Testi in vigore: Cile

Título V: De la mediación familiar (Ley N° 19.968)

Artículo 103.- Mediación. Para los efectos de esta ley, se entiende por mediación aquel sistema de resolución de conflictos en el que un tercero imparcial, sin poder decisorio, llamado mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos, mediante acuerdos.

La mediación, con acuerdo de las partes, se podrá realizar vía remota mediante videoconferencia según lo dispuesto en el artículo 109 bis, si el mediador contare con los medios tecnológicos para ello. Ambas partes podrán comparecer remotamente, o bien, una de ellas podrá hacerlo de manera remota y la otra en las dependencias del mediador o del Centro de Mediación, si así lo convinieren.

Artículo 104.- Avenimientos obtenidos fuera de un procedimiento de mediación. Sin perjuicio de lo dispuesto en este Título, las partes podrán designar de común acuerdo una persona que ejerza entre ellas sus buenos oficios para alcanzar avenimientos en las materias en que sea procedente de acuerdo a la ley.

Artículo 105.- Principios de la mediación. Durante todo el proceso de mediación, el mediador deberá velar por que se cumplan los siguientes principios en los términos que a continuación se señalan:

a) Igualdad: en virtud del cual el mediador se cerciorará de que los participantes se encuentren en igualdad de condiciones para adoptar acuerdos. Si no fuese así, propondrá o adoptará, en su caso, las medidas necesarias para que se obtenga ese equilibrio. De no ser ello posible, declarará terminada la mediación.

b) Voluntariedad: por el que los participantes podrán retirarse de la mediación en cualquier momento. Si en la primera sesión, o en cualquier otro momento durante el procedimiento, alguno de los participantes manifiesta su intención de no seguir adelante con la mediación, ésta se tendrá por terminada.

c) Confidencialidad: por el cual el mediador deberá guardar reserva de todo lo escuchado o visto durante el proceso de mediación y estará amparado por el secreto profesional. La violación de dicha reserva será sancionada con la pena prevista en el artículo 247 del Código Penal.

Nada de lo dicho por cualquiera de los participantes durante el desarrollo de la mediación podrá invocarse en el subsiguiente procedimiento judicial, en caso de haberlo.

Con todo, el mediador quedará exento del deber de confidencialidad en aquellos casos en que tome conocimiento de la existencia de situaciones de maltrato o abuso en contra de niños, niñas, adolescentes o discapacitados. En todo caso, deberá dar a conocer previamente a las partes el sentido de esta exención.

d) Imparcialidad: lo que implica que los mediadores serán imparciales en relación con los participantes, debiendo abstenerse de promover actuaciones que comprometan dicha condición. Si tal imparcialidad se viere afectada por cualquier causa, deberán rechazar el caso, justificándose ante el juzgado que corresponda.

Los involucrados podrán también solicitar al juzgado la designación de un nuevo mediador, cuando justifiquen que la imparcialidad del inicialmente designado se encuentra comprometida.

e) Interés superior del niño: por el cual, en el curso de la mediación, el mediador velará siempre para que se tome en consideración el interés superior del niño, niña o adolescente, en su caso, pudiendo citarlos sólo si su presencia es estrictamente indispensable para el desarrollo de la mediación.

f) Opiniones de terceros: en virtud del cual, el mediador velará para que se consideren las opiniones de los terceros que no hubieren sido citados a la audiencia, a quienes también podrá citar.

Artículo 106.- Mediación previa, voluntaria y prohibida. Las causas relativas al derecho de alimentos, cuidado personal y al derecho de los padres e hijos e hijas que vivan separados a mantener una relación directa y regular, aun cuando se deban tratar en el marco de una acción de divorcio o separación judicial, deberán someterse a un procedimiento de mediación previo a la interposición de la demanda, el que se regirá por las normas de esta ley y su reglamento.

Lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará a los casos del artículo 54 de la ley N° 19.947.

Las partes quedarán exentas del cumplimiento de este requisito, si acreditaren que antes del inicio de la causa, sometieron el mismo conflicto a mediación ante mediadores inscritos en el registro a que se refiere el artículo 112 o si hubieren alcanzado un acuerdo privado sobre estas materias.

