTICLE 1.

Every person has the right to an adequate education on peace, in elementary and secondary schools, which have the duty to make their students understand the nature and requirements of the permanent construction of peace.

ARTICLE 2.

Every person has the right to resort to dialogue, negotiation, mediation, conciliation, arbitration and other similar techniques, to resolve their patrimonial disputes of a disposable (waivable) nature.

ARTICLE 3.

The agreement resolving a conflict between private parties may take place at any time, even when a judicial proceeding is pending. Even where a judgment has been rendered in the proceeding and has become final, private parties may settle their conflicting interests by means of agreements freely entered into.

Chapter II. On conciliation and mediation

ARTICLE 4.

The principles and rules established for judicial or extrajudicial conciliation shall likewise apply to judicial or extrajudicial mediation.

ARTICLE 5.

Extrajudicial mediation and conciliation may be freely practiced by private parties, subject to the limitations established by this law. The parties have the right to freely and by mutual agreement choose the persons who will act as mediators or conciliators.

ARTICLE 6.

At any stage of a judicial proceeding, the court may propose a conciliation hearing. The conciliator may be the same judge hearing the case or a conciliation judge. The Supreme Court of Justice shall appoint the conciliation judges required by the service and shall determine their powers and responsibilities.

ARTICLE 7.

For the judicial conciliation hearing to take place, it shall be necessary that the conciliator, the parties or their attorneys-in-fact, and their lawyers — if the parties expressly request their presence — be present. If an agreement between the parties is reached, in whole or in part, the conciliation judge must approve it (homologate it) within the three days following the last conciliation hearing.

ARTICLE 8.

If the conciliation is partial, a decision shall be issued, without further formality, to terminate the proceeding with respect to the points on which agreement was reached, and, as to those, it shall be immediately enforceable. The proceeding shall continue its normal course with respect to the points on which no agreement was reached.

ARTICLE 9.

Judicial conciliation agreements, once approved (homologated) by the judge, and extrajudicial agreements, shall have the authority and effect of res judicata (substantive final judgment) and shall be immediately enforceable.

ARTICLE 10.

The judge or judicial conciliator may not be challenged (recused) for opinions or proposals issued at the conciliation hearing, nor may civil or criminal liability be attributed to him or her for that fact alone.

ARTICLE 11.

A lawyer advising one or more parties to a dispute shall have the duty to inform his or her clients of the possibility of resorting to alternative dispute resolution mechanisms, such as mediation, conciliation and arbitration, when these may prove beneficial to the client.

ARTICLE 12.

Agreements adopted as a result of a mediation or conciliation process, whether judicial or extrajudicial, must meet the following requirements:

a) Indication of the names of the parties and their capacities.

b) Clear statement of the subject matter of the conflict and its scope.

c) Indication of the names of the mediators, the conciliators and, if applicable, the name of the institution for which they work.

d) A precise account of the agreements reached.

e) If a judicial or administrative proceeding has been initiated or is pending, express indication of the institution handling it, the case file number and its current status, and a statement of the parties' will to conclude, partially or totally, that proceeding.

f) The conciliator or mediator must record in the document that he/she has informed the parties of the rights at stake and has warned them that the agreement may not satisfy all their interests. He/she must also record that the parties have been warned of their right to consult an attorney about the content of the agreement before signing it.

g) The signatures of all the parties involved, as well as that of the mediator or conciliator.

h) Indication of the exact address at which the parties will receive notifications.

i) Proof of payment of the corresponding amount for costs and/or fees for services rendered by the Public Defender's Office, in accordance with articles 153 and 154 of the Organic Law of the Judiciary, Law No. 7333, of May 5, 1993, and its amendments.

ARTICLE 13.

The duties of the mediator or conciliator are:

a) To maintain impartiality towards all parties involved.

b) To recuse himself/herself from intervening in cases that present a conflict of interest for him/her.

c) To inform the parties about the mediation or conciliation procedure, as well as the legal implications of conciliation agreements.

d) To maintain confidentiality regarding what the parties have done in the mediation or conciliation procedure and regarding the preparatory acts of the conciliation agreement.

e) To comply with the assumptions of article 369 of the Code of Civil Procedure (wording retrieved in a possibly incomplete form — see note in the original text).

