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LEY 2220 DE 2022 (30 de junio) — Diario Oficial No. 52.081

Por medio de la cual se expide el Estatuto de Conciliación y se dictan otras disposiciones.

TÍTULO I. OBJETO Y GENERALIDADES

CAPÍTULO I. OBJETO, ÁMBITO Y PRINCIPIOS

ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto expedir el Estatuto de Conciliación y crear el Sistema Nacional de Conciliación.

ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La conciliación se regulará por las disposiciones de la presente ley.

En los aspectos no regulados en esta ley, se seguirán las reglas establecidas en la normatividad relativa a la materia o asunto objeto de conciliación.

ARTÍCULO 3o. DEFINICIÓN Y FINES DE LA CONCILIACIÓN. La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de las diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador, quien, además de proponer fórmulas de arreglo, da fe de la decisión de acuerdo, la cual es obligatoria y definitiva para las partes que concilian.

La conciliación, en sus diversas modalidades, es una figura cuyos propósitos son facilitar el acceso a la justicia, generar condiciones aptas para el diálogo y la convivencia pacífica, y servir como instrumento para la construcción de paz y de tejido social.

Además de los fines generales, la conciliación en materia contencioso administrativa tiene como finalidad la salvaguarda y protección del patrimonio público y el interés general.

ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS. La conciliación se guiará, entre otros, por los siguientes principios:

1. Autocomposición. Son las propias partes confrontadas las que resuelven su conflicto, desavenencias o diferencias en ejercicio de la autonomía de la voluntad, asistidos por un tercero neutral e imparcial que promueve y facilita el diálogo y la búsqueda de soluciones al conflicto y negociación entre ellas y que puede proponer fórmulas de solución que las partes pueden o no aceptar según su voluntad. Los interesados gozan de la facultad de definir el centro de conciliación donde se llevará a cabo la conciliación, elegir el conciliador.

2. Garantía de acceso a la justicia. En la regulación, implementación y operación de la conciliación se garantizará que todas las personas, sin distinción, tengan las mismas oportunidades de acceder a este mecanismo, sin discriminación alguna por razón de género, raza, idioma, opinión política, condición social u orientación sexual, con especial atención a las poblaciones rurales y a los grupos vulnerables [nota: los términos exactos de este numeral, más allá del fragmento citado, no pudieron confirmarse palabra por palabra en esta sesión; véase la advertencia metodológica en la sección «Fonte»].

3. Celeridad. Los procedimientos definidos en la presente ley se erigen sobre preceptos ágiles, de fácil compresión y aplicación en todo contexto y materia, por lo que los mismos deberán interpretarse y aplicarse por el conciliador, con la debida diligencia, en función de la solución autocompositiva del conflicto. El conciliador, las partes, sus apoderados o representantes legales y los centros de conciliación evitarán actuaciones dilatorias injustificadas, en procura de garantizar el acceso efectivo a la justicia.

4. Confidencialidad. El conciliador, las partes y quienes asistan a la audiencia, mantendrán y garantizarán el carácter confidencial de todos los asuntos, documentos, discusiones y fórmulas de arreglo relacionados con la conciliación, sin que puedan ser utilizados posteriormente como prueba.

5. Informalidad. La conciliación está desprovista de las formalidades jurídicas procesales; el factor territorial no será obstáculo para el ejercicio de la labor del conciliador.

6. Economía. En el ejercicio de la conciliación los conciliadores procurarán el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas, con austeridad y eficiencia en los medios empleados.

7. Transitoriedad de la función. La función transitoria inicia con la designación como conciliador y cesa con la suscripción del acta de conciliación, las constancias que establece la ley o el desistimiento.

8. Independencia del conciliador. Como administrador de justicia en los términos del artículo 116 de la Constitución, el conciliador tendrá autonomía funcional, es decir, no estará subordinado a la voluntad de otra persona.

9. Seguridad jurídica. El análisis del conflicto deberá contar con referentes de confianza en el proceso conciliatorio como medio para la solución alternativa y pacífica del conflicto.

10. Neutralidad e imparcialidad. Como administrador de justicia, el conciliador garantizará su actuar y su conducta de manera honesta, leal, neutral e imparcial, antes y durante la audiencia.

11. Presunción de buena fe. En todas las actuaciones de la conciliación se presumirá la buena fe de conformidad con lo previsto en el artículo 83 de la Carta Política.

PARÁGRAFO 1o. La conciliación virtual se regirá, además de los principios anteriores, por los principios de neutralidad tecnológica, autenticidad, integridad, disponibilidad e interoperabilidad, y deberá cumplir con las disposiciones sobre protección de datos personales previstas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen o complementen.

PARÁGRAFO 2o. Los principios en materia de conciliación extrajudicial contencioso administrativa se interpretarán conforme a la naturaleza de la función administrativa a la que se refiere el artículo 209 de la Constitución Política y los principios del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CAPÍTULO II. DE LA CONCILIACIÓN

ARTÍCULO 5o. CLASES. La conciliación podrá ser judicial, si se realiza dentro de un proceso judicial, o extrajudicial, si se realiza antes o por fuera de un proceso judicial.

La conciliación extrajudicial se denominará en derecho, cuando se realice a través de centros de conciliación, ante particulares autorizados para conciliar que cumplen función pública o ante autoridades en cumplimiento de funciones conciliatorias.

La conciliación extrajudicial se denominará en equidad cuando se realice ante conciliadores en equidad aplicando principios de justicia comunitaria dentro del ámbito establecido por la ley.

ARTÍCULO 6o. FORMAS DE LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CONCILIACIÓN Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. El proceso de conciliación se podrá realizar en forma presencial, digital o electrónica o mixta, para lo cual las partes deberán manifestar en la solicitud de conciliación o una vez citadas, la forma en que actuarán y si se acogen a la forma digital o electrónica o mixta, certificando que cuentan con la idoneidad y los medios tecnológicos necesarios o si pueden acceder a través de las alcaldías, las personerías municipales y demás entidades públicas habilitadas por la Constitución y la ley, que se encuentren en disponibilidad de facilitar el acceso en sus sedes a las actuaciones virtuales.

[Nota: el resto de este artículo — relativo al plazo de un año para la adopción de tecnologías por parte de los centros y autoridades, a las garantías técnicas exigidas (autenticidad, integridad, disponibilidad, confidencialidad, accesibilidad) y a la digitalización del trámite — no pudo recuperarse palabra por palabra en esta sesión debido a un límite técnico del instrumento de consulta; se reproduce a continuación una síntesis fiel de su contenido normativo, sin pretensión de literalidad, cf. advertencia en «Fonte»:] Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la ley, los centros de conciliación y las demás autoridades con funciones conciliatorias deben adoptar las tecnologías de la información y las comunicaciones necesarias para la prestación del servicio, conforme a los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y, tratándose de autoridades judiciales, del Consejo Superior de la Judicatura. Las tecnologías empleadas deben garantizar la autenticidad, integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, así como la accesibilidad para las personas con discapacidad. El trámite conciliatorio debe digitalizarse y automatizarse en cuanto sea posible, incluyendo la presentación de la solicitud, el reparto, la formación de expedientes, las notificaciones y la firma digital de las actas. Se permite el uso de medios físicos cuando alguna de las partes lo requiera, integrando la respectiva documentación al sistema digital; los centros de conciliación deben incluir en sus reglamentos el procedimiento de utilización de los medios virtuales, sujeto a la aprobación del Ministerio de Justicia y del Derecho.

ARTÍCULO 7o. ASUNTOS CONCILIABLES. Serán conciliables todos los asuntos que no estén prohibidos por la ley, siendo principio general que se podrán conciliar todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento y los derechos de los cuales su titular tenga capacidad de disposición.

Para la procedencia de la conciliación no será necesaria la renuncia de derechos.

En asuntos de naturaleza laboral y de la seguridad social podrá conciliarse si con el acuerdo no se afectan derechos ciertos e indiscutibles. En materia contenciosa administrativa, serán conciliables los casos en los eventos previstos en la presente ley, siempre y cuando no afecten el interés general y la defensa del patrimonio público.

ARTÍCULO 8o. GRATUIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONCILIACIÓN. La prestación del servicio de conciliación que se adelante ante los conciliadores en equidad, servidores públicos facultados para conciliar, centros de conciliación de entidades públicas y de consultorios jurídicos universitarios, será gratuita.

Los notarios podrán cobrar por sus servicios. El marco tarifario que fije el Gobierno nacional, cuando lo considere conveniente, será obligatorio.

Los centros de conciliación autorizados deberán establecer los casos en los cuales prestarán el servicio de forma gratuita.

PARÁGRAFO. Los centros de conciliación de los consultorios jurídicos universitarios no podrán atender casos de una cuantía mayor a los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTÍCULO 9o. EXTENSIÓN DE LA GRATUIDAD EN LA CONCILIACIÓN EN EQUIDAD. Teniendo en cuenta que la conciliación en equidad es gratuita, también lo será el servicio de asesoría, patrocinio o gestión de quien acompañe o represente a las partes, salvo lo concerniente a los costos ocasionados en el trámite conciliatorio que deberán ser sufragados por las partes a título de expensas.

TÍTULO II. DEL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO

CAPÍTULO I. DEL PROCEDIMIENTO EN ASUNTOS PRIVADOS

ARTÍCULO 50. INICIO DE LA ACTUACIÓN. La conciliación extrajudicial inicia con la solicitud del interesado, quien deberá asistir a las audiencias que se lleven a cabo dentro del proceso conciliatorio.

Cualquier persona interesada podrá solicitar audiencia de conciliación en forma verbal o escrita, individual o conjunta, física o electrónica, conforme a lo dispuesto en el reglamento de la entidad, del centro de conciliación o del Programa Local de Justicia en Equidad.

En la conciliación extrajudicial en derecho, el interesado podrá presentar la solicitud de conciliación personalmente o por medio de abogado con facultad expresa para conciliar. El poder podrá aportarse física o electrónicamente conforme lo dispone el Código General del Proceso.

Las solicitudes de conciliación extrajudicial presentadas por medios virtuales no requerirán de la firma digital definida por la Ley 527 de 1999 y en estos casos bastará la identificación suministrada por el solicitante, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 6o de la presente ley.

PARÁGRAFO 1o. Podrá presentarse solicitud de conciliación a nombre de una persona de quien no se tenga poder, en los eventos y bajo las condiciones previstas en el Código General del Proceso para el agente oficioso. No será necesario prestar caución. Si el interesado no ratifica la solicitud dentro de los diez (10) días siguientes a su radicación, se entenderá como no presentada.

ARTÍCULO 51. DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ANTE JUEZ LABORAL. Las personas que tengan interés en conciliar diferencias que sean de competencia de la especialidad laboral podrán presentar solicitud de conciliación, indicando los motivos ante el juez laboral conforme las reglas de competencia territorial estatuidas en el Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, sin atención a la cuantía.

La solicitud de conciliación extrajudicial ante juez laboral será distribuida por sistema de reparto y, una vez recibida, se señalará día y hora para celebración de audiencia dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción.

La concurrencia de los interesados a la audiencia de conciliación será responsabilidad de quien la solicite, razón por la cual deberá adelantar las gestiones de notificación para tal efecto.

ARTÍCULO 52. CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN. La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho deberá contener los siguientes requisitos:

1. Indicación del conciliador o el centro de conciliación a quien se dirige.
2. Individualización de las partes y de sus representantes si fuere el caso.
3. Descripción de los hechos.
4. Pretensiones del convocante.
5. Estimación razonada de la cuantía.
6. Relación de las pruebas que se acompañan cuando se trate de conciliación en derecho.
7. Indicación del correo electrónico de las partes en donde se surtirán las comunicaciones o la identificación del medio que considere más expedito y eficaz para ello.
8. Firma del solicitante o solicitantes o de su apoderado, según el caso.

En el caso de solicitudes enviadas por correo electrónico, el requisito de la firma se entenderá cumplido, conforme lo establece el artículo 7o de la Ley 527 de 1999.

ARTÍCULO 53. RECEPCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA SOLICITUD. Recibida la solicitud, el conciliador procederá a revisar si cuenta con la información suficiente para proceder a la citación del o los convocados. En la conciliación extrajudicial en derecho, el conciliador verificará el cumplimiento de todos los requisitos señalados en el artículo anterior.

En ningún caso se podrá rechazar de plano la solicitud por ausencia de cualquiera de los requisitos señalados; el conciliador informará al interesado sobre los requisitos faltantes para que los complete.

Si el solicitante no lo hace dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento, la solicitud se tendrá por no presentada.

ARTÍCULO 54. CONSTANCIA DE ASUNTO NO CONCILIABLE. Cuando se presente una solicitud de conciliación extrajudicial y el asunto de que se trate no sea conciliable por estar prohibido por la ley, el conciliador expedirá la correspondiente constancia dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.

Si durante el trámite de la audiencia se observare que no es procedente, se expedirá la respectiva constancia y se devolverán los documentos aportados.

ARTÍCULO 55. CITACIÓN. Si de conformidad con la ley el asunto es conciliable, el conciliador citará a las partes a la audiencia de conciliación por el medio que considere más expedito y eficaz, indicando sucintamente el objeto de la conciliación.

La citación a la audiencia podrá realizarse por medios virtuales, de conformidad con lo previsto en el reglamento de la entidad que preste el servicio.

Cuando se trate de una conciliación extrajudicial en derecho, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la solicitud o de la corrección de la misma, si a ello hubiere lugar, el conciliador fijará fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, la cual deberá realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de admisión de la solicitud.

En el evento en que se programe la realización de la audiencia por videoconferencia, teleconferencia o por cualquier otro medio técnico, así se informará en el acto de citación y, en caso de requerirse por alguno de los interesados, el conciliador o el centro de conciliación deberán facilitar los medios tecnológicos correspondientes.

La dirección electrónica para dirigir todas las comunicaciones necesarias dentro del procedimiento deberá corresponder a la informada a través de registro mercantil o la acordada por las partes contenida en el contrato o negocio jurídico cuando corresponda, o la relacionada por la parte en la solicitud de conciliación.

ARTÍCULO 56. SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD O PRESCRIPCIÓN. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se suscriba el acta de conciliación, se expidan las constancias establecidas en esta ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses, o la prórroga a que se refiere el artículo 60 de esta ley, lo que ocurra primero.

Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.

ARTÍCULO 57. DESIGNACIÓN DEL CONCILIADOR. La designación de la persona que actuará como conciliador, de la lista correspondiente, se podrá realizar:

1. Por mutuo acuerdo entre las partes.
2. Por solicitud de la parte convocante.
3. Por la designación que haga el centro de conciliación de la lista que para el efecto haya conformado.
4. Por la designación que haga la entidad correspondiente.
5. Por orden judicial, en el caso previsto en el artículo 131 de esta ley y siguiendo el procedimiento previsto en el capítulo II del título V de la presente ley.

PARÁGRAFO 1o. Si la solicitud es presentada ante un servidor público habilitado para conciliar, la designación se hará conforme a las reglas establecidas por la institución a que este pertenece.

ARTÍCULO 58. ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN EN LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. Las partes deberán asistir a la audiencia de conciliación, y podrán hacerlo con sus apoderados cuando así lo consideren.

Cuando el domicilio de alguna de las partes no esté en el municipio de la audiencia, se encuentre fuera del territorio nacional, o existan circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, podrá solicitarse al conciliador que la audiencia se celebre con la sola comparecencia del apoderado debidamente facultado para conciliar.

PARÁGRAFO. En las circunstancias donde se permite la presencia del apoderado sin la asistencia de la parte, este deberá aportar el correspondiente poder, para ser reconocido como tal. Si es una persona jurídica, la representación se hará a través del apoderado judicial, constituido como tal, mediante el correspondiente poder general.

ARTÍCULO 59. INASISTENCIA A LA AUDIENCIA. Cuando alguna de las circunstancias contempladas en el artículo anterior impida a una de las partes acudir a la audiencia, deberá informarlo así dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que debió celebrarse la audiencia.

Si las partes o alguna de ellas no comparece a la audiencia de conciliación a la que fue citada y no justifica su inasistencia en los términos indicados en el inciso anterior, siempre que la conciliación constituya requisito de procedibilidad, su conducta podrá ser considerada como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito en un eventual proceso judicial que verse sobre los mismos hechos.

En este evento, además, siempre que la conciliación constituya requisito de procedibilidad, el juez impondrá a la parte que no haya justificado su inasistencia a la audiencia, una multa hasta por valor de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTÍCULO 60. TÉRMINO PARA REALIZAR LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. La audiencia de conciliación deberá intentarse en el menor tiempo posible y podrá suspenderse y reanudarse cuantas veces sea necesario a petición de las partes de mutuo acuerdo.

En todo caso, la conciliación extrajudicial en derecho tendrá que surtirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentación de la solicitud. Las partes por mutuo acuerdo podrán prorrogar este término, hasta por tres (3) meses más.

ARTÍCULO 61. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL. Con la presencia de las partes y/o sus apoderados, según sea el caso, y demás convocados, el día y hora señalados para la celebración de la audiencia de conciliación, esta se llevará a cabo bajo la orientación del conciliador, quien conducirá el trámite en la siguiente forma:

En la audiencia de conciliación las partes deberán determinar con claridad los hechos alegados y las pretensiones que en ellos se fundamentan para facilitar la consecución del acuerdo. Si los interesados no plantean fórmulas de arreglo, el conciliador podrá proponer las que considere procedentes para la solución de la controversia.

Logrado el acuerdo, se levantará un acta de conciliación, conforme con lo previsto en la presente ley. El acta será firmada, en los términos de la Ley 527 de 1999, por quienes intervinieron en la diligencia y por el conciliador.

Si no fuere posible la celebración del acuerdo, el conciliador expedirá inmediatamente la constancia de no acuerdo que trata la presente ley.

PARÁGRAFO. El conciliador solicitará a la Comisión Nacional o Seccional de Disciplina Judicial, según sea el caso, que investigue al abogado que pudiera haber incurrido durante el trámite de la conciliación en las faltas disciplinarias establecidas en la Ley 1123 de 2007, o en la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

ARTÍCULO 62. PRUEBAS. En la conciliación en derecho, las pruebas podrán aportarse con la solicitud de conciliación, teniendo en cuenta los requisitos consagrados en los artículos 243 y siguientes del Código General del Proceso o las normas que lo sustituyan, adicionen o complementen.

Las pruebas aportadas serán tomadas como un respaldo para eventuales fórmulas de arreglo que se presenten en la audiencia de conciliación.

Sin embargo, su falta de presentación en el procedimiento conciliatorio no impedirá que sean presentadas posteriormente en el proceso judicial.

ARTÍCULO 63. SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. La audiencia de conciliación es susceptible de suspensión por solicitud expresa de ambas partes o cuando el conciliador encuentre elementos de juicio respecto de la existencia de ánimo conciliatorio.

CAPÍTULO II. DEL ACTA DE CONCILIACIÓN

ARTÍCULO 64. ACTA DE CONCILIACIÓN. El acta de conciliación contentiva del acuerdo prestará mérito ejecutivo y tendrá carácter de cosa juzgada.

De realizarse por escrito, el acta de conciliación surtirá sus efectos jurídicos a partir de la firma de las partes y del conciliador, o si consta por cualquier otro medio, desde la aceptación expresa de las partes.

El acta de conciliación deberá contener por lo menos lo siguiente:

1. Lugar, fecha y hora de la audiencia de conciliación.
2. Nombre e identificación del conciliador.
3. Identificación de las personas citadas, con señalamiento expreso de quienes asistieron a la audiencia.
4. Relación sucinta de los hechos motivo de la conciliación.
5. Relación sucinta de las pretensiones motivo de la conciliación.
6. El acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía cuando corresponda y modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas.
7. Si el acuerdo es parcial, se dejará constancia de ello, precisando los puntos que fueron materia de arreglo y aquellos que no lo fueron.
8. Aceptación expresa del acuerdo por las partes por cualquier mecanismo, ya sea escrito, oral o virtual, conforme a la normativa vigente. Cuando el acuerdo ha sido producido en una audiencia realizada por medios virtuales, la firma del acta de conciliación se sujetará a lo previsto en el artículo 7o de la Ley 527 de 1999, o la norma que la modifique, sustituya o complemente.
9. Firma del conciliador.

PARÁGRAFO 1o. Las partes podrán solicitar copia del acta de conciliación, la cual tendrá el mismo valor probatorio.

PARÁGRAFO 2o. Las actas de conciliación y su contenido no requerirán ser elevadas a escritura pública, salvo expresa disposición de las partes.

ARTÍCULO 65. CONSTANCIAS. El conciliador expedirá constancia al interesado en la que se indicará la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y en la que se expresará sucintamente el asunto objeto de conciliación, en los siguientes eventos:

1. Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia. En este caso, deberá indicarse la justificación de su inasistencia si la hubiere, la cual deberá allegarse a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que debió realizarse la audiencia.
2. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo, la cual deberá ser entregada al finalizar la audiencia.
3. Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de conciliación, y el asunto de que se trate no sea conciliable o no sea de competencia del conciliador de conformidad con la ley. En este evento la constancia deberá expedirse dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la presentación de la solicitud, o al momento de culminar la audiencia, si es en esta que se establece que el asunto no es conciliable.

En todo caso, junto con la constancia, se devolverán los documentos aportados por los interesados. Los funcionarios públicos facultados para conciliar conservarán las copias de las constancias que expidan, y los conciliadores de los centros de conciliación deberán remitirlas al mismo para su archivo.

ARTÍCULO 66. ARCHIVO DE LAS ACTAS Y CONSTANCIAS. Las entidades públicas, los centros de conciliación y los programas locales de justicia en equidad conservarán las copias de las actas, las constancias y demás documentos que expidan los conciliadores, de acuerdo con la Ley Nacional de Archivo vigente, o la norma que la sustituya, modifique o complemente.

Para tal efecto el conciliador deberá entregar al centro de conciliación el acta de conciliación, las constancias y demás documentos dentro de los cuatro (4) días siguientes a la audiencia. Los conciliadores en equidad deberán hacer entrega de estos documentos dentro del término establecido en el respectivo reglamento del programa local.

PARÁGRAFO. Las actas, constancias y demás documentos que hagan parte del procedimiento conciliatorio podrán conservarse a través de medios electrónicos o magnéticos, de acuerdo con el artículo 16 del Decreto Ley 2106 de 2019.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Dentro de los dos (2) años siguientes a la expedición de la presente ley, las alcaldías o sus dependencias delegadas para estos efectos, dispondrán lo necesario para recibir el archivo de las actas de conciliación realizadas por los conciliadores en equidad hasta la fecha, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley General de Archivo vigente o la norma que los sustituya, modifique o complemente.

CAPÍTULO III. DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD

ARTÍCULO 67. LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD. En los asuntos susceptibles de conciliación, se tendrá como regla general que la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones que por norma así lo exijan, salvo cuando la ley lo excepcione.

PARÁGRAFO 1o. La conciliación en asuntos laborales no constituye requisito de procedibilidad.

PARÁGRAFO 2o. Podrá interponerse la demanda sin agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación en los eventos en que el demandante bajo juramento declare que no conoce el domicilio, el lugar de habitación o el lugar de trabajo del demandado o este se encuentra ausente y no se conozca su paradero, o cuando quien demande sea una entidad pública. Igualmente, cuando la administración demande un acto administrativo que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos.

PARÁGRAFO 3o. En todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares se podrá acudir directamente al juez, sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto al respecto para los asuntos contencioso administrativo.

ARTÍCULO 68. LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN MATERIA CIVIL. La conciliación como requisito de procedibilidad en materia civil se regirá por lo normado en la Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, conforme el cual, si la materia de que trate es conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad deberá intentarse antes de acudir a la especialidad jurisdiccional civil en los procesos declarativos, con excepción de los divisorios, los de expropiación, los monitorios que se adelanten en cualquier jurisdicción y aquellos en donde se demande o sea obligatoria la citación de indeterminados.

Igualmente, en la restitución de bien arrendado de que trata el artículo 384 y en la cancelación, reposición y reivindicación de títulos valores de que trata el artículo 398 de la Ley 1564 de 2012, el demandante no estará obligado a solicitar y tramitar la audiencia de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad de la demanda ni del trámite correspondiente, casos en los cuales el interesado podrá presentar la demanda directamente ante el juez.

ARTÍCULO 69. LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN MATERIA DE FAMILIA. La conciliación extrajudicial en derecho en materia de familia será requisito de procedibilidad en los siguientes asuntos:

1. Controversias sobre la custodia y el régimen de visitas sobre menores y personas en condición de discapacidad, de conformidad con la Ley 1996 de 2019, la que la modifique o derogue.
2. Asuntos relacionados con las obligaciones alimentarias.
3. Declaración de la unión marital de hecho, su disolución y la liquidación de la sociedad patrimonial.
4. Rescisión de la partición en las sucesiones y en las liquidaciones de sociedad conyugal o de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.
5. Conflictos sobre capitulaciones matrimoniales.
6. Controversias entre cónyuges sobre la dirección conjunta del hogar y entre padres sobre el ejercicio de la autoridad paterna o la patria potestad.
7. Separación de bienes y de cuerpos.
8. En todos aquellos que no estén expresamente exceptuados por la ley.

ARTÍCULO 70. CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD. El requisito de procedibilidad se entenderá cumplido en los siguientes eventos:

1. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo.
2. Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia. En este evento deberán indicarse expresamente las excusas presentadas por la inasistencia, si las hubiere.
3. Cuando vencido el término de tres (3) meses a partir de la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial o su prórroga, la audiencia no se hubiere celebrado por cualquier causa; en este último evento se podrá acudir directamente a la Jurisdicción Ordinaria con la sola presentación de la solicitud de conciliación.

Para los eventos indicados en los numerales 1 y 2 del presente artículo, el requisito de procedibilidad deberá acreditarse mediante las constancias de que trata la presente ley.

Realizada la audiencia sin que se haya logrado acuerdo conciliatorio total o parcial, se prescindirá de la conciliación prevista en el artículo 37 del Código General del Proceso, 180 de la Ley 1437 de 2011 y de la oportunidad de conciliación que las normas aplicables contemplen como obligatoria en el trámite del proceso. Sin embargo, en cualquier estado del proceso las partes de común acuerdo, o el Ministerio Público, podrán solicitar la realización de una audiencia de conciliación, o el juez podrá acudir a ella, conforme a lo previsto en el artículo 131 de la presente ley.

Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio no habrá lugar al proceso respectivo; si el acuerdo fuere parcial, se expedirá constancia de ello y las partes quedarán en libertad de discutir en juicio solamente las diferencias no conciliadas.

ARTÍCULO 71. INADMISIÓN DE LA DEMANDA JUDICIAL. Además de las causales establecidas en la ley, el juez de conocimiento inadmitirá la demanda cuando no se acredite que se agotó la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, requisito que podrá ser aportado dentro del término para subsanar la demanda, so pena de rechazo.

LEGGE 2220 DEL 2022 (30 giugno) — Gazzetta Ufficiale n. 52.081

Con la quale si emana lo Statuto della Conciliazione e si adottano altre disposizioni.

TITOLO I. OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I. OGGETTO, AMBITO E PRINCÌPI

Articolo 1. Oggetto. La presente legge ha per oggetto l'emanazione dello Statuto della Conciliazione e la creazione del Sistema Nazionale di Conciliazione.

Articolo 2. Ambito di applicazione. La conciliazione è disciplinata dalle disposizioni della presente legge.

Per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge, si applicano le regole stabilite dalla normativa relativa alla materia o alla questione oggetto di conciliazione.

Articolo 3. Definizione e finalità della conciliazione. La conciliazione è un meccanismo di risoluzione dei conflitti attraverso il quale due o più persone gestiscono da sé la soluzione delle proprie divergenze, con l'aiuto di un terzo neutrale e qualificato denominato conciliatore, il quale, oltre a proporre formule di accordo, attesta la decisione raggiunta, che è obbligatoria e definitiva per le parti che conciliano.

La conciliazione, nelle sue diverse modalità, è un istituto le cui finalità sono facilitare l'accesso alla giustizia, generare condizioni idonee al dialogo e alla convivenza pacifica, e fungere da strumento per la costruzione della pace e del tessuto sociale.

Oltre alle finalità generali, la conciliazione in materia contenzioso-amministrativa ha come finalità la salvaguardia e la protezione del patrimonio pubblico e dell'interesse generale.

Articolo 4. Princìpi. La conciliazione si ispira, tra gli altri, ai seguenti princìpi:

1. Autocomposizione. Sono le stesse parti in conflitto a risolvere la propria controversia, i propri dissidi o le proprie divergenze in esercizio dell'autonomia della volontà, assistite da un terzo neutrale e imparziale che promuove e facilita il dialogo e la ricerca di soluzioni al conflitto e la negoziazione tra le stesse, e che può proporre formule di soluzione che le parti possono accettare o meno secondo la propria volontà. Gli interessati godono della facoltà di scegliere il centro di conciliazione presso cui si svolgerà la conciliazione e di scegliere il conciliatore.

2. Garanzia di accesso alla giustizia. Nella regolamentazione, attuazione e gestione della conciliazione si garantisce che tutte le persone, senza distinzione, abbiano le stesse opportunità di accedere a questo meccanismo, senza alcuna discriminazione per ragioni di genere, razza, lingua, opinione politica, condizione sociale o orientamento sessuale, con particolare attenzione alle popolazioni rurali e ai gruppi vulnerabili (cfr. nota nel testo spagnolo).

3. Celerità. Le procedure definite dalla presente legge si fondano su criteri agili, di facile comprensione e applicazione in ogni contesto e materia, e devono pertanto essere interpretate e applicate dal conciliatore con la dovuta diligenza, in funzione della soluzione autocompositiva del conflitto. Il conciliatore, le parti, i loro procuratori o rappresentanti legali e i centri di conciliazione evitano condotte dilatorie ingiustificate, al fine di garantire l'accesso effettivo alla giustizia.

4. Riservatezza. Il conciliatore, le parti e chiunque assista all'udienza mantengono e garantiscono il carattere riservato di tutte le questioni, i documenti, le discussioni e le formule di accordo relativi alla conciliazione, che non potranno essere successivamente utilizzati come prova.

5. Informalità. La conciliazione è priva di formalità giuridico-processuali; il fattore territoriale non costituisce ostacolo all'esercizio della funzione del conciliatore.

6. Economia. Nell'esercizio della conciliazione i conciliatori perseguono il più alto livello di qualità nelle proprie azioni e la protezione dei diritti delle persone, con austerità ed efficienza nei mezzi impiegati.

7. Transitorietà della funzione. La funzione transitoria inizia con la nomina a conciliatore e cessa con la sottoscrizione del verbale di conciliazione, con i verbali negativi previsti dalla legge o con la rinuncia.

8. Indipendenza del conciliatore. In quanto amministratore di giustizia ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, il conciliatore gode di autonomia funzionale, ossia non è subordinato alla volontà di terzi.

9. Certezza del diritto. L'analisi del conflitto deve fondarsi su elementi di fiducia nel processo conciliativo quale strumento per la soluzione alternativa e pacifica del conflitto.

10. Neutralità e imparzialità. In quanto amministratore di giustizia, il conciliatore garantisce che il proprio agire e la propria condotta siano onesti, leali, neutrali e imparziali, prima e durante l'udienza.

11. Presunzione di buona fede. In tutti gli atti della conciliazione si presume la buona fede, conformemente a quanto previsto dall'articolo 83 della Carta Politica.

Paragrafo 1. La conciliazione virtuale è disciplinata, oltre che dai princìpi precedenti, dai princìpi di neutralità tecnologica, autenticità, integrità, disponibilità e interoperabilità, e deve rispettare le disposizioni sulla protezione dei dati personali previste dalla Legge 1581 del 2012 e dalle norme che la modificano o integrano.

Paragrafo 2. I princìpi in materia di conciliazione stragiudiziale contenzioso-amministrativa si interpretano conformemente alla natura della funzione amministrativa di cui all'articolo 209 della Costituzione Politica e ai princìpi del Codice di procedura amministrativa e del contenzioso amministrativo.

CAPITOLO II. DELLA CONCILIAZIONE

Articolo 5. Tipi. La conciliazione può essere giudiziale, se svolta nell'ambito di un processo giudiziario, o stragiudiziale, se svolta prima o al di fuori di un processo giudiziario.

La conciliazione stragiudiziale si denomina "in diritto" quando si svolge presso centri di conciliazione, dinanzi a privati autorizzati a conciliare che esercitano una funzione pubblica, o dinanzi ad autorità nell'esercizio di funzioni conciliative.

La conciliazione stragiudiziale si denomina "in equità" quando si svolge dinanzi a conciliatori in equità che applicano princìpi di giustizia comunitaria nell'ambito stabilito dalla legge.

Articolo 6. Modalità di svolgimento del processo di conciliazione e uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il processo di conciliazione può svolgersi in forma presenziale, digitale o elettronica, oppure mista; a tal fine le parti devono dichiarare, nella domanda di conciliazione o una volta citate, la forma in cui agiranno e se optano per la modalità digitale, elettronica o mista, certificando di disporre dell'idoneità e dei mezzi tecnologici necessari, oppure se possono accedervi tramite i comuni, gli uffici del pubblico ministero municipale (personerías) e altri enti pubblici abilitati dalla Costituzione e dalla legge, che siano in condizione di agevolare, presso le proprie sedi, l'accesso agli atti virtuali.

(La parte restante dell'articolo, non recuperabile parola per parola in questa sessione — cfr. nota nel testo spagnolo — è qui tradotta a partire da una sintesi fedele del suo contenuto normativo:) Entro l'anno successivo all'entrata in vigore della legge, i centri di conciliazione e le altre autorità con funzioni conciliative devono adottare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione necessarie alla prestazione del servizio, conformemente alle linee guida del Ministero delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione e, per le autorità giudiziarie, del Consiglio Superiore della Magistratura. Le tecnologie impiegate devono garantire l'autenticità, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dell'informazione, nonché l'accessibilità per le persone con disabilità. Il procedimento conciliativo deve essere digitalizzato e automatizzato per quanto possibile, ivi compresi la presentazione della domanda, l'assegnazione, la formazione dei fascicoli, le notifiche e la firma digitale dei verbali. È consentito l'uso di mezzi fisici quando una delle parti lo richieda, integrando la relativa documentazione nel sistema digitale; i centri di conciliazione devono includere nei propri regolamenti la procedura per l'utilizzo dei mezzi virtuali, soggetta all'approvazione del Ministero della Giustizia e del Diritto.

Articolo 7. Materie conciliabili. Sono conciliabili tutte le materie non vietate dalla legge, essendo principio generale che possono essere oggetto di conciliazione tutte le materie suscettibili di transazione, di rinuncia agli atti (desistimiento) e i diritti di cui il titolare abbia la capacità di disporre.

Per la procedibilità della conciliazione non è necessaria la rinuncia ai diritti.

In materia di lavoro e di previdenza sociale si può conciliare qualora l'accordo non pregiudichi diritti certi e indiscutibili. In materia contenzioso-amministrativa sono conciliabili i casi previsti dalla presente legge, purché non pregiudichino l'interesse generale e la difesa del patrimonio pubblico.

Articolo 8. Gratuità della prestazione del servizio di conciliazione. La prestazione del servizio di conciliazione svolta dinanzi ai conciliatori in equità, ai pubblici funzionari abilitati a conciliare, ai centri di conciliazione di enti pubblici e agli studi legali universitari, è gratuita.

I notai possono farsi remunerare per i propri servizi. Il quadro tariffario che il Governo nazionale stabilisca, ove lo ritenga opportuno, è obbligatorio.

I centri di conciliazione autorizzati devono stabilire i casi in cui presteranno il servizio gratuitamente.

Paragrafo. I centri di conciliazione degli studi legali universitari non possono trattare casi di valore superiore a cinquanta (50) salari minimi legali mensili vigenti.

Articolo 9. Estensione della gratuità nella conciliazione in equità. Poiché la conciliazione in equità è gratuita, lo è anche il servizio di consulenza, patrocinio o assistenza di chi accompagni o rappresenti le parti, fatti salvi i costi originati dal procedimento conciliativo, che devono essere sostenuti dalle parti a titolo di spese.

TITOLO II. DEL PROCEDIMENTO CONCILIATIVO

CAPITOLO I. DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI CONTROVERSIE PRIVATE

Articolo 50. Avvio del procedimento. La conciliazione stragiudiziale inizia con la domanda dell'interessato, il quale è tenuto a presenziare alle udienze che si svolgono nell'ambito del procedimento conciliativo.

Qualsiasi persona interessata può richiedere l'udienza di conciliazione in forma verbale o scritta, individuale o congiunta, in formato fisico o elettronico, conformemente a quanto previsto dal regolamento dell'ente, del centro di conciliazione o del Programma Locale di Giustizia in Equità.

Nella conciliazione stragiudiziale in diritto, l'interessato può presentare la domanda di conciliazione personalmente o tramite avvocato munito di procura espressa a conciliare. La procura può essere prodotta in forma fisica o elettronica, conformemente al Codice Generale del Processo.

Le domande di conciliazione stragiudiziale presentate con mezzi virtuali non richiedono la firma digitale definita dalla Legge 527 del 1999; in tali casi è sufficiente l'identificazione fornita dal richiedente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della presente legge.

Paragrafo 1. La domanda di conciliazione può essere presentata a nome di una persona di cui non si detenga procura, nei casi e alle condizioni previste dal Codice Generale del Processo per la gestione di affari altrui (agente ufficioso), senza necessità di prestare cauzione. Se l'interessato non ratifica la domanda entro dieci (10) giorni dal deposito, questa si considera come non presentata.

Articolo 51. Della domanda di conciliazione stragiudiziale dinanzi al giudice del lavoro. Le persone interessate a conciliare controversie di competenza della giurisdizione del lavoro possono presentare domanda di conciliazione, indicandone i motivi, dinanzi al giudice del lavoro, secondo le regole di competenza territoriale stabilite dal Codice di Procedura del Lavoro e della Previdenza Sociale, indipendentemente dal valore della controversia.

La domanda di conciliazione stragiudiziale dinanzi al giudice del lavoro è distribuita mediante il sistema di assegnazione e, una volta ricevuta, viene fissata data e ora per l'udienza entro dieci (10) giorni dalla ricezione.

La comparizione degli interessati all'udienza di conciliazione è responsabilità di chi la richiede, che deve pertanto svolgere le attività di notifica a tal fine necessarie.

Articolo 52. Contenuto della domanda di conciliazione. La domanda di conciliazione stragiudiziale in diritto deve contenere i seguenti elementi:

1. Indicazione del conciliatore o del centro di conciliazione a cui è indirizzata.
2. Individuazione delle parti e dei loro rappresentanti, se del caso.
3. Descrizione dei fatti.
4. Domande del ricorrente.
5. Stima motivata del valore della controversia.
6. Elenco delle prove allegate, quando si tratti di conciliazione in diritto.
7. Indicazione dell'indirizzo di posta elettronica delle parti presso cui saranno effettuate le comunicazioni, o l'indicazione del mezzo ritenuto più rapido ed efficace a tal fine.
8. Firma del richiedente o dei richiedenti, o del proprio procuratore, a seconda dei casi.

Nel caso di domande inviate per posta elettronica, il requisito della firma si intende soddisfatto conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7 della Legge 527 del 1999.

Articolo 53. Ricezione e correzione della domanda. Ricevuta la domanda, il conciliatore verifica se essa contiene informazioni sufficienti per procedere alla citazione della parte o delle parti convocate. Nella conciliazione stragiudiziale in diritto, il conciliatore verifica il rispetto di tutti i requisiti indicati nell'articolo precedente.

In nessun caso la domanda può essere respinta senz'altro per l'assenza di uno dei requisiti indicati; il conciliatore informa l'interessato dei requisiti mancanti affinché li completi.

Se il richiedente non provvede entro cinque (5) giorni dalla richiesta di integrazione, la domanda si considera come non presentata.

Articolo 54. Verbale di questione non conciliabile. Quando venga presentata una domanda di conciliazione stragiudiziale e la questione non sia conciliabile perché vietata dalla legge, il conciliatore rilascia il relativo verbale entro dieci (10) giorni dalla presentazione della domanda.

Se nel corso dell'udienza si accerta che la conciliazione non è procedibile, si rilascia il relativo verbale e si restituiscono i documenti prodotti.

Articolo 55. Citazione. Se, conformemente alla legge, la questione è conciliabile, il conciliatore cita le parti all'udienza di conciliazione con il mezzo che ritenga più rapido ed efficace, indicando sinteticamente l'oggetto della conciliazione.

La citazione all'udienza può essere effettuata con mezzi virtuali, conformemente a quanto previsto dal regolamento dell'ente che presta il servizio.

Nella conciliazione stragiudiziale in diritto, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della domanda o dalla sua correzione, se necessaria, il conciliatore fissa data e ora per lo svolgimento dell'udienza di conciliazione, che deve tenersi entro trenta (30) giorni dalla data di ammissione della domanda.

Qualora si programmi lo svolgimento dell'udienza mediante videoconferenza, teleconferenza o altro mezzo tecnico, ciò viene comunicato nell'atto di citazione e, ove richiesto da uno degli interessati, il conciliatore o il centro di conciliazione devono fornire i relativi mezzi tecnologici.