Las restantes materias de competencia de los juzgados de familia, exceptuadas las señaladas en el inciso siguiente, podrán ser sometidas a mediación si así lo acuerdan o lo aceptan las partes.

No se someterán a mediación los asuntos relativos al estado civil de las personas, salvo en los casos contemplados por la Ley de Matrimonio Civil; la declaración de interdicción; las causas sobre maltrato de niños, niñas o adolescentes, y los procedimientos regulados en la ley N° 19.620, sobre adopción.

En los asuntos a que dé lugar la aplicación de la ley N° 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, la mediación procederá en los términos y condiciones establecidos en los artículos 96 y 97 de esta ley.

Artículo 107.- Derivación a mediación y designación del mediador. Cuando se trate de algunas de las materias que de acuerdo al artículo 106 son de mediación previa, las partes, de común acuerdo, comunicarán al tribunal el nombre del mediador que elijan de entre los mediadores contratados en conformidad a lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 114, mediante una presentación que contenga la individualización de los involucrados y la mención de la o las materias incluidas. A falta de acuerdo en la persona del mediador o si las partes manifiestan su decisión de dejar entregada la designación a la resolución del juez, éste procederá a nombrar al mediador mediante un procedimiento objetivo y general, que garantice una distribución equitativa entre los contratados para prestar servicios en ese territorio jurisdiccional y un adecuado acceso a los solicitantes. En todo caso, siempre se hará presente al requirente la posibilidad de recurrir, a su costa, a un mediador de los inscritos en el registro señalado en el artículo 112. Estas actuaciones podrán llevarse a cabo ante cualquier tribunal de familia y para ellas no se requiere patrocinio de abogado.

Si la acción judicial versa sobre alguna de las materias de mediación voluntaria, el juez ordenará que, al presentarse la demanda, un funcionario especialmente calificado instruya al actor sobre la alternativa de concurrir a ella, quien podrá aceptarla o rechazarla. Del mismo modo, ambas partes podrán solicitar la mediación o aceptar la que les propone el juez, durante el curso de la causa, hasta el quinto día anterior a la audiencia del juicio y podrán, en este caso, designar al mediador de común acuerdo. Si no se alcanzare acuerdo, el juez procederá a designarlo, de inmediato, de entre quienes figuren en el Registro de Mediadores, mediante un procedimiento que garantice una distribución equitativa de trabajo entre los registrados.

La designación efectuada por el tribunal no será susceptible de recurso alguno. Con todo, deberá revocarse y procederse a una nueva designación si el mediador fuere curador o pariente, por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y hasta el cuarto grado en la línea colateral, de cualquiera de las partes, o hubiere prestado servicios profesionales a cualquiera de ellas con anterioridad, a menos que los hubiese prestado a ambas en calidad de mediador.

La solicitud a que se refiere la letra d) del artículo 105, así como la revocación y nueva designación a que se refiere el inciso anterior, serán tramitadas en audiencia especial citada al efecto por el tribunal competente.

Una vez realizadas las actuaciones a que se refieren los artículos precedentes, se comunicará al mediador su designación por la vía más expedita posible. Dicha comunicación incluirá, además, la individualización de las partes y las materias sobre las que versa el conflicto.

Artículo 108.- Citación a la sesión inicial de mediación. El mediador designado fijará una sesión inicial de mediación. A ésta citará, conjunta o separadamente, a los adultos involucrados en el conflicto, quienes deberán concurrir personalmente o vía remota por videoconferencia, según corresponda, sin perjuicio de la comparecencia de sus abogados.

La primera sesión comenzará con la información a los participantes acerca de la naturaleza y objetivos de la mediación, los principios que la informan y el valor jurídico de los acuerdos a que puedan llegar.

Artículo 109.- Reglas especiales sobre la mediación en causas relativas al derecho de alimentos. Tratándose de casos que versen, en todo o parte, sobre el derecho de alimentos, el mediador, en la primera sesión, deberá informar al alimentario de su derecho de recurrir en cualquier momento al tribunal para la fijación de alimentos provisorios, de acuerdo al artículo 54-2. De esta actuación deberá dejarse constancia escrita firmada por el mediador y las partes. Sin perjuicio de lo cual, las partes podrán adoptar directamente un acuerdo sobre la materia.