ARTICLE 14.

The content of the preparatory activities, conversations and partial agreements of the conciliation agreement is absolutely confidential. The mediator or conciliator may not reveal the content of the parties' discussions or partial agreements; in this sense, it is understood that the mediator or conciliator is bound by professional secrecy.

The parties may not release the mediator or conciliator from this duty, nor shall the testimony or confession of the parties or of the mediators regarding what occurred or was expressed at the mediation or conciliation hearing(s) have any evidentiary value, except in criminal or civil proceedings in which the possible liability of the mediator or conciliator is at issue, or where it is a matter of clarifying or interpreting the scope of the conciliation agreement reached at those hearings.

If a conciliation agreement is reached and its effectiveness or validity is judicially contested, the mediator or conciliator shall be considered a privileged witness as to the content of the agreement and the process by which it was reached.

ARTICLE 15.

Public documents. Documents in which the agreements reached in mediation or conciliation processes are recorded shall be considered public in the following cases:

a) If the agreement is the product of a judicial conciliation.

b) If it is authorized by a mediator or conciliator of a public office of the State, as part of the functions assigned to him or her within that office or state agency.

c) If it is authorized by a professional mediator or conciliator who is a notary public or is permanently assisted by a notary public, of which a record shall be kept in the document and in the said professional's registry (protocolo).

ARTICLE 16.

Unless the parties agree otherwise, the extrajudicial mediator or conciliator shall be disqualified from participating as a neutral third party in any subsequent judicial or arbitral proceeding.

ARTICLE 17.

Those who practice mediation or conciliation, whether professionally or not, shall be liable for the damages suffered by the parties to the conciliation agreement, where the ethical principles governing the subject have been gravely violated or willful (fraudulent) conduct has occurred.

[Chapter III. On arbitration — OMITTED, see note in the original text]

Chapter IV. On the institutional administration of alternative mechanisms (extract: articles 71-73)

ARTICLE 71.

Entities dedicated to the institutional administration of mediation, conciliation or arbitration processes may be established and organized, for consideration or free of charge.

ARTICLE 72.

In order to engage in the institutional administration of alternative dispute resolution mechanisms, entities must have prior authorization from the Ministry of Justice, except where they are authorized by a special law. [The article continues — according to an unverified secondary summary — by governing the Ministry's verification criteria (adequacy of regulations, human resources and infrastructure) and the possibility of a reasoned revocation of the authorization following due process; this part is NOT reproduced as a literal quotation, for the reasons stated in "Fonte".]

ARTICLE 73.

The regulations of the centers must be available to the public and must contain, at a minimum, the list of mediators, conciliators, arbitrators or facilitators, as well as the fees, honoraria and administrative costs and the procedure's own rules.

Chapitre I. Dispositions générales

ARTICLE 1er.

Toute personne a droit à une éducation adéquate sur la paix, dans les écoles primaires et secondaires, qui ont le devoir de faire comprendre à leurs élèves la nature et les exigences de la construction permanente de la paix.

ARTICLE 2.

Toute personne a le droit de recourir au dialogue, à la négociation, à la médiation, à la conciliation, à l'arbitrage et à d'autres techniques similaires, pour résoudre ses différends patrimoniaux de nature disponible.

ARTICLE 3.

L'accord qui résout un conflit entre particuliers peut intervenir à tout moment, même lorsqu'une procédure judiciaire est en cours. Même dans le cas où un jugement a été rendu dans la procédure et est devenu définitif, les particuliers peuvent régler leurs intérêts en conflit au moyen d'accords librement conclus.

Chapitre II. De la conciliation et de la médiation

ARTICLE 4.

Les principes et règles établis pour la conciliation judiciaire ou extrajudiciaire s'appliquent également à la médiation judiciaire ou extrajudiciaire.