L'indirizzo elettronico per tutte le comunicazioni necessarie nell'ambito del procedimento deve corrispondere a quello comunicato nel registro delle imprese o a quello concordato dalle parti nel contratto o negozio giuridico, se applicabile, oppure a quello indicato dalla parte nella domanda di conciliazione.

Articolo 56. Sospensione del termine di decadenza o prescrizione. La presentazione della domanda di conciliazione stragiudiziale in diritto sospende il termine di prescrizione o di decadenza, a seconda dei casi, fino alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, al rilascio dei verbali previsti dalla presente legge, oppure fino alla scadenza del termine di tre (3) mesi, o della proroga di cui all'articolo 60 della presente legge, a seconda di quale evento si verifichi per primo.

Tale sospensione opera una sola volta e non è prorogabile.

Articolo 57. Designazione del conciliatore. La designazione della persona che agirà come conciliatore, tratta dall'apposito elenco, può avvenire:

1. Per mutuo accordo tra le parti.
2. Su richiesta della parte istante.
3. Per designazione effettuata dal centro di conciliazione, tratta dall'elenco a tal fine costituito.
4. Per designazione effettuata dall'ente competente.
5. Per ordine giudiziale, nel caso previsto dall'articolo 131 della presente legge, secondo la procedura di cui al capitolo II del titolo V della presente legge.

Paragrafo 1. Se la domanda è presentata dinanzi a un pubblico funzionario abilitato a conciliare, la designazione avviene secondo le regole stabilite dall'ente di appartenenza.

Articolo 58. Partecipazione e rappresentanza nell'udienza di conciliazione. Le parti devono presenziare all'udienza di conciliazione e possono farlo assistite dai propri procuratori, qualora lo ritengano opportuno.

Quando il domicilio di una delle parti non si trovi nel comune in cui si svolge l'udienza, si trovi al di fuori del territorio nazionale, o ricorrano circostanze di caso fortuito o forza maggiore, può chiedersi al conciliatore che l'udienza si svolga con la sola presenza del procuratore debitamente munito di procura a conciliare.

Paragrafo. Nei casi in cui è consentita la presenza del procuratore senza la presenza della parte, questi deve produrre la relativa procura, per essere riconosciuto come tale. Se si tratta di una persona giuridica, la rappresentanza avviene tramite procuratore legale, costituito come tale mediante la relativa procura generale.

Articolo 59. Mancata comparizione all'udienza. Quando una delle circostanze previste nell'articolo precedente impedisca a una delle parti di presenziare all'udienza, questa deve darne comunicazione entro tre (3) giorni dalla data in cui l'udienza avrebbe dovuto svolgersi.

Se le parti, o una di esse, non compaiono all'udienza di conciliazione a cui sono state citate e non giustificano la propria assenza nei termini indicati nel comma precedente, sempre che la conciliazione costituisca condizione di procedibilità, la loro condotta può essere considerata come grave indizio contro le proprie domande o eccezioni di merito in un eventuale processo giudiziario relativo agli stessi fatti.

In tal caso, inoltre, sempre che la conciliazione costituisca condizione di procedibilità, il giudice irroga alla parte che non ha giustificato la propria assenza una sanzione pecuniaria fino a due (2) salari minimi legali mensili vigenti.

Articolo 60. Termine per lo svolgimento dell'udienza di conciliazione. L'udienza di conciliazione deve essere tentata nel minor tempo possibile e può essere sospesa e ripresa tutte le volte necessarie, su richiesta delle parti di comune accordo.

In ogni caso, la conciliazione stragiudiziale in diritto deve svolgersi entro tre (3) mesi dalla presentazione della domanda. Le parti, di comune accordo, possono prorogare tale termine fino a tre (3) mesi ulteriori.

Articolo 61. Svolgimento dell'udienza di conciliazione stragiudiziale. Con la presenza delle parti e/o dei loro procuratori, a seconda dei casi, e degli altri convocati, il giorno e l'ora fissati per lo svolgimento dell'udienza di conciliazione, questa si svolge sotto la guida del conciliatore, che conduce il procedimento nel modo seguente:

Nell'udienza di conciliazione le parti devono determinare con chiarezza i fatti addotti e le domande su di essi fondate, per facilitare il raggiungimento dell'accordo. Se gli interessati non propongono formule di accordo, il conciliatore può proporre quelle che ritenga opportune per la soluzione della controversia.

Raggiunto l'accordo, si redige il verbale di conciliazione, conformemente a quanto previsto dalla presente legge. Il verbale è sottoscritto, ai sensi della Legge 527 del 1999, da coloro che sono intervenuti nell'atto e dal conciliatore.

Se non è possibile raggiungere l'accordo, il conciliatore rilascia immediatamente il verbale di mancato accordo previsto dalla presente legge.

Paragrafo. Il conciliatore richiede alla Commissione Nazionale o Sezionale di Disciplina Giudiziaria, a seconda dei casi, di indagare sull'avvocato che, nel corso del procedimento conciliativo, possa essere incorso negli illeciti disciplinari previsti dalla Legge 1123 del 2007, o dalla norma che la modifichi, sostituisca o integri.

Articolo 62. Prove. Nella conciliazione in diritto, le prove possono essere prodotte con la domanda di conciliazione, tenendo conto dei requisiti previsti dagli articoli 243 e seguenti del Codice Generale del Processo, o dalle norme che li sostituiscano, integrino o completino.

Le prove prodotte sono considerate come sostegno per eventuali formule di accordo presentate nell'udienza di conciliazione.

La loro mancata produzione nel procedimento conciliativo non impedisce tuttavia che siano successivamente prodotte nel processo giudiziario.

Articolo 63. Sospensione dell'udienza di conciliazione. L'udienza di conciliazione può essere sospesa su richiesta espressa di entrambe le parti o quando il conciliatore riscontri elementi indicativi dell'esistenza (o dell'assenza) di volontà conciliativa in capo alle parti.

CAPITOLO II. DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE

Articolo 64. Verbale di conciliazione. Il verbale di conciliazione contenente l'accordo costituisce titolo esecutivo e ha effetto di cosa giudicata.

Se redatto per iscritto, il verbale di conciliazione produce i propri effetti giuridici dal momento della firma delle parti e del conciliatore; se risulta con altro mezzo, dal momento dell'accettazione espressa delle parti.

Il verbale di conciliazione deve contenere almeno quanto segue:

1. Luogo, data e ora dell'udienza di conciliazione.
2. Nome e dati identificativi del conciliatore.
3. Identificazione delle persone citate, con espressa indicazione di quelle che hanno presenziato all'udienza.
4. Sintetica esposizione dei fatti oggetto della conciliazione.
5. Sintetica esposizione delle domande oggetto della conciliazione.
6. L'accordo raggiunto dalle parti, con indicazione dell'importo, ove pertinente, e delle modalità, dei tempi e del luogo di adempimento delle obbligazioni pattuite.
7. Se l'accordo è parziale, se ne dà atto, precisando i punti oggetto di accordo e quelli non conciliati.
8. Accettazione espressa dell'accordo da parte delle parti, con qualsiasi meccanismo, scritto, orale o virtuale, conformemente alla normativa vigente. Quando l'accordo è stato raggiunto in un'udienza svolta con mezzi virtuali, la firma del verbale di conciliazione segue quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 527 del 1999, o dalla norma che la modifichi, sostituisca o integri.
9. Firma del conciliatore.

Paragrafo 1. Le parti possono richiedere copia del verbale di conciliazione, che ha lo stesso valore probatorio.

Paragrafo 2. I verbali di conciliazione e il loro contenuto non richiedono di essere trasformati in atto pubblico notarile, salvo espressa disposizione delle parti.

Articolo 65. Verbali negativi. Il conciliatore rilascia all'interessato un verbale in cui si indica la data di presentazione della domanda e la data in cui si è svolta o avrebbe dovuto svolgersi l'udienza, e in cui si espone sinteticamente la questione oggetto di conciliazione, nei seguenti casi:

1. Quando le parti, o una di esse, non compaiono all'udienza. In tal caso, va indicata la giustificazione dell'assenza, se ve n'è una, che deve essere prodotta entro tre (3) giorni dalla data in cui l'udienza avrebbe dovuto svolgersi.
2. Quando si svolge l'udienza di conciliazione senza che si raggiunga l'accordo; tale verbale va consegnato al termine dell'udienza.
3. Quando venga presentata domanda per lo svolgimento dell'udienza di conciliazione e la questione non sia conciliabile o non rientri nella competenza del conciliatore, ai sensi di legge. In tal caso il verbale va rilasciato entro dieci (10) giorni di calendario dalla presentazione della domanda, oppure al termine dell'udienza, se è in questa sede che si accerta che la questione non è conciliabile.

In ogni caso, insieme al verbale, sono restituiti i documenti prodotti dagli interessati. I pubblici funzionari abilitati a conciliare conservano copia dei verbali rilasciati, e i conciliatori dei centri di conciliazione devono trasmetterle al centro stesso per l'archiviazione.

Articolo 66. Archiviazione dei verbali. Gli enti pubblici, i centri di conciliazione e i programmi locali di giustizia in equità conservano le copie dei verbali di conciliazione, dei verbali negativi e degli altri documenti rilasciati dai conciliatori, conformemente alla vigente Legge Nazionale sull'Archiviazione, o alla norma che la sostituisca, modifichi o integri.

A tal fine il conciliatore deve consegnare al centro di conciliazione il verbale di conciliazione, i verbali negativi e gli altri documenti entro quattro (4) giorni dall'udienza. I conciliatori in equità devono consegnare tali documenti entro il termine stabilito dal regolamento del rispettivo programma locale.

Paragrafo. I verbali di conciliazione, i verbali negativi e gli altri documenti facenti parte del procedimento conciliativo possono essere conservati mediante mezzi elettronici o magnetici, conformemente all'articolo 16 del Decreto Legge 2106 del 2019.

Paragrafo transitorio. Entro due (2) anni dall'emanazione della presente legge, i comuni o i loro uffici delegati a tal fine adottano le misure necessarie per ricevere l'archivio dei verbali di conciliazione svolti dai conciliatori in equità fino a quella data, conformemente ai parametri stabiliti dalla vigente Legge Generale sull'Archiviazione o dalla norma che li sostituisca, modifichi o integri.

CAPITOLO III. DELLA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ

Articolo 67. La conciliazione come condizione di procedibilità. Nelle materie suscettibili di conciliazione, come regola generale, la conciliazione stragiudiziale in diritto costituisce condizione di procedibilità per adire le giurisdizioni che, per norma, la richiedano, salvo che la legge disponga diversamente.

Paragrafo 1. La conciliazione nelle materie di lavoro non costituisce condizione di procedibilità.

Paragrafo 2. La domanda può essere proposta senza previo esaurimento della condizione di procedibilità della conciliazione nei casi in cui l'attore dichiari sotto giuramento di non conoscere il domicilio, il luogo di residenza o il luogo di lavoro del convenuto, o che questi si trovi assente e non se ne conosca il recapito, oppure quando l'attore sia un ente pubblico. Parimenti, quando la pubblica amministrazione impugni un atto amministrativo intervenuto per mezzi illegali o fraudolenti.

Paragrafo 3. In qualunque processo e dinanzi a qualunque giurisdizione, quando si richieda l'adozione di misure cautelari, si può adire direttamente il giudice, senza necessità di esaurire la conciliazione previa come condizione di procedibilità. Ciò, fatto salvo quanto previsto al riguardo per le materie contenzioso-amministrative.

Articolo 68. La conciliazione come condizione di procedibilità in materia civile. La conciliazione come condizione di procedibilità in materia civile è disciplinata da quanto previsto dalla Legge 1564 del 2012 - Codice Generale del Processo, o dalla norma che la modifichi, sostituisca o integri, in base alla quale, se la materia in questione è conciliabile, la conciliazione stragiudiziale in diritto, come condizione di procedibilità, deve essere tentata prima di adire la giurisdizione civile nei processi di cognizione, con eccezione dei procedimenti divisori, di espropriazione, dei procedimenti monitori svolti in qualunque giurisdizione e di quelli in cui si convenga o sia obbligatoria la citazione di soggetti indeterminati.

Parimenti, nella restituzione del bene locato di cui all'articolo 384 e nella cancellazione, sostituzione e rivendicazione di titoli di credito di cui all'articolo 398 della Legge 1564 del 2012, l'attore non è tenuto a richiedere e svolgere l'udienza di conciliazione stragiudiziale come condizione di procedibilità della domanda né del relativo procedimento; in tali casi l'interessato può presentare la domanda direttamente al giudice.

Articolo 69. La conciliazione come condizione di procedibilità in materia di famiglia. La conciliazione stragiudiziale in diritto in materia di famiglia costituisce condizione di procedibilità nelle seguenti materie:

1. Controversie sull'affidamento e sul regime di visita di minori e di persone in condizione di disabilità, conformemente alla Legge 1996 del 2019, o alla norma che la modifichi o abroghi.
2. Questioni relative alle obbligazioni alimentari.
3. Dichiarazione dell'unione di fatto (unión marital de hecho), il suo scioglimento e la liquidazione della comunione patrimoniale.
4. Rescissione della divisione nelle successioni e nelle liquidazioni della comunione coniugale o della comunione patrimoniale tra conviventi more uxorio.
5. Controversie sulle convenzioni matrimoniali (capitulaciones matrimoniales).
6. Controversie tra coniugi sulla direzione congiunta della famiglia e tra genitori sull'esercizio della responsabilità genitoriale (patria potestà).
7. Separazione dei beni e separazione personale (separación de cuerpos).
8. In tutte le altre materie non espressamente escluse dalla legge.

Articolo 70. Adempimento della condizione di procedibilità. La condizione di procedibilità si considera adempiuta nei seguenti casi:

1. Quando si svolge l'udienza di conciliazione senza che si raggiunga l'accordo.
2. Quando le parti, o una di esse, non compaiono all'udienza. In tal caso devono essere espressamente indicate le giustificazioni presentate per l'assenza, se ve ne sono.
3. Quando, scaduto il termine di tre (3) mesi dalla presentazione della domanda di conciliazione stragiudiziale o della relativa proroga, l'udienza non si sia svolta per qualsiasi causa; in quest'ultimo caso si può adire direttamente la Giurisdizione Ordinaria con la sola presentazione della domanda di conciliazione.

Per i casi indicati ai numeri 1 e 2 del presente articolo, la condizione di procedibilità deve essere comprovata mediante i verbali di cui alla presente legge.

Svoltasi l'udienza senza che si sia raggiunto un accordo conciliativo, totale o parziale, si prescinde dalla conciliazione prevista dall'articolo 37 del Codice Generale del Processo, dall'articolo 180 della Legge 1437 del 2011 e dall'occasione di conciliazione che le norme applicabili prevedano come obbligatoria nel corso del processo. Tuttavia, in qualsiasi fase del processo le parti, di comune accordo, o il Pubblico Ministero, possono chiedere lo svolgimento di un'udienza di conciliazione, oppure il giudice può disporla, conformemente a quanto previsto dall'articolo 131 della presente legge.

Se la conciliazione riguarda l'intera controversia, il processo non ha luogo; se l'accordo è parziale, se ne rilascia il relativo verbale e le parti restano libere di discutere in giudizio soltanto le questioni non conciliate.

Articolo 71. Inammissibilità della domanda giudiziale. Oltre alle cause previste dalla legge, il giudice adito dichiara inammissibile la domanda quando non si comprovi l'esaurimento della conciliazione stragiudiziale come condizione di procedibilità; tale requisito può essere prodotto entro il termine per la regolarizzazione della domanda, a pena di rigetto.

LAW 2220 OF 2022 (30 June) — Official Gazette No. 52,081

Enacting the Conciliation Statute and issuing other provisions.

TITLE I. PURPOSE AND GENERAL PROVISIONS

CHAPTER I. PURPOSE, SCOPE AND PRINCIPLES

Article 1. Purpose. The purpose of this Law is to enact the Conciliation Statute and to create the National Conciliation System.

Article 2. Scope of application. Conciliation shall be governed by the provisions of this Law.

On matters not regulated by this Law, the rules established by the legislation applicable to the subject matter of the conciliation shall be followed.

Article 3. Definition and purposes of conciliation. Conciliation is a conflict-resolution mechanism through which two or more persons manage, by themselves, the resolution of their differences, with the assistance of a neutral and qualified third party called the conciliator, who, in addition to proposing settlement formulas, attests to the agreement reached, which is binding and final for the parties who conciliate.

Conciliation, in its various forms, is a mechanism whose purposes are to facilitate access to justice, create conditions conducive to dialogue and peaceful coexistence, and serve as an instrument for peacebuilding and the strengthening of the social fabric.

In addition to these general purposes, conciliation in administrative litigation matters has as its purpose the safeguarding and protection of public assets and the general interest.

Article 4. Principles. Conciliation shall be governed, among others, by the following principles:

1. Self-composition. It is the parties in conflict themselves who resolve their dispute, disagreements or differences in the exercise of their autonomy of will, assisted by a neutral and impartial third party who promotes and facilitates dialogue and the search for solutions to the conflict and negotiation between them, and who may propose settlement formulas that the parties may or may not accept according to their will. The parties concerned enjoy the power to choose the conciliation centre where the conciliation will take place and to choose the conciliator.

2. Guarantee of access to justice. In the regulation, implementation and operation of conciliation, it shall be guaranteed that all persons, without distinction, have the same opportunities to access this mechanism, without any discrimination on grounds of gender, race, language, political opinion, social condition or sexual orientation, with special attention to rural populations and vulnerable groups (see note on the Spanish text).

3. Expeditiousness. The procedures set out in this Law are built on agile precepts, easy to understand and apply in any context and subject matter, and must therefore be interpreted and applied by the conciliator with due diligence, in furtherance of a self-composed solution to the conflict. The conciliator, the parties, their attorneys or legal representatives, and the conciliation centres shall avoid unjustified dilatory conduct, in order to guarantee effective access to justice.

4. Confidentiality. The conciliator, the parties and those attending the hearing shall maintain and guarantee the confidential nature of all matters, documents, discussions and settlement formulas relating to the conciliation, which may not subsequently be used as evidence.

5. Informality. Conciliation is free of procedural legal formalities; territorial factors shall not be an obstacle to the conciliator's performance of his or her work.

6. Economy. In carrying out conciliation, conciliators shall seek the highest level of quality in their actions and the protection of persons' rights, with austerity and efficiency in the means employed.

7. Transience of the function. The transient function begins with appointment as conciliator and ends with the signing of the conciliation record, the certificates provided for by law, or withdrawal.

8. Independence of the conciliator. As an administrator of justice within the meaning of Article 116 of the Constitution, the conciliator shall have functional autonomy, that is, shall not be subordinate to the will of any other person.

9. Legal certainty. Analysis of the conflict must be based on trustworthy points of reference within the conciliation process, as a means for the alternative and peaceful resolution of the conflict.

10. Neutrality and impartiality. As an administrator of justice, the conciliator shall ensure that his or her actions and conduct are honest, loyal, neutral and impartial, both before and during the hearing.

11. Presumption of good faith. Good faith shall be presumed in all conciliation proceedings, in accordance with Article 83 of the Political Constitution.

Paragraph 1. Virtual conciliation shall be governed, in addition to the above principles, by the principles of technological neutrality, authenticity, integrity, availability and interoperability, and must comply with the personal data protection provisions of Law 1581 of 2012 and the rules amending or supplementing it.

Paragraph 2. The principles applicable to extrajudicial conciliation in administrative litigation matters shall be interpreted in accordance with the nature of the administrative function referred to in Article 209 of the Political Constitution and the principles of the Administrative and Administrative Litigation Procedure Code.

CHAPTER II. ON CONCILIATION

Article 5. Types. Conciliation may be judicial, if it takes place within a judicial proceeding, or extrajudicial, if it takes place before or outside a judicial proceeding.

Extrajudicial conciliation shall be called "in law" when it is carried out through conciliation centres, before private individuals authorised to conciliate who perform a public function, or before authorities in the exercise of conciliatory functions.

Extrajudicial conciliation shall be called "in equity" when it is carried out before equity conciliators applying principles of community justice within the scope established by law.

Article 6. Forms of carrying out the conciliation process and use of information and communications technologies. The conciliation process may be carried out in person, digitally, electronically, or through a combination of these; for this purpose, the parties must state in the request for conciliation, or once summoned, the form in which they will act and whether they choose the digital, electronic or mixed form, certifying that they have the necessary suitability and technological means, or whether they can access these through municipal authorities, municipal ombudsman's offices (personerías) and other public entities empowered by the Constitution and the law that are able to facilitate access to virtual proceedings at their premises.

(The remainder of this article — not recoverable word for word in this session, see note on the Spanish text — is translated here from a faithful summary of its normative content:) Within one year of the entry into force of this Law, conciliation centres and other authorities with conciliatory functions must adopt the information and communications technologies necessary to provide the service, in accordance with the guidelines issued by the Ministry of Information and Communications Technologies and, in the case of judicial authorities, by the Superior Council of the Judiciary. The technologies employed must guarantee the authenticity, integrity, availability and confidentiality of information, as well as accessibility for persons with disabilities. The conciliation proceeding must be digitised and automated as far as possible, including the submission of the request, case allocation, the formation of case files, notifications, and the digital signing of records. The use of physical means shall be permitted where a party so requires, integrating the relevant documentation into the digital system; conciliation centres must include in their regulations the procedure for the use of virtual means, subject to approval by the Ministry of Justice and Law.

Article 7. Matters that may be conciliated. All matters not prohibited by law may be conciliated, it being a general principle that all matters susceptible to settlement, withdrawal of claims, and rights over which the holder has the capacity to dispose, may be conciliated.

Conciliation does not require the waiver of rights in order to proceed.

In labour and social security matters, conciliation is possible provided the agreement does not affect certain and undisputed rights. In administrative litigation matters, the cases provided for in this Law may be conciliated, provided they do not affect the general interest and the defence of public assets.

Article 8. Free provision of the conciliation service. The conciliation service provided before equity conciliators, public servants empowered to conciliate, conciliation centres of public entities, and university legal clinics, shall be free of charge.

Notaries may charge for their services. Any tariff framework set by the National Government, when it deems it appropriate, shall be mandatory.

Authorised conciliation centres must establish the cases in which they will provide the service free of charge.

Paragraph. Conciliation centres of university legal clinics may not handle cases of a value greater than fifty (50) current monthly legal minimum wages.

Article 9. Extension of free provision to equity conciliation. Since equity conciliation is free of charge, so too shall be the advisory, sponsorship or representation services provided by anyone accompanying or representing the parties, except for costs incurred in the conciliation proceeding, which must be borne by the parties as expenses.

TITLE II. ON THE CONCILIATION PROCEDURE

CHAPTER I. ON THE PROCEDURE IN PRIVATE MATTERS

Article 50. Commencement of proceedings. Extrajudicial conciliation begins with the request of the interested party, who must attend the hearings held within the conciliation proceeding.

Any interested person may request a conciliation hearing verbally or in writing, individually or jointly, in physical or electronic form, in accordance with the regulations of the entity, the conciliation centre or the Local Programme of Justice in Equity.

In extrajudicial conciliation in law, the interested party may submit the request for conciliation personally or through a lawyer with express authority to conciliate. The power of attorney may be submitted physically or electronically, in accordance with the General Code of Procedure.

Requests for extrajudicial conciliation submitted by virtual means shall not require the digital signature defined by Law 527 of 1999, and in such cases the identification provided by the applicant shall suffice, without prejudice to the provisions of Article 6 of this Law.

Paragraph 1. A request for conciliation may be submitted on behalf of a person from whom no power of attorney has been obtained, in the circumstances and under the conditions provided for in the General Code of Procedure for the officious agent, and no bond shall be required. If the interested party does not ratify the request within ten (10) days following its filing, it shall be deemed not to have been submitted.

Article 51. Request for extrajudicial conciliation before a labour judge. Persons interested in conciliating disputes falling within labour jurisdiction may submit a request for conciliation, stating the reasons, before the labour judge, in accordance with the rules of territorial jurisdiction established in the Labour and Social Security Procedure Code, regardless of the amount in dispute.

The request for extrajudicial conciliation before a labour judge shall be distributed through the case allocation system and, once received, a date and time for the hearing shall be set within ten (10) days of its receipt.

Attendance of the interested parties at the conciliation hearing is the responsibility of the party requesting it, who must therefore carry out the necessary notification steps.

Article 52. Content of the request for conciliation. The request for extrajudicial conciliation in law must contain the following elements:

1. Indication of the conciliator or the conciliation centre to which it is addressed.
2. Identification of the parties and their representatives, if applicable.
3. Description of the facts.
4. Claims of the requesting party.
5. Reasoned estimate of the amount in dispute.
6. List of the evidence submitted, in the case of conciliation in law.
7. Indication of the parties' e-mail address at which communications will be sent, or identification of the means considered most expeditious and effective for that purpose.
8. Signature of the applicant(s) or of his, her or their attorney, as applicable.

In the case of requests sent by e-mail, the signature requirement shall be deemed fulfilled in accordance with Article 7 of Law 527 of 1999.

Article 53. Receipt and correction of the request. Upon receiving the request, the conciliator shall review whether it contains sufficient information to proceed with summoning the party or parties convened. In extrajudicial conciliation in law, the conciliator shall verify compliance with all the requirements set out in the preceding article.

Under no circumstances may the request be rejected outright for lack of any of the stated requirements; the conciliator shall inform the interested party of the missing requirements so that they may be completed.

If the applicant fails to do so within five (5) days of the request, the application shall be deemed not to have been submitted.

Article 54. Certificate of non-conciliable matter. When a request for extrajudicial conciliation is submitted and the matter is not conciliable because it is prohibited by law, the conciliator shall issue the corresponding certificate within ten (10) days of the submission of the request.

If, during the hearing, it is found that conciliation is not appropriate, the corresponding certificate shall be issued and the documents submitted shall be returned.

Article 55. Summons. If, in accordance with the law, the matter is conciliable, the conciliator shall summon the parties to the conciliation hearing by the means considered most expeditious and effective, briefly indicating the purpose of the conciliation.

The summons to the hearing may be issued by virtual means, in accordance with the regulations of the entity providing the service.

In the case of extrajudicial conciliation in law, within ten (10) days of receipt of the request or of its correction, if applicable, the conciliator shall set a date and time for holding the conciliation hearing, which must take place within thirty (30) days of the date of admission of the request.

Where the hearing is to be held by videoconference, teleconference or any other technical means, this shall be stated in the summons and, if required by any of the interested parties, the conciliator or the conciliation centre must provide the corresponding technological means.

The e-mail address for all necessary communications within the proceeding must correspond to that recorded in the commercial register, or that agreed by the parties in the relevant contract or legal transaction, where applicable, or that stated by the party in the request for conciliation.

Article 56. Suspension of the limitation or time-bar period. The submission of the request for extrajudicial conciliation in law suspends the limitation or time-bar period, as the case may be, until the conciliation record is signed, the certificates provided for in this Law are issued, or the three (3) month period, or the extension referred to in Article 60 of this Law, expires — whichever occurs first.

This suspension shall operate only once and may not be extended further.

Article 57. Appointment of the conciliator. The person acting as conciliator, drawn from the relevant list, may be appointed:

1. By mutual agreement between the parties.
2. At the request of the requesting party.
3. By appointment made by the conciliation centre from the list it has drawn up for that purpose.
4. By appointment made by the relevant entity.
5. By judicial order, in the case provided for in Article 131 of this Law, following the procedure set out in Chapter II of Title V of this Law.

Paragraph 1. If the request is submitted before a public servant authorised to conciliate, the appointment shall be made in accordance with the rules established by the institution to which he or she belongs.

Article 58. Attendance and representation at the conciliation hearing. The parties must attend the conciliation hearing, and may do so accompanied by their attorneys where they consider it appropriate.

Where a party's domicile is not in the municipality where the hearing is held, or is outside the national territory, or there are circumstances of an unforeseeable event or force majeure, it may be requested that the hearing be held with the sole appearance of an attorney duly empowered to conciliate.

Paragraph. In circumstances where the attorney's presence is permitted without the party's attendance, the attorney must submit the corresponding power of attorney to be recognised as such. If the party is a legal entity, representation shall be through a judicial attorney appointed as such by means of the corresponding general power of attorney.

Article 59. Non-attendance at the hearing. Where any of the circumstances contemplated in the preceding article prevents a party from attending the hearing, this must be reported within three (3) days of the date on which the hearing was to have been held.

If the parties, or one of them, fail to attend the conciliation hearing to which they were summoned and do not justify their non-attendance within the terms indicated in the preceding paragraph, provided that conciliation constitutes a procedural requirement, their conduct may be regarded as serious circumstantial evidence against their claims or defences on the merits in any subsequent judicial proceeding concerning the same facts.

In this case, moreover, provided that conciliation constitutes a procedural requirement, the judge shall impose on the party that failed to justify its non-attendance at the hearing a fine of up to two (2) current monthly legal minimum wages.

Article 60. Time limit for holding the conciliation hearing. The conciliation hearing must be attempted in the shortest possible time and may be suspended and resumed as many times as necessary at the joint request of the parties.

In any event, extrajudicial conciliation in law must take place within three (3) months of the submission of the request. The parties may, by mutual agreement, extend this period by up to a further three (3) months.

Article 61. Conduct of the extrajudicial conciliation hearing. With the presence of the parties and/or their attorneys, as applicable, and other persons summoned, on the day and at the time set for the conciliation hearing, it shall be conducted under the guidance of the conciliator, who shall lead the proceeding as follows:

At the conciliation hearing, the parties must clearly state the facts alleged and the claims based on them, in order to facilitate reaching an agreement. If the interested parties do not propose settlement formulas, the conciliator may propose those he or she considers appropriate for resolving the dispute.

Once agreement is reached, a conciliation record shall be drawn up in accordance with this Law. The record shall be signed, in accordance with Law 527 of 1999, by those who took part in the proceeding and by the conciliator.

If agreement cannot be reached, the conciliator shall immediately issue the certificate of no agreement provided for in this Law.

Paragraph. The conciliator shall request the National or Sectional Commission on Judicial Discipline, as applicable, to investigate any attorney who may have committed, during the conciliation proceeding, any of the disciplinary offences established in Law 1123 of 2007, or the rule amending, replacing or supplementing it.

Article 62. Evidence. In conciliation in law, evidence may be submitted together with the request for conciliation, taking into account the requirements set out in Articles 243 et seq. of the General Code of Procedure or the rules replacing, adding to, or supplementing them.

Evidence submitted shall be treated as support for any settlement formulas presented at the conciliation hearing.

However, failure to submit evidence during the conciliation proceeding shall not prevent it from being submitted subsequently in the judicial proceeding.

Article 63. Suspension of the conciliation hearing. The conciliation hearing may be suspended at the express request of both parties, or when the conciliator finds grounds indicating the existence, or lack, of a genuine intention to conciliate.

CHAPTER II. ON THE CONCILIATION RECORD

Article 64. Conciliation record. The conciliation record containing the agreement shall have the force of an enforceable instrument and the effect of res judicata.

If drawn up in writing, the conciliation record shall take legal effect from the signature of the parties and the conciliator; if it is recorded by any other means, it shall take effect from the express acceptance of the parties.

The conciliation record must contain at least the following:

1. Place, date and time of the conciliation hearing.
2. Name and identification of the conciliator.
3. Identification of the persons summoned, expressly indicating those who attended the hearing.
4. Brief account of the facts giving rise to the conciliation.
5. Brief account of the claims giving rise to the conciliation.
6. The agreement reached by the parties, indicating the amount involved, where applicable, and the manner, time and place of performance of the obligations agreed upon.
7. If the agreement is partial, this shall be recorded, specifying the points that were settled and those that were not.
8. Express acceptance of the agreement by the parties, by any mechanism, whether written, oral or virtual, in accordance with applicable regulations. Where the agreement was reached at a hearing held by virtual means, the signing of the conciliation record shall be subject to Article 7 of Law 527 of 1999, or the rule amending, replacing or supplementing it.
9. Signature of the conciliator.

Paragraph 1. The parties may request a copy of the conciliation record, which shall have the same evidentiary value.

Paragraph 2. Conciliation records and their content need not be formalised in a public deed, unless the parties expressly so provide.

Article 65. Certificates. The conciliator shall issue to the interested party a certificate stating the date of submission of the request and the date on which the hearing was, or was to have been, held, and briefly stating the matter subject to conciliation, in the following cases:

1. When the parties, or one of them, fail to attend the hearing. In this case, the justification for non-attendance, if any, must be stated, and must be submitted no later than three (3) days after the date on which the hearing was to have been held.
2. When the conciliation hearing is held without an agreement being reached; the certificate shall be delivered at the end of the hearing.
3. When a request for a conciliation hearing is submitted and the matter is not conciliable or does not fall within the conciliator's jurisdiction under the law. In this case, the certificate must be issued within ten (10) calendar days of the submission of the request, or upon conclusion of the hearing, if it is at the hearing that it is determined that the matter is not conciliable.

In any event, the documents submitted by the interested parties shall be returned together with the certificate. Public servants empowered to conciliate shall keep copies of the certificates they issue, and conciliators of conciliation centres must forward them to the centre for filing.

Article 66. Filing of records and certificates. Public entities, conciliation centres and local justice-in-equity programmes shall keep copies of the records, certificates and other documents issued by conciliators, in accordance with the National Archives Law in force, or the rule replacing, amending or supplementing it.

For this purpose, the conciliator must deliver the conciliation record, certificates and other documents to the conciliation centre within four (4) days of the hearing. Equity conciliators must deliver these documents within the period established in the regulations of the relevant local programme.

Paragraph. Records, certificates and other documents forming part of the conciliation proceeding may be kept by electronic or magnetic means, in accordance with Article 16 of Decree-Law 2106 of 2019.

Transitional paragraph. Within two (2) years of the enactment of this Law, municipal authorities, or the offices delegated for this purpose, shall make the necessary arrangements to receive the archive of conciliation records made by equity conciliators up to that date, in accordance with the parameters established in the General Archives Law in force, or the rule replacing, amending or supplementing it.

CHAPTER III. ON THE PROCEDURAL REQUIREMENT

Article 67. Conciliation as a procedural requirement. In matters susceptible to conciliation, it shall be a general rule that extrajudicial conciliation in law is a procedural requirement for bringing proceedings before the jurisdictions that so require by rule, except where the law provides otherwise.

Paragraph 1. Conciliation in labour matters does not constitute a procedural requirement.

Paragraph 2. A claim may be filed without having exhausted the conciliation procedural requirement in cases where the claimant declares under oath that he or she does not know the domicile, place of residence or place of work of the defendant, or that the defendant is absent and his or her whereabouts are unknown, or where the claimant is a public entity. Likewise, where the administration challenges an administrative act that came about through illegal or fraudulent means.

Paragraph 3. In any proceeding and before any jurisdiction, when the granting of precautionary measures is sought, application may be made directly to the judge without the need to exhaust pre-trial conciliation as a procedural requirement. This is without prejudice to the provisions applicable in this respect to administrative litigation matters.

Article 68. Conciliation as a procedural requirement in civil matters. Conciliation as a procedural requirement in civil matters shall be governed by Law 1564 of 2012 — General Code of Procedure, or the rule amending, replacing or supplementing it, under which, if the matter concerned is conciliable, extrajudicial conciliation in law, as a procedural requirement, must be attempted before resorting to the civil jurisdiction in declaratory proceedings, with the exception of partition proceedings, expropriation proceedings, monitory proceedings brought in any jurisdiction, and those in which unidentified parties are, or must be, summoned.

Likewise, in the restitution of leased property under Article 384, and in the cancellation, replacement and recovery of negotiable instruments under Article 398 of Law 1564 of 2012, the claimant shall not be required to request and conduct the extrajudicial conciliation hearing as a procedural requirement for the claim or the corresponding proceeding; in such cases, the interested party may bring the claim directly before the judge.

Article 69. Conciliation as a procedural requirement in family matters. Extrajudicial conciliation in law in family matters shall be a procedural requirement in the following matters:

1. Disputes concerning custody and visitation arrangements for minors and persons with disabilities, in accordance with Law 1996 of 2019, or the rule amending or repealing it.
2. Matters relating to maintenance (alimony) obligations.
3. Declaration of a de facto marital union (unión marital de hecho), its dissolution and the liquidation of the resulting patrimonial partnership.
4. Rescission of the partition in successions and in the liquidation of the marital community property or the patrimonial partnership between permanent partners.
5. Disputes concerning marriage settlements (capitulaciones matrimoniales).
6. Disputes between spouses concerning the joint management of the household, and between parents concerning the exercise of parental authority.
7. Separation of property and legal separation.
8. All matters not expressly excepted by law.

Article 70. Fulfilment of the procedural requirement. The procedural requirement shall be deemed fulfilled in the following cases:

1. When the conciliation hearing is held without an agreement being reached.
2. When the parties, or one of them, fail to attend the hearing. In this case, any excuses given for non-attendance must be expressly stated.
3. When, upon expiry of the three (3) month period from the submission of the request for extrajudicial conciliation, or its extension, the hearing has not been held for any reason; in this last case, the Ordinary Jurisdiction may be resorted to directly upon mere submission of the request for conciliation.

For the cases indicated in items 1 and 2 of this article, the procedural requirement must be proven by means of the certificates referred to in this Law.

Once the hearing has been held without a total or partial conciliation agreement being reached, the conciliation provided for in Article 37 of the General Code of Procedure, Article 180 of Law 1437 of 2011, and any conciliation opportunity that applicable rules provide for as mandatory in the course of the proceeding, shall be dispensed with. However, at any stage of the proceeding, the parties, by mutual agreement, or the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), may request that a conciliation hearing be held, or the judge may resort to one, in accordance with Article 131 of this Law.

If the conciliation covers the entirety of the dispute, there shall be no grounds for the corresponding proceeding; if the agreement is partial, a certificate to that effect shall be issued and the parties shall remain free to litigate only the differences not conciliated.

Article 71. Inadmissibility of the judicial claim. In addition to the grounds established by law, the judge hearing the case shall declare the claim inadmissible where it is not proven that extrajudicial conciliation was exhausted as a procedural requirement; this requirement may be submitted within the period allowed for correcting the claim, on pain of dismissal.

LOI 2220 DE 2022 (30 juin) — Journal officiel n° 52 081

Portant adoption du Statut de la Conciliation et édiction d'autres dispositions.

TITRE I. OBJET ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I. OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES

Article 1. Objet. La présente loi a pour objet d'adopter le Statut de la Conciliation et de créer le Système National de Conciliation.

Article 2. Champ d'application. La conciliation est régie par les dispositions de la présente loi.

Pour les aspects non réglementés par la présente loi, sont appliquées les règles établies par la réglementation relative à la matière ou à la question objet de la conciliation.

Article 3. Définition et finalités de la conciliation. La conciliation est un mécanisme de résolution des conflits par lequel deux ou plusieurs personnes règlent elles-mêmes leurs différends, avec l'aide d'un tiers neutre et qualifié dénommé conciliateur, qui, outre le fait de proposer des formules d'accord, atteste de la décision d'accord, laquelle est obligatoire et définitive pour les parties qui concilient.

La conciliation, dans ses diverses modalités, est une institution dont les finalités sont de faciliter l'accès à la justice, de créer des conditions propices au dialogue et à la coexistence pacifique, et de servir d'instrument à la construction de la paix et du tissu social.

Outre ces finalités générales, la conciliation en matière contentieuse administrative a pour finalité la sauvegarde et la protection du patrimoine public et de l'intérêt général.

Article 4. Principes. La conciliation est régie, entre autres, par les principes suivants:

1. Autocomposition. Ce sont les parties en conflit elles-mêmes qui résolvent leur différend, leurs désaccords ou leurs divergences, dans l'exercice de l'autonomie de la volonté, assistées d'un tiers neutre et impartial qui favorise et facilite le dialogue et la recherche de solutions au conflit ainsi que la négociation entre elles, et qui peut proposer des formules de solution que les parties peuvent accepter ou non selon leur volonté. Les intéressés jouissent de la faculté de choisir le centre de conciliation où se déroulera la conciliation et de choisir le conciliateur.

2. Garantie d'accès à la justice. Dans la réglementation, la mise en œuvre et le fonctionnement de la conciliation, il est garanti que toutes les personnes, sans distinction, aient les mêmes possibilités d'accéder à ce mécanisme, sans aucune discrimination fondée sur le genre, la race, la langue, l'opinion politique, la condition sociale ou l'orientation sexuelle, avec une attention particulière portée aux populations rurales et aux groupes vulnérables (cf. note sur le texte espagnol).

3. Célérité. Les procédures définies par la présente loi reposent sur des préceptes souples, faciles à comprendre et à appliquer dans tout contexte et toute matière; elles doivent en conséquence être interprétées et appliquées par le conciliateur avec la diligence requise, en vue de la solution auto-composée du conflit. Le conciliateur, les parties, leurs mandataires ou représentants légaux, ainsi que les centres de conciliation, évitent les actes dilatoires injustifiés, afin de garantir l'accès effectif à la justice.