Si el requerido, citado por una sola vez, no acude a la primera sesión de mediación y no justifica su ausencia, el requirente quedará habilitado para iniciar el procedimiento judicial.

Artículo 109 bis.- Mediación por vía remota mediante videoconferencia. La mediación que se efectuare por vía remota mediante videoconferencia se realizará de conformidad a lo dispuesto en este artículo y a las demás normas del Título V que no resulten contradictorias.

El mediador dispondrá de un medio de contacto que asegure la adecuada comunicación con las partes y que permita la oportuna y efectiva entrega y recepción de la información necesaria para la conducción del proceso de mediación remota.

En la víspera de la sesión de mediación, las partes proporcionarán al mediador algún medio de contacto oportuno, tales como número de teléfono o correo electrónico, para efectos de intercambiar información y para la coordinación de las sesiones que pudieran tener lugar; y deberán remitir por escrito al mediador el acuerdo para la realización de la mediación vía remota. Las partes que concurran vía remota deberán previamente remitirle al mediador copia de su cédula de identidad al medio de contacto que aquel les hubiere indicado.

Al inicio de la sesión, el mediador deberá verificar la identidad de las partes y solicitar que éstas ratifiquen su voluntad de llevar adelante el proceso de mediación remota por videoconferencia. A su vez, el mediador deberá constatar, sea mediante preguntas o la exhibición del entorno, que las partes que concurren vía remota se encuentran en un lugar adecuado para participar de la sesión de mediación que cumpla con las condiciones de idoneidad y privacidad suficientes, así como también, que no se encuentran presentes terceras personas ajenas al proceso.

El mediador deberá prestar especial atención a que el intercambio de información entre las partes se realice de manera fluida y clara sin ningún tipo de coacción externa. El mediador estará siempre facultado para poner término o suspender un proceso de mediación seguido por vía remota si observare que el mismo no se pudiere realizar en conformidad a los principios de la mediación.

Si hubiere mal funcionamiento de los medios tecnológicos, el mediador dispondrá la suspensión de la sesión y fijará un nuevo día y hora para su continuación en la fecha más próxima posible. Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 111.

Las sesiones de mediación no podrán ser grabadas, captadas, interceptadas, divulgadas ni reproducidas por las partes, el mediador ni por terceras personas, por ningún medio material, digital o de comunicación masiva. Tampoco se podrán fotografiar imágenes o documentos de la sesión. La infracción a lo dispuesto en este artículo será sancionada de acuerdo a las penas establecidas en el artículo 161-A del Código Penal.

Artículo 110.- Duración de la mediación. El proceso de mediación no podrá durar más de sesenta días, contados desde que se comunica al mediador su designación por parte del juzgado de familia.

Con todo, los participantes, de común acuerdo, podrán solicitar la ampliación de este plazo hasta por sesenta días más.

Durante ese plazo, podrán celebrarse todas las sesiones que el mediador y las partes estimen necesarias, en las fechas que de común acuerdo se determinen. Podrá citarse a los participantes por separado.

Artículo 111.- Acta de mediación. En caso de llegar a acuerdo sobre todos o algunos de los puntos sometidos a mediación, se dejará constancia de ello en un acta de mediación, la que, luego de ser leída por los participantes, será firmada por ellos y por el mediador, quedando una copia en poder de cada una de las partes. En caso que la mediación se verificare vía remota por videoconferencia, el acta podrá ser firmada mediante firma electrónica simple o avanzada.

El acta deberá ser remitida por el mediador al tribunal para su aprobación en todo aquello que no fuere contrario a derecho, pudiendo el juez en todo caso, subsanar los defectos formales que tuviera, respetando en todo momento la voluntad de las partes expresada en dicha acta. Aprobada por el juez, tendrá valor de sentencia ejecutoriada.