ARTICLE 5.

La médiation et la conciliation extrajudiciaires pourront être pratiquées librement par les particuliers, dans les limites établies par la présente loi. Les parties ont le droit de choisir librement et d'un commun accord les personnes qui exerceront les fonctions de médiateurs ou de conciliateurs.

ARTICLE 6.

À tout stade d'une procédure judiciaire, le tribunal peut proposer une audience de conciliation. Le conciliateur peut être le juge même de l'affaire ou un juge conciliateur. La Cour suprême de justice désignera les juges conciliateurs dont le service a besoin et déterminera leurs pouvoirs et responsabilités.

ARTICLE 7.

Pour que l'audience de conciliation judiciaire ait lieu, il sera nécessaire que soient présents le conciliateur, les parties ou leurs mandataires, et leurs avocats si les parties demandent expressément leur assistance. Si un accord entre les parties est conclu, en totalité ou en partie, le juge conciliateur devra l'homologuer dans les trois jours suivant la dernière audience de conciliation.

ARTICLE 8.

Si la conciliation est partielle, une décision sera rendue, sans autre formalité, mettant fin à la procédure quant aux points sur lesquels un accord a été trouvé, et celle-ci sera immédiatement exécutoire à leur égard. La procédure suivra son cours normal en ce qui concerne les points sur lesquels aucun accord n'a été trouvé.

ARTICLE 9.

Les accords de conciliation judiciaires, une fois homologués par le juge, ainsi que les accords extrajudiciaires, auront l'autorité et l'efficacité de la chose jugée au fond et seront immédiatement exécutoires.

ARTICLE 10.

Le juge ou le conciliateur judiciaire ne pourra pas être récusé pour les opinions ou propositions émises lors de l'audience de conciliation, et aucune responsabilité civile ou pénale ne pourra lui être attribuée pour ce seul fait.

ARTICLE 11.

L'avocat qui conseille une ou plusieurs parties à un conflit aura le devoir d'informer ses clients de la possibilité de recourir à des mécanismes alternatifs de résolution des différends, tels que la médiation, la conciliation et l'arbitrage, lorsque ceux-ci peuvent s'avérer bénéfiques pour son client.

ARTICLE 12.

Les accords adoptés à l'issue d'un processus de médiation ou de conciliation, judiciaire ou extrajudiciaire, devront remplir les conditions suivantes :

a) Indication des noms des parties et de leurs qualités.

b) Mention claire de l'objet du conflit et de sa portée.

c) Indication du nom des médiateurs, des conciliateurs et, le cas échéant, du nom de l'institution pour laquelle ils travaillent.

d) Relation précise des accords conclus.

e) S'il existe une procédure judiciaire ou administrative engagée ou en cours, indiquer expressément l'institution qui en est saisie, le numéro du dossier et son état actuel, ainsi que la manifestation de la volonté des parties de mettre fin, partiellement ou totalement, à cette procédure.

f) Le conciliateur ou médiateur devra faire constater dans le document qu'il a informé les parties des droits en jeu et les a averties que l'accord pourrait ne pas satisfaire tous leurs intérêts. Il devra également faire constater qu'il a averti les parties de leur droit de consulter un avocat sur le contenu de l'accord avant de le signer.

g) Les signatures de toutes les parties concernées, ainsi que celle du médiateur ou conciliateur.

h) Indication de l'adresse exacte à laquelle les parties recevront les notifications.

i) Justificatif du paiement du montant correspondant aux frais et/ou honoraires pour les services rendus par la Défense publique, conformément aux articles 153 et 154 de la Loi organique du pouvoir judiciaire, n° 7333, du 5 mai 1993, et ses modifications.

ARTICLE 13.