4. Confidentialité. Le conciliateur, les parties et toute personne assistant à l'audience maintiennent et garantissent le caractère confidentiel de toutes les questions, documents, discussions et formules d'accord relatifs à la conciliation, qui ne pourront être utilisés ultérieurement comme preuve.

5. Informalité. La conciliation est dépourvue de formalités juridico-procédurales; le facteur territorial ne constitue pas un obstacle à l'exercice de la fonction du conciliateur.

6. Économie. Dans l'exercice de la conciliation, les conciliateurs recherchent le plus haut niveau de qualité dans leurs actions et la protection des droits des personnes, avec sobriété et efficacité dans les moyens employés.

7. Caractère transitoire de la fonction. La fonction transitoire commence par la désignation en tant que conciliateur et cesse par la signature du procès-verbal de conciliation, par les attestations prévues par la loi, ou par le désistement.

8. Indépendance du conciliateur. En tant qu'administrateur de justice au sens de l'article 116 de la Constitution, le conciliateur jouit d'une autonomie fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il n'est subordonné à la volonté d'aucune autre personne.

9. Sécurité juridique. L'analyse du conflit doit s'appuyer sur des repères de confiance dans le processus de conciliation, en tant que moyen de résolution alternative et pacifique du conflit.

10. Neutralité et impartialité. En tant qu'administrateur de justice, le conciliateur garantit que son action et sa conduite sont honnêtes, loyales, neutres et impartiales, avant et pendant l'audience.

11. Présomption de bonne foi. La bonne foi est présumée dans tous les actes de la conciliation, conformément à l'article 83 de la Charte politique.

Paragraphe 1. La conciliation virtuelle est régie, outre les principes précédents, par les principes de neutralité technologique, d'authenticité, d'intégrité, de disponibilité et d'interopérabilité, et doit respecter les dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par la loi 1581 de 2012 et les normes qui la modifient ou la complètent.

Paragraphe 2. Les principes en matière de conciliation extrajudiciaire contentieuse administrative s'interprètent conformément à la nature de la fonction administrative visée à l'article 209 de la Constitution politique et aux principes du Code de procédure administrative et du contentieux administratif.

CHAPITRE II. DE LA CONCILIATION

Article 5. Catégories. La conciliation peut être judiciaire, si elle est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire, ou extrajudiciaire, si elle est réalisée avant ou en dehors d'une procédure judiciaire.

La conciliation extrajudiciaire est dite « en droit » lorsqu'elle est réalisée par l'intermédiaire de centres de conciliation, devant des particuliers autorisés à concilier exerçant une fonction publique, ou devant des autorités dans l'exercice de fonctions conciliatoires.

La conciliation extrajudiciaire est dite « en équité » lorsqu'elle est réalisée devant des conciliateurs en équité appliquant des principes de justice communautaire dans le cadre établi par la loi.

Article 6. Modalités de déroulement du processus de conciliation et usage des technologies de l'information et de la communication. Le processus de conciliation peut se dérouler en présentiel, sous forme numérique ou électronique, ou de manière mixte; à cette fin, les parties doivent indiquer, dans la demande de conciliation ou une fois citées, la forme dans laquelle elles agiront et si elles optent pour la forme numérique, électronique ou mixte, en certifiant qu'elles disposent des aptitudes et des moyens technologiques nécessaires, ou qu'elles peuvent y accéder par l'intermédiaire des mairies, des bureaux du ministère public municipal (personerías) et d'autres entités publiques habilitées par la Constitution et la loi, en mesure de faciliter dans leurs locaux l'accès aux actes virtuels.

(Le reste de cet article — non récupérable mot pour mot au cours de cette session, cf. note sur le texte espagnol — est ici traduit à partir d'un résumé fidèle de son contenu normatif:) Dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les centres de conciliation et les autres autorités exerçant des fonctions conciliatoires doivent adopter les technologies de l'information et de la communication nécessaires à la prestation du service, conformément aux lignes directrices établies à cet effet par le ministère des Technologies de l'Information et de la Communication et, s'agissant des autorités judiciaires, par le Conseil supérieur de la magistrature. Les technologies employées doivent garantir l'authenticité, l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité de l'information, ainsi que l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. La procédure conciliatoire doit être numérisée et automatisée dans la mesure du possible, y compris le dépôt de la demande, la répartition, la constitution des dossiers, les notifications et la signature numérique des procès-verbaux. L'usage de moyens physiques est autorisé lorsqu'une des parties le requiert, la documentation correspondante étant alors intégrée au système numérique; les centres de conciliation doivent inclure dans leurs règlements la procédure d'utilisation des moyens virtuels, laquelle est soumise à l'approbation du ministère de la Justice et du Droit.

Article 7. Questions pouvant faire l'objet d'une conciliation. Peuvent faire l'objet d'une conciliation toutes les questions non interdites par la loi, le principe général étant que peuvent être conciliées toutes les matières susceptibles de transaction, de désistement, ainsi que les droits dont le titulaire a la capacité de disposer.

La conciliation ne suppose pas nécessairement la renonciation à des droits.

En matière de travail et de sécurité sociale, la conciliation est possible si l'accord ne porte pas atteinte à des droits certains et incontestables. En matière contentieuse administrative, peuvent faire l'objet d'une conciliation les cas prévus par la présente loi, à condition qu'ils ne portent pas atteinte à l'intérêt général et à la défense du patrimoine public.

Article 8. Gratuité de la prestation du service de conciliation. La prestation du service de conciliation assurée devant les conciliateurs en équité, les agents publics habilités à concilier, les centres de conciliation des entités publiques et des cliniques juridiques universitaires, est gratuite.

Les notaires peuvent facturer leurs services. Le cadre tarifaire fixé par le Gouvernement national, lorsqu'il le juge opportun, est obligatoire.

Les centres de conciliation autorisés doivent établir les cas dans lesquels ils fourniront le service à titre gratuit.

Paragraphe. Les centres de conciliation des cliniques juridiques universitaires ne peuvent traiter des affaires d'une valeur supérieure à cinquante (50) salaires minimaux légaux mensuels en vigueur.

Article 9. Extension de la gratuité à la conciliation en équité. La conciliation en équité étant gratuite, le sont également les services de conseil, de patronage ou d'accompagnement de la personne qui assiste ou représente les parties, à l'exception des frais occasionnés par la procédure de conciliation, qui doivent être supportés par les parties à titre de dépenses.

TITRE II. DE LA PROCÉDURE DE CONCILIATION

CHAPITRE I. DE LA PROCÉDURE EN MATIÈRE D'AFFAIRES PRIVÉES

Article 50. Ouverture de la procédure. La conciliation extrajudiciaire s'ouvre par la demande de la partie intéressée, qui doit assister aux audiences se déroulant dans le cadre de la procédure de conciliation.

Toute personne intéressée peut demander une audience de conciliation par voie verbale ou écrite, individuellement ou conjointement, sous forme physique ou électronique, conformément au règlement de l'entité, du centre de conciliation ou du Programme local de justice en équité.

Dans la conciliation extrajudiciaire en droit, la partie intéressée peut présenter la demande de conciliation personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat muni d'un pouvoir exprès pour concilier. Le pouvoir peut être produit sous forme physique ou électronique, conformément au Code général de procédure.

Les demandes de conciliation extrajudiciaire présentées par voie électronique ne nécessitent pas la signature numérique définie par la loi 527 de 1999; dans ce cas, l'identification fournie par le demandeur suffit, sans préjudice de l'article 6 de la présente loi.

Paragraphe 1. Une demande de conciliation peut être présentée au nom d'une personne dont on ne détient pas le pouvoir, dans les cas et conditions prévus par le Code général de procédure pour l'agent officieux (gestion d'affaires), sans qu'il soit nécessaire de constituer une caution. Si l'intéressé ne ratifie pas la demande dans les dix (10) jours suivant son dépôt, celle-ci est réputée non présentée.

Article 51. De la demande de conciliation extrajudiciaire devant le juge du travail. Les personnes ayant intérêt à concilier des différends relevant de la compétence de la juridiction du travail peuvent présenter une demande de conciliation, en en indiquant les motifs, devant le juge du travail, conformément aux règles de compétence territoriale établies par le Code de procédure du travail et de la sécurité sociale, sans considération de la valeur du litige.

La demande de conciliation extrajudiciaire devant le juge du travail est répartie par le système d'attribution des affaires et, une fois reçue, une date et une heure sont fixées pour l'audience dans les dix (10) jours suivant sa réception.

La comparution des intéressés à l'audience de conciliation relève de la responsabilité du demandeur, qui doit à cet effet accomplir les diligences de notification nécessaires.

Article 52. Contenu de la demande de conciliation. La demande de conciliation extrajudiciaire en droit doit contenir les éléments suivants:

1. Indication du conciliateur ou du centre de conciliation auquel elle est adressée.
2. Identification des parties et de leurs représentants, le cas échéant.
3. Description des faits.
4. Prétentions du demandeur.
5. Estimation motivée de la valeur du litige.
6. Liste des preuves jointes, lorsqu'il s'agit d'une conciliation en droit.
7. Indication de l'adresse électronique des parties à laquelle seront adressées les communications, ou identification du moyen jugé le plus rapide et le plus efficace à cet effet.
8. Signature du ou des demandeurs, ou de leur mandataire, selon le cas.

Dans le cas de demandes envoyées par courrier électronique, l'exigence de signature est réputée satisfaite conformément à l'article 7 de la loi 527 de 1999.

Article 53. Réception et régularisation de la demande. Dès réception de la demande, le conciliateur vérifie si elle contient les informations suffisantes pour procéder à la citation de la ou des parties convoquées. Dans la conciliation extrajudiciaire en droit, le conciliateur vérifie le respect de toutes les exigences énoncées à l'article précédent.

La demande ne peut en aucun cas être rejetée d'emblée pour absence de l'une des exigences mentionnées; le conciliateur informe l'intéressé des éléments manquants afin qu'il les complète.

Si le demandeur ne s'exécute pas dans les cinq (5) jours suivant la mise en demeure, la demande est réputée non présentée.

Article 54. Attestation de question non conciliable. Lorsqu'une demande de conciliation extrajudiciaire est présentée et que la question en cause n'est pas conciliable parce qu'interdite par la loi, le conciliateur délivre l'attestation correspondante dans les dix (10) jours suivant la présentation de la demande.

Si, au cours de l'audience, il apparaît que la conciliation n'est pas procédante, l'attestation correspondante est délivrée et les documents produits sont restitués.

Article 55. Citation. Si, conformément à la loi, la question est conciliable, le conciliateur cite les parties à l'audience de conciliation par le moyen qu'il juge le plus rapide et le plus efficace, en indiquant sommairement l'objet de la conciliation.

La citation à l'audience peut être effectuée par voie électronique, conformément au règlement de l'entité prestataire du service.

S'agissant d'une conciliation extrajudiciaire en droit, dans les dix (10) jours suivant la réception de la demande ou de sa régularisation, le cas échéant, le conciliateur fixe la date et l'heure de l'audience de conciliation, laquelle doit se tenir dans les trente (30) jours suivant la date d'admission de la demande.

Lorsqu'il est prévu que l'audience se déroule par vidéoconférence, téléconférence ou tout autre moyen technique, cela est indiqué dans l'acte de citation et, si l'un des intéressés en fait la demande, le conciliateur ou le centre de conciliation doit fournir les moyens technologiques correspondants.

L'adresse électronique pour toutes les communications nécessaires dans le cadre de la procédure doit correspondre à celle déclarée au registre du commerce, ou à celle convenue par les parties dans le contrat ou l'acte juridique concerné, le cas échéant, ou à celle indiquée par la partie dans la demande de conciliation.

Article 56. Suspension du délai de prescription ou de forclusion. La présentation de la demande de conciliation extrajudiciaire en droit suspend le délai de prescription ou de forclusion, selon le cas, jusqu'à la signature du procès-verbal de conciliation, la délivrance des attestations prévues par la présente loi, ou l'expiration du délai de trois (3) mois, ou de la prorogation visée à l'article 60 de la présente loi, selon l'événement qui survient en premier.

Cette suspension n'opère qu'une seule fois et n'est pas susceptible de prorogation.

Article 57. Désignation du conciliateur. La désignation de la personne qui agira en qualité de conciliateur, choisie sur la liste correspondante, peut se faire:

1. D'un commun accord entre les parties.
2. À la demande de la partie requérante.
3. Par la désignation opérée par le centre de conciliation à partir de la liste qu'il a constituée à cet effet.
4. Par la désignation opérée par l'entité compétente.
5. Par ordonnance judiciaire, dans le cas prévu à l'article 131 de la présente loi, selon la procédure prévue au chapitre II du titre V de la présente loi.

Paragraphe 1. Si la demande est présentée devant un agent public habilité à concilier, la désignation s'effectue conformément aux règles établies par l'institution à laquelle il appartient.

Article 58. Comparution et représentation à l'audience de conciliation. Les parties doivent comparaître à l'audience de conciliation et peuvent le faire assistées de leurs mandataires, si elles le jugent opportun.

Lorsque le domicile de l'une des parties n'est pas situé dans la commune où se déroule l'audience, se trouve en dehors du territoire national, ou en cas de circonstances de cas fortuit ou de force majeure, il peut être demandé au conciliateur que l'audience se tienne avec la seule comparution du mandataire dûment habilité à concilier.

Paragraphe. Dans les cas où la présence du mandataire est admise sans celle de la partie, celui-ci doit produire le pouvoir correspondant pour être reconnu comme tel. S'il s'agit d'une personne morale, la représentation s'exerce par l'intermédiaire d'un mandataire judiciaire constitué comme tel au moyen du pouvoir général correspondant.

Article 59. Non-comparution à l'audience. Lorsque l'une des circonstances visées à l'article précédent empêche une partie de se présenter à l'audience, celle-ci doit en informer dans les trois (3) jours suivant la date à laquelle l'audience devait se tenir.

Si les parties, ou l'une d'elles, ne comparaissent pas à l'audience de conciliation à laquelle elles ont été citées et ne justifient pas leur absence dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, dès lors que la conciliation constitue une condition de recevabilité, leur comportement peut être considéré comme un indice grave contre leurs prétentions ou leurs moyens de défense au fond dans une éventuelle procédure judiciaire portant sur les mêmes faits.

Dans ce cas, en outre, dès lors que la conciliation constitue une condition de recevabilité, le juge inflige à la partie n'ayant pas justifié son absence à l'audience une amende pouvant aller jusqu'à deux (2) salaires minimaux légaux mensuels en vigueur.

Article 60. Délai pour tenir l'audience de conciliation. L'audience de conciliation doit être tentée dans les meilleurs délais et peut être suspendue et reprise autant de fois que nécessaire, à la demande conjointe des parties.

En tout état de cause, la conciliation extrajudiciaire en droit doit avoir lieu dans les trois (3) mois suivant la présentation de la demande. Les parties peuvent, d'un commun accord, proroger ce délai de trois (3) mois supplémentaires au maximum.

Article 61. Déroulement de l'audience de conciliation extrajudiciaire. En présence des parties et/ou de leurs mandataires, selon le cas, et des autres personnes convoquées, le jour et à l'heure fixés pour la tenue de l'audience de conciliation, celle-ci se déroule sous la direction du conciliateur, qui conduit la procédure de la manière suivante:

Lors de l'audience de conciliation, les parties doivent exposer clairement les faits allégués et les prétentions qui s'y fondent, afin de faciliter la conclusion de l'accord. Si les intéressés ne proposent pas de formules d'accord, le conciliateur peut proposer celles qu'il juge appropriées pour résoudre le litige.

Une fois l'accord obtenu, un procès-verbal de conciliation est dressé, conformément à la présente loi. Le procès-verbal est signé, dans les conditions prévues par la loi 527 de 1999, par les personnes ayant participé à l'acte et par le conciliateur.

Si l'accord ne peut être conclu, le conciliateur délivre immédiatement l'attestation de non-accord prévue par la présente loi.

Paragraphe. Le conciliateur demande à la Commission nationale ou sectionnelle de discipline judiciaire, selon le cas, d'ouvrir une enquête à l'encontre de l'avocat qui aurait pu commettre, au cours de la procédure de conciliation, l'une des fautes disciplinaires établies par la loi 1123 de 2007, ou par la norme qui la modifie, la remplace ou la complète.

Article 62. Preuves. Dans la conciliation en droit, les preuves peuvent être produites avec la demande de conciliation, compte tenu des exigences prévues aux articles 243 et suivants du Code général de procédure ou des normes qui les remplacent, les complètent ou y ajoutent.

Les preuves produites servent d'appui aux éventuelles formules d'accord présentées lors de l'audience de conciliation.

Toutefois, le fait de ne pas les avoir produites au cours de la procédure de conciliation n'empêche pas qu'elles soient produites ultérieurement dans la procédure judiciaire.

Article 63. Suspension de l'audience de conciliation. L'audience de conciliation peut être suspendue à la demande expresse des deux parties, ou lorsque le conciliateur constate des éléments relatifs à l'existence — ou à l'absence — d'une volonté de concilier.

CHAPITRE II. DU PROCÈS-VERBAL DE CONCILIATION

Article 64. Procès-verbal de conciliation. Le procès-verbal de conciliation contenant l'accord vaut titre exécutoire et a l'autorité de la chose jugée.

S'il est établi par écrit, le procès-verbal de conciliation produit ses effets juridiques à compter de la signature des parties et du conciliateur; s'il est constaté par tout autre moyen, à compter de l'acceptation expresse des parties.

Le procès-verbal de conciliation doit contenir au moins les mentions suivantes:

1. Lieu, date et heure de l'audience de conciliation.
2. Nom et identification du conciliateur.
3. Identification des personnes citées, avec mention expresse de celles ayant assisté à l'audience.
4. Exposé sommaire des faits ayant motivé la conciliation.
5. Exposé sommaire des prétentions ayant motivé la conciliation.
6. L'accord conclu par les parties, avec indication du montant, le cas échéant, ainsi que des modalités, du délai et du lieu d'exécution des obligations convenues.
7. Si l'accord est partiel, il en est fait mention, en précisant les points ayant fait l'objet d'un accord et ceux n'ayant pas été conciliés.
8. Acceptation expresse de l'accord par les parties, par tout mécanisme, écrit, oral ou virtuel, conformément à la réglementation en vigueur. Lorsque l'accord a été obtenu lors d'une audience tenue par voie électronique, la signature du procès-verbal de conciliation est soumise à l'article 7 de la loi 527 de 1999, ou à la norme qui la modifie, la remplace ou la complète.
9. Signature du conciliateur.

Paragraphe 1. Les parties peuvent demander une copie du procès-verbal de conciliation, laquelle a la même valeur probante.

Paragraphe 2. Les procès-verbaux de conciliation et leur contenu ne doivent pas être établis par acte authentique, sauf disposition expresse des parties.

Article 65. Attestations. Le conciliateur délivre à l'intéressé une attestation indiquant la date de présentation de la demande et la date à laquelle l'audience s'est tenue ou devait se tenir, exposant sommairement la question objet de la conciliation, dans les cas suivants:

1. Lorsque les parties, ou l'une d'elles, ne comparaissent pas à l'audience. Dans ce cas, la justification de l'absence, le cas échéant, doit être indiquée et produite au plus tard dans les trois (3) jours suivant la date à laquelle l'audience devait se tenir.
2. Lorsque l'audience de conciliation se tient sans qu'un accord soit obtenu; l'attestation doit alors être remise à l'issue de l'audience.
3. Lorsqu'une demande d'audience de conciliation est présentée et que la question en cause n'est pas conciliable ou ne relève pas de la compétence du conciliateur au regard de la loi. Dans ce cas, l'attestation doit être délivrée dans les dix (10) jours calendaires suivant la présentation de la demande, ou à l'issue de l'audience, si c'est au cours de celle-ci qu'il est établi que la question n'est pas conciliable.

Dans tous les cas, les documents produits par les intéressés sont restitués avec l'attestation. Les agents publics habilités à concilier conservent des copies des attestations qu'ils délivrent, et les conciliateurs des centres de conciliation doivent les transmettre à ces derniers aux fins d'archivage.

Article 66. Archivage des procès-verbaux et attestations. Les entités publiques, les centres de conciliation et les programmes locaux de justice en équité conservent les copies des procès-verbaux, des attestations et des autres documents délivrés par les conciliateurs, conformément à la loi nationale sur les archives en vigueur, ou à la norme qui la remplace, la modifie ou la complète.

À cette fin, le conciliateur doit remettre au centre de conciliation le procès-verbal de conciliation, les attestations et les autres documents dans les quatre (4) jours suivant l'audience. Les conciliateurs en équité doivent remettre ces documents dans le délai fixé par le règlement du programme local concerné.

Paragraphe. Les procès-verbaux, attestations et autres documents constituant la procédure de conciliation peuvent être conservés par des moyens électroniques ou magnétiques, conformément à l'article 16 du décret-loi 2106 de 2019.

Paragraphe transitoire. Dans les deux (2) ans suivant l'adoption de la présente loi, les mairies, ou les services délégués à cet effet, prennent les dispositions nécessaires pour recevoir les archives des procès-verbaux de conciliation établis par les conciliateurs en équité jusqu'à cette date, conformément aux paramètres établis par la loi générale sur les archives en vigueur, ou par la norme qui la remplace, la modifie ou la complète.

CHAPITRE III. DE LA CONDITION DE RECEVABILITÉ

Article 67. La conciliation en tant que condition de recevabilité. Dans les affaires susceptibles de conciliation, il est établi comme règle générale que la conciliation extrajudiciaire en droit constitue une condition de recevabilité pour saisir les juridictions qui l'exigent par une norme, sauf lorsque la loi en dispose autrement.

Paragraphe 1. La conciliation en matière de travail ne constitue pas une condition de recevabilité.

Paragraphe 2. La demande peut être introduite sans avoir épuisé la condition de recevabilité de la conciliation dans les cas où le demandeur déclare sous serment ignorer le domicile, le lieu de résidence ou le lieu de travail du défendeur, ou que celui-ci est absent et que son adresse est inconnue, ou lorsque le demandeur est une entité publique. De même, lorsque l'administration conteste un acte administratif intervenu par des moyens illégaux ou frauduleux.

Paragraphe 3. Dans toute procédure et devant toute juridiction, lorsque des mesures conservatoires sont sollicitées, il est possible de saisir directement le juge, sans qu'il soit nécessaire d'épuiser la conciliation préjudicielle en tant que condition de recevabilité. Ceci sans préjudice de ce qui est prévu à cet égard pour les affaires contentieuses administratives.

Article 68. La conciliation en tant que condition de recevabilité en matière civile. La conciliation en tant que condition de recevabilité en matière civile est régie par la loi 1564 de 2012 — Code général de procédure, ou par la norme qui la modifie, la remplace ou la complète, selon laquelle, si la matière en cause est conciliable, la conciliation extrajudiciaire en droit, en tant que condition de recevabilité, doit être tentée avant de saisir la juridiction civile dans les procédures déclaratoires, à l'exception des procédures de partage, d'expropriation, des procédures d'injonction menées devant toute juridiction, et de celles dans lesquelles des personnes indéterminées sont, ou doivent être, citées.

De même, en matière de restitution du bien loué visée à l'article 384, et d'annulation, de remplacement et de recouvrement de titres négociables visés à l'article 398 de la loi 1564 de 2012, le demandeur n'est pas tenu de solliciter et de mener l'audience de conciliation extrajudiciaire en tant que condition de recevabilité de la demande ni de la procédure correspondante; dans ces cas, l'intéressé peut introduire la demande directement devant le juge.

Article 69. La conciliation en tant que condition de recevabilité en matière familiale. La conciliation extrajudiciaire en droit en matière familiale constitue une condition de recevabilité dans les matières suivantes:

1. Litiges relatifs à la garde et au régime de visite des mineurs et des personnes en situation de handicap, conformément à la loi 1996 de 2019, ou à la norme qui la modifie ou l'abroge.
2. Questions relatives aux obligations alimentaires.
3. Déclaration de l'union maritale de fait (concubinage), sa dissolution et la liquidation de la société patrimoniale en résultant.
4. Rescision du partage dans les successions et dans les liquidations de la société conjugale ou de la société patrimoniale entre partenaires permanents.
5. Litiges relatifs aux conventions matrimoniales.
6. Litiges entre époux relatifs à la direction conjointe du foyer, et entre parents relatifs à l'exercice de l'autorité parentale.
7. Séparation de biens et séparation de corps.
8. Toutes les matières non expressément exceptées par la loi.

Article 70. Accomplissement de la condition de recevabilité. La condition de recevabilité est réputée accomplie dans les cas suivants:

1. Lorsque l'audience de conciliation se tient sans qu'un accord soit obtenu.
2. Lorsque les parties, ou l'une d'elles, ne comparaissent pas à l'audience. Dans ce cas, les excuses présentées pour l'absence, le cas échéant, doivent être expressément indiquées.
3. Lorsque, à l'expiration du délai de trois (3) mois à compter de la présentation de la demande de conciliation extrajudiciaire, ou de sa prorogation, l'audience n'a pas été tenue pour quelque cause que ce soit; dans ce dernier cas, il est possible de saisir directement la juridiction ordinaire par la seule présentation de la demande de conciliation.

Pour les cas visés aux points 1 et 2 du présent article, la condition de recevabilité doit être établie au moyen des attestations prévues par la présente loi.

Une fois l'audience tenue sans qu'un accord de conciliation, total ou partiel, ait été obtenu, il est renoncé à la conciliation prévue à l'article 37 du Code général de procédure, à l'article 180 de la loi 1437 de 2011, ainsi qu'à toute occasion de conciliation que les normes applicables prévoient comme obligatoire au cours de la procédure. Toutefois, à tout moment de la procédure, les parties, d'un commun accord, ou le ministère public, peuvent demander la tenue d'une audience de conciliation, ou le juge peut y recourir, conformément à l'article 131 de la présente loi.

Si la conciliation porte sur l'intégralité du litige, la procédure correspondante n'a pas lieu d'être; si l'accord est partiel, une attestation en ce sens est délivrée et les parties demeurent libres de débattre en justice uniquement des différends non conciliés.

Article 71. Irrecevabilité de la demande judiciaire. Outre les motifs prévus par la loi, le juge saisi déclare la demande irrecevable lorsqu'il n'est pas établi que la conciliation extrajudiciaire a été épuisée en tant que condition de recevabilité; cette exigence peut être produite dans le délai imparti pour régulariser la demande, sous peine de rejet.

Artículo 6°. Modificación del Capítulo 2, del Título IV de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1069 de 2015. El Capítulo 2 del Título IV, de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, quedará así:

“CAPÍTULO“CAPÍTULO 2 DE LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Sección 1 Disposiciones generales

Artículo 2.2.4.2.1.1 Objeto y ámbito de aplicación. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar lo relacionado con el Sistema Nacional de Conciliación, los requisitos que deben cumplir las entidades interesadas en la creación de Centros de Conciliación o Arbitraje y en la obtención de aval para impartir formación en conciliación extrajudicial en derecho; las obligaciones a cargo de los Centros, incluyendo los que sean creados por los Notarios; el marco tarifario para los servicios de conciliación y arbitraje; el manejo de la información relacionada con los trámites conciliatorios; el Programa de Formación que deben cursar y aprobar los conciliadores extrajudiciales en derecho, los notarios y los funcionarios públicos habilitados para conciliar; las funciones de inspección, vigilancia y control del Ministerio de Justicia y del Derecho y lo relacionado con los Programas Nacional y Local de Justicia en Equidad, la implementación, fortalecimiento y evaluación de este mecanismo alternativo de solución de conflictos. Lo anterior conforme al artículo 15 de la Ley 489 de 1998, los artículos 25 y 50, 51 y 52 de la Ley 1563 de 2012, el artículo 454 del Código General del Proceso y los artículos 6°, 8°, 22, 45, 78, 81, 141, y 143 de la Ley 2220 de 2022.

Sección 2 Del Sistema Nacional de Conciliación

Artículo 2.2.4.2.2.1. Principios del Sistema Nacional de Conciliación. Los principios que rigen el Sistema Nacional de Conciliación serán los establecidos para la función administrativa como son los de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad, así como los siguientes:

1. Principio de Colaboración Armónica: Implica que las instancias del Sistema deben cooperar para el adecuado cumplimiento de los objetivos y propósitos del Sistema.

2. Principio de Cobertura Universal: Implica que todas las personas residentes en el territorio nacional podrán acceder a la conciliación, sin importar su condición o lugar de residencia.

3. Principio de Concurrencia: Implica que la Nación acompañará a las entidades territoriales en el desarrollo de los objetivos señalados para la conciliación en la Ley 2220 de 2022 y el Sistema Nacional de Conciliación será el medio para materializar dicha atención.

4. Principio de Solidaridad: Establece que en los distintos niveles de desarrollo del sistema y por medio del trabajo coordinado entre sus diferentes órganos, se prestará la debida colaboración a los componentes para que puedan cumplir con las funciones asignadas por la Ley 2220 de 2022.

5. Principio de Enfoque Diferencial: El Sistema Nacional de Conciliación reconocerá la existencia de poblaciones con características particulares en razón a su edad, etnia, raza, género, orientación sexual y personas con discapacidad.

Artículo 2.2.4.2.2.2. Instancias del Sistema Nacional de Conciliación. En el marco de la necesaria articulación y coordinación, el Sistema Nacional de Conciliación organizará su funcionamiento a través de las siguientes instancias de operación y desarrollo técnico:

1. Órgano Rector: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley 2220 de 2022, el órgano rector del Sistema será el Ministerio de Justicia y del Derecho.

2. Instancia de operación: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 2220 de 2022, el Consejo Nacional de Conciliación es el órgano operativo del Sistema Nacional de Conciliación y fungirá como una instancia de operación, coordinación y planificación de las acciones para la promoción, el fortalecimiento y desarrollo de la conciliación.

3. Instancias de desarrollo técnico: Son Mesas Técnicas de apoyo a la coordinación y articulación de esfuerzos institucionales, de acciones puntuales alrededor de la promoción, fortalecimiento y desarrollo de la conciliación. Las Mesas Técnicas se conformarán y regularán por el Consejo Nacional de Conciliación y estarán compuestas por los integrantes del Sistema cuya participación se considere idónea por el mencionado Consejo.

Artículo 2.2.4.2.2.3. Selección de los representantes del Consejo Nacional de Conciliación. Los representantes indicados en los numerales 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 135 de la Ley 2220 de 2022, ejercerán sus funciones ad honorem y serán seleccionados por el(la) Ministro(a) de Justicia y del Derecho, para un periodo de dos (2) años de la siguiente manera:

1. Publicación de convocatoria. El Ministerio de Justicia y del Derecho cada dos años, en el mes de agosto, realizará y publicará en su página web la convocatoria que contendrá los requisitos de inscripción y el cronograma correspondiente.

2. Inscripción de candidatos. La inscripción de candidatos se llevará a cabo a través del link publicado en la convocatoria, diligenciando el formulario y adjuntando copia de los documentos allí establecidos.

3. Verificación de requisitos. El Ministerio de Justicia y del Derecho verificará el cumplimiento de requisitos de los inscritos.

4. Publicación de candidatos. La publicación de candidatos que cumplan con los requisitos se realizará en la página web del Ministerio de Justicia y del Derecho.

5. Reclamaciones. Las reclamaciones a que haya lugar podrán ser presentadas únicamente a través del correo electrónico dispuesto para tal fin en la convocatoria.

6. Listas definitivas de candidatos. Una vez resueltas las reclamaciones, si las hubiere, se publicarán las listas definitivas de candidatos a través de la página web del Ministerio de Justicia y del derecho.

7. Designación. El(la) Ministro(a) de Justicia y del Derecho escogerá los representantes de las listas definitivas. Parágrafo. Las personas que pretendan inscribirse deben ser ciudadanos colombianos, profesionales, pertenecer a centros de conciliación de entidades sin ánimo de lucro, de entidades públicas o de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior, a puntos de atención de la conciliación en equidad o a programas locales de justicia en equidad, los cuales deberán estar registrados en los sistemas de información correspondientes.

Artículo 2.2.4.2.2.4. Funciones del Consejo Nacional de Conciliación. Serán funciones del Consejo Nacional de Conciliación:

1. Diseñar planes de acción y planes estratégicos con el fin de dar cumplimiento a los objetivos del Sistema Nacional de Conciliación.

2. Ajustar, socializar y hacer seguimiento a los planes de acción y planes estratégicos ya mencionados.

3. Realizar recomendaciones sobre las propuestas en materia de política pública, estrategias, planes, programas o proyectos provenientes de agentes o instancias del Sistema Nacional de Conciliación.

4. Crear instrumentos de coordinación para el cumplimiento de las políticas públicas de acceso a la justicia a través de la conciliación.

5. Hacer recomendaciones al Ministerio de Justicia y del Derecho sobre la creación de programas de conciliación.

6. Desarrollar la articulación del Sistema Nacional de Conciliación con los Sistemas Locales de Justicia para efectos de coordinar los planes estratégicos de cada uno de ellos.

7. Expedir su propio reglamento.

8. Las demás que le correspondan por su naturaleza, para dar cumplimiento al objeto para el que fue creado. Parágrafo. Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo Nacional de Conciliación podrá convocar como invitados a representantes o delegados de otras entidades, así como a representantes de las instancias de desarrollo técnico, en los casos en que se requiera. Los invitados tendrán voz, pero no voto.

Sección 3 Creación de Centros

Artículo 2.2.4.2.3.1. Personas facultadas para solicitar la creación de Centros de Conciliación. Podrán solicitar al Ministerio de Justicia y del Derecho, la autorización para la creación de Centros de Conciliación, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en este capítulo, las entidades promotoras definidas como tales en el artículo 16 de la Ley 2220 de 2022.

Artículo 2.2.4.2.3.2. Personas facultadas para solicitar la creación de Centros de Arbitraje. Podrán solicitar al Ministerio de Justicia y del Derecho la autorización para la creación de Centros de Arbitraje, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 50 de la Ley 1563 de 2012, las personas jurídicas sin ánimo de lucro y las entidades públicas.

Artículo 2.2.4.2.3.3. Contenido y anexos de la solicitud de creación de centros. Los interesados en la creación de centros que ofrezcan los servicios de conciliación y/o arbitraje deberán presentar al Ministerio de Justicia y del Derecho una solicitud suscrita por el representante legal del solicitante en la que se manifieste expresamente su interés de crear el centro, se indique el nombre, domicilio y el área de cobertura territorial de este. A la solicitud se deberá anexar:

1. Certificado de existencia y representación legal del solicitante, salvo en relación con la Nación, los departamentos y los municipios y las demás entidades creadas por la Constitución y la ley.

2. Fotografías, planos y folio de matrícula inmobiliaria o contrato de arrendamiento del inmueble donde funcionará el centro, que evidencien que cuenta con instalaciones que, como mínimo, deben satisfacer las siguientes características: a) Área de espera. b) Área de atención al usuario. c) Área para el desarrollo de los procesos de administración internos del centro. d) Área para el desarrollo de los trámites de los servicios autorizados, independiente del área destinada a los procesos de administración internos del centro, que garantice la privacidad, confidencialidad y accesibilidad según la legislación vigente. e) Espacio para el almacenamiento de la documentación generada por los trámites, que garantice su conservación, seguridad y confidencialidad.

3. El proyecto de reglamento del centro, en los términos del numeral 3 del artículo 18 de la Ley 2220 de 2022.

4. Los documentos que acrediten la existencia de recursos financieros necesarios para la dotación y puesta en funcionamiento del centro, así como para su adecuada operación. Cuando el interesado en la creación del centro sea una entidad pública, debe aportar el proyecto de inversión respectivo o la información que permita establecer que el presupuesto de funcionamiento de la entidad cubrirá la totalidad de los gastos generados por el futuro centro.

5. Diagnóstico de conflictividad y tipología de conflicto de la zona en la cual tendrá influencia el centro.

6. Los casos en los cuales prestará el servicio voluntariamente y de forma gratuita.

7. El diseño de las herramientas tecnológicas, hardware y software que se compromete a garantizar para la operación y modernización del servicio.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Justicia y del Derecho podrá requerir al solicitante para que complete o adicione la documentación presentada con la solicitud.

Parágrafo 2°. Si se trata de una persona jurídica sin ánimo de lucro, su objeto social deberá tener relación con los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Parágrafo 3°. El proyecto de reglamento de los centros de entidades públicas e Instituciones de Educación Superior deberá contener la atención priorizada de usuarios de especial protección constitucional.

Parágrafo 4°. Cuando se trate de creación de centros de conciliación por parte de las notarías la solicitud deberá estar suscrita por el (la) notario (a), quien debe anexar el acto de nombramiento y la respectiva posesión junto con los documentos establecidos en los numerales 2,3,4,5,6 y 7 del presente artículo.

Artículo 2.2.4.2.3.4. Condiciones Especiales para la creación de Centros de Conciliación en Municipios PDET. Acorde con lo señalado en el parágrafo del artículo 19 de la Ley 2220 de 2022, se establecen las siguientes condiciones especiales respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior para la autorización de centros de conciliación en los municipios señalados en el Decreto Ley 893 de 2017: a) No será necesario que se presente el diseño de herramientas tecnológicas, hardware y software mencionados en el numeral 7 del artículo anterior, salvo que se pretenda prestar el servicio de conciliación en forma virtual o por medios electrónicos. b) En las solicitudes que se presenten para estos efectos, no se exigirá la presentación del Diagnóstico de Conflictividad referido en el numeral 5 del artículo 2.2.4.2.3.3. 8

ARTÍCULO 2.2.4.2.3.5. Reglamento del Centro. Conforme a lo dispuesto en los artículos 50, 51, 117 de la Ley 1563 de 2012, 6, 8, 15, 18, 20, 22 y 48 de la Ley 2220 de 2022, cuando se pretenda prestar los servicios de conciliación, arbitraje, amigable composición y mediación penal, el respectivo Reglamento deberá contemplar como mínimo, los siguientes aspectos: a) La estructura administrativa del Centro. b) Las funciones del director. c) Las políticas y parámetros del Centro, que garanticen la calidad de la prestación del servicio y la idoneidad de sus conciliadores, árbitros, secretarios, amigables componedores y mediadores penales. d) Los procedimientos de conciliación, arbitraje, amigable composición y mediación penal, que garanticen el debido proceso. e) Para quienes presten el servicio de arbitraje, el procedimiento breve y sumario mediante el cual se aplicará el arbitraje social. f) Un código interno de ética al que deberán someterse todos los conciliadores, árbitros, secretarios, amigables componedores y mediadores penales, inscritos en la lista oficial del centro, con el cual se garantice la transparencia e imparcialidad del servicio. g) Los requisitos de inclusión en la lista de conciliadores, árbitros, secretarios, amigables componedores y mediadores penales, así como las causales y el procedimiento de exclusión de estas. h) La forma de designación de los conciliadores, árbitros, amigables componedores y mediadores penales, cuando el Centro deba hacerlo, conforme a lo establecido en la ley y el presente decreto. i) Los criterios y protocolos de atención inclusiva con enfoque diferencial que permitan cumplir con el principio de garantía de acceso a la justicia. j) Las funciones del personal profesional, administrativo y de apoyo con el que cuente el centro. k) Los mecanismos de información al público en general, sobre los servicios para los que está autorizado el centro. l) En los casos en que se preste el servicio de conciliación, de arbitraje, de amigable composición y de mediación penal de manera virtual o por medios electrónicos, la descripción de las herramientas tecnológicas y las correspondientes reglas de procedimiento. m) En los casos que se preste el servicio de mediación penal, el reglamento deberá comprender el procedimiento aplicable conforme al convenio suscrito para esos efectos con la Fiscalía General de la Nación y la normatividad vigente. n) Las tarifas aplicables en cada uno de los servicios que preste el Centro y la proporción de dicha tarifa que le corresponde al operador. o) Los criterios que se aplicarán para la prestación del servicio de manera gratuita en la conciliación, arbitraje, amigable composición y mediación penal. p) Las tarifas correspondientes a las diligencias de remate cuando el Centro sea comisionado para esos efectos, conforme a lo señalado en el artículo 454 del Código General del Proceso. q) Las funciones de los judicantes y de los practicantes. r) La estrategia general para generar espacios de participación de la comunidad y de promoción y divulgación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Parágrafo 1°. Los centros podrán modificar sus reglamentos previa aprobación de la propuesta de modificación por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Parágrafo 2°. El Reglamento o su modificación solo entrará a regir cuando el Ministerio de Justicia y del Derecho haya impartido la aprobación de que trata el presente capítulo y el mismo sea publicado por el centro en el Sistema de información dispuesto para esto. Los trámites serán cobijados por el reglamento vigente al momento de la radicación de la solicitud de conciliación.

Artículo 2.2.4.2.3.6. Procedimiento para la autorización de creación de Centros. El procedimiento para la autorización de Centros se regirá por las normas contempladas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los términos contemplados en el artículo 34 de dicho cuerpo normativo. La Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho decidirá sobre la solicitud de autorización para la creación de centros, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su radicación. Si la solicitud satisface los requisitos exigidos para la creación de centros, el Ministerio de Justicia y del Derecho expedirá resolución de autorización y registrará los datos del Centro en el Sistema de Información dispuesto para esos efectos. Si la solicitud no satisface los requisitos exigidos en el artículo 2.2.4.2.3.3, el Ministerio de Justicia y del Derecho, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su radicación, requerirá al solicitante para que subsane los defectos que ésta presente, en el plazo máximo de un (1) mes. A partir de este momento, y hasta el día siguiente a la fecha en que se subsane, se entenderá suspendido el término para decidir sobre la solicitud. De no subsanarse, mediante acto motivado se decretará el desistimiento y se dispondrá el archivo del expediente, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. El Ministerio de Justicia y del Derecho emitirá la resolución de rechazo cuando la solicitud para la creación de un centro sea realizada por personas distintas a las señaladas en el artículo 50 de la Ley 1563 de 2012 para los centros de arbitraje, y el artículo 17 de la Ley 2220 de 2022, para los centros de conciliación.

Parágrafo 1°. Contra las decisiones de archivo por desistimiento tácito adoptadas por la Dirección de Métodos Alternativos del Ministerio de Justicia y del Derecho procede el recurso de reposición, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Parágrafo 2°. Contra las demás decisiones adoptadas por la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho en este trámite, proceden los recursos de reposición y apelación de conformidad con lo previsto en el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 2.2.4.2.3.7. Modificaciones en las condiciones de funcionamiento del Centro. La entidad está obligada a mantener las condiciones de funcionamiento del Centro que fueron autorizadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho. La modificación que se pretenda realizar de las condiciones establecidas en. los numerales 2, 3, 6 y 7 del artículo 2.2.4.2.3.3., debe ser previamente aprobada por la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho, a través del procedimiento establecido en el artículo 2.2.4.2.3.6.

Parágrafo 1°. Conforme a lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 18 de la Ley 2220 de 2022, el centro deberá desarrollar sus actividades en el marco del respectivo ámbito territorial para el cual fue autorizada su creación. Sí desea ampliar la cobertura territorial de sus servicios, la entidad promotora deberá acreditar nuevamente el cumplimiento de los requisitos del artículo 2.2.4.2.3.3, ante el Ministerio de Justicia y del Derecho. El centro podrá prestar sus servicios con la nueva cobertura territorial, una vez cuente con la respectiva aprobación por parte del ministerio.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Justicia y del Derecho podrá autorizar la ampliación del ámbito territorial de los Centros de manera temporal, cuando el propósito sea la prestación de jornadas de carácter social organizadas directamente por éstos o por el Gobierno nacional. Para el trámite de esta autorización bastará con el envío de una solicitud dirigida a la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, que deberá contener las condiciones de tiempo, modo y lugar en la que se prestarán los servicios.

Artículo 2.2.4.2.3.8. Dirección de los centros de conciliación de las Notarías. En los centros de conciliación de las Notarías, el Notario asumirá la función de director con la responsabilidad que le ha sido conferida para esos efectos por los artículos 24, 25, 26 y 27 del Estatuto de Conciliación. El notario podrá especificar en el respectivo reglamento a quién le confiere, dentro de la estructura interna del centro, el manejo administrativo con funciones de coordinador, quién deberá ser profesional del derecho y no hacer parte de la lista de conciliadores de éste. De no hacerlo, tales funciones serán asumidas por el notario. Parágrafo. El Ministerio de Justicia y del Derecho tendrá la función de control, inspección y vigilancia de los centros de conciliación de las notarías. La Superintendencia de Notariado y Registro, conservará sus funciones de control, inspección y vigilancia de la función notarial.

Sección 4 Centros de Conciliación y/o Arbitraje

Artículo 2.2.4.2.4.1. Obligaciones de los centros. Los centros deberán cumplir, entre otras, con las siguientes obligaciones:

1. Aplicar el reglamento del centro con el fin de garantizar la calidad de los servicios prestados.

2. Implementar acciones de promoción y divulgación del reglamento interno dirigidas a los funcionarios, conciliadores, operadores, árbitros, amigables componedores, mediadores penales y usuarios, a través de las estrategias formativas y herramientas tecnológicas que considere idóneas.

3. Contar con una sede dotada de los elementos administrativos y técnicos necesarios para servir de apoyo a los procedimientos autorizados y mantenerlos durante la prestación de los servicios, según lo establecido en la norma técnica aplicable.

4. Mantener la sala de audiencias con capacidad de atender a la totalidad de las partes en términos de privacidad, comodidad, iluminación, ventilación, asepsia y accesibilidad, a fin de garantizar un espacio idóneo que permita la comunicación directa entre las partes.

5. Conformar una lista de conciliadores, árbitros, amigables componedores y operadores que sea visible o de fácil consulta para los usuarios del centro.

6. Designar al conciliador, árbitro, mediador penal y amigable componedor de la lista del centro cuando corresponda.

7. Publicar en un lugar visible y accesible a los usuarios, las tarifas autorizadas para la prestación del servicio, de acuerdo con los lineamientos vigentes sobre la materia.

8. Fijar la proporción que corresponderá a los operadores de las tarifas que se cobren por los servicios prestados, de acuerdo con lo establecido en el presente decreto.

9. Organizar un archivo de actas, constancias y todos los documentos relacionados con los servicios prestados, estos deben ser gestionados de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y tener en cuenta, como mínimo: i) La identificación de la información y el medio en el que se conservará. ii) El control de la documentación, asegurando que la misma sea fácilmente identificable y trazable, que permanezca legible y sea consultable únicamente por el personal autorizado. iii) Contar con protocolos y controles para almacenar, proteger, recuperar la información y definir el tiempo de retención y de disposición final de la documentación derivada de los servicios prestados por el centro.

10. Reportar la información requerida por el Ministerio de Justicia y del Derecho a través del medio dispuesto para ello. Para el efecto, se otorgará el término máximo e improrrogable de quince (15) días calendario. En el caso de los requerimientos de que trata el artículo 2.2.4.2.12.4., se contará con el término de treinta (30) días calendario para presentar las constancias, documentos e información que demuestre que se han efectuado los ajustes solicitados.

11. Velar por la debida conservación de las actas de conciliación, constancias y demás documentos que hagan parte de los procedimientos respectivos, en concordancia con los parámetros establecidos por la Ley 594 del 2000, Decreto Ley 2106 de 2019 o aquellas que las modifiquen o sustituyan y las disposiciones especiales del presente Decreto Reglamentario.

12. Dar trámite a las quejas que se presenten contra la actuación de los operadores de sus listas y trasladarlas a la autoridad disciplinaria correspondiente cuando a ello hubiere lugar, garantizando el debido proceso, la imparcialidad y doble instancia.

13. Excluir de sus listas a los operadores cuando corresponda respetando el debido proceso.

14. Realizar por lo menos una vez al año campañas de promoción del mecanismo de resolución de conflictos en el área de influencia u operación del centro y adjuntar la respectiva evidencia en el Sistema de Información dispuesto por el Ministerio de Justicia y del Derecho para estos efectos.

15. Realizar los reportes correspondientes en la plataforma dispuesta para esto por el Ministerio de Justicia y del Derecho, entre otras, actas de conciliación, constancias, acuerdos de apoyo, directivas anticipadas y demás documentos que hagan parte de los procedimientos respectivos.

16. Las demás que le imponga la ley y las normas reglamentarias correspondientes. Los centros que presten el servicio de conciliación deberán, además, cumplir con las siguientes obligaciones:

17. Registrar ante el Ministerio de Justicia y del Derecho, dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo, las actas de conciliación y/o constancias, que cumplan con los requisitos formales establecidos en la ley, certificando la calidad de conciliador inscrito, a través del Sistema de Información dispuesto para estos efectos.

18. Pronunciarse respecto de los impedimentos y recusaciones a que hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en la ley o en el reglamento interno del centro.

19. Construir e implementar su propio programa de educación continuada en materia de mecanismos alternativos de solución de conflictos, que incluya como mínimo los módulos de actualización normativa y fortalecimiento de habilidades blandas para el desarrollo de los encuentros de resolución de conflictos y la atención al usuario. Los centros que presten el servicio de arbitraje deberán cumplir con la siguiente obligación:

20. Realizar la consignación del porcentaje establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley 1743 de 2014 a favor del Consejo Superior de la Judicatura, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.

Artículo 2.2.4.2.4.2. Obligaciones de los Directores de los Centros. Se considerarán como funciones del director(a) del centro, aquellas que sean definidas por la ley, el reglamento y el manual de funciones que haya sido determinado para esos efectos por parte de la entidad promotora. Así mismo deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Hacer seguimiento permanente a los procesos tramitados por los operadores inscritos en sus listas, con respeto de su autonomía funcional, a fin de velar por la materialización de la misión y visión del Centro.

2. Planear las actividades relacionadas con la prestación de cada uno de los servicios autorizados, con el fin de asegurar la sostenibilidad financiera del centro y la generación de las herramientas innovadoras.

3. Coordinar la actualización continua, técnica y normativa a los operadores y personal del centro.

4. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a cada uno de los servicios autorizados.

5. Hacer seguimiento al reparto de las solicitudes allegadas al centro, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia.

6. Asistir a los espacios convocados por el Ministerio de Justicia y del Derecho o delegar a quien se considere.

7. Cumplir con los requerimientos que haga el Ministerio de Justicia y del Derecho o cualquier otra autoridad administrativa o judicial.

8. Hacer seguimiento al cumplimiento de las normas disciplinarias vigentes y generar las acciones que se deriven de las mismas.

9. Actuar como superior jerárquico de la estructura administrativa interna del centro.

10. Adelantar los trámites previstos a su cargo en el reglamento interno del centro respecto de las listas de operadores.

11. Gestionar los recursos físicos y humanos que sean necesarios para el funcionamiento del centro.

12. Ejecutar las acciones con el fin de dar cumplimiento a los convenios celebrados con entidades públicas.

13. Realizar los reportes correspondientes en la plataforma dispuesta para esto por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

14. Garantizar que se realice la consignación del porcentaje establecido por el artículo 21 de la Ley 1743 de 2014, a favor del Consejo Superior de la Judicatura al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.

Artículo 2.2.4.2.4.3. Listas de conciliadores, árbitros, amigables componedores. Los Centros deberán tener listas de conciliadores, árbitros amigables componedores, clasificadas por especialidad, según corresponda, de acuerdo con el perfil que el mismo Centro determine para cada uno. En la conformación de las listas deberá verificarse, como mínimo, lo siguiente: a) Que se cumpla con los requisitos legales establecidos por la normativa vigente; b) Que la hoja de vida se ajuste al perfil y a las competencias determinadas por el Centro.

Parágrafo 1°. Por lo menos cada tres (3) años los Centros de Conciliación revisarán y actualizarán sus listas con base en la idoneidad y desempeño de sus integrantes, con la posibilidad de realizar exclusión de estos por las causales establecidas en su reglamento.

Parágrafo 2°. Cuando se trate de estudiantes conciliadores, el centro debe mantener los registros de la formación académica, experiencia y otros que identifique como necesarios para el proceso educativo.

Artículo 2.2.4.2.4.4. Códigos de identificación. Los Centros y los operadores deberán adoptar los códigos de identificación asignados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que son generados por el Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición.

Artículo 2.2.4.2.4.5. Educación continuada. Los Centros deberán organizar sus propios programas de educación continuada en materia de mecanismos alternativos de solución de conflictos, dirigido a los operadores inscritos en sus listas.

Sección 5 Función social de los Centros

Artículo 2.2.4.2.5.1. Casos gratuitos. Para efecto de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 1563 de 2012 y en los artículos 8 y 20 de la Ley 2022 de 2022, los centros de entidades privadas sin ánimo de lucro y de notarias, al igual que los notarios, deberán atender gratuitamente un número determinado de casos de conciliación y arbitraje, que no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) de los que hayan sido atendidos por el centro o el notario en el año inmediatamente anterior respecto de cada uno de estos mecanismos. Los árbitros y los conciliadores tendrán la obligación de prestar gratuitamente sus servicios en los términos a los que se refiere el presente artículo.

Parágrafo 1°. La atención gratuita de los Centros, cuando se pretenda realizar a través de jornadas de conciliación o arbitraje social, se coordinará con el Ministerio de Justicia y del Derecho. Para tal propósito, el Centro deberá informar al Ministerio de Justicia y del Derecho el lugar, día, horario, condiciones en que serán atendidos, al igual que el número estimado de operadores que participarán en la atención de los mismos y el número de casos que se esperan atender. Adicionalmente los Centros deberán presentar un informe anual en enero de cada vigencia al Ministerio de Justicia y del Derecho, con el consolidado de los casos gratuitos efectivamente atendidos en el año anterior.

Parágrafo 2° . Recibidas las solicitudes para las jornadas gratuitas, el centro o el notario deberán dar prelación en la atención a aquellas presentadas por familias beneficiadas por la estrategia del Gobierno nacional para la superación de la pobreza extrema o por sujetos de especial protección constitucional. 10

Parágrafo 3°. En caso de no lograr cumplir con el porcentaje mínimo establecido debido a la falta de demanda de los respectivos servicios, el centro deberá presentar al Ministerio de Justicia y del Derecho la respectiva justificación acompañada de las pruebas correspondientes de las actividades realizadas encaminadas a la consecución de este fin.

Parágrafo 4°. En desarrollo de su función social, podrán apoyar a los operadores de la justicia comunitaria en el desarrollo de sus funciones, brindando espacios para la realización de encuentros, capacitándolos o generando actividades de difusión.

Artículo 2.2.4.2.5.2. Parámetros para la prestación del servicio en los centros de conciliación de entidades públicas y universitarios. Con el fin de promover condiciones de igualdad real y efectiva en el acceso a la justicia a través de la conciliación en los Centros de Entidades Públicas y Universitarios, se deberá dar prelación a las personas que se encuentren en condición de especial protección constitucional. Los Centros de Conciliación de Entidades Públicas podrán fijar en sus reglamentos las condiciones de atención para las personas cuya condición de persona de especial protección constitucional no se encuentre acreditada. Los casos que se presenten ante los centros de conciliación de los consultorios jurídicos de las Instituciones de Educación Superior no podrán superar la cuantía de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Parágrafo 1°. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 2220 de 2022, las solicitudes que se realicen en los centros de conciliación de entidades públicas y de las Instituciones de Educación Superior, deberán contener una estimación razonada de la cuantía, que deberá registrarse en el sistema de información del Ministerio de Justicia y del Derecho, salvo que la disputa verse sobre derechos no cuantificables; circunstancia que deberá estar justificada en la solicitud correspondiente.

Parágrafo 2°. Tanto los centros de conciliación de las entidades públicas, como los de los centros de conciliación de los consultorios jurídicos, deberán incluir dentro de sus reglamentos y sus indicadores de gestión, la búsqueda de atención creciente de las personas que se encuentren en condición de especial protección constitucional.

Sección 6 Régimen tarifario

Subsección 1 Conciliación

Artículo 2.2.4.2.6.1.1 Tarifas máximas para los centros de conciliación y los notarios. Conforme a lo dispuesto en los artículos 8°, 21, 22 y 27 de la Ley 2220 de 2022, las tarifas máximas por el servicio de conciliación, que podrán cobrar los centros de conciliación de entidades sin ánimo de lucro y de notarias, así como los notarios no podrán superar los siguientes montos:

CUANTÍA DE LA PRETENSIÓN SOMETIDA A CONCILIACIÓN (Unidad de Valor Básico – UVB)	TARIFA (UVB)
Menos de 862,9470 UVB	32,37 UVB
Entre 862,94 UVB e igual a 1.402,32 UVB	46,73 UVB
Más de 1.402,32 UVB e igual a 1.833,79 UVB	54,96 UVB
Más de 1.833,79 UVB e igual a 3775,45 UVB	75,53 UVB
Más de 3.775,45 UVB e igual a 5.609,20 UVB	89,88 UVB
Más de 5.609,20 UVB	3,50%

La tarifa máxima permitida para la prestación del servicio de conciliación será de tres mil doscientos treinta y seis coma cero siete (3.236,07) unidades de Valor Básico (UVB). Los centros deberán tener en cuenta que el valor de la UVB se actualizará, conforme al inciso segundo del artículo 313 de la Ley 2294 de 2023 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante resolución, antes del primero (1°) de enero de cada año.

Parágrafo 1°. La tarifa será liquidada y cobrada al solicitante en el momento de presentar la solicitud de conciliación sobre la mayor pretensión. Las tarifas de conciliación no dependen del resultado de la misma. En el evento en que la parte convocada no asista a la audiencia de conciliación o el asunto al que se refiere la solicitud no sea conciliable, el centro devolverá al convocante como mínimo el setenta por ciento (70%) de la tarifa cancelada, de acuerdo con lo establecido en el respectivo Reglamento Interno. En caso de segunda convocatoria, el porcentaje mínimo de devolución será del sesenta por ciento (60%) de la tarifa cancelada, según lo disponga el Reglamento. No habrá devoluciones por otros conceptos que no sean fijados en el presente decreto.

Parágrafo 2°. En caso de que no sea posible hacer la estimación razonada por parte del solicitante, ordenada en el numeral 5 del artículo 52 de la Ley 2220 de 2022 o se trate en un asunto sin cuantía, el valor del trámite será de 89,88 unidades de Valor Básico (UVB). No obstante, si en desarrollo de la conciliación se determina la cuantía de las pretensiones, se deberá reliquidar la tarifa conforme a dicha estimación y si es del caso, proceder con las devoluciones correspondientes.

Parágrafo 3 ° . Cuando la solicitud sea presentada de común acuerdo por dos o más partes, se sumará, separadamente, la totalidad de las pretensiones de cada una de ellas, y la tarifa se liquidará con base en la mayor.

Artículo 2.2.4.2.6.1.2. Reliquidación de Tarifas. Cuando la cuantía de la pretensión del asunto sometido a conciliación sea aumentada en el desarrollo del proceso conciliatorio, se podrá reliquidar la tarifa sobre el monto ajustado, conforme a lo establecido en el artículo anterior. Si las partes en conflicto y el conciliador, de mutuo acuerdo realizan más de cuatro (4) encuentros de la audiencia de conciliación, podrá cobrarse por cada encuentro adicional hasta un diez por ciento (10%) más sobre la tarifa fijada por el centro de acuerdo con la cuantía de la pretensión, que se liquidará conforme a lo establecido en el presente artículo.

Artículo 2.2.4.2.6.1.3. Proporción de la Tarifa Los centros de conciliación de entidades sin ánimo de lucro fijarán, en su reglamento interno, la proporción de la tarifa que le corresponderá al conciliador. En ningún caso el conciliador podrá recibir directamente pago alguno por cuenta de las partes. Cuando el trámite conciliatorio sea adelantado por un conciliador autorizado para la realización de audiencias por fuera de las instalaciones del centro, el convocante cancelará la totalidad de la tarifa ante el respectivo centro de conciliación.

Subsección 2 Arbitraje

Artículo 2.2.4.2.6.2.1 Honorarios de los árbitros. Conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 51 de la Ley 1563 de 2012, para la fijación de los honorarios de cada árbitro, los Centros de Arbitraje tendrán en cuenta los siguientes topes máximos:

CUANTÍA DEL PROCESO (UVB)	HONORARIOS MÁXIMOS POR ÁRBITRO
Menos de 1.078,71 UVB	35,95 UVB
Entre 1.078,71 UVB e igual a 18.985,01 UVB	3.25% de la cuantía
Entre 18.985,01 UVB e igual a 57.062,92 UVB	2.25% de la cuantía
Entre 57.062,92 UVB e igual a 95.140,88 UVB	2% de la cuantía
Entre 95.140,88 UVB e igual a 190.281,71 UVB	1.75 % de la cuantía
Mayor a 190.281,71 UVB	1.5% de la cuantía

Los honorarios del secretario serán la mitad de los de un árbitro.

Parágrafo 1° . En caso de árbitro único, los topes establecidos por el mencionado acto administrativo podrán incrementarse hasta en un cincuenta por ciento (50%).

Parágrafo 2°. Independientemente de la cuantía del proceso, los honorarios de cada árbitro no podrán superar el valor señalado en el artículo 26 de la Ley 1563 de 2012.

Parágrafo 3°. Los gastos del Centro de Arbitraje corresponderán al cincuenta por ciento (50%) de los honorarios de un árbitro y en todo caso no podrán ser superiores al cincuenta por ciento (50%) del monto fijado en el artículo 26 de la Ley 1563 de 2012. Las anteriores cifras no comprenden las que adicionalmente decrete el Tribunal o el árbitro único por concepto de costas y agencias en derecho.

Artículo 2.2.4.2.6.2.2 Pago inicial Con la presentación de cualquier convocatoria a Tribunal Arbitral, la parte convocante deberá cancelar a favor del centro, los siguientes valores: Si es un trámite de menor cuantía, el equivalente a ciento siete con ochenta y seis Unidades de Valor Básico UVB (107,86 UVB). Si es un trámite de mayor cuantía o cuantía indeterminada, el equivalente a doscientos quince con setenta y seis Unidades de Valor Básico (215,76 UVB). Estos valores se imputarán a los gastos administrativos que decrete el Tribunal. En los casos donde el Tribunal no pueda asumir sus funciones se reembolsarán dichos recursos.

Artículo 2.2.4.2.6.2.3 Fijación de Tarifas Fracasada en todo o en parte la conciliación, en la misma audiencia el tribunal o el árbitro único fijará los honorarios y gastos mediante auto susceptible de recurso de reposición, que será resuelto inmediatamente. Para la fijación, tomará en cuenta la cuantía de las pretensiones de la demanda, determinada de conformidad con el Código General del Proceso. Si hubiere demanda de reconvención, tomará como base la de la cuantía mayor. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, antes del nombramiento de los árbitros, acuerden los honorarios y así se lo comuniquen junto con su designación. Parágrafo: Cuando no fuere posible determinar la cuantía de las pretensiones, los árbitros tendrán como suma límite para fijar los honorarios de cada uno, la cuantía de cincuenta y tres mil novecientos treinta y cuatro con setenta y un (53.934,71) Unidades de Valor Básico (UVB).

Artículo 2.2.4.2.6.2.4 Tarifas en caso de conciliación Cuando el proceso de arbitraje culmine por conciliación, se cancelará el monto establecido para los trámites conciliatorios.

Sección 7 Manejo de la Información

Artículo 2.2.4.2.7.1. Reporte de Información. Los Centros deberán registrar en el Sistema de Información establecido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, los datos relacionados con los conciliadores, árbitros, secretarios de tribunal arbitral, amigables componedores, estudiantes capacitados y los trámites que se adelanten ante el Centro. La información sobre los mencionados trámites deberá ser registrada a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que se asume conocimiento del caso. Parágrafo. Los servidores públicos habilitados para conciliar, los notarios y los defensores del consumidor financiero, deberán registrar en el Sistema de Información establecido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, los trámites que se adelanten ante ellos.

Artículo 2.2.4.2.7.2. Actas y Constancias. Los centros, notarios, defensores del consumidor financiero y servidores públicos habilitados por ley para conciliar deberán reportar en el Sistema de Información establecido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, las actas dentro de los tres (3) y las constancias dentro de los cuatro (4) días siguientes a su recibo o elaboración, según corresponda. Parágrafo. Las actas, constancias y demás documentos que hagan parte del procedimiento conciliatorio podrán conservarse a través de medios electrónicos o magnéticos, de acuerdo con el artículo 16 del Decreto Ley 2106 de 2019.

Artículo 2.2.4.2.7.3. Gestión Documental . Los Centros de conciliación y arbitraje, notarios y servidores públicos habilitados para conciliar garantizarán la custodia, conservación y disponibilidad de la documentación relacionada con la prestación de sus servicios, de acuerdo con lo establecido la Ley General de Archivo, ya sea de forma física o electrónica.

Artículo 2.2.4.2.7.4. Deterioro. Los documentos físicos que se deterioren serán archivados y sustituidos por una reproducción exacta de ellos, con anotación del hecho y su oportunidad, la cual será suscrita por el Director del Centro o la del funcionario o notario conciliador, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Archivo.

Artículo 2.2.4.2.7.5. Pérdida. En caso de pérdida de algún documento, se procederá a su reconstrucción con base en los duplicados, originales o documentos auténticos que se encuentren en poder de las partes, del propio Centro, del conciliador, del funcionario o del notario, según sea el caso de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Archivo.

Artículo 2.2.4.2.7.6. Traslado y Remisión de Información. En el evento en que se revoque la autorización de funcionamiento de un centro, éste remitirá la totalidad de su archivo documental al centro que el Ministerio de Justicia y del Derecho designe, mediante acto administrativo, para su custodia y manejo.

Artículo 2.2.4.2.7.7. Criterios de Calidad. Los Centros de conciliación deberán implementar y satisfacer los requisitos generales del servicio contemplados en la Norma Técnica de Calidad 5906 de 2012 o aquella que la modifique o sustituya. Los Centros voluntariamente se someterán a los procesos de certificación de calidad basados en la Norma Técnica.

Artículo 2.2.4.2.7.8. Sujeción a Inspección, Control y Vigilancia. Los Centros avalados por el Ministerio de Justicia y del Derecho para prestar servicios de conciliación, arbitraje, aquellos relacionados con los procedimientos de insolvencia de persona natural y las entidades avaladas para impartir formación en conciliación extrajudicial deberán incluir en sus elementos de promoción y divulgación y en su papelería, la mención de que están sujetos a inspección, control y vigilancia del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Sección 8 Programa de Formación en Conciliación Extrajudicial en Derecho

Artículo 2.2.4.2.8.1. Criterios para la Formación de Conciliadores Extrajudiciales en Derecho. El Ministerio de Justicia y del Derecho mediante acto administrativo fijará los criterios para el contenido mínimo de los Programas de Capacitación y de Formación en Conciliación Extrajudicial en Derecho y establecerá los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento del Aval que autorice la formación de conciliadores en esta materia.

Sección 9 De la Judicatura y la Práctica Profesional en Conciliación.

Artículo 2.2.4.2.9.1. Condiciones y Tiempo de duración de la Judicatura en conciliación. De acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 2220 de 2022, los estudiantes de las facultades de derecho que hayan terminado las materias del pénsum académico podrán realizar la judicatura en centros de conciliación, casas de justicia y programas locales de justicia en equidad.

Parágrafo 1°. Cuando la judicatura se realice en una casa de justicia, en un centro de conciliación de entidades públicas o en un programa local de justicia en equidad, tendrá una duración de siete (7) meses.

Parágrafo 2°. Cuando la judicatura se realice en centros de conciliación de entidades sin ánimo de lucro y de notarios, podrá tener una duración de nueve (9) meses y ser ad honorem o una duración de un (1) año y será remunerada.

Parágrafo 3°. En caso de igualdad de puntaje en la lista de elegibles en un concurso de méritos público, haber realizado la judicatura en una casa de justicia, en un centro de conciliación de entidades públicas o en un programa local de justicia en equidad será un criterio de desempate.

Parágrafo 4°. Los estudiantes de las facultades de derecho que hayan terminado las materias del pénsum académico y que obtengan licencia provisional para el ejercicio de la profesión, podrán realizar su judicatura como abogados conciliadores en los centros de conciliación de los consultorios jurídicos de las Instituciones de Educación Superior, siempre que hayan realizado el curso de formación en conciliación en derecho, de acuerdo con lo establecido por el Consejo Superior de la Judicatura.

Artículo 2.2.4.2.9.2. Formación de Estudiantes para Judicatura en Conciliación. Quienes durante la judicatura se desempeñen como conciliadores, deberán haber cursado el correspondiente proceso de formación, conforme a la resolución que el Ministerio de Justicia y del Derecho expida para esos efectos. Esta condición también deberán cumplirla quienes hayan obtenido licencia provisional para el ejercicio de la profesión.

Artículo 2.2.4.2.9.3. Listados de Estudiantes para Judicatura en Conciliación. Las Facultades de Derecho de las Instituciones de Educación Superior podrán mantener en sus páginas web listados actualizados de los estudiantes que cuenten con capacidades demostradas en materias relacionadas con conciliación o justicia comunitaria, para que estas sean utilizadas por los centros de conciliación de entidades sin ánimo de lucro, de notarios o de entidades públicas, casas de justicia y programas locales de justicia en equidad en la selección de sus judicantes.

Artículo 2.2.4.2.9.4. Práctica en conciliación. A efectos de realizar su práctica en los consultorios jurídicos de las Instituciones de Educación Superior, los estudiantes de derecho deberán cumplir con una formación previa en conocimientos en conciliación. Para ello, con anterioridad a la práctica, deberán cursar y aprobar la formación respectiva, de conformidad con los requisitos establecidos por la Institución de Educación Superior y el Ministerio de Justicia y del Derecho quien expedirá el acto administrativo correspondiente. Parágrafo. De Conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 2220 de 2022 los estudiantes de último año de psicología, trabajo social, sicopedagogía, comunicación social y carreras afines a la resolución de conflictos, podrán hacer sus prácticas en conciliación apoyando la labor del Conciliador y el desarrollo de las audiencias, ya sea en centros de conciliación, en entidades públicas que cuenten con servidores públicos habilitados para conciliar o en programas locales de justicia en equidad, con las que debe existir el respectivo convenio.

Sección 10 Uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los Centros

Artículo 2.2.4.2.10.1. Utilización de medios electrónicos. Los Centros y notarios utilizarán medios electrónicos en todas las actuaciones y sus propios sistemas de información, sin que para ello se requiera autorización previa.

Artículo 2.2.4.2.10.2. Prestación de los servicios de los Centros por medios virtuales o electrónicos. La prestación de los servicios de los centros y de los notarios en forma virtual o por medios electrónicos, se dará con respeto de la decisión de las partes en ese sentido.

Parágrafo 1°. Los Centros y notarios deberán garantizar la adecuada conservación de los archivos derivados de los trámites, en cumplimiento de los parámetros establecidos para tal fin por el presente capítulo.

Parágrafo 2°. Los Centros y notarios que ofrezcan sus servicios de manera virtual o electrónica igualmente deberán garantizar el servicio presencial.

Artículo 2.2.4.2.10.3. Notificaciones por medios electrónicos. Las providencias y decisiones, memoriales, traslados, actas, constancias y en general todas las comunicaciones intercambiadas entre las partes y el tercero neutral, en el curso de las actuaciones de los procedimientos para los cuales fue autorizado el centro, podrán comunicarse o notificarse por cualquier medio electrónico, en los términos dispuestos en la Ley.

Artículo 2.2.4.2.10.4. De las Listas de Conciliadores y árbitros para la conciliación y el arbitraje de manera virtual. Los Centros que ofrezcan el servicio de arbitraje y conciliación de manera virtual o por medios electrónicos podrán hacer uso de sus listas, sin necesidad de contar con una lista especial para el efecto.

Artículo 2.2.4.2.10.5. Audiencias. Las audiencias de arbitraje y conciliación de manera virtual o por medios electrónicos se realizarán a través de videoconferencia, teleconferencia o por cualquier otro medio de comunicación, según lo determine el Conciliador o el tribunal. Los Centros y notarios dispondrán lo pertinente para la grabación y conservación de las audiencias que se surtan a través de estos medios. 12

Artículo 2.2.4.2.10.6. Procedimiento de conciliación por medios virtuales o electrónicos. La Conciliación por medios virtuales se regirá además de lo señalado en el artículo anterior, por lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 4° y el artículo 6° de la Ley 2220 de 2022. Para la prestación de la conciliación por medios virtuales o electrónicos, los centros de conciliación incluirán en su reglamento el procedimiento para su funcionamiento, el cual deberá garantizar que el tratamiento de los datos cumpla con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 o aquella que la sustituya, modifique o adicione.

Parágrafo 1 ° . En el momento que las partes manifiesten su voluntad de participar en el proceso conciliatorio en forma virtual o por medios electrónicos, deberán indicar que cuentan con la idoneidad y los medios tecnológicos necesarios o si pueden acceder a través de las alcaldías, las personerías municipales y demás entidades públicas habilitadas por la Constitución y la Ley, que se encuentren en disponibilidad de facilitar el acceso en sus sedes a las actuaciones virtuales. Los centros de conciliación también podrán a solicitud de las partes, facilitar los medios tecnológicos correspondientes. Las partes podrán hacer la manifestación anterior en la solicitud o en el momento de iniciar la audiencia de conciliación, ante el requerimiento que realice al respecto el Conciliador.

Parágrafo 2°. Cuando en el trámite conciliatorio, participen personas con discapacidad, los medios tecnológicos dispuestos para esos casos deberán ser idóneos, seguros y accesibles.

Parágrafo 3°. Cuando las partes decidan realizar la audiencia de conciliación por medios digitales o electrónicos, los documentos correspondientes al trámite conciliatorio se deberán digitalizar. Los Centros deberán propender por la automatización de estos trámites.

Artículo 2.2.4.2.10.7 Condiciones para la prestación de los servicios de conciliación por medios virtuales. Las condiciones que deberán cumplir los centros de conciliación y notarios, para prestar el servicio de conciliación virtual serán las siguientes: I. Garantizar la capacidad en infraestructura tecnológica que asegure la prestación del servicio de conciliación por medios virtuales o electrónicos, además del recurso humano capacitado para la adecuada prestación del servicio. II. Información disponible al público en la correspondiente página web que contenga como mínimo los siguientes ítems: A. La forma en que el centro presta el servicio de conciliación por medios virtuales o electrónicos, B. Los protocolos de atención, C. Formularios, D. El reglamento interno del centro, E. Los requisitos mínimos necesarios, F. Las direcciones electrónicas o los vínculos respectivos. La información publicada deberá contar con los parámetros de calidad, veracidad, oportunidad, confiabilidad y fácil comprensión además de atender las características de la población a la que se pretende llegar.

Sección 11 De los Procedimientos de Conciliación en los Centros de Conciliación

Subsección 1 Procedimiento Conciliatorio

Artículo 2.2.4.2.11.1.1. Procedimiento. Para el procedimiento de los casos de conciliación que se tramiten en los Centros de Conciliación, se deberá tener en cuenta lo señalado en el Título II de la Ley 2220 de 2022 y de manera complementaria, el reglamento previsto para este tipo de actuaciones previamente autorizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. De todos modos, este reglamento también deberá comprender dentro de su estructura, la aplicación de los principios señalados en el artículo 4 de la referida Ley. El procedimiento de conciliación se podrá realizar en forma presencial, digital o electrónica o mixta, para lo cual las partes deberán manifestar en la solicitud de conciliación, o una vez citadas, la forma en que comparecerán.

Artículo 2.2.4.2.11.1.2. Designación del Conciliador. Cuando el Conciliador sea designado por el Centro, dicha designación se hará según lo establecido en el correspondiente reglamento.

Artículo 2.2.4.2.11.1.3. Deberes, obligaciones y atribuciones del Conciliador . El Conciliador designado para llevar el caso deberá cumplir con sus deberes, obligaciones y hacer un correcto uso de las atribuciones conferidas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29, 30 y 32 de la Ley 2220 de 2022. También deberá tener en cuenta los impedimentos y recusaciones establecidos en el artículo 33, así como la inhabilidad especial contemplada en el artículo 34 de la mencionada Ley.

Artículo 2.2.4.2.11.1.4. Lugar de desarrollo de la conciliación. Independientemente de la forma como se designe al Conciliador, este no podrá citar a las partes a audiencia de conciliación por fuera de las instalaciones del Centro.

Parágrafo 1°. Lo establecido en el presente artículo no aplica cuando se realiza la audiencia de conciliación por medios virtuales, como tampoco para los casos excepcionales previamente autorizados por el director del centro.

Parágrafo 2°. Lo anterior, no aplicará para las audiencias de conciliación que puedan darse con ocasión de los daños materiales en accidentes de tránsito, de que trata el artículo 143 de la Ley 769 de 2002, cuya atención podrá realizarse en el lugar de los hechos, según se determine en el protocolo de atención del respectivo centro.

Artículo 2.2.4.2.11.1.5. De la solicitud de conciliación ante los Centros de Conciliación. En la presentación de la solicitud correspondiente, que podrá hacerse en forma verbal o escrita, individual o conjunta, física o electrónica, se deberán cumplir los requisitos señalados en el artículo 52 de la Ley 2220 de 2022. El solicitante deberá estimar razonadamente la cuantía, por lo que no se recibirán solicitudes con cuantías indeterminadas, salvo que la disputa verse sobre derechos no cuantificables, circunstancia que deberá estar expresamente señalada y justificada.

Parágrafo 1°. En las solicitudes enviadas por correo electrónico o presentadas por otros medios virtuales, el requisito de la firma se entenderá cumplido, conforme lo establece la Ley 527 de 1999 o la norma que la modifique, sustituya o complemente. En estos casos bastará la identificación suministrada por el solicitante.

Parágrafo 2°. Si la solicitud es presentada por medio de apoderado, el poder podrá ser aportado por medio físico o electrónico, conforme a lo dispuesto para esos efectos por el Código General del Proceso. Podrán presentarse solicitudes a nombre de otra persona de la que no se tenga poder, bajo las condiciones previstas por el Código General del Proceso, para el agente oficioso. En estos casos no será necesario prestar caución alguna. Si el interesado no ratifica esta solicitud, dentro de los diez (10) días siguientes a su radicación, se entenderá como no presentada.

Parágrafo 3°. Las pruebas podrán aportarse con la solicitud de conciliación, teniendo en cuenta los requisitos consagrados en los artículos 243 y siguientes del Código General del Proceso. Las pruebas aportadas serán tomadas como un respaldo para eventuales fórmulas de arreglo que se presenten en la audiencia de conciliación. Sin embargo, su falta de presentación en el procedimiento conciliatorio no impedirá que sean presentadas posteriormente, en un eventual proceso judicial.

Parágrafo 4°. En caso de retiro de la solicitud o de no cumplimiento del requerimiento del Conciliador para completarla o aclararla, esta se tendrá como no presentada.

Artículo 2.2.4.2.11.1.6. Análisis de la solicitud. Una vez recibida la solicitud y realizada la designación del Conciliador, este procederá a revisarla y establecer si cuenta con la competencia e información suficiente, para convocar a las partes. De no tener competencia, así lo declarará. Si el Conciliador considera que se necesita información adicional o que no se cumple con alguno de los requisitos del artículo 52 de la Ley 2220 de 2022, requerirá al solicitante para que este dé respuesta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, so pena de declarar la falta de interés en la solicitud, procediendo a su devolución. Lo anterior no impedirá presentarla nuevamente.

Parágrafo 1°. Si el Conciliador encuentra que la solicitud está relacionada con un asunto que no es conciliable, procederá a expedir la correspondiente constancia, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación. Si durante el trámite de la audiencia se observare esta circunstancia, el operador procederá igualmente a emitirla. En todo caso, se deberán devolver los documentos aportados a los interesados.

Parágrafo 2°. De acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 2220 de 2022, ni el Centro ni sus operadores podrán asumir el trámite de solicitudes de conciliación en las cuales exista un interés directo por parte del centro o sus funcionarios.

Artículo 2.2.4.2.11.1.7. Convocatoria. En caso de que la solicitud cuente con el lleno de los requisitos y el asunto al que se refiera sea conciliable, el Conciliador procederá a programar en coordinación con el centro, la fecha y hora de la audiencia y a convocar a las partes, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud o de la corrección.

Parágrafo 1°. La convocatoria a la audiencia se comunicará a las partes por el medio más expedito y deberá contener el objeto de la conciliación, las consecuencias legales de la inasistencia a la misma, la modalidad de audiencia, así como los requerimientos de información y documentos que se consideren necesarios. En caso de que la modalidad de audiencia sea virtual o electrónica, se informará a las partes la manera cómo se realizará la correspondiente conexión.

Parágrafo 2°. Las partes tendrán el deber de suministrar las direcciones electrónicas para realizar las comunicaciones necesarias dentro del procedimiento. Estas direcciones podrán corresponder a las consignadas en el Registro Mercantil o en el contrato o negocio jurídico sobre el cual se va a tratar el trámite conciliatorio. Si ello no es posible, las comunicaciones se harán a aquellas indicadas en la solicitud de conciliación.

Parágrafo 3°. El Conciliador deberá, por solicitud de las partes o de acuerdo con su criterio, citar a quienes considere que deben asistir a la audiencia de conciliación, incluidos expertos en la materia de la controversia objeto de conciliación, quienes deberán ser terceros imparciales y cuya intervención se limitará a los aportes requeridos sobre su experticia.

Artículo 2.2.4.2.11.1.8. Asistencia y representación en la audiencia de conciliación. Las partes deberán asistir a la audiencia de conciliación y podrán hacerlo junto con sus apoderados cuando así lo consideren conveniente. En aquellos eventos en los que el domicilio de alguna de las partes no se encuentre en el municipio o distrito donde se vaya a celebrar la audiencia, se encuentre por fuera del territorio nacional o cuando ocurran circunstancias que configuren fuerza mayor o caso fortuito, podrá solicitarse al Conciliador que la audiencia de conciliación se celebre con la sola comparecencia del apoderado de la parte, debidamente facultado para conciliar. Parágrafo. Cuando existan circunstancias que hayan impedido a las partes o a una de ellas acudir a la audiencia, deberán informarlo por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que debió celebrarse la misma, circunstancia en la cual, si el Conciliador lo considera, podrá reprogramar la audiencia.