Sont des devoirs du médiateur ou conciliateur :

a) Maintenir l'impartialité envers toutes les parties concernées.

b) Se récuser d'intervenir dans les cas qui représentent pour lui un conflit d'intérêts.

c) Informer les parties sur la procédure de médiation ou de conciliation, ainsi que sur les implications juridiques des accords conciliatoires.

d) Maintenir la confidentialité sur ce qui a été fait par les parties dans la procédure de médiation ou de conciliation et sur les actes préparatoires de l'accord conciliatoire.

e) Se conformer aux dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile (formulation obtenue sous une forme potentiellement incomplète — voir note dans le texte original).

ARTICLE 14.

Le contenu des activités préparatoires, des conversations et des accords partiels de l'accord conciliatoire est absolument confidentiel. Le médiateur ou conciliateur ne pourra révéler le contenu des discussions ni les accords partiels des parties ; en ce sens, il est entendu que le médiateur ou conciliateur est tenu par le secret professionnel.

Les parties ne peuvent délier le médiateur ou conciliateur de ce devoir, et le témoignage ou l'aveu des parties ou des médiateurs concernant ce qui s'est produit ou a été exprimé lors de l'audience ou des audiences de médiation ou de conciliation n'aura aucune valeur probatoire, sauf s'il s'agit de procédures pénales ou civiles dans lesquelles est discutée la responsabilité éventuelle du médiateur ou conciliateur, ou s'il s'agit de clarifier ou d'interpréter la portée de l'accord conciliatoire conclu à l'occasion de ces audiences.

Si un accord conciliatoire est conclu et que son efficacité ou sa validité est contestée en justice, le médiateur ou conciliateur sera considéré comme un témoin privilégié quant au contenu de l'accord et au processus par lequel il a été atteint.

ARTICLE 15.

Documents publics. Les documents dans lesquels figurent les accords obtenus dans les processus de médiation ou de conciliation seront considérés comme publics, dans les cas suivants :

a) Si l'accord est le résultat d'une conciliation judiciaire.

b) S'il est autorisé par un médiateur ou conciliateur d'un bureau public de l'État, dans le cadre des fonctions qui lui sont assignées au sein de ce bureau ou organisme étatique.

c) S'il est autorisé par un médiateur ou conciliateur professionnel qui est notaire public ou est assisté de manière permanente par un notaire public, ce dont il sera fait mention dans le document et dans le répertoire (protocole) du professionnel indiqué.

ARTICLE 16.

Sauf accord contraire des parties, le médiateur ou conciliateur extrajudiciaire est déclaré inhabile à participer en tant que tiers neutre dans toute procédure ultérieure, judiciaire ou arbitrale.

ARTICLE 17.

Ceux qui exercent la médiation ou la conciliation, à titre professionnel ou non, seront responsables des dommages et préjudices subis par les parties à l'accord conciliatoire, lorsque les principes éthiques régissant la matière auront été gravement violés ou qu'une conduite dolosive aura été commise.

[Chapitre III. De l'arbitrage — OMIS, voir note dans le texte original]

Chapitre IV. De l'administration institutionnelle des mécanismes alternatifs (extrait : articles 71-73)

ARTICLE 71.

Pourront être constituées et organisées des entités consacrées à l'administration institutionnelle de processus de médiation, de conciliation ou d'arbitrage, à titre onéreux ou gratuit.

ARTICLE 72.

Pour pouvoir se consacrer à l'administration institutionnelle des mécanismes alternatifs de règlement des conflits, les entités devront disposer d'une autorisation préalable du Ministère de la Justice, sauf si elles sont autorisées par une loi spéciale. [Le texte de l'article se poursuit — selon un résumé secondaire non vérifié mot pour mot — en régissant les critères de vérification par le Ministère (adéquation des règlements, des ressources humaines et des infrastructures) et la possibilité d'une révocation motivée de l'autorisation à l'issue d'une procédure contradictoire ; cette partie n'est PAS reproduite comme citation littérale, pour les raisons indiquées dans « Fonte ».]

ARTICLE 73.

Les règlements des centres doivent être mis à la disposition du public et contenir, au minimum, la liste des médiateurs, conciliateurs, arbitres ou facilitateurs, ainsi que les tarifs, honoraires et frais administratifs et les règles propres à la procédure.