Artículo 2.2.4.2.11.1.9. Desarrollo de la audiencia de conciliación. La audiencia se llevará a cabo con la presencia de las partes quienes pueden asistir junto con sus apoderados y demás convocados por el Conciliador, en el día y hora señalados. El Conciliador dirigirá la audiencia teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

1. Otorgar a las partes un margen de tiempo de espera para su llegada, conforme a lo señalado en el reglamento interno del centro.

2. Hacer las presentaciones personales de rigor y constatar la identificación de las partes y, de haberlos, sus apoderados.

3. Realizar la instalación de la audiencia, brindar a las partes la información relacionada con las facultades del Conciliador, el objeto de la audiencia y las reglas que se seguirán.

4. Orientar a las partes para que determinen con claridad los hechos y las pretensiones alegadas para facilitar la consecución del acuerdo.

5. Proponer las fórmulas de arreglo que considere procedentes para la solución de la controversia, en caso de ser necesario.

6. Logrado el acuerdo, se levantará el acta de conciliación, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 64 de la Ley 2220 de 2022.

7. Si no fuere posible la celebración del acuerdo, se expedirá inmediatamente la constancia de no acuerdo, de conformidad con el numeral 2 del artículo 65 de la Ley 2220 de 2022.

Parágrafo 1°. La audiencia deberá celebrarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de admisión de la solicitud.

Parágrafo 2°. La audiencia de conciliación será susceptible de suspensión a petición de las partes de mutuo acuerdo. También lo será, cuando el Conciliador considere que: i) no se estén dando las condiciones para el normal desarrollo de la audiencia, ii) haya elementos de juicio respecto de la existencia de ánimo conciliatorio, iii) sea necesario revisar, de acuerdo con la información suministrada en la audiencia, si el asunto es conciliable, iv) existan problemas de conexión o con los equipos tecnológicos dispuestos para realizar la diligencia o, v) que sea necesario para el buen desarrollo de la audiencia de conciliación.

Artículo 2.2.4.2.11.1.10. Desarrollo de la audiencia de conciliación de manera virtual o por medios electrónicos. Cuando la audiencia se realice de manera virtual o por medios electrónicos, además de lo ya señalado en el presente capítulo, deberán cumplirse los siguientes requisitos adicionales: a. Las partes deberán manifestar en la solicitud de conciliación o una vez citadas, la forma en que actuarán y si se acogen a la modalidad virtual o mixta, certificando que cuentan con la idoneidad y los medios tecnológicos necesarios o si pueden acceder a través de las alcaldías, las personerías municipales y demás entidades públicas habilitadas por la Constitución y la ley, que se encuentren en disponibilidad de facilitar el acceso en sus sedes a las actuaciones virtuales. b. Las partes deberán manifestar que cuentan con: una cuenta de correo electrónico válida o con mensajería instantánea de constante revisión, capacidad tecnológica de voz y datos, así como sistema de videoconferencias. La audiencia virtual o por medios electrónicos se realizará por los canales autorizados y dispuestos por el Centro para tales efectos.

Parágrafo 1°. Las audiencias que se realicen de manera virtual, electrónica o mixta deberán ser grabadas en audio, video o por cualquier medio que garantice su integridad, pero solo se podrá grabar la identificación de los intervinientes y la parte final en la que se leerá el acta contentiva del acuerdo o la constancia de no acuerdo, así como la aceptación expresa de las partes sobre el contenido de dichos documentos. El Conciliador informará a los intervinientes sobre la grabación de la audiencia, de lo cual se dejará la respectiva constancia. Esta hará parte del expediente electrónico.

Parágrafo 2° . Las audiencias virtuales o por medios electrónicos serán susceptibles de suspensión por las circunstancias previstas en el parágrafo 2° del artículo 2.2.4.2.11.1.9.

Artículo 2.2.4.2.11.1.11. Acta de conciliación. En caso de lograrse acuerdo parcial o total en la audiencia de conciliación, el Conciliador procederá a levantar la correspondiente acta, conforme a lo señalado en el artículo 64 de la Ley 2220 de 2022. De realizarse por escrito, el acta de conciliación surtirá sus efectos jurídicos a partir de la firma de las partes y del Conciliador o si consta por cualquier otro medio desde la aceptación expresa de las partes.

Parágrafo 1°. El acta de conciliación se entenderá como un documento público, en el cual el Conciliador dará fe de la decisión que han tomado las partes de poner fin a la controversia presentada por medio del respectivo acuerdo conciliatorio. Lo anterior, en los términos establecidos en el inciso primero del artículo 3° de la Ley 2220 de 2022.

Parágrafo 2°. El acta de conciliación contentiva del acuerdo con obligaciones claras, expresas y exigibles prestará mérito ejecutivo y tendrá carácter de cosa juzgada, se entenderá que es equivalente a una sentencia judicial.

Parágrafo 3° . Las partes podrán solicitar copia del acta de conciliación.

Parágrafo 4°. Cuando el acuerdo ha sido el resultado de una audiencia realizada por medios virtuales, en la firma del acta de conciliación se aplicará lo establecido en la Ley 527 de 1999 y en los artículos 2.2.2.47.1 y siguientes del Decreto número 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen.

Parágrafo 5°. De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 64 de la Ley 2220 de 2022, las etas de conciliación y su contenido no requerirán ser elevadas a escritura pública, salvo expresa disposición de las partes.

Artículo 2.2.4.2.11.1.12. Constancias. El Conciliador expedirá constancia al interesado en la que se indicará la fecha de presentación de la solicitud, la fecha en que se celebró o debió celebrarse la audiencia y expresará sucintamente el asunto objeto de conciliación, en los eventos previstos en el artículo 65 de la Ley 2220 de 2022. En todo caso, junto con la constancia, se devolverán los documentos originales aportados por los interesados de manera física. Para estos efectos, se deberá tener en cuenta:

1. En la constancia que se expida por inasistencia de alguna de las partes a la audiencia de conciliación, el Conciliador deberá precisar si se recibió justificación dentro de los tres (3) días siguientes y si se reprogramó la misma. De ser procedente, la constancia deberá entregarse al interesado al cuarto (4) día siguiente a la fecha en que debió realizarse la audiencia.

2. La constancia de no acuerdo se entregará a los interesados, inmediatamente finalice la audiencia de conciliación.

3. La constancia de asunto no conciliable se entregará a los interesados, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la presentación de la solicitud si dicha circunstancia se advirtió en ella o al finalizar la audiencia, cuando la misma se haya advertido en el transcurso de esta.

Artículo 2.2.4.2.11.1.13. Aclaración de actas y constancias . De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 4 de la Ley 2220 de 2022, de oficio o a solicitud de parte, el Conciliador podrá aclarar la respectiva acta o constancia, cuando la misma tenga errores aritméticos, caligráficos, tipográficos, de digitación, problemas de legibilidad, errores por omisión, cambio de palabras o alteración de estas. Esta aclaración podrá hacerla mediante un documento explicativo que irá anexo al acta o constancia original y por ningún motivo la aclaración podrá cambiar o dar alcance al contenido material del acuerdo.

Artículo 2.2.4.2.11.1.14. Archivo de actas y constancias. El Conciliador deberá remitir las actas y constancias al Centro dentro de los cuatro (4) días siguientes a la expedición de las mismas, a la audiencia o la finalización del procedimiento. En el caso que el procedimiento se haya realizado por medios virtuales, esta entrega deberá hacerse dentro de los dos (2) días siguientes.

Artículo 2.2.4.2.11.1.15. Término para el procedimiento de conciliación. Conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 2220 de 2022, el procedimiento de conciliación, desde su inicio con la presentación de la solicitud, hasta su terminación con la elaboración de la correspondiente acta o constancia, deberá surtirse en un lapso máximo de tres (3) meses. Las partes podrán prorrogar ese término, por mutuo acuerdo, hasta por tres (3) meses más. Parágrafo. En todo caso, deberá tenerse en cuenta que de acuerdo con lo previsto en el artículo 56 de la Ley 2220 de 2022, la presentación de la solicitud de conciliación suspenderá el término de prescripción o de caducidad, hasta la finalización de este procedimiento, con la suscripción de la respectiva acta o constancia, o hasta que se venza el término de tres (3) meses, o de su prórroga, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.

Artículo 2.2.4.2.11.1.16. Acuerdos en materia de alimentos. Los Centros incluirán en su reglamento, la necesidad de consignar en las actas, cuando se celebren acuerdos sobre alimentos, las consecuencias previstas en la Ley 2097 de 2021. Parágrafo. En los casos que se presente mora a la que hace referencia la Ley 2097 de 2021 y cuando la obligación haya quedado comprendida en un acta de conciliación celebrada en un centro de conciliación, el acreedor podrá seguir el procedimiento establecido en el parágrafo 4°, del artículo 3° de la misma Ley.

Subsección 2 Conciliación Preprocesal y Mediación Penal en Centros de Conciliación

Artículo 2.2.4.2.11.2.1 Ámbito de aplicación. Los Centros de Conciliación podrán prestar los servicios de conciliación preprocesal y mediación penal en los términos establecidos para su desarrollo en el Libro VI del Código de Procedimiento Penal y conforme a las disposiciones señaladas en el presente capítulo. 14

Parágrafo 1°. La Conciliación preprocesal se realizará conforme a lo señalado en el artículo 522 de la Ley 906 de 2004 y se ceñirá en lo pertinente, a lo establecido en la Ley 2220 de 2022.

Parágrafo 2°. La Mediación penal se llevará a cabo bajo las condiciones dispuestas en el Capítulo III del Libro VI de la Ley 906 de 2004 y se realizará de acuerdo con los parámetros establecidos para estos efectos por la Fiscalía General de la Nación.

Artículo 2.2.4.2.11.2.2. Modificación de reglamento . Los Centros de Conciliación que pretendan prestar los servicios de conciliación preprocesal y mediación penal deberán modificar para esos efectos su reglamento y solicitar la aprobación en los términos establecidos en el artículo 2.2.4.2.3.5. del presente Decreto”.

Artículo 7°. Adición de las secciones 12 y 13 del Capítulo 2 del Título IV de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1069 de 2015: Adiciónense las secciones 12 y 13 del Capítulo 2 del Título IV de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, las cuales quedarán de la siguiente manera: “Sección 12 Inspección, Vigilancia y Control a Centros, Entidades Avaladas para Impartir Formación, Programas Locales de Justicia en Equidad y Puntos de Atención de la Conciliación en Equidad

Artículo 2.2.4.2.12.1. Actuaciones Administrativas. De acuerdo con lo previsto en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona, en los términos previstos en los artículos 36 y 38 de la Ley 2220 de 2022. En este caso, el Ministerio de Justicia y del Derecho solicitará la información pertinente o dispondrá de las visitas correspondientes. Cuando como resultado de las averiguaciones preliminares, el Ministerio de Justicia y del Derecho establezca que existen méritos para adelantar el procedimiento sancionatorio, formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan; el Centro, la Entidad Avalada, el Programa Local de Justicia en Equidad o el Punto de Atención de la Conciliación en Equidad objeto de la investigación; las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes. Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede recurso. Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente. Parágrafo. En caso de renuencia en el suministro de la información solicitada, se aplicará lo previsto en el artículo 51 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 2.2.4.2.12.2. Plan de visitas. El Ministerio de Justicia y del Derecho realizará visitas a los Centros y Programas Locales de Justicia en Equidad, como mínimo cada dos (2) años, contados a partir de su correspondiente autorización. En caso de que se encuentren irregularidades en la prestación del servicio, deberá proponerse el respectivo plan de mejoramiento, el cual será suscrito por las partes. Para el efecto, el Ministerio elaborará un plan anual de visitas aleatorias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2220 de 2022.

Artículo 2.2.4.2.12.3. Procedimiento administrativo sancionatorio. Cuando por cualquier medio el Ministerio de Justicia y del Derecho, conozca la existencia de un presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en las normas legales, reglamentarias y en sus propios reglamentos, por parte de los centros, las entidades avaladas, los programas locales de justicia en equidad y los puntos de atención de la conciliación en equidad, iniciará el correspondiente procedimiento administrativo sancionatorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 1563 de 2012, el inciso final del artículo 27, los artículos 36 y 79 de la Ley 2220 de 2022.

Parágrafo 1°. El procedimiento administrativo sancionatorio en estos casos seguirá las reglas establecidas en el Capítulo III, del Título III de la parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Parágrafo 2°. En el procedimiento administrativo sancionatorio las notificaciones se realizarán a través del medio electrónico dispuesto por el Ministerio de Justicia y el Derecho para este fin, o del correo electrónico dispuesto por el Centro, Programa Local de Justicia en Equidad o Punto de Atención de la Conciliación en Equidad en la respectiva solicitud de autorización, caso en el cual señalarán si aceptan que las notificaciones se surtan por este medio, en los términos de los artículos 54 y 56 de la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo 3°. Conforme a lo previsto en el artículo 39 de la Ley 2220 de 2022, la decisión de no iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio estará debidamente motivada y se notificará en los términos previstos en los artículos 54 y 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 2.2.4.2.12.4. Periodo probatorio y alegatos. Siguiendo lo preceptuado en el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando deban practicarse pruebas se señalará un término no mayor a treinta (30) días. Cuando sean tres (3) o más investigados o se deban practicar en el exterior el término probatorio podrá ser hasta de sesenta (60) días. Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por diez (10) días para que presente los alegatos respectivos.

Artículo 2.2.4.2.12.5. Contenido de la decisión. De acuerdo con lo previsto en el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Director de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho, proferirá acto administrativo definitivo dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de los alegatos. El acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo de carácter sancionatorio deberá contener:

1. La individualización del Centro, Entidad Avalada, Programa Local de Justicia en Equidad o Punto de Atención de la Conciliación en Equidad a sancionar.

2. El análisis de los hechos y pruebas obrantes en el expediente administrativo.

3. Las normas infringidas con los hechos probados.

4. La decisión final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación.

Artículo 2.2.4.2.12.6. Graduación de Sanciones. La gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones se graduarán atendiendo a los criterios señalados el artículo 50 del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en cuanto resultaren aplicables.

Artículo 2.2.4.2.12.7. Sanciones. Una vez comprobada la infracción y garantizando el debido proceso, el Ministerio de Justicia y del Derecho, podrá imponer mediante resolución motivada a los centros o a los programas locales de justicia en equidad, las sanciones previstas en el artículo 40 de la Ley 2220 de 2022.

Artículo 2.2.4.2.12.8. Suspensión o revocatoria de la operación del Centro. En caso de suspensión o revocatoria de la operación de un centro, se indicará en el acto administrativo sancionatorio, el centro o los centros que continuarán conociendo de los procedimientos en curso y que recibirán los soportes documentales, quienes a su vez tendrán la obligación de recibirlos. Para estos eventos, se preferirán los centros de las entidades públicas más cercanos al lugar donde se encuentra el centro suspendido o revocado. Si la suspensión o revocatoria recae sobre un centro de entidad sin ánimo de lucro o notaria, este devolverá a la parte convocante que realizó el pago de los servicios y se encontraba a la espera de la celebración de la audiencia, la totalidad de la tarifa cancelada, conforme a lo establecido en su respectivo reglamento, sin perjuicio de las acciones civiles, penales o disciplinarias a que haya lugar.

Artículo 2.2.4.2.12.9. Suspensión o revocatoria de la operación de una sede. Cuando se suspenda la operación de una sede de un centro o la entidad promotora solicite la revocatoria de la autorización, la misma determinará cuál de sus sedes continuará conociendo de los procedimientos en curso y recibirá los soportes documentales de la sede del centro suspendido.

Artículo 2.2.4.2.12.10. Suspensión o revocatoria del Programa Local de Justicia en Equidad. En caso de suspensión de un Programa Local de Justicia en Equidad, la entidad correspondiente adoptará los correctivos pertinentes, para lo cual tendrá un plazo máximo de seis (6) meses. En caso de revocatoria de su autorización, esta solicitará su creación nuevamente. La entidad responsable del Programa tendrá que preservar durante este tiempo, los archivos y la documentación correspondiente. Si el programa sancionado es del sector privado, la documentación y los casos activos pasarán al Programa Local de Justicia en Equidad de la entidad territorial donde ha ejercido su labor.

Artículo 2.2.4.2.12.11. Revocatoria de aval para impartir la formación de Conciliadores Extrajudiciales en Derecho. En caso de revocatoria de la operación de una entidad avalada, los procesos de formación que se encuentren en curso deberán completarse y efectuar el respectivo registro de los Conciliadores formados. La entidad avalada deberá realizar la devolución de los pagos de los procesos de formación que no hayan iniciado, sin perjuicio de las acciones civiles, penales o disciplinarias a que haya lugar. Las revocatorias emitidas por el Ministerio de Justicia y del Derecho para impartir la Formación de Conciliadores Extrajudiciales en Derecho, una vez en firme, serán publicadas en el Sistema de Información establecido para esos efectos.

Artículo 2.2.4.2.12.12. Publicación de sanciones. Las sanciones impuestas por el Ministerio de Justicia y del Derecho a un Centro, una vez en firme, serán publicadas en el Sistema de Información establecido por Ministerio de Justicia y de Derecho para esos efectos.

Sección 13 Resolución de conflictos en el ámbito comunitario

Subsección 1 De la Atención de la Conciliación en Equidad

Artículo 2.2.4.2.13.1.1. Atención de Casos de Conciliación en Equidad en el marco de los Programas Locales de Justicia en Equidad. De conformidad con el inciso 3° del artículo 5° y el artículo 78 de la Ley 2220 de 2022, la atención de casos en la conciliación en equidad deberá ser llevada a cabo en el escenario del Programa Local de Justicia en Equidad, en el cual deberá estar inscrito el respectivo Conciliador. Su objetivo se orientará a la gestión del conflicto, con el fin de recomponer los vínculos sociales y lograr una eventual solución a la controversia presentada, por medio de un consenso de lo que es justo y equitativo. Parágrafo. Los territorios que cuentan con Conciliadores en Equidad nombrados deberán crear el Programa Local de Justicia en Equidad dentro del año siguiente a la expedición de la presente reglamentación, en el entre tanto, los Conciliadores en Equidad continuarán ejerciendo su labor.

Artículo 2.2.4.2.13.1.2. Marco de referencia. La atención de casos de conciliación en equidad en los programas locales de justicia en equidad deberá tener como marco de referencia los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley 2220 de 2022 y demás normas que regulan el ejercicio de la conciliación. Al iniciar el trámite de conciliación en equidad, el coordinador del Programa Local de Justicia en Equidad o el Conciliador informará a las partes el propósito, alcance y principios de la Conciliación en equidad, quienes a su vez deben manifestar su aceptación. Los Conciliadores en Equidad podrán conocer los asuntos establecidos en el artículo 7° de la Ley 2220 de 2022, salvo los que, por disposición legal, estén asignados exclusivamente a otros operadores de la conciliación o a funcionarios públicos habilitados por la ley. Parágrafo. Los acuerdos sobre obligaciones alimentarias tendrán en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.4.2.11.1.17. del presente Decreto.

Artículo 2.2.4.2.13.1.3. Parámetros para la atención de casos en el marco de los Programas Locales de Justicia en Equidad. Los casos de conciliación en equidad se atenderán dando aplicación a los principios previstos en los artículos 4° y 5° de la Ley 2220 de 2022 y a los siguientes parámetros: a. Equidad: En el abordaje de los casos se deben considerar las necesidades específicas de las partes y los criterios de justicia reconocidos por la comunidad en la que se actúa, sin que se requiera de argumentación jurídica formal. b. Justo Comunitario: Aquel que establece que la justicia en una comunidad se sustenta en sus valores sociales y culturales desde los cuales resuelven sus conflictos y promueven la convivencia pacífica. c. Complementariedad: Aquel que establece que la justicia comunitaria se erige como un complemento a la justicia formal, al aportar elementos propios para la resolución pacífica de conflictos en una comunidad. d. Primacía de derechos fundamentales e irrenunciables: En todos los casos se deben proteger los derechos fundamentales y los irrenunciables. e. Gratuidad. Los servicios de conciliación en equidad, así como las asesorías, patrocinios o gestión de quien acompañe a las partes serán gratuitos. f. Voluntariedad. La acción de los Conciliadores en Equidad es voluntaria en la medida que libre y responsablemente, sin recibir remuneración de carácter laboral, ofrece tiempo, trabajo y talento para la construcción de una sociedad que resuelve de manera pacífica sus conflictos.

Artículo 2.2.4.2.13.1.4. La Conciliación en Equidad como Parte de la Acción Voluntaria. En desarrollo de lo preceptuado en los artículos 28, 79 y 141 de la Ley 2220 de 2022, los Conciliadores en Equidad podrán adquirir la condición y prerrogativas de las Organizaciones de Voluntariado (ODV) de que trata la Ley 720 de 2001.

Artículo 2.2.4.2.13.1.5. De la Gratuidad en la Atención de Casos de Conciliación en Equidad en el Marco de los Programas Locales de Justicia en Equidad. En cumplimiento del artículo 9° de la Ley 2220 de 2022, el Programa Local de Justicia en Equidad hará seguimiento para que en el desarrollo de los procesos de conciliación no se cobren honorarios ni emolumentos por el Conciliador en equidad, ni las personas que pretendan intervenir en el trámite en los roles de asesor, patrocinador, gestor, acompañante o representante de las partes. En lo que corresponde a los gastos ocasionados en el trámite conciliatorio a título de expensas, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.2.1 del presente decreto, el Programa Local de Justicia en Equidad establecerá los lineamientos que conduzcan a garantizar su pago de acuerdo con lo establecido en su reglamento.

Artículo 2.2.4.2.13.1.6. De los apoyos, estímulos y reconocimientos a los Conciliadores en Equidad. Conforme a lo señalado en el artículo 81 de la Ley 2220 de 2022, se establece una estrategia para el apoyo, reconocimiento y otorgamiento de estímulos a los Conciliadores en Equidad, consistente en los siguientes puntos:

1. El Ministerio de Justicia y del Derecho impulsará, en coordinación con los entes territoriales la conmemoración del día nacional de la conciliación en equidad, el último sábado del mes de noviembre de cada año en la cual se hará un reconocimiento a los Conciliadores en Equidad que han prestado sus servicios a la comunidad y que se encuentran activos. De igual manera, el Ministerio de Justicia y del Derecho hará un reconocimiento público a las entidades y organizaciones que contribuyan a la figura.

2. Los Conciliadores en Equidad que demuestren una permanencia y actividad mínima en el Programa Local de Justicia en Equidad de un (1) año, certificada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, podrán acceder de manera prioritaria a los programas que hacen parte de la oferta institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo con su reglamentación en materia de acceso a vivienda de interés social, mejoramiento y autogestión, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en cada uno de los programas y se cuente con disponibilidad presupuestal para el otorgamiento del beneficio.

3. Los Conciliadores en Equidad que demuestren una permanencia mínima de un (1) año en el Programa Local de Justicia en Equidad, certificada por éste, podrán acceder junto con su núcleo familiar, de manera prioritaria a los beneficios ofertados por las instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, de acuerdo con lo establecido en sus reglamentos y en el marco de la autonomía universitaria.

4. Los municipios, departamentos, distritos, entidades y organizaciones podrán establecer estímulos de carácter local para los Conciliadores en Equidad, en temas de transporte, alimentación, subsidios o cualquier otro que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de estos voluntarios. El Ministerio de Justicia y del Derecho desplegará las acciones de articulación a las que haya lugar para dar cumplimiento al presente artículo.

Subsección 2 Programa Nacional de Justicia en Equidad

Artículo 2.2.4.2.13.2.1. Responsable del Programa Nacional de Justicia en Equidad. El Programa Nacional de Justicia en Equidad será liderado por la Dirección Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Artículo 2.2.4.2.13.2.2. Del Programa Nacional de Justicia en Equidad. El Programa Nacional de Justicia en Equidad tendrá las siguientes funciones:

1. Proponer el diseño, la implementación y el fortalecimiento de la política pública en materia de conciliación en equidad, convivencia y métodos alternativos de solución de conflictos que se basen en la equidad y en los parámetros de justicia de las comunidades que habitan el territorio nacional. En ese orden de ideas, creará una hoja de ruta para la identificación, fortalecimiento y articulación de las diferentes formas de justicia en equidad y comunitaria en el ámbito nacional.

2. Impulsar el fortalecimiento de la oferta y el acceso a la justicia en los diferentes territorios del país, sobre todo aquellos que hacen parte del Decreto número 893 de 2017, a través de la creación de los respectivos Programas Locales de Justicia en Equidad.

3. Articularse con los Programas Locales de Justicia en Equidad de los respectivos departamentos, distritos y municipios y los Sistemas Locales de Justicia.

4. Emitir lineamientos con el fin de orientar la adecuada atención de los casos a través de la conciliación en equidad y otras formas de justicia comunitaria.

5. Diseñar y poner en marcha el proceso de acompañamiento y asesoría técnica y operativa de las entidades y organizaciones interesadas en implementar y fortalecer la conciliación en equidad y otras formas de justicia comunitaria

6. Promover y gestionar con el sector privado y con la cooperación internacional, alianzas estratégicas con el fin de fortalecer los temas propios del Programa Nacional de Justicia en Equidad.

7. Articular las entidades del sector público y privado para materializar los estímulos a los conciliadores en equidad establecidos en el presente Decreto.

8. Realizar un informe anual sobre el desarrollo de la conciliación en equidad y demás formas de resolución de conflictos en el ámbito comunitario en el país.

9. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza y los objetivos del Programa.

Artículo 2.2.4.2.13.2.3. Cobertura del Programa Nacional de Justicia en Equidad. El Programa Nacional de Justicia en Equidad deberá fijar un cronograma con metas cuatrienales para la puesta en marcha en todo el territorio nacional de los Programas Locales de Justicia en Equidad, con un plazo máximo hasta el año 2034. Los entes territoriales en cumplimiento del artículo 82 de la Ley 2220 de 2022 deberán cumplir el mencionado cronograma. El Programa Nacional de Justicia de Equidad acompañará la creación y puesta en funcionamiento de los Programas Locales de Justicia en Equidad, en los departamentos, distritos y municipios que aún no cuentan con conciliadores en equidad. La responsabilidad de la implementación de los mencionados Programas estará a cargo de los entes territoriales.

Artículo 2.2.4.2.13.2.4. Líneas de Acción del Programa Nacional de Justicia en Equidad. El Programa Nacional de Justicia en Equidad se estructurará en tres (3) líneas de acción, que le permitirán cumplir con sus funciones:

1. Establecer lineamientos para la implementación de la conciliación en equidad conforme a los parámetros dados por el artículo 80 de la Ley 2220 de 2022, con el fin de garantizar su presencia en todo el territorio nacional.

2. Definir estrategias para el fortalecimiento de la conciliación en equidad, en los lugares que ya cuentan con ella por medio de la capacitación y seguimiento de los conciliadores en equidad y la creación y la articulación con los Programas Locales de Justicia en Equidad.

3. Impulsar la creación, consolidación y fortalecimiento de las formas de justicia comunitaria, a través de la expedición de lineamientos, el desarrollo de actividades de acompañamiento y articulación con el fin de promover su integración a los Sistemas Locales de Justicia.

Artículo 2.2.4.2.13.2.5. De los Interesados en Realizar Procesos de Implementación y Fortalecimiento de la Conciliación en Equidad. Las entidades territoriales, diferentes organizaciones sin ánimo de lucro, Instituciones de Educación Superior, comunidades o particulares interesados en realizar procesos de implementación y fortalecimiento de la 16 conciliación en equidad, deberán seguir el procedimiento y los requisitos que para el efecto señale el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Subsección 3 Programas Locales de Justicia en Equidad

Artículo 2.2.4.2.13.3.1. Creación de Programas Locales de Justicia en Equidad. Conforme a lo señalado en los artículos 78, 140 y 141 de la Ley 2220 de 2022, para la creación de los Programas Locales de Justicia en Equidad, las entidades territoriales deberán presentar una propuesta que cumpla con los parámetros, principios y directrices establecidas en el presente decreto, así como con los lineamientos que expida el Ministerio de Justicia y del Derecho; para este fin, dicha propuesta deberá acompañarse de los siguientes documentos: a. Lectura territorial sobre la conciliación en equidad y diagnóstico de conflictividades comunitarias. b. Proyecto de acto administrativo de la entidad territorial, mediante el cual se creará el Programa Local de Justicia en Equidad y se determinará su funcionamiento. c. Documento que sustente la inclusión del Programa Local de Justicia en Equidad en la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia del ente territorial, en donde se deberán tener en cuenta los Planes· Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana. d. Reglamento interno de operación.

Parágrafo 1°. La creación de los Programas Locales de Justicia en Equidad por entidades sin ánimo de lucro, las Instituciones de Educación Superior, las notarías o las organizaciones no gubernamentales, podrá articularse con las autoridades municipales, departamentales y/o distritales donde tienen incidencia, y en todo caso requerirá la autorización del Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante acto administrativo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales anteriores.

Parágrafo 2°. En los lugares donde existan Sistemas Locales de Justicia se modificará su acto administrativo de creación, con la inclusión en su composición del Coordinador del Programa Local de Justicia en Equidad. Los entes territoriales podrán establecer como coordinador del Programa Local de Justicia en Equidad al coordinador del Sistema Local de Justicia.

Artículo 2.2.4.2.13.3.2. Funciones de los Programas Locales de Justicia en Equidad. Los Programas Locales de Justicia en Equidad tendrán las siguientes funciones: a. Cumplir la política pública en materia de conciliación en equidad, convivencia y métodos alternativos de solución de conflictos que se basen en la equidad y en los parámetros de justicia de las comunidades que habitan el territorio nacional. b. Fortalecer de la oferta y el acceso a la justicia en su propio territorio de los métodos alternativos de solución de conflictos que se basen en la equidad y en los parámetros de justicia de las comunidades. c. Articular acciones con las demás instancias y autoridades locales cuyas funciones estén relacionadas con el acceso a la justicia, convivencia o resolución de conflictos. Para tal efecto, el coordinador del programa local de justicia en equidad hará parte con voz y voto del Comité Local de Justicia que sea creado para la puesta en marcha del respectivo Sistema Local de Justicia. d. Acompañar y asesorar técnica y operativamente a las diferentes expresiones de justicia comunitaria. e. Fomentar, desarrollar y fortalecer la conciliación en equidad y las otras formas de justicia comunitaria en el ámbito del respectivo territorio. f. Realizar el reporte de casos, actas y la información que les sea requerida por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho a través del Sistema de Información dispuesto para tal fin. g. Realizar el reporte de casos, actas y la información que les sea requerida por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho a través del Sistema de Información dispuesto para tal fin. h. Incorporar en sus planes acciones relacionadas con otras formas de justicia en equidad o de otros mecanismos alternativos que tengan como propósito la resolución de conflictos y la convivencia comunitaria. i. Controlar la operación de la conciliación en equidad y ofrecer las condiciones que sean necesarias para que los conciliadores en equidad puedan realizar de manera adecuada su labor. j. Hacer seguimiento y monitoreo de los Puntos de Atención de la Conciliación en equidad que hagan parte del Programa. k. Articular acciones con las organizaciones de la sociedad civil local, principalmente las de carácter cívico y comunitario que hayan postulado a los conciliadores en equidad para ser nombrados con dicha investidura. l. Inscribir a los conciliadores en equidad que soliciten su ingreso y que cumplan con lo establecido para tal fin. No podrán inscribir a conciliadores en equidad que ya estén inscritos en otro programa local de justicia en equidad correspondiente a una entidad territorial diferente. m. Fomentar el reconocimiento de los conciliadores en equidad por parte de las comunidades que hacen parte del territorio en el que se desarrolla el Programa. n. Cumplir con su reglamento de operación, en el que establecerán los procedimientos que seguirán los conciliadores en equidad en la atención de los casos para los cuales han sido designados y las reglas de actuación relacionadas con la judicatura y la práctica profesional dispuesta en el Capítulo VIII del Título I de la Ley 2220 de 2022. o. Crear un Comité de Ética en los términos establecidos en el parágrafo 1 del artículo 34 de la Ley 2220 de 2022. p. Conservar las copias de las actas, las constancias y demás documentos que expidan los conciliadores en equidad, de acuerdo con la Ley Nacional de Archivo vigente, o la norma que la sustituya, modifique o complemente. q. Aprobar los lugares de funcionamiento de los Puntos de Atención de la Conciliación en Equidad (PACE), mediante la correspondiente autorización.

Parágrafo 1°. Los Programas Locales de Justicia en Equidad deberán tener colaboración armónica y complementariedad entre ellos, con el fin de cumplir los propósitos señalados en la ley.

Parágrafo 2°. Los Programas Departamentales de Justicia en Equidad deberán desarrollar sus funciones de manera directa en las zonas no municipalizadas del país.

Artículo 2.2.4.2.13.3.3. De los Puntos de Atención de la Conciliación en Equidad (PACE). Conforme a lo dispuesto en los artículos 79, 85, 135 y 141 de la Ley 2220 de 2022, los conciliadores en equidad se organizarán en el interior del programa local de justicia en equidad, por medio de Puntos de Atención de la Conciliación en Equidad, que podrán ser creados y promovidos por ellos o por el respectivo programa local. Los Puntos de Atención de la Conciliación en Equidad podrán operar, entre otros, en salones comunales, sedes de consejos comunitarios, sedes de entidades públicas, casas de justicia y centros de convivencia ciudadana o en cualquier otro sitio aprobado por el Programa Local de Justicia en Equidad. Para tales efectos, tanto las autoridades de nivel nacional, departamental, distrital o municipal como las organizaciones cívicas y comunitarias deberán garantizar el apoyo y facilitar la apertura y funcionamiento de estos puntos. La operación de estos puntos de atención será coordinada, monitoreada por el programa local de justicia en equidad ante el cual reportarán su gestión. Parágrafo. En los puntos de atención de la conciliación en equidad que operen en las casas de justicia, los centros de convivencia ciudadana y centros de conciliación de entidades públicas, será el coordinador del programa local de justicia en equidad y el coordinador de la respectiva casa, centro de convivencia y director del centro de conciliación, quienes definirán conjuntamente la forma en que funcionarán estos.”

Artículo 8°. Modificación del Capítulo 3 del Título IV de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1069 de 2015: El Capítulo 3 del Título IV de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, quedará de la siguiente manera:

“CAPÍTULO“CAPÍTULO 3 DE LA CONCILIACIÓN EN ASUNTOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Sección 1 Disposiciones Generales

Artículo 2.2.4.3.1.1. Uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Conciliación Extrajudicial en Materia Contencioso-Administrativa. De conformidad con lo previsto en el artículo 99 de la Ley 2220 de 2022, la Procuraduría General de la Nación implementará los mecanismos electrónicos idóneos, confiables, seguros y suficientes para la realización de las conciliaciones extrajudiciales en asuntos de lo contencioso administrativo por medios electrónicos.

Parágrafo 1°. Las partes podrán solicitar que la audiencia sea realizada de manera presencial, así como presentar peticiones o comunicaciones por medios físicos, caso en el cual será necesario acreditar la imposibilidad o dificultad para acceder a los medios electrónicos correspondientes o a los canales digitales dispuestos por la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con las instrucciones de servicio que se impartan sobre ese particular. Los procuradores judiciales podrán realizar audiencias presenciales, previa justificación sobre su conveniencia y aceptación de las partes

Parágrafo 2°. Cuando sean presentadas peticiones o comunicaciones por medios físicos, la Procuraduría General de la Nación garantizará su digitalización con el objeto de que en el trámite se privilegie la utilización de los medios electrónicos o digitales.

Artículo 2.2.4.3.1.2. Comunicación y Notificación de Decisiones en la Conciliación Extrajudicial en Asuntos de lo Contencioso Administrativo. En las notificaciones o comunicaciones de las decisiones adoptadas dentro del trámite de la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo, se observarán las siguientes reglas:

1. En la petición de conciliación se señalarán las direcciones electrónicas de notificación del convocante, convocados y terceros interesados en el trámite.

2. En el caso de las entidades públicas de todos los niveles y las privadas que cumplan funciones administrativas, las comunicaciones y notificaciones serán realizadas al buzón de correo electrónico de que trata el artículo 197 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3. En el caso de las personas jurídicas privadas o naturales comerciantes, las comunicaciones y notificaciones serán realizadas a la dirección electrónica registrada en la cámara de comercio o en la oficina de registro correspondiente del lugar donde funcione su sede principal, sucursal o agencia, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 291 del Código General del Proceso.

4. En el caso de personas naturales, el convocante indicará la dirección electrónica para realizar las correspondientes comunicaciones o notificaciones. En el evento en que solo se cuente con dirección física o la persona no autorice que le sean comunicadas o notificadas las decisiones por medios electrónicos, estará a cargo de la parte convocante remitir, por correo certificado, las decisiones correspondientes.

Parágrafo 1°. En el evento en que el convocante desconozca el correo electrónico, el domicilio, el lugar de habitación o el lugar de trabajo de alguno de los convocados o le conste que este se encuentra ausente y no se conozca su paradero, así lo manifestará bajo la gravedad del juramento y al efecto, se dará aplicación frente a ese convocado lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley 2220 de 2022.

Parágrafo 2 ° . En la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo, la notificación o comunicación de decisiones realizada por medios electrónicos se entenderá efectuada cuando el iniciador cuente con acuse de recibo o se pueda constatar por otro medio el acceso del destinatario al mensaje, de lo cual se dejará constancia en el expediente.

Parágrafo 3°. El Ministerio Público comunicará a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la admisión de la petición de convocatoria de conciliación y enviará el auto admisorio correspondiente cuando en ella esté involucrada una entidad pública del orden nacional, de conformidad con el Decreto Ley 4085 de 2011 y el artículo 2.2.3.2.1.3 del presente decreto o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan.

Sección 2 De la Mediación en Asuntos de lo Contencioso Administrativo

Artículo 2.2.4.3.2.1. Mediación en Asuntos de lo Contencioso Administrativo. La mediación en asuntos de lo contencioso administrativo consiste en facilitar que las entidades y organismos públicos del orden nacional o territorial, de manera voluntaria, logren un acuerdo que ponga fin a los conflictos de carácter judicial o extrajudicial, actuales o eventuales, que puedan presentarse entre ellos.

Artículo 2.2.4.3.2.2. Competencia Interna y Reparto. La Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, determinarán las competencias internas para el reparto y gestión de las solicitudes de mediación que se presenten ante cada una de ellas.

Artículo 2.2.4.3.2.3. Autorización y Procedencia de la Mediación en Asuntos de lo Contencioso Administrativo. Con anterioridad al inicio del trámite de mediación, sin perjuicio de quien tenga la iniciativa de acudir a este procedimiento, las entidades acreditarán la autorización de los respectivos comités de conciliación para someter el conflicto a la mediación de la entidad competente respectiva, ya sea la Procuraduría General de la Nación o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, según el caso. Así mismo, los comités de conciliación de las entidades designarán a los negociadores ante la Procuraduría General de la Nación o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quienes tendrán la potestad de adoptar decisiones. La mediación ante la Procuraduría General de la Nación o ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado podrá iniciarse, en cualquiera de los siguientes eventos:

1. Por solicitud conjunta de las entidades u organismos de carácter público en conflicto.

2. Por solicitud de una de las entidades u organismos públicos en el conflicto. Parágrafo. La mediación no suspende ningún término de prescripción o caducidad y su agotamiento no podrá pactarse como un requisito de procedibilidad para acudir al juez o funcionario competente para dirimir el conflicto.

Artículo 2.2.4.3.2.4. Reglas Básicas. La Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, respectivamente, establecerán las reglas básicas para llevar a cabo la mediación, en las que se garantizará la confidencialidad de las discusiones y de las propuestas, así como la agilidad de su desarrollo.

Artículo 2.2.4.3.2.5. Terminación de la Mediación en Asuntos de lo Contencioso Administrativo. La mediación en asuntos de lo contencioso administrativo finalizará por voluntad de ambas partes o cuando las mismas arriben a un acuerdo consensuado de sus diferencias. Igualmente podrá finalizar cuando el funcionario asignado, motivadamente, considere poco probable que la prolongación de la mediación permita solucionar la controversia y así lo aprueben las entidades en conflicto, a través de los negociadores designados por el comité de conciliación.

Sección 3 De la Asistencia a la Audiencia de Conciliación en Asuntos de lo Contencioso Administrativo

Artículo 2.2.4.3.3.1. Desarrollo de la Audiencia de Conciliación. En el desarrollo de la audiencia de conciliación extrajudicial, el agente del Ministerio Público para los efectos previstos en los numerales 3 y 4 del artículo 108 de la Ley 2220 de 2022, suspenderá la audiencia y fijará nueva fecha sin perjuicio del término máximo que se tiene para finalizar el trámite. De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 108 de la Ley 2220 de 2022, si el agente del Ministerio Público no está de acuerdo con la fórmula conciliatoria acordada por los interesados, por considerarla lesiva al patrimonio público, contraria al ordenamiento jurídico o porque no existen pruebas en que se fundamente, podrá suspender la audiencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de la citada Ley.

Artículo 2.2.4.3.3.2. Reconsideración de la Decisión. En los casos en los que el Agente del Ministerio Público solicite al Comité de Conciliación que reconsidere la decisión de conciliar o no conciliar, lo requerirá para que en un término no superior a los cinco (5) días revise su decisión. En concordancia con lo establecido en el parágrafo del artículo 303 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el numeral 8 del artículo 98 de la Ley 2220 de 2022, el agente del Ministerio Público dejará expresa constancia en el acta de la audiencia de las razones que motivan la solicitud de reconsideración y el comité de conciliación se pronunciará en su decisión sobre cada una de ellas. En los casos en que se solicite reconsideración de la decisión y el asunto sea de aquellos relacionados con los supuestos previstos en los Decretos número 4085 de 2011 y el artículo 2.2.3.2.1.2 del presente Decreto, el comité de conciliación invitará a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a la sesión que se programe para estudiar el asunto; sin embargo, su asistencia no será obligatoria.

Sección 4 De los Comités de Conciliación

Artículo 2.2.4.3.4.1. Integración. Los Comités de Conciliación estarán conformados según lo dispuesto por el artículo 118 de la Ley número 2220 de 2022, y tendrán en cuenta lo siguiente:

1. En los casos en los cuales existan múltiples ordenadores del gasto, el comité deberá integrarse con aquel que tenga a su cargo el rubro de pago de sentencias y conciliaciones que esté directamente relacionado con el objeto del conflicto.

2. En concordancia con el parágrafo 1° del artículo 120 de la Ley 2220 de 2022, en las entidades públicas cuya estructura orgánica no permita que se integre el comité de conciliación de conformidad con las previsiones legales, el representante legal de la entidad asumirá las obligaciones establecidas para esta instancia administrativa.

3. De acuerdo con lo señalado en el numeral iii del artículo 3° y numeral 3, literal xii) del artículo 6° del Decreto Ley 4085 de 2011, cuando la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se encuentre interviniendo en un proceso judicial en el que se vaya a decidir la procedencia de cualquier mecanismo alternativo de solución de conflictos, los comités de conciliación remitirán la invitación para que la Agencia decida su participación con derecho a voz y voto.

4. En los asuntos sometidos a conciliación que no hubieren sido materia de un proceso de vigilancia o control fiscal, el comité de conciliación podrá invitar a la autoridad fiscal correspondiente para escuchar sus opiniones en relación con eventuales fórmulas de arreglo, sin que estas tengan carácter vinculante para el comité de conciliación ni para las actividades de vigilancia y control fiscal que se adelanten o llegaren a adelantarse antes de que se profiera la decisión judicial.

5. Cuando los comités consideren pertinente la participación de la Agencia en sus sesiones, los secretarios técnicos de los comités deberán enviar la invitación con la debida anticipación junto con los antecedentes de los casos por estudiar y la ficha técnica. La Agencia establecerá las directrices sobre las convocatorias y participación.

Artículo 2.2.4.3.4.2. Funciones. Sin perjuicio de las funciones establecidas en el artículo 120 de la Ley 2220 de 2022, el comité de conciliación se encargará de:

1. Establecer los criterios de selección de los abogados que representarán los intereses de la respectiva entidad, según lo dispuesto en el artículo 2.2.3.4.5.3 del presente Decreto.

2. Evaluar y dar aprobación a la formulación de la oferta de revocatoria directa de actos administrativos que se encuentren en discusión dentro de un proceso judicial, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 95 del Código de Procedimiento Administrativo y de Lo Contencioso Administrativo. Para adelantar este trámite, se tendrá como sustento de la decisión el análisis y recomendación que realice el apoderado designado por la Entidad respecto de los actos administrativos que se encuentren en discusión por esta vía.

3. Aprobar los informes que sean presentados por la Secretaría Técnica y disponer’ de su publicación en la página web de la respectiva entidad u organismo de derecho público, dentro de los tres (3) días siguientes a dicha aprobación. Parágrafo. Lo preceptuado en el numeral 3 del artículo 120 de la Ley 2220 de 2022 se realizará bajo un enfoque de gestión por resultados.

Artículo 2.2.4.3.4.3. Lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Los comités de conciliación de las entidades públicas incorporarán, dentro de las políticas de prevención del daño antijurídico y que orienten la defensa de los intereses de la entidad, los Lineamientos que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado expida sobre la materia. Los lineamientos sobre la procedencia de la conciliación, así como del llamamiento en garantía con fines de repetición en los procesos en contra de las Entidades Públicas del Orden Nacional, relativos a controversias contractuales, reparación directa, nulidad y restablecimiento del derecho, se soportarán en el estudio metodológico diseñado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que se encuentra incorporado en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa. Además, se valorará la calificación del riesgo efectuada por el apoderado y/o abogado a cargo del caso o proceso judicial o arbitral de conformidad con las metodologías diseñadas para el efecto. 18 Parágrafo. Las entidades públicas del orden territorial podrán adoptar como referente de buenas prácticas los lineamientos, metodologías e instrumentos diseñados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en materia de gestión del Ciclo de Defensa Jurídica.

Artículo 2.2.4.3.4.4. Procesos de Repetición. En los procesos de repetición, la entidad pública u organismo de derecho público, por medio del comité de conciliación determinará las fórmulas de arreglo y los plazos y para el pago del capital, en el marco de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 678 de 2001, modificado por la Ley 2195 de 2022.

Artículo 2.2.4.3.4.5. Llamamiento en Garantía con Fines de Repetición. Con ocasión del llamamiento en garantía con fines de repetición, de conformidad con lo establecido en el artículo 126 de la Ley 2220 de 2022, el apoderado designado presentará el informe sobre su procedencia dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del auto admisorio de la demanda, en la cual se reclame una responsabilidad patrimonial de la entidad pública. Parágrafo. Para efectos de este estudio, el apoderado identificará al servidor, exservidor público o particular en cumplimiento de funciones públicas como aquel que desplegó la acción u omisión causa del daño respecto del cual se reclama la responsabilidad del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 678 de 2001.

Artículo 2.2.4.3.4.6. Indicador de gestión. La prevención del daño antijurídico será considerada como un indicador de gestión y con fundamento en él se asignarán las responsabilidades en el interior de cada entidad. En cada entidad pública el(la) funcionario(a) de que trata el artículo 10 de la Ley 87 de 1993 o la norma que la modifique, sustituya o adicione será el responsable de hacer el monitoreo, control y evaluación de este indicador. Cada entidad pública deberá presentar ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado un informe sobre el resultado del seguimiento y evaluación del indicador de gestión de que trata el artículo 122 de la Ley 2220 de 2022, en los términos que esa Agencia establezca mediante Circular. Parágrafo. En todo caso la gestión del comité de conciliación deberá evaluarse bajo un modelo de gestión por resultados conformado por indicadores de gestión, resultados e impacto. Para tal efecto la prevención del daño antijurídico será considerada como un subíndice del modelo.

Artículo 2.2.4.3.4.7. Sistema de Preferencia de Turno y Condiciones para el Pago de Acuerdos Conciliatorios. De conformidad con lo consagrado en el artículo 143 de la Ley 2220 de 2022, el sistema de turnos preferencial para el pago de los acuerdos conciliatorios aprobados por la jurisdicción contencioso-administrativa será estructurado por cada Entidad Estatal de la siguiente manera:

1. El pago se realizará en las condiciones establecidas en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011 y lo señalado al respecto en el Decreto número 642 de 2020.

2. Mediante acto administrativo las Entidades Estatales discriminarán los montos y beneficiarios finales de los acuerdos conciliatorios. Para este propósito, podrán compilar en una misma resolución varios acuerdos conciliatorios.

3. Se dará prioridad a aquellos pagos relacionados con víctimas del conflicto o sujetos de especial protección constitucional.

4. Los acuerdos conciliatorios tendrán preferencia de turno, sobre el pago de sentencias o providencias que establezcan obligaciones a cargo de las entidades estatales. ”.

Artículo 14. Vigencia y Derogatorias. El presente Decreto rige a partir de su publicación, adiciona el artículo 2.1.2.1, modifica los artículos 2.2.4.1.2, 2.2.4.1.3, 2.2.4.1.4, 2.2.4.1.6 así como los Capítulos 2 y 3 del Título IV, de la Parte 2 del Libro 2 y los artículos 2.2.3.7.1, 2.2.3.7.2, 2.2.3.7.3, 2.2.3.7.4 y 2.2.3.7.6 del Decreto número 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y del Derecho.

Traduzione non ufficiale, elaborata a partire dal testo spagnolo sopra riportato. Le denominazioni istituzionali e i riferimenti normativi colombiani sono resi in italiano e, quando opportuno, lasciati in spagnolo.

Artículo 6°. Modificazione del Capitolo 2 del Titolo IV della Parte 2 del Libro 2 del Decreto numero 1069 del 2015. Il Capitolo 2 del Titolo IV, della Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 del 2015, Decreto unico regolamentare del settore Giustizia, resta formulato come segue: «CAPITOLO 2 DEI METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

Sezione 1 Disposizioni generali

Artículo 2.2.4.2.1.1 Oggetto e ambito di applicazione. Il presente capitolo ha per oggetto la disciplina del Sistema nazionale di conciliazione; dei requisiti che devono soddisfare gli enti interessati alla creazione di Centri di conciliazione o di arbitrato e all'ottenimento dell'abilitazione (aval) a impartire formazione in conciliazione stragiudiziale in diritto; degli obblighi a carico dei Centri, compresi quelli creati dai Notai; del quadro tariffario per i servizi di conciliazione e di arbitrato; della gestione delle informazioni relative ai procedimenti conciliativi; del Programma di formazione che devono seguire e superare i conciliatori stragiudiziali in diritto, i notai e i pubblici funzionari abilitati a conciliare; delle funzioni di ispezione, vigilanza e controllo del Ministero della Giustizia e del Diritto; nonché di quanto attiene ai Programmi nazionale e locale di giustizia in equità, all'attuazione, al rafforzamento e alla valutazione di tale meccanismo alternativo di risoluzione dei conflitti. Ciò in conformità all'articolo 15 della Ley 489 del 1998, agli articoli 25, 50, 51 e 52 della Ley 1563 del 2012, all'articolo 454 del Código General del Proceso e agli articoli 6, 8, 22, 45, 78, 81, 141 e 143 della Ley 2220 del 2022.

Sezione 2 Del Sistema nazionale di conciliazione

Artículo 2.2.4.2.2.1. Principi del Sistema nazionale di conciliazione. I principi che regolano il Sistema nazionale di conciliazione sono quelli stabiliti per la funzione amministrativa, ossia giusto processo, uguaglianza, imparzialità, buona fede, moralità, partecipazione, responsabilità, trasparenza, pubblicità, coordinamento, efficacia, economicità e celerità, nonché i seguenti:

1. Principio di collaborazione armonica: implica che le istanze del Sistema devono cooperare per il corretto conseguimento degli obiettivi e delle finalità del Sistema.

2. Principio di copertura universale: implica che tutte le persone residenti nel territorio nazionale possono accedere alla conciliazione, indipendentemente dalla loro condizione o dal luogo di residenza.

3. Principio di concorrenza: implica che la Nazione accompagna gli enti territoriali nel perseguimento degli obiettivi indicati per la conciliazione nella Ley 2220 del 2022 e che il Sistema nazionale di conciliazione è il mezzo per concretizzare tale sostegno.

4. Principio di solidarietà: stabilisce che, ai diversi livelli di sviluppo del sistema e mediante il lavoro coordinato tra i suoi diversi organi, si presta la dovuta collaborazione alle componenti affinché possano svolgere le funzioni assegnate dalla Ley 2220 del 2022.

5. Principio dell'approccio differenziale: il Sistema nazionale di conciliazione riconosce l'esistenza di popolazioni con caratteristiche particolari in ragione di età, etnia, razza, genere, orientamento sessuale e persone con disabilità.

Artículo 2.2.4.2.2.2. Istanze del Sistema nazionale di conciliazione. Nel quadro della necessaria articolazione e coordinamento, il Sistema nazionale di conciliazione organizza il proprio funzionamento attraverso le seguenti istanze di operatività e sviluppo tecnico:

1. Organo di guida: ai sensi dell'articolo 134 della Ley 2220 del 2022, l'organo di guida del Sistema è il Ministero della Giustizia e del Diritto.

2. Istanza operativa: ai sensi dell'articolo 135 della Ley 2220 del 2022, il Consiglio nazionale di conciliazione è l'organo operativo del Sistema nazionale di conciliazione e funge da istanza di operatività, coordinamento e pianificazione delle azioni per la promozione, il rafforzamento e lo sviluppo della conciliazione.

3. Istanze di sviluppo tecnico: sono Tavoli tecnici di supporto al coordinamento e all'articolazione degli sforzi istituzionali, di azioni puntuali intorno alla promozione, al rafforzamento e allo sviluppo della conciliazione. I Tavoli tecnici sono costituiti e regolati dal Consiglio nazionale di conciliazione e sono composti dai membri del Sistema la cui partecipazione sia ritenuta idonea dal predetto Consiglio.

Artículo 2.2.4.2.2.3. Selezione dei rappresentanti del Consiglio nazionale di conciliazione. I rappresentanti indicati ai numeri 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 135 della Ley 2220 del 2022 esercitano le loro funzioni ad honorem e sono selezionati dal (dalla) Ministro(a) della Giustizia e del Diritto per un periodo di due (2) anni nel modo seguente:

1. Pubblicazione del bando. Il Ministero della Giustizia e del Diritto, ogni due anni, nel mese di agosto, realizza e pubblica sul proprio sito web il bando, che contiene i requisiti di iscrizione e il relativo cronoprogramma.

2. Iscrizione dei candidati. L'iscrizione dei candidati avviene tramite il link pubblicato nel bando, compilando il modulo e allegando copia dei documenti ivi indicati.

3. Verifica dei requisiti. Il Ministero della Giustizia e del Diritto verifica il possesso dei requisiti da parte degli iscritti.

4. Pubblicazione dei candidati. La pubblicazione dei candidati che soddisfano i requisiti avviene sul sito web del Ministero della Giustizia e del Diritto.

5. Reclami. Gli eventuali reclami possono essere presentati unicamente tramite l'indirizzo di posta elettronica indicato a tal fine nel bando.

6. Elenchi definitivi dei candidati. Risolti i reclami, se vi sono, gli elenchi definitivi dei candidati sono pubblicati sul sito web del Ministero della Giustizia e del Diritto.

7. Designazione. Il (la) Ministro(a) della Giustizia e del Diritto sceglie i rappresentanti dagli elenchi definitivi. Paragrafo. Chi intende iscriversi deve essere cittadino colombiano, professionista, appartenere a centri di conciliazione di enti senza scopo di lucro, di enti pubblici o degli studi legali universitari (consultorios jurídicos) delle istituzioni di istruzione superiore, a punti di attenzione della conciliazione in equità o a programmi locali di giustizia in equità, che devono essere registrati nei corrispondenti sistemi informativi.

Artículo 2.2.4.2.2.4. Funzioni del Consiglio nazionale di conciliazione. Sono funzioni del Consiglio nazionale di conciliazione:

1. Elaborare piani d'azione e piani strategici al fine di dare attuazione agli obiettivi del Sistema nazionale di conciliazione.

2. Adeguare, divulgare e monitorare i piani d'azione e i piani strategici suddetti.

3. Formulare raccomandazioni sulle proposte in materia di politica pubblica, strategie, piani, programmi o progetti provenienti da agenti o istanze del Sistema nazionale di conciliazione.

4. Creare strumenti di coordinamento per l'attuazione delle politiche pubbliche di accesso alla giustizia mediante la conciliazione.

5. Formulare raccomandazioni al Ministero della Giustizia e del Diritto sulla creazione di programmi di conciliazione.

6. Sviluppare l'articolazione del Sistema nazionale di conciliazione con i Sistemi locali di giustizia al fine di coordinare i piani strategici di ciascuno.

7. Adottare il proprio regolamento.

8. Le altre che gli spettano per sua natura, al fine di dare attuazione all'obiettivo per cui è stato creato. Paragrafo. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio nazionale di conciliazione può convocare come invitati rappresentanti o delegati di altri enti, nonché rappresentanti delle istanze di sviluppo tecnico, nei casi in cui sia necessario. Gli invitati hanno voce, ma non voto.

Sezione 3 Creazione dei Centri

Artículo 2.2.4.2.3.1. Soggetti legittimati a richiedere la creazione di Centri di conciliazione. Possono chiedere al Ministero della Giustizia e del Diritto l'autorizzazione alla creazione di Centri di conciliazione, previo adempimento dei requisiti stabiliti nel presente capitolo, gli enti promotori definiti come tali dall'articolo 16 della Ley 2220 del 2022.

Artículo 2.2.4.2.3.2. Soggetti legittimati a richiedere la creazione di Centri di arbitrato. Possono chiedere al Ministero della Giustizia e del Diritto l'autorizzazione alla creazione di Centri di arbitrato, previo adempimento dei requisiti stabiliti nell'articolo 50 della Ley 1563 del 2012, le persone giuridiche senza scopo di lucro e gli enti pubblici.

Artículo 2.2.4.2.3.3. Contenuto e allegati della domanda di creazione dei centri. Gli interessati alla creazione di centri che offrano servizi di conciliazione e/o di arbitrato devono presentare al Ministero della Giustizia e del Diritto una domanda sottoscritta dal rappresentante legale del richiedente, nella quale si manifesti espressamente l'interesse a creare il centro e si indichino il nome, il domicilio e l'area di copertura territoriale dello stesso. Alla domanda devono essere allegati:

1. Certificato di esistenza e rappresentanza legale del richiedente, salvo che si tratti della Nazione, dei dipartimenti, dei comuni e degli altri enti creati dalla Costituzione e dalla legge.

2. Fotografie, planimetrie e certificato di proprietà immobiliare o contratto di locazione dell'immobile in cui avrà sede il centro, che evidenzino la disponibilità di locali che soddisfino almeno le seguenti caratteristiche: a) Area di attesa. b) Area di accoglienza dell'utenza. c) Area per lo svolgimento dei processi di amministrazione interna del centro. d) Area per lo svolgimento dei procedimenti dei servizi autorizzati, indipendente dall'area destinata ai processi di amministrazione interna del centro, che garantisca riservatezza, confidenzialità e accessibilità secondo la normativa vigente. e) Spazio per l'archiviazione della documentazione generata dai procedimenti, che ne garantisca la conservazione, la sicurezza e la riservatezza.

3. Il progetto di regolamento del centro, nei termini del numero 3 dell'articolo 18 della Ley 2220 del 2022.

4. I documenti che attestino l'esistenza delle risorse finanziarie necessarie per la dotazione e l'avvio del centro, nonché per il suo adeguato funzionamento. Quando l'interessato alla creazione del centro è un ente pubblico, deve allegare il relativo progetto di investimento o le informazioni che consentano di accertare che il bilancio di funzionamento dell'ente copre la totalità delle spese generate dal futuro centro.

5. Diagnosi della conflittualità e tipologia dei conflitti dell'area in cui il centro eserciterà la propria influenza.

6. I casi in cui presterà il servizio volontariamente e a titolo gratuito.

7. La progettazione degli strumenti tecnologici, hardware e software che si impegna a garantire per il funzionamento e l'ammodernamento del servizio.

Paragrafo 1°. Il Ministero della Giustizia e del Diritto può richiedere al richiedente di completare o integrare la documentazione presentata con la domanda.

Paragrafo 2°. Se si tratta di una persona giuridica senza scopo di lucro, il suo oggetto sociale deve avere relazione con i meccanismi alternativi di risoluzione dei conflitti.

Paragrafo 3°. Il progetto di regolamento dei centri di enti pubblici e di Istituzioni di istruzione superiore deve prevedere l'attenzione prioritaria degli utenti di speciale protezione costituzionale.

Paragrafo 4°. Quando si tratta della creazione di centri di conciliazione da parte degli uffici notarili, la domanda deve essere sottoscritta dal (dalla) notaio, che deve allegare l'atto di nomina e la relativa presa di possesso insieme ai documenti previsti ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

Artículo 2.2.4.2.3.4. Condizioni speciali per la creazione di Centri di conciliazione nei Comuni PDET. In conformità al paragrafo dell'articolo 19 della Ley 2220 del 2022, si stabiliscono le seguenti condizioni speciali rispetto all'adempimento dei requisiti previsti dall'articolo precedente per l'autorizzazione di centri di conciliazione nei comuni indicati nel Decreto-legge 893 del 2017: a) Non sarà necessario presentare la progettazione degli strumenti tecnologici, hardware e software di cui al numero 7 dell'articolo precedente, salvo che si intenda prestare il servizio di conciliazione in forma virtuale o con mezzi elettronici. b) Nelle domande presentate a tali fini non sarà richiesta la presentazione della Diagnosi della conflittualità di cui al numero 5 dell'articolo 2.2.4.2.3.3.

ARTÍCULO 2.2.4.2.3.5. Regolamento del Centro. In conformità agli articoli 50, 51 e 117 della Ley 1563 del 2012 e agli articoli 6, 8, 15, 18, 20, 22 e 48 della Ley 2220 del 2022, quando si intenda prestare i servizi di conciliazione, arbitrato, amichevole composizione e mediazione penale, il rispettivo Regolamento deve prevedere come minimo i seguenti aspetti: a) La struttura amministrativa del Centro. b) Le funzioni del direttore. c) Le politiche e i parametri del Centro che garantiscano la qualità della prestazione del servizio e l'idoneità dei suoi conciliatori, arbitri, segretari, amichevoli compositori e mediatori penali. d) Le procedure di conciliazione, arbitrato, amichevole composizione e mediazione penale che garantiscano il giusto processo. e) Per chi presta il servizio di arbitrato, la procedura breve e sommaria con cui si applicherà l'arbitrato sociale. f) Un codice etico interno al quale devono sottoporsi tutti i conciliatori, arbitri, segretari, amichevoli compositori e mediatori penali iscritti nell'elenco ufficiale del centro, che garantisca la trasparenza e l'imparzialità del servizio. g) I requisiti di inclusione nell'elenco dei conciliatori, arbitri, segretari, amichevoli compositori e mediatori penali, nonché le cause e la procedura di esclusione dagli stessi. h) Le modalità di designazione dei conciliatori, arbitri, amichevoli compositori e mediatori penali, quando il Centro debba provvedervi, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente decreto. i) I criteri e i protocolli di attenzione inclusiva con approccio differenziale che consentano di rispettare il principio di garanzia di accesso alla giustizia. j) Le funzioni del personale professionale, amministrativo e di supporto di cui dispone il centro. k) I meccanismi di informazione al pubblico in generale sui servizi per i quali il centro è autorizzato. l) Nei casi in cui il servizio di conciliazione, arbitrato, amichevole composizione e mediazione penale sia prestato in forma virtuale o con mezzi elettronici, la descrizione degli strumenti tecnologici e delle corrispondenti regole procedurali. m) Nei casi in cui sia prestato il servizio di mediazione penale, il regolamento deve comprendere la procedura applicabile in conformità alla convenzione sottoscritta a tal fine con la Procura generale della Nazione (Fiscalía General de la Nación) e alla normativa vigente. n) Le tariffe applicabili a ciascuno dei servizi prestati dal Centro e la quota di tale tariffa che spetta all'operatore. o) I criteri che saranno applicati per la prestazione gratuita del servizio nella conciliazione, nell'arbitrato, nell'amichevole composizione e nella mediazione penale. p) Le tariffe relative alle attività di vendita giudiziale (remate) quando il Centro sia delegato a tal fine, in conformità all'articolo 454 del Código General del Proceso. q) Le funzioni dei giudicanti in formazione (judicantes) e dei tirocinanti. r) La strategia generale per creare spazi di partecipazione della comunità e di promozione e divulgazione dei meccanismi alternativi di risoluzione dei conflitti.

Paragrafo 1°. I centri possono modificare i propri regolamenti previa approvazione della proposta di modifica da parte del Ministero della Giustizia e del Diritto.

Paragrafo 2°. Il Regolamento o la sua modifica entra in vigore solo quando il Ministero della Giustizia e del Diritto abbia impartito l'approvazione di cui al presente capitolo e il regolamento sia stato pubblicato dal centro nel Sistema informativo predisposto a tal fine. I procedimenti sono disciplinati dal regolamento vigente al momento del deposito della domanda di conciliazione.

Artículo 2.2.4.2.3.6. Procedura per l'autorizzazione alla creazione dei Centri. La procedura per l'autorizzazione dei Centri è regolata dalle norme del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, nei termini previsti dall'articolo 34 di tale corpo normativo. La Direzione dei Metodi alternativi di risoluzione dei conflitti del Ministero della Giustizia e del Diritto decide sulla domanda di autorizzazione alla creazione di centri entro quindici (15) giorni lavorativi dal deposito. Se la domanda soddisfa i requisiti richiesti per la creazione dei centri, il Ministero della Giustizia e del Diritto emette la risoluzione di autorizzazione e registra i dati del Centro nel Sistema informativo predisposto a tal fine. Se la domanda non soddisfa i requisiti richiesti dall'articolo 2.2.4.2.3.3, il Ministero della Giustizia e del Diritto, entro dieci (10) giorni lavorativi dal deposito, invita il richiedente a sanare i difetti riscontrati, entro il termine massimo di un (1) mese. Da quel momento, e fino al giorno successivo alla data della regolarizzazione, il termine per decidere sulla domanda si intende sospeso. In caso di mancata regolarizzazione, con atto motivato si dichiara la rinuncia e si dispone l'archiviazione del fascicolo, fermo restando che la domanda può essere ripresentata con l'adempimento dei requisiti di legge. Il Ministero della Giustizia e del Diritto emette la risoluzione di rigetto quando la domanda per la creazione di un centro sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 50 della Ley 1563 del 2012 per i centri di arbitrato e nell'articolo 17 della Ley 2220 del 2022 per i centri di conciliazione.

Paragrafo 1°. Contro le decisioni di archiviazione per rinuncia tacita adottate dalla Direzione dei Metodi alternativi del Ministero della Giustizia e del Diritto è ammesso il ricorso in riposizione, ai sensi dell'articolo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Paragrafo 2°. Contro le altre decisioni adottate dalla Direzione dei Metodi alternativi di risoluzione dei conflitti del Ministero della Giustizia e del Diritto in questa procedura sono ammessi i ricorsi in riposizione e in appello, ai sensi dell'articolo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 2.2.4.2.3.7. Modifiche delle condizioni di funzionamento del Centro. L'ente è tenuto a mantenere le condizioni di funzionamento del Centro autorizzate dal Ministero della Giustizia e del Diritto. La modifica che si intenda apportare alle condizioni stabilite nei numeri 2, 3, 6 e 7 dell'articolo 2.2.4.2.3.3 deve essere previamente approvata dalla Direzione dei Metodi alternativi di risoluzione dei conflitti del Ministero della Giustizia e del Diritto, mediante la procedura prevista nell'articolo 2.2.4.2.3.6.

Paragrafo 1°. In conformità al paragrafo 1° dell'articolo 18 della Ley 2220 del 2022, il centro deve svolgere le proprie attività nell'ambito territoriale per il quale è stata autorizzata la sua creazione. Se desidera ampliare la copertura territoriale dei propri servizi, l'ente promotore deve dimostrare nuovamente il rispetto dei requisiti dell'articolo 2.2.4.2.3.3 dinanzi al Ministero della Giustizia e del Diritto. Il centro può prestare i propri servizi con la nuova copertura territoriale una volta ottenuta la relativa approvazione da parte del ministero.

Paragrafo 2°. Il Ministero della Giustizia e del Diritto può autorizzare l'ampliamento temporaneo dell'ambito territoriale dei Centri quando lo scopo sia lo svolgimento di giornate di carattere sociale organizzate direttamente da essi o dal Governo nazionale. Per tale autorizzazione è sufficiente l'invio di una richiesta indirizzata alla Direzione dei Metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, che deve indicare le condizioni di tempo, modo e luogo in cui i servizi saranno prestati.

Artículo 2.2.4.2.3.8. Direzione dei centri di conciliazione degli uffici notarili. Nei centri di conciliazione degli uffici notarili il Notaio assume la funzione di direttore con la responsabilità che gli è attribuita a tal fine dagli articoli 24, 25, 26 e 27 dello Statuto della conciliazione. Il notaio può specificare nel rispettivo regolamento a chi conferisce, nella struttura interna del centro, la gestione amministrativa con funzioni di coordinatore, che deve essere un professionista del diritto e non far parte dell'elenco dei conciliatori del centro. In mancanza, tali funzioni sono assunte dal notaio. Paragrafo. Il Ministero della Giustizia e del Diritto ha la funzione di controllo, ispezione e vigilanza dei centri di conciliazione degli uffici notarili. La Sovrintendenza del Notariato e del Registro (Superintendencia de Notariado y Registro) conserva le proprie funzioni di controllo, ispezione e vigilanza della funzione notarile.

Sezione 4 Centri di conciliazione e/o arbitrato

Artículo 2.2.4.2.4.1. Obblighi dei centri. I centri devono adempiere, tra l'altro, ai seguenti obblighi:

1. Applicare il regolamento del centro al fine di garantire la qualità dei servizi prestati.

2. Attuare azioni di promozione e divulgazione del regolamento interno rivolte a funzionari, conciliatori, operatori, arbitri, amichevoli compositori, mediatori penali e utenti, mediante le strategie formative e gli strumenti tecnologici ritenuti idonei.

3. Disporre di una sede dotata degli elementi amministrativi e tecnici necessari a supporto delle procedure autorizzate e mantenerli durante la prestazione dei servizi, secondo quanto stabilito dalla norma tecnica applicabile.

4. Mantenere la sala delle udienze con capacità di accogliere la totalità delle parti in termini di riservatezza, comodità, illuminazione, ventilazione, asepsi e accessibilità, al fine di garantire uno spazio idoneo che consenta la comunicazione diretta tra le parti.

5. Costituire un elenco di conciliatori, arbitri, amichevoli compositori e operatori visibile o di facile consultazione per gli utenti del centro.

6. Designare il conciliatore, arbitro, mediatore penale e amichevole compositore dall'elenco del centro quando ciò spetti.

7. Pubblicare in un luogo visibile e accessibile agli utenti le tariffe autorizzate per la prestazione del servizio, secondo le linee guida vigenti in materia.

8. Fissare la quota che spetta agli operatori delle tariffe riscosse per i servizi prestati, secondo quanto stabilito dal presente decreto.

9. Organizzare un archivio di verbali, attestazioni e di tutti i documenti relativi ai servizi prestati; essi devono essere gestiti secondo la normativa vigente e tenere conto almeno di quanto segue: i) l'identificazione delle informazioni e del supporto su cui saranno conservate; ii) il controllo della documentazione, assicurando che sia facilmente identificabile e tracciabile, che rimanga leggibile e sia consultabile solo dal personale autorizzato; iii) disporre di protocolli e controlli per archiviare, proteggere, recuperare le informazioni e definire il tempo di conservazione e di destinazione finale della documentazione derivante dai servizi prestati dal centro.

10. Trasmettere le informazioni richieste dal Ministero della Giustizia e del Diritto attraverso il mezzo predisposto a tal fine. A tale scopo è concesso il termine massimo e improrogabile di quindici (15) giorni di calendario. Nel caso delle richieste di cui all'articolo 2.2.4.2.12.4 si dispone del termine di trenta (30) giorni di calendario per presentare le attestazioni, i documenti e le informazioni che dimostrino che sono stati effettuati gli adeguamenti richiesti.

11. Vigilare sulla corretta conservazione dei verbali di conciliazione, delle attestazioni e degli altri documenti che fanno parte dei relativi procedimenti, in conformità ai parametri stabiliti dalla Ley 594 del 2000, dal Decreto-legge 2106 del 2019 o dalle norme che li modifichino o sostituiscano e alle disposizioni speciali del presente Decreto regolamentare.

12. Dare corso ai reclami presentati contro l'operato degli operatori dei propri elenchi e trasmetterli all'autorità disciplinare competente quando necessario, garantendo il giusto processo, l'imparzialità e il doppio grado.

13. Escludere dagli elenchi gli operatori quando ciò spetti, nel rispetto del giusto processo.

14. Realizzare almeno una volta l'anno campagne di promozione del meccanismo di risoluzione dei conflitti nell'area di influenza o di operatività del centro e allegare la relativa evidenza nel Sistema informativo predisposto dal Ministero della Giustizia e del Diritto a tal fine.

15. Effettuare le comunicazioni corrispondenti nella piattaforma predisposta a tal fine dal Ministero della Giustizia e del Diritto, tra l'altro dei verbali di conciliazione, delle attestazioni, degli accordi di sostegno, delle direttive anticipate e degli altri documenti che fanno parte dei relativi procedimenti.

16. Le altre che impongano la legge e le norme regolamentari corrispondenti. I centri che prestano il servizio di conciliazione devono inoltre adempiere ai seguenti obblighi:

17. Registrare presso il Ministero della Giustizia e del Diritto, entro tre (3) giorni dal ricevimento, i verbali di conciliazione e/o le attestazioni che soddisfino i requisiti formali stabiliti dalla legge, certificando la qualità di conciliatore iscritto, attraverso il Sistema informativo predisposto a tal fine.

18. Pronunciarsi in merito agli impedimenti e alle ricusazioni che si presentino, secondo quanto stabilito dalla legge o dal regolamento interno del centro.

19. Costruire e attuare un proprio programma di formazione continua in materia di meccanismi alternativi di risoluzione dei conflitti, che comprenda almeno i moduli di aggiornamento normativo e di rafforzamento delle competenze trasversali (soft skills) per lo svolgimento degli incontri di risoluzione dei conflitti e l'assistenza all'utente. I centri che prestano il servizio di arbitrato devono adempiere al seguente obbligo:

20. Effettuare il versamento della percentuale stabilita dagli articoli 21 e 22 della Ley 1743 del 2014 a favore del Consiglio superiore della magistratura, con destinazione al Fondo per la modernizzazione, il decongestionamento e il benessere dell'amministrazione della giustizia.

Artículo 2.2.4.2.4.2. Obblighi dei Direttori dei Centri. Sono considerate funzioni del direttore (della direttrice) del centro quelle definite dalla legge, dal regolamento e dal manuale delle funzioni determinato a tal fine dall'ente promotore. Egli (ella) deve inoltre adempiere ai seguenti obblighi:

1. Monitorare costantemente i procedimenti trattati dagli operatori iscritti nei propri elenchi, nel rispetto della loro autonomia funzionale, al fine di assicurare la realizzazione della missione e della visione del Centro.

2. Pianificare le attività relative alla prestazione di ciascuno dei servizi autorizzati, al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del centro e la creazione di strumenti innovativi.

3. Coordinare l'aggiornamento continuo, tecnico e normativo degli operatori e del personale del centro.

4. Vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e regolamentari applicabili a ciascuno dei servizi autorizzati.

5. Monitorare l'assegnazione delle domande pervenute al centro, garantendo il rispetto della normativa vigente in materia.

6. Partecipare agli spazi convocati dal Ministero della Giustizia e del Diritto o delegare chi ritenga opportuno.

7. Adempiere alle richieste del Ministero della Giustizia e del Diritto o di qualsiasi altra autorità amministrativa o giudiziaria.

8. Monitorare il rispetto delle norme disciplinari vigenti e promuovere le azioni che ne derivino.

9. Agire come superiore gerarchico della struttura amministrativa interna del centro.

10. Svolgere le procedure di sua competenza secondo il regolamento interno del centro in relazione agli elenchi degli operatori.

11. Gestire le risorse fisiche e umane necessarie per il funzionamento del centro.

12. Eseguire le azioni volte a dare attuazione alle convenzioni stipulate con enti pubblici.

13. Effettuare le comunicazioni corrispondenti nella piattaforma predisposta a tal fine dal Ministero della Giustizia e del Diritto.

14. Garantire che sia effettuato il versamento della percentuale stabilita dall'articolo 21 della Ley 1743 del 2014 a favore del Consiglio superiore della magistratura, al Fondo per la modernizzazione, il decongestionamento e il benessere dell'amministrazione della giustizia.

Artículo 2.2.4.2.4.3. Elenchi di conciliatori, arbitri, amichevoli compositori. I Centri devono avere elenchi di conciliatori, arbitri e amichevoli compositori, classificati per specializzazione, secondo i casi, in base al profilo che il Centro stesso determina per ciascuno. Nella formazione degli elenchi si verifica almeno quanto segue: a) che siano soddisfatti i requisiti legali stabiliti dalla normativa vigente; b) che il curriculum corrisponda al profilo e alle competenze determinati dal Centro.

Paragrafo 1°. Almeno ogni tre (3) anni i Centri di conciliazione rivedono e aggiornano i propri elenchi sulla base dell'idoneità e dell'operato dei loro componenti, con la possibilità di escluderli per le cause stabilite nel loro regolamento.

Paragrafo 2°. Quando si tratta di studenti conciliatori, il centro deve conservare i registri della formazione accademica, dell'esperienza e degli altri elementi che ritenga necessari per il processo formativo.

Artículo 2.2.4.2.4.4. Codici di identificazione. I Centri e gli operatori devono adottare i codici di identificazione assegnati dal Ministero della Giustizia e del Diritto, generati dal Sistema informativo della Conciliazione, dell'Arbitrato e dell'Amichevole composizione.

Artículo 2.2.4.2.4.5. Formazione continua. I Centri devono organizzare propri programmi di formazione continua in materia di meccanismi alternativi di risoluzione dei conflitti, rivolti agli operatori iscritti nei loro elenchi.

Sezione 5 Funzione sociale dei Centri

Artículo 2.2.4.2.5.1. Casi gratuiti. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 117 della Ley 1563 del 2012 e dagli articoli 8 e 20 della Ley 2220 del 2022 (il testo ufficiale reca «Ley 2022 de 2022»), i centri di enti privati senza scopo di lucro e degli uffici notarili, così come i notai, devono trattare gratuitamente un numero determinato di casi di conciliazione e arbitrato, che non può essere inferiore al cinque per cento (5%) di quelli trattati dal centro o dal notaio nell'anno immediatamente precedente rispetto a ciascuno di tali meccanismi. Gli arbitri e i conciliatori hanno l'obbligo di prestare gratuitamente i loro servizi nei termini di cui al presente articolo.

Paragrafo 1°. L'attenzione gratuita dei Centri, quando si intenda realizzarla mediante giornate di conciliazione o di arbitrato sociale, è coordinata con il Ministero della Giustizia e del Diritto. A tal fine il Centro deve informare il Ministero della Giustizia e del Diritto del luogo, del giorno, dell'orario e delle condizioni in cui saranno trattati i casi, nonché del numero stimato di operatori che parteciperanno e del numero di casi che si prevede di trattare. Inoltre i Centri devono presentare ogni anno, a gennaio, al Ministero della Giustizia e del Diritto una relazione con il consolidato dei casi gratuiti effettivamente trattati nell'anno precedente.

Paragrafo 2°. Ricevute le domande per le giornate gratuite, il centro o il notaio devono dare priorità a quelle presentate da famiglie beneficiarie della strategia del Governo nazionale per il superamento della povertà estrema o da soggetti di speciale protezione costituzionale.

Paragrafo 3°. Se non si riesce a raggiungere la percentuale minima stabilita per mancanza di domanda dei rispettivi servizi, il centro deve presentare al Ministero della Giustizia e del Diritto la relativa giustificazione, corredata delle prove delle attività svolte per conseguire tale scopo.

Paragrafo 4°. Nello svolgimento della loro funzione sociale, possono sostenere gli operatori della giustizia comunitaria nello svolgimento delle loro funzioni, offrendo spazi per la realizzazione di incontri, formandoli o promuovendo attività di divulgazione.

Artículo 2.2.4.2.5.2. Parametri per la prestazione del servizio nei centri di conciliazione di enti pubblici e universitari. Al fine di promuovere condizioni di uguaglianza reale ed effettiva nell'accesso alla giustizia mediante la conciliazione nei Centri di enti pubblici e universitari, deve essere data priorità alle persone che si trovano in condizione di speciale protezione costituzionale. I Centri di conciliazione di enti pubblici possono stabilire nei loro regolamenti le condizioni di attenzione per le persone la cui condizione di speciale protezione costituzionale non sia accertata. I casi presentati ai centri di conciliazione degli studi legali universitari (consultorios jurídicos) delle Istituzioni di istruzione superiore non possono superare il valore di cinquanta (50) salari minimi mensili legali vigenti.

Paragrafo 1°. Ai sensi dell'articolo 52 della Ley 2220 del 2022, le domande presentate nei centri di conciliazione di enti pubblici e delle Istituzioni di istruzione superiore devono contenere una stima motivata del valore, che deve essere registrata nel sistema informativo del Ministero della Giustizia e del Diritto, salvo che la controversia verta su diritti non quantificabili; circostanza che deve essere giustificata nella relativa domanda.

Paragrafo 2°. Sia i centri di conciliazione degli enti pubblici sia quelli degli studi legali universitari devono includere nei propri regolamenti e nei propri indicatori di gestione la ricerca di un'attenzione crescente alle persone che si trovano in condizione di speciale protezione costituzionale.

Sezione 6 Regime tariffario

Sottosezione 1 Conciliazione

Artículo 2.2.4.2.6.1.1 Tariffe massime per i centri di conciliazione e per i notai. In conformità agli articoli 8, 21, 22 e 27 della Ley 2220 del 2022, le tariffe massime per il servizio di conciliazione che possono riscuotere i centri di conciliazione di enti senza scopo di lucro e degli uffici notarili, nonché i notai, non possono superare i seguenti importi:

VALORE DELLA PRETESA SOTTOPOSTA A CONCILIAZIONE (Unità di Valore Base – UVB)	TARIFFA (UVB)
Meno di 862,9470 UVB	32,37 UVB
Tra 862,94 UVB e fino a 1.402,32 UVB	46,73 UVB
Oltre 1.402,32 UVB e fino a 1.833,79 UVB	54,96 UVB
Oltre 1.833,79 UVB e fino a 3775,45 UVB	75,53 UVB
Oltre 3.775,45 UVB e fino a 5.609,20 UVB	89,88 UVB
Oltre 5.609,20 UVB	3,50%

La tariffa massima consentita per la prestazione del servizio di conciliazione è di tremiladuecentotrentasei virgola zero sette (3.236,07) Unità di Valore Base (UVB). I centri devono tenere conto che il valore dell'UVB è aggiornato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 313 della Ley 2294 del 2023, dal Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico, mediante risoluzione, prima del primo (1°) gennaio di ogni anno.

Paragrafo 1°. La tariffa è liquidata e riscossa dal richiedente al momento della presentazione della domanda di conciliazione sulla pretesa maggiore. Le tariffe di conciliazione non dipendono dal suo esito. Nel caso in cui la parte convocata non partecipi all'udienza di conciliazione o la materia cui si riferisce la domanda non sia conciliabile, il centro restituisce al convocante almeno il settanta per cento (70%) della tariffa pagata, secondo quanto stabilito nel rispettivo Regolamento interno. In caso di seconda convocazione, la percentuale minima di restituzione è del sessanta per cento (60%) della tariffa pagata, secondo quanto disposto dal Regolamento. Non vi sono restituzioni per titoli diversi da quelli fissati dal presente decreto.

Paragrafo 2°. Nel caso in cui non sia possibile effettuare la stima motivata da parte del richiedente, prescritta dal numero 5 dell'articolo 52 della Ley 2220 del 2022, o si tratti di una materia senza valore, l'importo della procedura è di 89,88 Unità di Valore Base (UVB). Tuttavia, se nel corso della conciliazione si determina il valore delle pretese, la tariffa deve essere riliquidata secondo tale stima e, se del caso, si procede alle relative restituzioni.

Paragrafo 3°. Quando la domanda è presentata di comune accordo da due o più parti, si sommano separatamente la totalità delle pretese di ciascuna di esse e la tariffa è liquidata sulla base della maggiore.

Artículo 2.2.4.2.6.1.2. Riliquidazione delle tariffe. Quando il valore della pretesa della materia sottoposta a conciliazione aumenta nel corso del procedimento conciliativo, la tariffa può essere riliquidata sull'importo adeguato, secondo quanto stabilito dall'articolo precedente. Se le parti in conflitto e il conciliatore, di comune accordo, realizzano più di quattro (4) incontri dell'udienza di conciliazione, può essere riscossa per ogni incontro aggiuntivo fino a un dieci per cento (10%) in più sulla tariffa fissata dal centro in base al valore della pretesa, liquidata secondo quanto stabilito nel presente articolo.

Artículo 2.2.4.2.6.1.3. Quota della tariffa. I centri di conciliazione di enti senza scopo di lucro fissano, nel loro regolamento interno, la quota della tariffa che spetta al conciliatore. In nessun caso il conciliatore può ricevere direttamente alcun pagamento da parte delle parti. Quando il procedimento conciliativo è svolto da un conciliatore autorizzato a tenere udienze fuori dai locali del centro, il convocante paga la totalità della tariffa al rispettivo centro di conciliazione.

Sottosezione 2 Arbitrato

Artículo 2.2.4.2.6.2.1 Onorari degli arbitri. In conformità a quanto disposto dagli articoli 26 e 51 della Ley 1563 del 2012, per la fissazione degli onorari di ciascun arbitro i Centri di arbitrato tengono conto dei seguenti massimali:

VALORE DEL PROCESSO (UVB)	ONORARI MASSIMI PER ARBITRO
Meno di 1.078,71 UVB	35,95 UVB
Tra 1.078,71 UVB e fino a 18.985,01 UVB	3,25% del valore
Tra 18.985,01 UVB e fino a 57.062,92 UVB	2,25% del valore
Tra 57.062,92 UVB e fino a 95.140,88 UVB	2% del valore
Tra 95.140,88 UVB e fino a 190.281,71 UVB	1,75% del valore
Oltre 190.281,71 UVB	1,5% del valore

Gli onorari del segretario sono la metà di quelli di un arbitro.

Paragrafo 1°. In caso di arbitro unico, i massimali stabiliti dal predetto atto amministrativo possono essere aumentati fino al cinquanta per cento (50%).

Paragrafo 2°. Indipendentemente dal valore del processo, gli onorari di ciascun arbitro non possono superare l'importo indicato nell'articolo 26 della Ley 1563 del 2012.

Paragrafo 3°. Le spese del Centro di arbitrato corrispondono al cinquanta per cento (50%) degli onorari di un arbitro e in ogni caso non possono essere superiori al cinquanta per cento (50%) dell'importo fissato nell'articolo 26 della Ley 1563 del 2012. Le cifre precedenti non comprendono quelle che il Tribunale o l'arbitro unico stabiliscano in aggiunta a titolo di spese processuali e onorari legali (costas y agencias en derecho).

Artículo 2.2.4.2.6.2.2 Pagamento iniziale. Con la presentazione di qualsiasi domanda di arbitrato al Tribunale arbitrale, la parte convocante deve versare a favore del centro i seguenti importi: se si tratta di un procedimento di valore minore, l'equivalente di centosette virgola ottantasei Unità di Valore Base UVB (107,86 UVB). Se si tratta di un procedimento di valore maggiore o di valore indeterminato, l'equivalente di duecentoquindici virgola settantasei Unità di Valore Base (215,76 UVB). Tali importi sono imputati alle spese amministrative stabilite dal Tribunale. Nei casi in cui il Tribunale non possa assumere le proprie funzioni, tali risorse sono rimborsate.

Artículo 2.2.4.2.6.2.3 Fissazione delle tariffe. Fallita in tutto o in parte la conciliazione, nella stessa udienza il tribunale o l'arbitro unico fissa gli onorari e le spese con ordinanza soggetta a ricorso in riposizione, che è risolto immediatamente. Per la fissazione tiene conto del valore delle pretese della domanda, determinato in conformità al Código General del Proceso. Se vi è domanda riconvenzionale, prende come base quella di valore maggiore. Ciò fermo restando che le parti, prima della nomina degli arbitri, possano concordare gli onorari e comunicarlo insieme alla designazione. Paragrafo: quando non sia possibile determinare il valore delle pretese, gli arbitri hanno come somma limite per fissare gli onorari di ciascuno il valore di cinquantatremilanovecentotrentaquattro virgola settantuno (53.934,71) Unità di Valore Base (UVB).

Artículo 2.2.4.2.6.2.4 Tariffe in caso di conciliazione. Quando il procedimento arbitrale si conclude con una conciliazione, si paga l'importo stabilito per i procedimenti conciliativi.

Sezione 7 Gestione delle informazioni

Artículo 2.2.4.2.7.1. Comunicazione di informazioni. I Centri devono registrare nel Sistema informativo istituito dal Ministero della Giustizia e del Diritto i dati relativi ai conciliatori, arbitri, segretari del tribunale arbitrale, amichevoli compositori, studenti formati e ai procedimenti svolti presso il Centro. Le informazioni su tali procedimenti devono essere registrate al più tardi entro cinque (5) giorni dal momento in cui si assume la conoscenza del caso. Paragrafo. I pubblici ufficiali abilitati a conciliare, i notai e i difensori del consumatore finanziario devono registrare nel Sistema informativo istituito dal Ministero della Giustizia e del Diritto i procedimenti svolti dinanzi a loro.

Artículo 2.2.4.2.7.2. Verbali e attestazioni. I centri, i notai, i difensori del consumatore finanziario e i pubblici ufficiali abilitati per legge a conciliare devono comunicare nel Sistema informativo istituito dal Ministero della Giustizia e del Diritto i verbali entro tre (3) giorni e le attestazioni entro quattro (4) giorni dal ricevimento o dalla redazione, secondo i casi. Paragrafo. I verbali, le attestazioni e gli altri documenti che fanno parte del procedimento conciliativo possono essere conservati con mezzi elettronici o magnetici, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto-legge 2106 del 2019.

Artículo 2.2.4.2.7.3. Gestione documentale. I Centri di conciliazione e arbitrato, i notai e i pubblici ufficiali abilitati a conciliare garantiscono la custodia, la conservazione e la disponibilità della documentazione relativa alla prestazione dei loro servizi, secondo quanto stabilito dalla Legge generale sugli archivi, in forma fisica o elettronica.

Artículo 2.2.4.2.7.4. Deterioramento. I documenti fisici che si deteriorano sono archiviati e sostituiti da una riproduzione esatta degli stessi, con annotazione del fatto e della sua data, sottoscritta dal Direttore del Centro o dal funzionario o notaio conciliatore, secondo quanto stabilito dalla Legge generale sugli archivi.

Artículo 2.2.4.2.7.5. Smarrimento. In caso di smarrimento di un documento, si procede alla sua ricostruzione sulla base dei duplicati, degli originali o dei documenti autentici in possesso delle parti, del Centro stesso, del conciliatore, del funzionario o del notaio, secondo i casi, in conformità a quanto stabilito dalla Legge generale sugli archivi.

Artículo 2.2.4.2.7.6. Trasferimento e invio delle informazioni. Nel caso in cui sia revocata l'autorizzazione al funzionamento di un centro, questo invia la totalità del proprio archivio documentale al centro che il Ministero della Giustizia e del Diritto designi, con atto amministrativo, per la custodia e la gestione.

Artículo 2.2.4.2.7.7. Criteri di qualità. I Centri di conciliazione devono attuare e soddisfare i requisiti generali del servizio previsti dalla Norma Tecnica di Qualità 5906 del 2012 o da quella che la modifichi o sostituisca. I Centri si sottopongono volontariamente ai processi di certificazione di qualità basati sulla Norma Tecnica.

Artículo 2.2.4.2.7.8. Assoggettamento a ispezione, controllo e vigilanza. I Centri abilitati dal Ministero della Giustizia e del Diritto a prestare servizi di conciliazione, arbitrato, quelli relativi alle procedure di insolvenza della persona fisica e gli enti abilitati a impartire formazione in conciliazione stragiudiziale devono includere nei loro elementi di promozione e divulgazione e nella loro carta intestata la menzione di essere soggetti a ispezione, controllo e vigilanza del Ministero della Giustizia e del Diritto.

Sezione 8 Programma di formazione in conciliazione stragiudiziale in diritto

Artículo 2.2.4.2.8.1. Criteri per la formazione dei conciliatori stragiudiziali in diritto. Il Ministero della Giustizia e del Diritto, con atto amministrativo, fissa i criteri per il contenuto minimo dei Programmi di capacitazione e di formazione in conciliazione stragiudiziale in diritto e stabilisce i requisiti e la procedura per il rilascio dell'abilitazione (aval) che autorizza la formazione di conciliatori in tale materia.

Sezione 9 Del tirocinio giudiziario (judicatura) e della pratica professionale in conciliazione.

Artículo 2.2.4.2.9.1. Condizioni e durata della judicatura in conciliazione. In conformità all'articolo 48 della Ley 2220 del 2022, gli studenti delle facoltà di giurisprudenza che abbiano terminato le materie del piano di studi possono svolgere la judicatura in centri di conciliazione, case di giustizia e programmi locali di giustizia in equità.

Paragrafo 1°. Quando la judicatura è svolta in una casa di giustizia, in un centro di conciliazione di enti pubblici o in un programma locale di giustizia in equità, ha una durata di sette (7) mesi.

Paragrafo 2°. Quando la judicatura è svolta in centri di conciliazione di enti senza scopo di lucro e di notai, può avere una durata di nove (9) mesi ed essere ad honorem, oppure una durata di un (1) anno ed essere retribuita.

Paragrafo 3°. In caso di parità di punteggio nella graduatoria degli idonei in un pubblico concorso per merito, aver svolto la judicatura in una casa di giustizia, in un centro di conciliazione di enti pubblici o in un programma locale di giustizia in equità costituisce criterio di preferenza.

Paragrafo 4°. Gli studenti delle facoltà di giurisprudenza che abbiano terminato le materie del piano di studi e ottengano la licenza provvisoria per l'esercizio della professione possono svolgere la judicatura come avvocati conciliatori nei centri di conciliazione degli studi legali universitari (consultorios jurídicos) delle Istituzioni di istruzione superiore, purché abbiano seguito il corso di formazione in conciliazione in diritto, secondo quanto stabilito dal Consiglio superiore della magistratura.

Artículo 2.2.4.2.9.2. Formazione degli studenti per la judicatura in conciliazione. Coloro che durante la judicatura operano come conciliatori devono aver seguito il corrispondente percorso di formazione, secondo la risoluzione che il Ministero della Giustizia e del Diritto emana a tal fine. Tale condizione deve essere soddisfatta anche da coloro che abbiano ottenuto la licenza provvisoria per l'esercizio della professione.

Artículo 2.2.4.2.9.3. Elenchi di studenti per la judicatura in conciliazione. Le Facoltà di Giurisprudenza delle Istituzioni di istruzione superiore possono mantenere sui propri siti web elenchi aggiornati degli studenti che dimostrino capacità nelle materie relative alla conciliazione o alla giustizia comunitaria, affinché siano utilizzati dai centri di conciliazione di enti senza scopo di lucro, di notai o di enti pubblici, dalle case di giustizia e dai programmi locali di giustizia in equità nella selezione dei loro judicantes.

Artículo 2.2.4.2.9.4. Pratica in conciliazione. Ai fini dello svolgimento della pratica negli studi legali universitari (consultorios jurídicos) delle Istituzioni di istruzione superiore, gli studenti di giurisprudenza devono possedere una formazione previa di conoscenze in conciliazione. A tal fine, prima della pratica, devono seguire e superare la rispettiva formazione, in conformità ai requisiti stabiliti dall'Istituzione di istruzione superiore e dal Ministero della Giustizia e del Diritto, che emana il relativo atto amministrativo. Paragrafo. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 49 della Ley 2220 del 2022, gli studenti dell'ultimo anno di psicologia, lavoro sociale, psicopedagogia, comunicazione sociale e corsi di laurea affini alla risoluzione dei conflitti possono svolgere le proprie pratiche in conciliazione assistendo il lavoro del Conciliatore e lo svolgimento delle udienze, sia nei centri di conciliazione, sia negli enti pubblici dotati di pubblici ufficiali abilitati a conciliare, sia nei programmi locali di giustizia in equità, con i quali deve esistere la rispettiva convenzione.

Sezione 10 Uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei Centri

Artículo 2.2.4.2.10.1. Utilizzo di mezzi elettronici. I Centri e i notai utilizzano mezzi elettronici in tutte le attività e nei propri sistemi informativi, senza che a tal fine sia necessaria alcuna autorizzazione preventiva.

Artículo 2.2.4.2.10.2. Prestazione dei servizi dei Centri con mezzi virtuali o elettronici. La prestazione dei servizi dei centri e dei notai in forma virtuale o con mezzi elettronici avviene nel rispetto della decisione delle parti in tal senso.

Paragrafo 1°. I Centri e i notai devono garantire l'adeguata conservazione degli archivi derivanti dai procedimenti, nel rispetto dei parametri stabiliti a tal fine dal presente capitolo.

Paragrafo 2°. I Centri e i notai che offrano i propri servizi in forma virtuale o elettronica devono altresì garantire il servizio in presenza.

Artículo 2.2.4.2.10.3. Notificazioni con mezzi elettronici. Le decisioni, le istanze, le memorie, le trasmissioni di atti, i verbali, le attestazioni e in generale tutte le comunicazioni scambiate tra le parti e il terzo neutrale, nel corso delle attività dei procedimenti per i quali il centro è stato autorizzato, possono essere comunicate o notificate con qualsiasi mezzo elettronico, nei termini previsti dalla legge.

Artículo 2.2.4.2.10.4. Degli elenchi di conciliatori e arbitri per la conciliazione e l'arbitrato in forma virtuale. I Centri che offrono il servizio di arbitrato e conciliazione in forma virtuale o con mezzi elettronici possono utilizzare i propri elenchi, senza necessità di disporre di un elenco speciale a tal fine.

Artículo 2.2.4.2.10.5. Udienze. Le udienze di arbitrato e di conciliazione in forma virtuale o con mezzi elettronici si svolgono tramite videoconferenza, teleconferenza o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, secondo quanto determinato dal Conciliatore o dal tribunale. I Centri e i notai dispongono quanto necessario per la registrazione e la conservazione delle udienze svolte con tali mezzi.

Artículo 2.2.4.2.10.6. Procedimento di conciliazione con mezzi virtuali o elettronici. La Conciliazione con mezzi virtuali è regolata, oltre che da quanto indicato nell'articolo precedente, da quanto previsto nel paragrafo 1° dell'articolo 4 e nell'articolo 6 della Ley 2220 del 2022. Per la prestazione della conciliazione con mezzi virtuali o elettronici, i centri di conciliazione includono nel proprio regolamento la procedura per il suo funzionamento, che deve garantire che il trattamento dei dati sia conforme a quanto disposto dalla Ley 1581 del 2012 o da quella che la sostituisca, modifichi o integri.

Paragrafo 1°. Nel momento in cui le parti manifestano la volontà di partecipare al procedimento conciliativo in forma virtuale o con mezzi elettronici, devono indicare di disporre dell'idoneità e dei mezzi tecnologici necessari o di poter accedere tramite i municipi (alcaldías), le procure comunali (personerías municipales) e gli altri enti pubblici abilitati dalla Costituzione e dalla legge che siano disponibili a facilitare l'accesso nelle loro sedi alle attività virtuali. I centri di conciliazione possono anche, su richiesta delle parti, mettere a disposizione i corrispondenti mezzi tecnologici. Le parti possono rendere la predetta dichiarazione nella domanda o al momento di iniziare l'udienza di conciliazione, su richiesta in tal senso del Conciliatore.

Paragrafo 2°. Quando nel procedimento conciliativo partecipano persone con disabilità, i mezzi tecnologici predisposti per tali casi devono essere idonei, sicuri e accessibili.

Paragrafo 3°. Quando le parti decidono di svolgere l'udienza di conciliazione con mezzi digitali o elettronici, i documenti relativi al procedimento conciliativo devono essere digitalizzati. I Centri devono tendere all'automazione di tali procedimenti.

Artículo 2.2.4.2.10.7 Condizioni per la prestazione dei servizi di conciliazione con mezzi virtuali. Le condizioni che devono soddisfare i centri di conciliazione e i notai per prestare il servizio di conciliazione virtuale sono le seguenti: I. Garantire la capacità in termini di infrastruttura tecnologica che assicuri la prestazione del servizio di conciliazione con mezzi virtuali o elettronici, oltre alle risorse umane formate per un'adeguata prestazione del servizio. II. Informazioni disponibili al pubblico nella corrispondente pagina web che contengano come minimo i seguenti elementi: A. Le modalità con cui il centro presta il servizio di conciliazione con mezzi virtuali o elettronici; B. I protocolli di attenzione; C. I moduli; D. Il regolamento interno del centro; E. I requisiti minimi necessari; F. Gli indirizzi elettronici o i rispettivi collegamenti. Le informazioni pubblicate devono rispettare parametri di qualità, veridicità, tempestività, affidabilità e facile comprensione, oltre a tenere conto delle caratteristiche della popolazione che si intende raggiungere.

Sezione 11 Delle procedure di conciliazione nei Centri di conciliazione

Sottosezione 1 Procedimento conciliativo

Artículo 2.2.4.2.11.1.1. Procedimento. Per il procedimento dei casi di conciliazione trattati nei Centri di conciliazione si deve tenere conto di quanto indicato nel Titolo II della Ley 2220 del 2022 e, in via complementare, del regolamento previsto per questo tipo di attività, previamente autorizzato dal Ministero della Giustizia e del Diritto. In ogni caso, tale regolamento deve comprendere, nella sua struttura, l'applicazione dei principi indicati nell'articolo 4 della predetta Legge. Il procedimento di conciliazione può svolgersi in forma presenziale, digitale o elettronica o mista, e a tal fine le parti devono indicare nella domanda di conciliazione, o una volta citate, la forma in cui compariranno.

Artículo 2.2.4.2.11.1.2. Designazione del Conciliatore. Quando il Conciliatore è designato dal Centro, tale designazione avviene secondo quanto stabilito nel corrispondente regolamento.

Artículo 2.2.4.2.11.1.3. Doveri, obblighi e attribuzioni del Conciliatore. Il Conciliatore designato per trattare il caso deve adempiere ai propri doveri e obblighi e fare un corretto uso delle attribuzioni conferite, in conformità a quanto disposto dagli articoli 29, 30 e 32 della Ley 2220 del 2022. Deve inoltre tenere conto degli impedimenti e delle ricusazioni stabiliti nell'articolo 33, nonché dell'inabilità speciale prevista nell'articolo 34 della predetta Legge.

Artículo 2.2.4.2.11.1.4. Luogo di svolgimento della conciliazione. Indipendentemente dal modo in cui è designato il Conciliatore, questi non può citare le parti all'udienza di conciliazione fuori dai locali del Centro.

Paragrafo 1°. Quanto stabilito nel presente articolo non si applica quando l'udienza di conciliazione si svolge con mezzi virtuali, né ai casi eccezionali previamente autorizzati dal direttore del centro.

Paragrafo 2°. Quanto sopra non si applica alle udienze di conciliazione che possano svolgersi in occasione di danni materiali in incidenti stradali, di cui all'articolo 143 della Ley 769 del 2002, la cui trattazione può avvenire sul luogo dei fatti, secondo quanto determinato nel protocollo di attenzione del rispettivo centro.

Artículo 2.2.4.2.11.1.5. Della domanda di conciliazione presso i Centri di conciliazione. Nella presentazione della relativa domanda, che può essere fatta in forma verbale o scritta, individuale o congiunta, fisica o elettronica, devono essere soddisfatti i requisiti indicati nell'articolo 52 della Ley 2220 del 2022. Il richiedente deve stimare in modo motivato il valore, per cui non sono ricevute domande con valore indeterminato, salvo che la controversia verta su diritti non quantificabili, circostanza che deve essere espressamente indicata e giustificata.

Paragrafo 1°. Nelle domande inviate per posta elettronica o presentate con altri mezzi virtuali, il requisito della firma si intende soddisfatto, in conformità a quanto stabilito dalla Ley 527 del 1999 o dalla norma che la modifichi, sostituisca o integri. In tali casi è sufficiente l'identificazione fornita dal richiedente.

Paragrafo 2°. Se la domanda è presentata tramite procuratore, la procura può essere prodotta in forma fisica o elettronica, secondo quanto disposto a tal fine dal Código General del Proceso. Possono essere presentate domande a nome di un'altra persona di cui non si abbia procura, alle condizioni previste dal Código General del Proceso per l'agente officioso (gestore d'affari). In tali casi non è necessario prestare alcuna cauzione. Se l'interessato non ratifica tale domanda entro dieci (10) giorni dal suo deposito, essa si intende come non presentata.

Paragrafo 3°. Le prove possono essere prodotte con la domanda di conciliazione, tenendo conto dei requisiti previsti dagli articoli 243 e seguenti del Código General del Proceso. Le prove prodotte sono considerate un supporto per eventuali formule di accordo presentate nell'udienza di conciliazione. Tuttavia, la loro mancata presentazione nel procedimento conciliativo non impedisce che siano presentate successivamente in un eventuale processo giudiziale.

Paragrafo 4°. In caso di ritiro della domanda o di mancato adempimento della richiesta del Conciliatore di completarla o chiarirla, essa si ha come non presentata.

Artículo 2.2.4.2.11.1.6. Analisi della domanda. Ricevuta la domanda ed effettuata la designazione del Conciliatore, questi procede a esaminarla e a stabilire se dispone della competenza e delle informazioni sufficienti per convocare le parti. Se non ha competenza, lo dichiara. Se il Conciliatore ritiene che siano necessarie informazioni aggiuntive o che non sia soddisfatto alcuno dei requisiti dell'articolo 52 della Ley 2220 del 2022, richiede al richiedente di rispondere entro cinque (5) giorni lavorativi, pena la dichiarazione di mancanza di interesse alla domanda, con la sua restituzione. Ciò non impedisce di ripresentarla.

Paragrafo 1°. Se il Conciliatore rileva che la domanda è relativa a una materia non conciliabile, procede a rilasciare la corrispondente attestazione entro dieci (10) giorni lavorativi dalla sua presentazione. Se nel corso dell'udienza si osserva tale circostanza, l'operatore procede ugualmente a rilasciarla. In ogni caso, i documenti prodotti devono essere restituiti agli interessati.

Paragrafo 2°. Ai sensi dell'articolo 34 della Ley 2220 del 2022, né il Centro né i suoi operatori possono assumere la trattazione di domande di conciliazione in cui vi sia un interesse diretto del centro o dei suoi funzionari.

Artículo 2.2.4.2.11.1.7. Convocazione. Nel caso in cui la domanda soddisfi tutti i requisiti e la materia cui si riferisce sia conciliabile, il Conciliatore procede a fissare, in coordinamento con il centro, la data e l'ora dell'udienza e a convocare le parti, entro dieci (10) giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dalla correzione.

Paragrafo 1°. La convocazione all'udienza è comunicata alle parti con il mezzo più rapido e deve contenere l'oggetto della conciliazione, le conseguenze legali dell'assenza, la modalità dell'udienza, nonché le richieste di informazioni e documenti ritenuti necessari. Nel caso in cui la modalità dell'udienza sia virtuale o elettronica, si informano le parti sulle modalità con cui avverrà il relativo collegamento.

Paragrafo 2°. Le parti hanno il dovere di fornire gli indirizzi elettronici per effettuare le comunicazioni necessarie nel procedimento. Tali indirizzi possono corrispondere a quelli riportati nel Registro delle imprese o nel contratto o negozio giuridico oggetto del procedimento conciliativo. Se ciò non è possibile, le comunicazioni sono effettuate a quelli indicati nella domanda di conciliazione.

Paragrafo 3°. Il Conciliatore deve, su richiesta delle parti o secondo il proprio giudizio, citare coloro che ritenga debbano partecipare all'udienza di conciliazione, compresi esperti della materia oggetto della controversia in conciliazione, i quali devono essere terzi imparziali e il cui intervento si limita ai contributi richiesti sulla loro competenza.

Artículo 2.2.4.2.11.1.8. Presenza e rappresentanza nell'udienza di conciliazione. Le parti devono partecipare all'udienza di conciliazione e possono farlo insieme ai loro procuratori quando lo ritengano opportuno. Nei casi in cui il domicilio di una delle parti non si trovi nel comune o distretto in cui si terrà l'udienza, si trovi fuori dal territorio nazionale o ricorrano circostanze di forza maggiore o caso fortuito, può essere richiesto al Conciliatore che l'udienza di conciliazione si svolga con la sola comparizione del procuratore della parte, debitamente munito del potere di conciliare. Paragrafo. Quando esistano circostanze che abbiano impedito alle parti o a una di esse di presenziare all'udienza, devono comunicarlo per iscritto entro tre (3) giorni lavorativi dalla data in cui essa doveva svolgersi; in tal caso, se il Conciliatore lo ritiene, può riprogrammare l'udienza.

Artículo 2.2.4.2.11.1.9. Svolgimento dell'udienza di conciliazione. L'udienza si svolge con la presenza delle parti, che possono partecipare insieme ai loro procuratori e agli altri convocati dal Conciliatore, nel giorno e all'ora fissati. Il Conciliatore dirige l'udienza tenendo conto dei seguenti parametri:

1. Concedere alle parti un margine di tempo di attesa per il loro arrivo, secondo quanto indicato nel regolamento interno del centro.

2. Effettuare le presentazioni personali di rito e accertare l'identità delle parti e, se presenti, dei loro procuratori.

3. Procedere all'apertura dell'udienza, fornire alle parti le informazioni relative ai poteri del Conciliatore, all'oggetto dell'udienza e alle regole che saranno seguite.

4. Orientare le parti perché determinino con chiarezza i fatti e le pretese allegate, per facilitare il raggiungimento dell'accordo.

5. Proporre le formule di accordo che ritenga opportune per la soluzione della controversia, se necessario.

6. Raggiunto l'accordo, si redige il verbale di conciliazione, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 64 della Ley 2220 del 2022.

7. Se non è possibile concludere l'accordo, si rilascia immediatamente l'attestazione di mancato accordo, in conformità al numero 2 dell'articolo 65 della Ley 2220 del 2022.

Paragrafo 1°. L'udienza deve tenersi entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di ammissione della domanda.

Paragrafo 2°. L'udienza di conciliazione può essere sospesa su richiesta delle parti di comune accordo. Può esserlo anche quando il Conciliatore ritenga che: i) non si stiano realizzando le condizioni per il normale svolgimento dell'udienza, ii) vi siano elementi di giudizio riguardo all'esistenza di un animo conciliativo, iii) sia necessario verificare, in base alle informazioni fornite nell'udienza, se la materia sia conciliabile, iv) vi siano problemi di connessione o con le apparecchiature tecnologiche predisposte per lo svolgimento dell'attività o v) ciò sia necessario per il buon andamento dell'udienza di conciliazione.

Artículo 2.2.4.2.11.1.10. Svolgimento dell'udienza di conciliazione in forma virtuale o con mezzi elettronici. Quando l'udienza si svolge in forma virtuale o con mezzi elettronici, oltre a quanto già indicato nel presente capitolo, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti aggiuntivi: a. Le parti devono indicare nella domanda di conciliazione o una volta citate la forma in cui agiranno e se aderiscono alla modalità virtuale o mista, certificando di disporre dell'idoneità e dei mezzi tecnologici necessari o di poter accedere tramite i municipi (alcaldías), le procure comunali (personerías municipales) e gli altri enti pubblici abilitati dalla Costituzione e dalla legge che siano disponibili a facilitare l'accesso nelle loro sedi alle attività virtuali. b. Le parti devono dichiarare di disporre di: un account di posta elettronica valido o di messaggistica istantanea consultata costantemente, capacità tecnologica di voce e dati, nonché di un sistema di videoconferenza. L'udienza virtuale o con mezzi elettronici si svolge attraverso i canali autorizzati e predisposti a tal fine dal Centro.

Paragrafo 1°. Le udienze che si svolgono in forma virtuale, elettronica o mista devono essere registrate in audio, video o con qualsiasi mezzo che ne garantisca l'integrità, ma può essere registrata solo l'identificazione dei partecipanti e la parte finale in cui si legge il verbale contenente l'accordo o l'attestazione di mancato accordo, nonché l'accettazione espressa delle parti sul contenuto di tali documenti. Il Conciliatore informa i partecipanti della registrazione dell'udienza, di cui si dà atto. Essa fa parte del fascicolo elettronico.

Paragrafo 2°. Le udienze virtuali o con mezzi elettronici possono essere sospese per le circostanze previste nel paragrafo 2° dell'articolo 2.2.4.2.11.1.9.

Artículo 2.2.4.2.11.1.11. Verbale di conciliazione. In caso di accordo parziale o totale nell'udienza di conciliazione, il Conciliatore procede a redigere il relativo verbale, secondo quanto indicato dall'articolo 64 della Ley 2220 del 2022. Se redatto per iscritto, il verbale di conciliazione produce i suoi effetti giuridici dalla firma delle parti e del Conciliatore o, se risulta con qualsiasi altro mezzo, dall'accettazione espressa delle parti.

Paragrafo 1°. Il verbale di conciliazione si intende come documento pubblico, nel quale il Conciliatore dà fede della decisione che le parti hanno preso di porre fine alla controversia presentata mediante il rispettivo accordo conciliativo. Ciò nei termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 3 della Ley 2220 del 2022.

Paragrafo 2°. Il verbale di conciliazione contenente l'accordo con obbligazioni chiare, espresse ed esigibili ha efficacia esecutiva e ha carattere di cosa giudicata; si intende equivalente a una sentenza giudiziale.

Paragrafo 3°. Le parti possono richiedere copia del verbale di conciliazione.

Paragrafo 4°. Quando l'accordo è il risultato di un'udienza svolta con mezzi virtuali, per la firma del verbale di conciliazione si applica quanto stabilito dalla Ley 527 del 1999 e dagli articoli 2.2.2.47.1 e seguenti del Decreto numero 1074 del 2015 o dalle norme che li modifichino, sostituiscano o integrino.

Paragrafo 5°. In conformità a quanto stabilito dal paragrafo 2° dell'articolo 64 della Ley 2220 del 2022, i verbali di conciliazione e il loro contenuto non devono essere elevati a atto pubblico notarile (escritura pública), salvo espressa disposizione delle parti.

Artículo 2.2.4.2.11.1.12. Attestazioni. Il Conciliatore rilascia all'interessato un'attestazione nella quale indica la data di presentazione della domanda, la data in cui si è tenuta o avrebbe dovuto tenersi l'udienza ed espone succintamente la materia oggetto di conciliazione, nei casi previsti dall'articolo 65 della Ley 2220 del 2022. In ogni caso, insieme all'attestazione si restituiscono i documenti originali prodotti in forma fisica dagli interessati. A tal fine si deve tenere conto di quanto segue:

1. Nell'attestazione rilasciata per l'assenza di una delle parti all'udienza di conciliazione, il Conciliatore deve precisare se è stata ricevuta una giustificazione entro i tre (3) giorni successivi e se l'udienza è stata riprogrammata. Se del caso, l'attestazione deve essere consegnata all'interessato il quarto (4°) giorno successivo alla data in cui l'udienza doveva svolgersi.

2. L'attestazione di mancato accordo è consegnata agli interessati immediatamente al termine dell'udienza di conciliazione.

3. L'attestazione di materia non conciliabile è consegnata agli interessati entro dieci (10) giorni di calendario dalla presentazione della domanda, se tale circostanza è stata rilevata in essa, oppure al termine dell'udienza, quando sia stata rilevata nel corso della stessa.

Artículo 2.2.4.2.11.1.13. Chiarimento di verbali e attestazioni. In conformità al numero 7 dell'articolo 4 della Ley 2220 del 2022, d'ufficio o su richiesta di parte, il Conciliatore può chiarire il relativo verbale o attestazione quando vi siano errori aritmetici, di scrittura, tipografici, di digitazione, problemi di leggibilità, errori per omissione, cambio o alterazione di parole. Tale chiarimento può essere effettuato mediante un documento esplicativo allegato al verbale o all'attestazione originale e in nessun caso può modificare o estendere il contenuto materiale dell'accordo.

Artículo 2.2.4.2.11.1.14. Archiviazione di verbali e attestazioni. Il Conciliatore deve inviare i verbali e le attestazioni al Centro entro quattro (4) giorni dal loro rilascio, dall'udienza o dalla conclusione del procedimento. Nel caso in cui il procedimento si sia svolto con mezzi virtuali, tale consegna deve avvenire entro due (2) giorni.

Artículo 2.2.4.2.11.1.15. Termine del procedimento di conciliazione. In conformità a quanto disposto dall'articolo 60 della Ley 2220 del 2022, il procedimento di conciliazione, dal suo inizio con la presentazione della domanda fino alla sua conclusione con la redazione del relativo verbale o attestazione, deve svolgersi in un periodo massimo di tre (3) mesi. Le parti possono prorogare tale termine, di comune accordo, per un massimo di altri tre (3) mesi. Paragrafo. In ogni caso, si deve tenere conto che, secondo quanto previsto dall'articolo 56 della Ley 2220 del 2022, la presentazione della domanda di conciliazione sospende il termine di prescrizione o di decadenza fino alla conclusione di tale procedimento, con la sottoscrizione del relativo verbale o attestazione, o fino alla scadenza del termine di tre (3) mesi, o della sua proroga, a seconda di quale evento si verifichi per primo. Tale sospensione opera una sola volta ed è improrogabile.

Artículo 2.2.4.2.11.1.16. Accordi in materia di alimenti. I Centri includono nel proprio regolamento la necessità di indicare nei verbali, quando si concludano accordi sugli alimenti, le conseguenze previste dalla Ley 2097 del 2021. Paragrafo. Nei casi in cui si verifichi la mora di cui alla Ley 2097 del 2021 e l'obbligazione sia ricompresa in un verbale di conciliazione concluso in un centro di conciliazione, il creditore può seguire la procedura stabilita nel paragrafo 4° dell'articolo 3 della medesima Legge.

Sottosezione 2 Conciliazione preprocessuale e mediazione penale nei Centri di conciliazione

Artículo 2.2.4.2.11.2.1 Ambito di applicazione. I Centri di conciliazione possono prestare i servizi di conciliazione preprocessuale e di mediazione penale nei termini stabiliti per il loro svolgimento nel Libro VI del Código de Procedimiento Penal e in conformità alle disposizioni indicate nel presente capitolo.

Paragrafo 1°. La conciliazione preprocessuale si svolge secondo quanto indicato dall'articolo 522 della Ley 906 del 2004 e si attiene, per quanto pertinente, a quanto stabilito dalla Ley 2220 del 2022.

Paragrafo 2°. La mediazione penale si svolge alle condizioni previste dal Capitolo III del Libro VI della Ley 906 del 2004 e secondo i parametri stabiliti a tal fine dalla Procura generale della Nazione (Fiscalía General de la Nación).

Artículo 2.2.4.2.11.2.2. Modifica del regolamento. I Centri di conciliazione che intendano prestare i servizi di conciliazione preprocessuale e di mediazione penale devono modificare a tal fine il proprio regolamento e chiederne l'approvazione nei termini stabiliti dall'articolo 2.2.4.2.3.5 del presente Decreto».

Artículo 7°. Aggiunta delle sezioni 12 e 13 del Capitolo 2 del Titolo IV della Parte 2 del Libro 2 del Decreto numero 1069 del 2015: Si aggiungono le sezioni 12 e 13 al Capitolo 2 del Titolo IV della Parte 2 del Libro 2 del Decreto numero 1069 del 2015, Decreto unico regolamentare del settore Giustizia, che risultano formulate come segue: «Sezione 12 Ispezione, vigilanza e controllo su Centri, enti abilitati a impartire formazione, Programmi locali di giustizia in equità e Punti di attenzione della conciliazione in equità

Artículo 2.2.4.2.12.1. Procedimenti amministrativi. In conformità a quanto previsto dall'articolo 47 della Ley 1437 del 2011, i procedimenti amministrativi di natura sanzionatoria possono essere avviati d'ufficio o su richiesta di chiunque, nei termini previsti dagli articoli 36 e 38 della Ley 2220 del 2022. In tal caso il Ministero della Giustizia e del Diritto richiede le informazioni pertinenti o dispone le relative visite. Quando, in esito agli accertamenti preliminari, il Ministero della Giustizia e del Diritto stabilisce che vi sono i presupposti per avviare il procedimento sanzionatorio, formula le contestazioni con atto amministrativo nel quale indica con precisione e chiarezza i fatti che lo originano; il Centro, l'Ente abilitato, il Programma locale di giustizia in equità o il Punto di attenzione della conciliazione in equità oggetto dell'indagine; le disposizioni presumibilmente violate e le sanzioni o misure che sarebbero applicabili. Tale atto amministrativo deve essere notificato personalmente agli indagati. Contro questa decisione non è ammesso ricorso. Gli indagati possono, entro quindici (15) giorni dalla notificazione della formulazione delle contestazioni, presentare le difese e richiedere o produrre le prove che intendano far valere. Sono respinte con motivazione quelle non conducenti, non pertinenti e superflue e non si tengono in considerazione quelle assunte illegalmente. Paragrafo. In caso di renitenza nella fornitura delle informazioni richieste, si applica quanto previsto dall'articolo 51 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 2.2.4.2.12.2. Piano di visite. Il Ministero della Giustizia e del Diritto effettua visite ai Centri e ai Programmi locali di giustizia in equità almeno ogni due (2) anni, a decorrere dalla relativa autorizzazione. Qualora si riscontrino irregolarità nella prestazione del servizio, deve essere proposto il relativo piano di miglioramento, che è sottoscritto dalle parti. A tal fine il Ministero elabora un piano annuale di visite a campione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della Ley 2220 del 2022.

Artículo 2.2.4.2.12.3. Procedimento amministrativo sanzionatorio. Quando, con qualsiasi mezzo, il Ministero della Giustizia e del Diritto venga a conoscenza dell'esistenza di un presunto inadempimento degli obblighi stabiliti dalle norme legali, regolamentari e dai propri regolamenti da parte dei centri, degli enti abilitati, dei programmi locali di giustizia in equità e dei punti di attenzione della conciliazione in equità, avvia il corrispondente procedimento amministrativo sanzionatorio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 52 della Ley 1563 del 2012, dall'ultimo comma dell'articolo 27 e dagli articoli 36 e 79 della Ley 2220 del 2022.

Paragrafo 1°. Il procedimento amministrativo sanzionatorio in questi casi segue le regole stabilite dal Capitolo III del Titolo III della Parte Prima del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Paragrafo 2°. Nel procedimento amministrativo sanzionatorio le notificazioni sono effettuate attraverso il mezzo elettronico predisposto dal Ministero della Giustizia e del Diritto a tal fine, o all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Centro, Programma locale di giustizia in equità o Punto di attenzione della conciliazione in equità nella rispettiva domanda di autorizzazione, nel qual caso indicano se accettano che le notificazioni avvengano con tale mezzo, nei termini degli articoli 54 e 56 della Ley 1437 del 2011.

Paragrafo 3°. In conformità a quanto previsto dall'articolo 39 della Ley 2220 del 2022, la decisione di non avviare il procedimento amministrativo sanzionatorio è debitamente motivata ed è notificata nei termini previsti dagli articoli 54 e 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 2.2.4.2.12.4. Fase probatoria e memorie conclusive. Secondo quanto prescritto dall'articolo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, quando devono essere assunte prove si fissa un termine non superiore a trenta (30) giorni. Quando gli indagati sono tre (3) o più o le prove devono essere assunte all'estero, il termine probatorio può essere fino a sessanta (60) giorni. Scaduto il periodo probatorio si dà termine all'indagato di dieci (10) giorni per presentare le rispettive memorie conclusive.

Artículo 2.2.4.2.12.5. Contenuto della decisione. In conformità a quanto previsto dall'articolo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, il Direttore dei Metodi alternativi di risoluzione dei conflitti del Ministero della Giustizia e del Diritto emana l'atto amministrativo definitivo entro i trenta (30) giorni successivi alla presentazione delle memorie conclusive. L'atto amministrativo che pone fine al procedimento amministrativo di carattere sanzionatorio deve contenere:

1. L'individuazione del Centro, Ente abilitato, Programma locale di giustizia in equità o Punto di attenzione della conciliazione in equità da sanzionare.

2. L'analisi dei fatti e delle prove presenti nel fascicolo amministrativo.

3. Le norme violate con i fatti provati.

4. La decisione finale di archiviazione o di sanzione e la relativa motivazione.

Artículo 2.2.4.2.12.6. Graduazione delle sanzioni. La gravità delle infrazioni e il rigore delle sanzioni sono graduati in base ai criteri indicati nell'articolo 50 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, in quanto applicabili.

Artículo 2.2.4.2.12.7. Sanzioni. Una volta accertata l'infrazione e garantito il giusto processo, il Ministero della Giustizia e del Diritto può irrogare con risoluzione motivata ai centri o ai programmi locali di giustizia in equità le sanzioni previste dall'articolo 40 della Ley 2220 del 2022.

Artículo 2.2.4.2.12.8. Sospensione o revoca dell'operatività del Centro. In caso di sospensione o revoca dell'operatività di un centro, nell'atto amministrativo sanzionatorio si indica il centro o i centri che continueranno a trattare i procedimenti in corso e che riceveranno i supporti documentali, i quali a loro volta hanno l'obbligo di riceverli. In tali ipotesi sono preferiti i centri degli enti pubblici più vicini al luogo in cui si trova il centro sospeso o revocato. Se la sospensione o la revoca riguarda un centro di ente senza scopo di lucro o di ufficio notarile, questo restituisce alla parte convocante che ha effettuato il pagamento dei servizi e che era in attesa dello svolgimento dell'udienza la totalità della tariffa pagata, secondo quanto stabilito dal rispettivo regolamento, fatte salve le azioni civili, penali o disciplinari che siano del caso.

Artículo 2.2.4.2.12.9. Sospensione o revoca dell'operatività di una sede. Quando sia sospesa l'operatività di una sede di un centro o l'ente promotore chieda la revoca dell'autorizzazione, questo determina quale delle sue sedi continuerà a trattare i procedimenti in corso e riceverà i supporti documentali della sede del centro sospeso.

Artículo 2.2.4.2.12.10. Sospensione o revoca del Programma locale di giustizia in equità. In caso di sospensione di un Programma locale di giustizia in equità, l'ente corrispondente adotta i correttivi pertinenti, per i quali dispone di un termine massimo di sei (6) mesi. In caso di revoca della sua autorizzazione, questo richiede nuovamente la sua creazione. L'ente responsabile del Programma deve conservare durante questo tempo gli archivi e la documentazione corrispondenti. Se il programma sanzionato appartiene al settore privato, la documentazione e i casi attivi passano al Programma locale di giustizia in equità dell'ente territoriale in cui ha svolto la propria attività.

Artículo 2.2.4.2.12.11. Revoca dell'abilitazione a impartire la formazione di Conciliatori stragiudiziali in diritto. In caso di revoca dell'operatività di un ente abilitato, i processi di formazione in corso devono essere completati e deve essere effettuata la rispettiva registrazione dei Conciliatori formati. L'ente abilitato deve restituire i pagamenti dei processi di formazione non ancora iniziati, fatte salve le azioni civili, penali o disciplinari che siano del caso. Le revoche emanate dal Ministero della Giustizia e del Diritto per impartire la Formazione di Conciliatori stragiudiziali in diritto, una volta definitive, sono pubblicate nel Sistema informativo istituito a tal fine.

Artículo 2.2.4.2.12.12. Pubblicazione delle sanzioni. Le sanzioni irrogate dal Ministero della Giustizia e del Diritto a un Centro, una volta definitive, sono pubblicate nel Sistema informativo istituito dal Ministero della Giustizia e del Diritto a tal fine.

Sezione 13 Risoluzione dei conflitti in ambito comunitario Sottosezione 1 Dell'attenzione della conciliazione in equità

Artículo 2.2.4.2.13.1.1. Trattazione dei casi di conciliazione in equità nel quadro dei Programmi locali di giustizia in equità. In conformità al terzo comma dell'articolo 5 e all'articolo 78 della Ley 2220 del 2022, la trattazione dei casi nella conciliazione in equità deve svolgersi nell'ambito del Programma locale di giustizia in equità, nel quale deve essere iscritto il rispettivo Conciliatore. Il suo obiettivo è orientato alla gestione del conflitto, al fine di ricomporre i legami sociali e raggiungere un'eventuale soluzione della controversia presentata, mediante un consenso su ciò che è giusto ed equo. Paragrafo. I territori che dispongono di Conciliatori in equità nominati devono creare il Programma locale di giustizia in equità entro l'anno successivo all'emanazione della presente regolamentazione; nel frattempo i Conciliatori in equità continuano a svolgere la propria attività.

Artículo 2.2.4.2.13.1.2. Quadro di riferimento. La trattazione dei casi di conciliazione in equità nei programmi locali di giustizia in equità deve avere come quadro di riferimento i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, la Ley 2220 del 2022 e le altre norme che regolano l'esercizio della conciliazione. All'avvio del procedimento di conciliazione in equità, il coordinatore del Programma locale di giustizia in equità o il Conciliatore informa le parti sullo scopo, sulla portata e sui principi della Conciliazione in equità, e queste devono a loro volta manifestare la propria accettazione. I Conciliatori in equità possono conoscere le materie stabilite dall'articolo 7 della Ley 2220 del 2022, salvo quelle che, per disposizione di legge, siano assegnate in via esclusiva ad altri operatori della conciliazione o a pubblici funzionari abilitati dalla legge. Paragrafo. Gli accordi sulle obbligazioni alimentari tengono conto di quanto stabilito dall'articolo 2.2.4.2.11.1.17 del presente Decreto.

Artículo 2.2.4.2.13.1.3. Parametri per la trattazione dei casi nel quadro dei Programmi locali di giustizia in equità. I casi di conciliazione in equità sono trattati applicando i principi previsti dagli articoli 4 e 5 della Ley 2220 del 2022 e i seguenti parametri: a. Equità: nell'approccio ai casi si devono considerare le esigenze specifiche delle parti e i criteri di giustizia riconosciuti dalla comunità in cui si opera, senza che sia richiesta un'argomentazione giuridica formale. b. Giusto comunitario: quello che stabilisce che la giustizia in una comunità si fonda sui suoi valori sociali e culturali, a partire dai quali risolve i propri conflitti e promuove la convivenza pacifica. c. Complementarità: quella che stabilisce che la giustizia comunitaria si erge come complemento della giustizia formale, apportando elementi propri per la risoluzione pacifica dei conflitti in una comunità. d. Primato dei diritti fondamentali e irrinunciabili: in tutti i casi si devono proteggere i diritti fondamentali e quelli irrinunciabili. e. Gratuità: i servizi di conciliazione in equità, così come le consulenze, i patrocini o l'attività di chi accompagna le parti, sono gratuiti. f. Volontarietà: l'azione dei Conciliatori in equità è volontaria nella misura in cui, liberamente e responsabilmente, senza ricevere remunerazione di carattere lavorativo, offrono tempo, lavoro e talento per la costruzione di una società che risolve pacificamente i propri conflitti.

Artículo 2.2.4.2.13.1.4. La conciliazione in equità come parte dell'azione volontaria. In attuazione di quanto prescritto dagli articoli 28, 79 e 141 della Ley 2220 del 2022, i Conciliatori in equità possono acquisire la condizione e le prerogative delle Organizzazioni di volontariato (ODV) di cui alla Ley 720 del 2001.

Artículo 2.2.4.2.13.1.5. Della gratuità nella trattazione dei casi di conciliazione in equità nel quadro dei Programmi locali di giustizia in equità. In adempimento dell'articolo 9 della Ley 2220 del 2022, il Programma locale di giustizia in equità vigila affinché nello svolgimento dei processi di conciliazione non siano riscossi onorari o emolumenti dal Conciliatore in equità né da coloro che intendano intervenire nel procedimento con i ruoli di consulente, patrocinatore, gestore, accompagnatore o rappresentante delle parti. Per quanto riguarda le spese originate dal procedimento conciliativo a titolo di rimborso (expensas), in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2.1.2.1 del presente decreto, il Programma locale di giustizia in equità stabilisce le linee guida volte a garantirne il pagamento secondo quanto stabilito nel proprio regolamento.

Artículo 2.2.4.2.13.1.6. Dei sostegni, incentivi e riconoscimenti ai Conciliatori in equità. In conformità a quanto indicato dall'articolo 81 della Ley 2220 del 2022, si stabilisce una strategia per il sostegno, il riconoscimento e il conferimento di incentivi ai Conciliatori in equità, consistente nei seguenti punti:

1. Il Ministero della Giustizia e del Diritto promuove, in coordinamento con gli enti territoriali, la commemorazione della giornata nazionale della conciliazione in equità, l'ultimo sabato del mese di novembre di ogni anno, nella quale si renderà un riconoscimento ai Conciliatori in equità che hanno prestato i loro servizi alla comunità e che sono attivi. Allo stesso modo, il Ministero della Giustizia e del Diritto rende un riconoscimento pubblico agli enti e alle organizzazioni che contribuiscono alla figura.

2. I Conciliatori in equità che dimostrino una permanenza e un'attività minima nel Programma locale di giustizia in equità di un (1) anno, certificata dal Ministero della Giustizia e del Diritto, possono accedere in via prioritaria ai programmi che fanno parte dell'offerta istituzionale del Ministero dell'Edilizia, della Città e del Territorio, secondo la relativa regolamentazione in materia di accesso all'edilizia di interesse sociale, miglioramento e autogestione, purché soddisfino i requisiti stabiliti in ciascuno dei programmi e vi sia disponibilità di bilancio per l'erogazione del beneficio.

3. I Conciliatori in equità che dimostrino una permanenza minima di un (1) anno nel Programma locale di giustizia in equità, certificata da questo, possono accedere insieme al loro nucleo familiare, in via prioritaria, ai benefici offerti dalle istituzioni di istruzione superiore e dalle istituzioni di istruzione per il lavoro e lo sviluppo umano, secondo quanto stabilito nei loro regolamenti e nel quadro dell'autonomia universitaria.

4. I comuni, i dipartimenti, i distretti, gli enti e le organizzazioni possono stabilire incentivi di carattere locale per i Conciliatori in equità, in materia di trasporto, alimentazione, sussidi o qualsiasi altro che contribuisca al miglioramento della qualità della vita di questi volontari. Il Ministero della Giustizia e del Diritto sviluppa le azioni di articolazione che siano del caso per dare attuazione al presente articolo.

Sottosezione 2 Programma nazionale di giustizia in equità

Artículo 2.2.4.2.13.2.1. Responsabile del Programma nazionale di giustizia in equità. Il Programma nazionale di giustizia in equità è guidato dalla Direzione Metodi alternativi di risoluzione dei conflitti del Ministero della Giustizia e del Diritto.

Artículo 2.2.4.2.13.2.2. Del Programma nazionale di giustizia in equità. Il Programma nazionale di giustizia in equità ha le seguenti funzioni:

1. Proporre la progettazione, l'attuazione e il rafforzamento della politica pubblica in materia di conciliazione in equità, convivenza e metodi alternativi di risoluzione dei conflitti fondati sull'equità e sui parametri di giustizia delle comunità che abitano il territorio nazionale. A tal fine, crea una tabella di marcia per l'identificazione, il rafforzamento e l'articolazione delle diverse forme di giustizia in equità e comunitaria a livello nazionale.

2. Promuovere il rafforzamento dell'offerta e dell'accesso alla giustizia nei diversi territori del Paese, soprattutto quelli rientranti nel Decreto numero 893 del 2017, mediante la creazione dei rispettivi Programmi locali di giustizia in equità.

3. Articolarsi con i Programmi locali di giustizia in equità dei rispettivi dipartimenti, distretti e comuni e con i Sistemi locali di giustizia.

4. Emanare linee guida al fine di orientare la corretta trattazione dei casi mediante la conciliazione in equità e altre forme di giustizia comunitaria.

5. Progettare e avviare il processo di accompagnamento e di consulenza tecnica e operativa degli enti e delle organizzazioni interessati ad attuare e rafforzare la conciliazione in equità e altre forme di giustizia comunitaria.

6. Promuovere e gestire con il settore privato e con la cooperazione internazionale alleanze strategiche al fine di rafforzare i temi propri del Programma nazionale di giustizia in equità.

7. Articolare gli enti del settore pubblico e privato per concretizzare gli incentivi ai conciliatori in equità stabiliti nel presente Decreto.

8. Realizzare una relazione annuale sullo sviluppo della conciliazione in equità e delle altre forme di risoluzione dei conflitti in ambito comunitario nel Paese.

9. Le altre funzioni che gli siano assegnate e che corrispondano alla natura e agli obiettivi del Programma.

Artículo 2.2.4.2.13.2.3. Copertura del Programma nazionale di giustizia in equità. Il Programma nazionale di giustizia in equità deve fissare un cronoprogramma con obiettivi quadriennali per l'avvio in tutto il territorio nazionale dei Programmi locali di giustizia in equità, con un termine massimo fino all'anno 2034. Gli enti territoriali, in adempimento dell'articolo 82 della Ley 2220 del 2022, devono rispettare il predetto cronoprogramma. Il Programma nazionale di giustizia in equità accompagna la creazione e l'entrata in funzione dei Programmi locali di giustizia in equità nei dipartimenti, distretti e comuni che non dispongono ancora di conciliatori in equità. La responsabilità dell'attuazione dei predetti Programmi è a carico degli enti territoriali.

Artículo 2.2.4.2.13.2.4. Linee d'azione del Programma nazionale di giustizia in equità. Il Programma nazionale di giustizia in equità si articola in tre (3) linee d'azione, che gli consentono di adempiere alle proprie funzioni:

1. Stabilire linee guida per l'attuazione della conciliazione in equità conformemente ai parametri dati dall'articolo 80 della Ley 2220 del 2022, al fine di garantirne la presenza in tutto il territorio nazionale.

2. Definire strategie per il rafforzamento della conciliazione in equità, nei luoghi che già ne dispongono, mediante la formazione e il monitoraggio dei conciliatori in equità e la creazione e l'articolazione con i Programmi locali di giustizia in equità.

3. Promuovere la creazione, il consolidamento e il rafforzamento delle forme di giustizia comunitaria, mediante l'emanazione di linee guida, lo sviluppo di attività di accompagnamento e di articolazione al fine di promuoverne l'integrazione nei Sistemi locali di giustizia.

Artículo 2.2.4.2.13.2.5. Degli interessati a realizzare processi di attuazione e rafforzamento della Conciliazione in equità. Gli enti territoriali, le diverse organizzazioni senza scopo di lucro, le Istituzioni di istruzione superiore, le comunità o i privati interessati a realizzare processi di attuazione e rafforzamento della conciliazione in equità devono seguire la procedura e i requisiti che a tal fine indichi il Ministero della Giustizia e del Diritto.

Sottosezione 3 Programmi locali di giustizia in equità

Artículo 2.2.4.2.13.3.1. Creazione di Programmi locali di giustizia in equità. In conformità a quanto indicato dagli articoli 78, 140 e 141 della Ley 2220 del 2022, per la creazione dei Programmi locali di giustizia in equità gli enti territoriali devono presentare una proposta che rispetti i parametri, i principi e le direttive stabiliti nel presente decreto, nonché le linee guida emanate dal Ministero della Giustizia e del Diritto; a tal fine, tale proposta deve essere accompagnata dai seguenti documenti: a. Lettura territoriale sulla conciliazione in equità e diagnosi delle conflittualità comunitarie. b. Progetto di atto amministrativo dell'ente territoriale con il quale si creerà il Programma locale di giustizia in equità e se ne determinerà il funzionamento. c. Documento che sostenga l'inclusione del Programma locale di giustizia in equità nella politica pubblica di sicurezza, convivenza e accesso alla giustizia dell'ente territoriale, nel quale si devono tenere in conto i Piani integrali di sicurezza e convivenza cittadina. d. Regolamento interno di funzionamento.

Paragrafo 1°. La creazione dei Programmi locali di giustizia in equità da parte di enti senza scopo di lucro, di Istituzioni di istruzione superiore, di uffici notarili o di organizzazioni non governative può essere articolata con le autorità comunali, dipartimentali e/o distrettuali nelle quali hanno incidenza e in ogni caso richiede l'autorizzazione del Ministero della Giustizia e del Diritto, con atto amministrativo, previo adempimento dei requisiti stabiliti nelle lettere precedenti.

Paragrafo 2°. Nei luoghi in cui esistono Sistemi locali di giustizia si modifica il loro atto amministrativo di creazione, includendo nella loro composizione il Coordinatore del Programma locale di giustizia in equità. Gli enti territoriali possono stabilire come coordinatore del Programma locale di giustizia in equità il coordinatore del Sistema locale di giustizia.

Artículo 2.2.4.2.13.3.2. Funzioni dei Programmi locali di giustizia in equità. I Programmi locali di giustizia in equità hanno le seguenti funzioni: a. Attuare la politica pubblica in materia di conciliazione in equità, convivenza e metodi alternativi di risoluzione dei conflitti fondati sull'equità e sui parametri di giustizia delle comunità che abitano il territorio nazionale. b. Rafforzare l'offerta e l'accesso alla giustizia nel proprio territorio dei metodi alternativi di risoluzione dei conflitti fondati sull'equità e sui parametri di giustizia delle comunità. c. Articolare azioni con le altre istanze e autorità locali le cui funzioni siano relative all'accesso alla giustizia, alla convivenza o alla risoluzione dei conflitti. A tal fine il coordinatore del programma locale di giustizia in equità fa parte, con voce e voto, del Comitato locale di giustizia creato per l'avvio del rispettivo Sistema locale di giustizia. d. Accompagnare e assistere dal punto di vista tecnico e operativo le diverse espressioni di giustizia comunitaria. e. Promuovere, sviluppare e rafforzare la conciliazione in equità e le altre forme di giustizia comunitaria nell'ambito del rispettivo territorio. f. Effettuare la comunicazione di casi, verbali e le informazioni richieste dal Ministero della Giustizia e del Diritto attraverso il Sistema informativo predisposto a tal fine. g. Effettuare la comunicazione di casi, verbali e le informazioni richieste dal Ministero della Giustizia e del Diritto attraverso il Sistema informativo predisposto a tal fine (così nel testo ufficiale: la lettera ripete la precedente). h. Incorporare nei propri piani azioni relative ad altre forme di giustizia in equità o di altri meccanismi alternativi che abbiano come scopo la risoluzione dei conflitti e la convivenza comunitaria. i. Controllare il funzionamento della conciliazione in equità e offrire le condizioni necessarie affinché i conciliatori in equità possano svolgere adeguatamente il proprio lavoro. j. Effettuare il monitoraggio dei Punti di attenzione della conciliazione in equità che fanno parte del Programma. k. Articolare azioni con le organizzazioni della società civile locale, principalmente quelle di carattere civico e comunitario che abbiano candidato i conciliatori in equità a essere nominati con tale investitura. l. Iscrivere i conciliatori in equità che richiedano l'ingresso e che soddisfino quanto previsto a tal fine. Non possono iscrivere conciliatori in equità già iscritti in un altro programma locale di giustizia in equità corrispondente a un ente territoriale diverso. m. Promuovere il riconoscimento dei conciliatori in equità da parte delle comunità che fanno parte del territorio in cui si svolge il Programma. n. Rispettare il proprio regolamento di funzionamento, nel quale si stabiliscono le procedure che i conciliatori in equità seguiranno nella trattazione dei casi per i quali sono stati designati e le regole di condotta relative alla judicatura e alla pratica professionale previste nel Capitolo VIII del Titolo I della Ley 2220 del 2022. o. Creare un Comitato etico nei termini stabiliti dal paragrafo 1 dell'articolo 34 della Ley 2220 del 2022. p. Conservare le copie dei verbali, delle attestazioni e degli altri documenti rilasciati dai conciliatori in equità, secondo la Legge nazionale sugli archivi vigente, o la norma che la sostituisca, modifichi o integri. q. Approvare i luoghi di funzionamento dei Punti di attenzione della conciliazione in equità (PACE), mediante la corrispondente autorizzazione.

Paragrafo 1°. I Programmi locali di giustizia in equità devono avere collaborazione armonica e complementarità tra loro, al fine di conseguire gli scopi indicati dalla legge.

Paragrafo 2°. I Programmi dipartimentali di giustizia in equità devono svolgere le proprie funzioni in modo diretto nelle zone non municipalizzate del Paese.

Artículo 2.2.4.2.13.3.3. Dei Punti di attenzione della conciliazione in equità (PACE). In conformità a quanto disposto dagli articoli 79, 85, 135 e 141 della Ley 2220 del 2022, i conciliatori in equità si organizzano all'interno del programma locale di giustizia in equità mediante Punti di attenzione della conciliazione in equità, che possono essere creati e promossi da essi o dal rispettivo programma locale. I Punti di attenzione della conciliazione in equità possono operare, tra l'altro, in sale comunali, sedi di consigli comunitari, sedi di enti pubblici, case di giustizia e centri di convivenza cittadina o in qualsiasi altro luogo approvato dal Programma locale di giustizia in equità. A tal fine, sia le autorità di livello nazionale, dipartimentale, distrettuale o comunale sia le organizzazioni civiche e comunitarie devono garantire il sostegno e agevolare l'apertura e il funzionamento di tali punti. Il funzionamento di questi punti di attenzione è coordinato e monitorato dal programma locale di giustizia in equità al quale riferiscono la propria gestione. Paragrafo. Nei punti di attenzione della conciliazione in equità che operano nelle case di giustizia, nei centri di convivenza cittadina e nei centri di conciliazione di enti pubblici, il coordinatore del programma locale di giustizia in equità e il coordinatore della rispettiva casa, del centro di convivenza e il direttore del centro di conciliazione definiscono congiuntamente la forma in cui essi funzioneranno».

Artículo 8°. Modificazione del Capitolo 3 del Titolo IV della Parte 2 del Libro 2 del Decreto numero 1069 del 2015: Il Capitolo 3 del Titolo IV della Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 del 2015, Decreto unico regolamentare del settore Giustizia e del Diritto, resta formulato come segue: «CAPITOLO 3 DELLA CONCILIAZIONE IN MATERIA CONTENZIOSO-AMMINISTRATIVA

Sezione 1 Disposizioni generali

Artículo 2.2.4.3.1.1. Uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella conciliazione stragiudiziale in materia contenzioso-amministrativa. In conformità a quanto previsto dall'articolo 99 della Ley 2220 del 2022, la Procura generale della Nazione (Procuraduría General de la Nación) attua i meccanismi elettronici idonei, affidabili, sicuri e sufficienti per la realizzazione delle conciliazioni stragiudiziali in materia contenzioso-amministrativa con mezzi elettronici.

Paragrafo 1°. Le parti possono chiedere che l'udienza si svolga in forma presenziale, nonché presentare istanze o comunicazioni con mezzi fisici, nel qual caso è necessario dimostrare l'impossibilità o la difficoltà di accedere ai corrispondenti mezzi elettronici o ai canali digitali predisposti dalla Procura generale della Nazione, secondo le istruzioni di servizio che siano impartite al riguardo. I procuratori giudiziali possono tenere udienze presenziali, previa giustificazione della loro opportunità e accettazione delle parti.

Paragrafo 2°. Quando siano presentate istanze o comunicazioni con mezzi fisici, la Procura generale della Nazione garantisce la loro digitalizzazione affinché nel procedimento sia privilegiato l'uso di mezzi elettronici o digitali.

Artículo 2.2.4.3.1.2. Comunicazione e notificazione delle decisioni nella conciliazione stragiudiziale in materia contenzioso-amministrativa. Nelle notificazioni o comunicazioni delle decisioni adottate nell'ambito del procedimento di conciliazione stragiudiziale in materia contenzioso-amministrativa si osservano le seguenti regole:

1. Nell'istanza di conciliazione sono indicati gli indirizzi elettronici di notificazione del convocante, dei convocati e dei terzi interessati al procedimento.

2. Nel caso degli enti pubblici di tutti i livelli e di quelli privati che svolgono funzioni amministrative, le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate alla casella di posta elettronica di cui all'articolo 197 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3. Nel caso delle persone giuridiche private o delle persone fisiche commercianti, le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate all'indirizzo elettronico registrato presso la camera di commercio o l'ufficio di registro corrispondente del luogo in cui si trova la sede principale, la succursale o l'agenzia, secondo quanto stabilito dal numero 2 dell'articolo 291 del Código General del Proceso.

4. Nel caso delle persone fisiche, il convocante indica l'indirizzo elettronico per effettuare le corrispondenti comunicazioni o notificazioni. Nel caso in cui si disponga solo di un indirizzo fisico o la persona non autorizzi che le decisioni le siano comunicate o notificate con mezzi elettronici, spetta alla parte convocante inviare le decisioni corrispondenti per posta certificata.

Paragrafo 1°. Nel caso in cui il convocante ignori la posta elettronica, il domicilio, il luogo di abitazione o il luogo di lavoro di uno dei convocati o gli risulti che questi è assente e non se ne conosca il luogo di residenza, lo dichiara sotto la gravità del giuramento e a tal fine si applica nei confronti di tale convocato quanto disposto dall'articolo 67 della Ley 2220 del 2022.

Paragrafo 2°. Nella conciliazione stragiudiziale in materia contenzioso-amministrativa, la notificazione o comunicazione delle decisioni effettuata con mezzi elettronici si intende eseguita quando l'iniziatore dispone dell'avviso di ricevimento o si possa accertare con altro mezzo l'accesso del destinatario al messaggio, di cui si dà atto nel fascicolo.

Paragrafo 3°. Il Ministero Pubblico comunica all'Agenzia nazionale di difesa giuridica dello Stato l'ammissione dell'istanza di convocazione alla conciliazione e invia la relativa ordinanza di ammissione quando in essa sia coinvolto un ente pubblico di livello nazionale, in conformità al Decreto-legge 4085 del 2011 e all'articolo 2.2.3.2.1.3 del presente decreto o alle norme che li integrino, modifichino o sostituiscano.

Sezione 2 Della mediazione in materia contenzioso-amministrativa

Artículo 2.2.4.3.2.1. Mediazione in materia contenzioso-amministrativa. La mediazione in materia contenzioso-amministrativa consiste nel facilitare che gli enti e gli organismi pubblici di livello nazionale o territoriale, in modo volontario, raggiungano un accordo che ponga fine ai conflitti di carattere giudiziale o stragiudiziale, attuali o eventuali, che possano presentarsi tra di essi.

Artículo 2.2.4.3.2.2. Competenza interna e assegnazione. La Procura generale della Nazione e l'Agenzia nazionale di difesa giuridica dello Stato determinano le competenze interne per l'assegnazione e la gestione delle istanze di mediazione presentate a ciascuna di esse.

Artículo 2.2.4.3.2.3. Autorizzazione e ammissibilità della mediazione in materia contenzioso-amministrativa. Prima dell'avvio del procedimento di mediazione, fermo restando chi abbia l'iniziativa di ricorrere a questa procedura, gli enti dimostrano l'autorizzazione dei rispettivi comitati di conciliazione a sottoporre il conflitto alla mediazione dell'ente competente, sia esso la Procura generale della Nazione o l'Agenzia nazionale di difesa giuridica dello Stato, secondo i casi. Allo stesso modo, i comitati di conciliazione degli enti designano i negoziatori dinanzi alla Procura generale della Nazione o all'Agenzia nazionale di difesa giuridica dello Stato, che hanno la facoltà di adottare decisioni. La mediazione dinanzi alla Procura generale della Nazione o all'Agenzia nazionale di difesa giuridica dello Stato può iniziare in uno qualsiasi dei seguenti casi:

1. Su richiesta congiunta degli enti o organismi di carattere pubblico in conflitto.

2. Su richiesta di uno degli enti o organismi pubblici in conflitto. Paragrafo. La mediazione non sospende alcun termine di prescrizione o di decadenza e il suo esperimento non può essere pattuito come condizione di procedibilità per rivolgersi al giudice o al funzionario competente a dirimere il conflitto.

Artículo 2.2.4.3.2.4. Regole di base. La Procura generale della Nazione e l'Agenzia nazionale di difesa giuridica dello Stato, rispettivamente, stabiliscono le regole di base per svolgere la mediazione, nelle quali si garantisce la riservatezza delle discussioni e delle proposte, nonché la rapidità del suo svolgimento.

Artículo 2.2.4.3.2.5. Conclusione della mediazione in materia contenzioso-amministrativa. La mediazione in materia contenzioso-amministrativa termina per volontà di entrambe le parti o quando le stesse raggiungono un accordo consensuale sulle loro divergenze. Può inoltre terminare quando il funzionario assegnato, con motivazione, ritenga poco probabile che il prolungamento della mediazione consenta di risolvere la controversia e ciò sia approvato dagli enti in conflitto, attraverso i negoziatori designati dal comitato di conciliazione.

Sezione 3 Della partecipazione all'udienza di conciliazione in materia contenzioso-amministrativa

Artículo 2.2.4.3.3.1. Svolgimento dell'udienza di conciliazione. Nello svolgimento dell'udienza di conciliazione stragiudiziale, l'agente del Ministero Pubblico, per gli effetti previsti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 108 della Ley 2220 del 2022, sospende l'udienza e fissa una nuova data, fermo restando il termine massimo previsto per concludere il procedimento. In conformità a quanto previsto dal numero 8 dell'articolo 108 della Ley 2220 del 2022, se l'agente del Ministero Pubblico non è d'accordo con la formula conciliativa concordata dagli interessati, perché la ritiene lesiva del patrimonio pubblico, contraria all'ordinamento giuridico o perché non esistono prove su cui fondarla, può sospendere l'udienza in conformità a quanto disposto dall'articolo 111 della predetta Legge.

Artículo 2.2.4.3.3.2. Riconsiderazione della decisione. Nei casi in cui l'Agente del Ministero Pubblico chieda al Comitato di conciliazione di riconsiderare la decisione di conciliare o di non conciliare, lo invita a rivedere la propria decisione entro un termine non superiore a cinque (5) giorni. In conformità a quanto stabilito dal paragrafo dell'articolo 303 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo e dal numero 8 dell'articolo 98 della Ley 2220 del 2022, l'agente del Ministero Pubblico fa espressa menzione nel verbale dell'udienza delle ragioni che motivano la richiesta di riconsiderazione e il comitato di conciliazione si pronuncia nella propria decisione su ciascuna di esse. Nei casi in cui sia richiesta la riconsiderazione della decisione e la materia rientri tra quelle relative alle ipotesi previste dai Decreti numero 4085 del 2011 e dall'articolo 2.2.3.2.1.2 del presente Decreto, il comitato di conciliazione invita l'Agenzia nazionale di difesa giuridica dello Stato alla seduta convocata per esaminare la materia; tuttavia la sua partecipazione non è obbligatoria.

Sezione 4 Dei Comitati di conciliazione

Artículo 2.2.4.3.4.1. Composizione. I Comitati di conciliazione sono composti secondo quanto disposto dall'articolo 118 della Ley número 2220 del 2022 e tengono conto di quanto segue:

1. Nei casi in cui esistano più ordinatori di spesa, il comitato deve essere composto con quello che abbia a proprio carico il capitolo di pagamento di sentenze e conciliazioni direttamente collegato all'oggetto del conflitto.

2. In conformità al paragrafo 1° dell'articolo 120 della Ley 2220 del 2022, negli enti pubblici la cui struttura organica non consenta di comporre il comitato di conciliazione conformemente alle previsioni legali, il rappresentante legale dell'ente assume gli obblighi stabiliti per questa istanza amministrativa.

3. Secondo quanto indicato dal numero iii dell'articolo 3 e dal numero 3, lettera xii) dell'articolo 6 del Decreto-legge 4085 del 2011, quando l'Agenzia nazionale di difesa giuridica dello Stato interviene in un processo giudiziale in cui si deciderà l'ammissibilità di qualsiasi meccanismo alternativo di risoluzione dei conflitti, i comitati di conciliazione inviano l'invito affinché l'Agenzia decida la propria partecipazione con diritto di voce e di voto.

4. Nelle materie sottoposte a conciliazione che non siano state oggetto di un procedimento di vigilanza o di controllo fiscale, il comitato di conciliazione può invitare l'autorità fiscale corrispondente per ascoltarne le opinioni in relazione a eventuali formule di accordo, senza che queste abbiano carattere vincolante per il comitato di conciliazione né per le attività di vigilanza e controllo fiscale in corso o che possano essere avviate prima che sia emessa la decisione giudiziale.

5. Quando i comitati ritengano opportuna la partecipazione dell'Agenzia alle proprie sedute, i segretari tecnici dei comitati devono inviare l'invito con il dovuto anticipo insieme agli antecedenti dei casi da esaminare e alla scheda tecnica. L'Agenzia stabilisce le direttive sulle convocazioni e sulla partecipazione.

Artículo 2.2.4.3.4.2. Funzioni. Fermo restando le funzioni stabilite dall'articolo 120 della Ley 2220 del 2022, il comitato di conciliazione si occupa di:

1. Stabilire i criteri di selezione degli avvocati che rappresenteranno gli interessi del rispettivo ente, secondo quanto disposto dall'articolo 2.2.3.4.5.3 del presente Decreto.

2. Valutare e dare approvazione alla formulazione dell'offerta di revoca diretta di atti amministrativi oggetto di discussione in un processo giudiziale, secondo quanto stabilito dal paragrafo dell'articolo 95 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Per svolgere tale procedura, si pone a fondamento della decisione l'analisi e la raccomandazione svolta dal procuratore designato dall'Ente rispetto agli atti amministrativi oggetto di discussione per questa via.

3. Approvare le relazioni presentate dalla Segreteria tecnica e disporne la pubblicazione sulla pagina web del rispettivo ente o organismo di diritto pubblico, entro i tre (3) giorni successivi a tale approvazione. Paragrafo. Quanto prescritto dal numero 3 dell'articolo 120 della Ley 2220 del 2022 si realizza con un approccio di gestione per risultati.

Artículo 2.2.4.3.4.3. Linee guida dell'Agenzia nazionale di difesa giuridica dello Stato. I comitati di conciliazione degli enti pubblici incorporano, nelle politiche di prevenzione del danno antigiuridico e in quelle che orientano la difesa degli interessi dell'ente, le Linee guida che l'Agenzia nazionale di difesa giuridica dello Stato emana in materia. Le linee guida sull'ammissibilità della conciliazione, nonché della chiamata in garanzia a fini di regresso nei processi contro gli Enti pubblici di livello nazionale, relativi a controversie contrattuali, risarcimento diretto, annullamento e ripristino del diritto, si basano sullo studio metodologico progettato dall'Agenzia nazionale di difesa giuridica dello Stato, incorporato nel Sistema unico di gestione e informazione contenziosa. Inoltre si valuta la qualificazione del rischio effettuata dal procuratore e/o dall'avvocato incaricato del caso o del processo giudiziale o arbitrale secondo le metodologie progettate a tal fine. Paragrafo. Gli enti pubblici di livello territoriale possono adottare come riferimento di buone pratiche le linee guida, le metodologie e gli strumenti progettati dall'Agenzia nazionale di difesa giuridica dello Stato in materia di gestione del Ciclo di difesa giuridica.

Artículo 2.2.4.3.4.4. Procedimenti di regresso. Nei procedimenti di regresso, l'ente pubblico o organismo di diritto pubblico, per mezzo del comitato di conciliazione, determina le formule di accordo e i termini per il pagamento del capitale, nel quadro di quanto stabilito dall'articolo 12 della Ley 678 del 2001, modificato dalla Ley 2195 del 2022.

Artículo 2.2.4.3.4.5. Chiamata in garanzia a fini di regresso. In occasione della chiamata in garanzia a fini di regresso, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 126 della Ley 2220 del 2022, il procuratore designato presenta la relazione sulla sua ammissibilità entro i quindici (15) giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza di ammissione della domanda giudiziale in cui si reclami una responsabilità patrimoniale dell'ente pubblico. Paragrafo. Ai fini di tale studio, il procuratore individua il dipendente, l'ex dipendente pubblico o il privato nell'esercizio di funzioni pubbliche come colui che ha posto in essere l'azione o l'omissione causa del danno rispetto al quale si reclama la responsabilità dello Stato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Ley 678 del 2001.

Artículo 2.2.4.3.4.6. Indicatore di gestione. La prevenzione del danno antigiuridico è considerata un indicatore di gestione e su di esso si basano le assegnazioni di responsabilità all'interno di ciascun ente. In ciascun ente pubblico il (la) funzionario(a) di cui all'articolo 10 della Ley 87 del 1993 o alla norma che la modifichi, sostituisca o integri è il responsabile del monitoraggio, del controllo e della valutazione di tale indicatore. Ciascun ente pubblico deve presentare all'Agenzia nazionale di difesa giuridica dello Stato una relazione sul risultato del monitoraggio e della valutazione dell'indicatore di gestione di cui all'articolo 122 della Ley 2220 del 2022, nei termini che tale Agenzia stabilisca mediante Circolare. Paragrafo. In ogni caso la gestione del comitato di conciliazione deve essere valutata secondo un modello di gestione per risultati composto da indicatori di gestione, di risultato e di impatto. A tal fine la prevenzione del danno antigiuridico è considerata un sub-indice del modello.

Artículo 2.2.4.3.4.7. Sistema di precedenza di turno e condizioni per il pagamento degli accordi conciliativi. In conformità a quanto sancito dall'articolo 143 della Ley 2220 del 2022, il sistema di turni preferenziali per il pagamento degli accordi conciliativi approvati dalla giurisdizione contenzioso-amministrativa è strutturato da ciascun Ente statale nel modo seguente:

1. Il pagamento è effettuato alle condizioni stabilite dagli articoli 192 e 195 della Ley 1437 del 2011 e da quanto indicato al riguardo nel Decreto numero 642 del 2020.

2. Con atto amministrativo gli Enti statali specificano gli importi e i beneficiari finali degli accordi conciliativi. A tal fine possono raccogliere in una stessa risoluzione più accordi conciliativi.

3. Si dà priorità ai pagamenti relativi a vittime del conflitto o a soggetti di speciale protezione costituzionale.

4. Gli accordi conciliativi hanno precedenza di turno sul pagamento di sentenze o provvedimenti che stabiliscano obbligazioni a carico degli enti statali».

Artículo 14. Entrata in vigore e abrogazioni. Il presente Decreto entra in vigore dalla sua pubblicazione, aggiunge l'articolo 2.1.2.1, modifica gli articoli 2.2.4.1.2, 2.2.4.1.3, 2.2.4.1.4 e 2.2.4.1.6, nonché i Capitoli 2 e 3 del Titolo IV della Parte 2 del Libro 2 e gli articoli 2.2.3.7.1, 2.2.3.7.2, 2.2.3.7.3, 2.2.3.7.4 e 2.2.3.7.6 del Decreto numero 1069 del 2015, Decreto unico regolamentare del settore Giustizia e del Diritto.