Si la mediación se frustrare, también se levantará un acta en la que se dejará constancia del término de la mediación, sin agregar otros antecedentes. En lo posible, dicha acta será firmada por los participantes, se entregará copia de la misma a aquella parte que la solicite y se remitirá al tribunal correspondiente, con lo cual terminará la suspensión del procedimiento judicial o, en su caso, el demandante quedará habilitado para iniciarlo.

Se entenderá que la mediación se frustra si alguno de los participantes, citado por dos veces, no concurriere a la sesión inicial, ni justificare causa; si, habiendo concurrido a las sesiones, manifiesta su voluntad de no perseverar en la mediación, y, en general, en cualquier momento en que el mediador adquiera la convicción de que no se alcanzará acuerdos.

Artículo 112.- Registro de mediadores. La mediación que regula el presente Título sólo podrá ser conducida por las personas inscritas en el Registro de Mediadores que mantendrá, permanentemente actualizado, el Ministerio de Justicia a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, con las formalidades establecidas en el reglamento.

En dicho Registro, deberá individualizarse a todos los mediadores inscritos y consignarse el ámbito territorial en que prestarán servicios. Éste deberá corresponder, a lo más, al territorio jurisdiccional de una Corte de Apelaciones o de varias, siempre que se encuentren en una misma región y a lo menos, a todo el territorio jurisdiccional de un tribunal de primera instancia con competencia en asuntos de familia. Además, si corresponde, se señalará su pertenencia a una institución o persona jurídica.

El mediador podrá llevar adelante el proceso de mediación siempre que se encuentre adscrito, en virtud de lo señalado en el inciso anterior, al territorio jurisdiccional del tribunal competente para conocer del conflicto.

El Ministerio de Justicia proporcionará a las Cortes de Apelaciones la nómina de los mediadores habilitados en su respectivo territorio jurisdiccional. Asimismo, deberá mantener en su página web dicha nómina, la cual deberá ordenar a los mediadores por comunas y contener los datos básicos de cada uno de ellos.

Para inscribirse en el Registro de Mediadores se requiere poseer título profesional de una carrera que tenga al menos ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste; acreditar formación especializada en mediación y en materias de familia o infancia, impartida por alguna universidad o instituto que desarrolle docencia, capacitación o investigación en dichas materias, y no haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, por alguno de los delitos contemplados en los artículos 361 a 375 del Código Penal, ni por actos constitutivos de violencia intrafamiliar.

Además, deberá disponer de un lugar adecuado para desarrollar la mediación en cualquier comuna donde tenga jurisdicción el juzgado ante el cual se acuerde la respectiva mediación.

Artículo 113.- Eliminación del Registro y sanciones. Los mediadores inscritos serán eliminados del Registro, por el Ministerio de Justicia, en caso de fallecimiento o renuncia. Asimismo, serán eliminados del Registro en caso de pérdida de los requisitos exigidos para la inscripción o por la cancelación de la misma, decretadas por la Corte de Apelaciones competente.

En caso de incumplimiento de sus obligaciones o abuso en el desempeño de sus funciones, el mediador inscrito podrá ser amonestado o suspendido en el ejercicio de la actividad por un período no superior a los seis meses. Asimismo, en casos graves, podrá decretarse la cancelación de la inscripción. Impuesta esta última, no podrá volver a solicitarse la inscripción.

Las sanciones serán ordenadas por cualquiera de las Cortes de Apelaciones dentro de cuyo territorio ejerciere funciones el mediador, a petición del interesado que reclamare contra los servicios prestados, de la institución o persona jurídica a que pertenezca el mediador, de cualquier juez con competencia en materias de familia del territorio jurisdiccional de la Corte, o de la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Justicia.

La Corte resolverá con audiencia de los interesados y la agregación de los medios de prueba que estimare conducentes para formar su convicción.

Las medidas que en ejercicio de estas facultades adoptaren las Cortes de Apelaciones, serán apelables, sin perjuicio del derecho del mediador para pedir reposición. La tramitación del recurso se sujetará a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 551 del Código Orgánico de Tribunales.

La resolución será comunicada a la correspondiente Secretaría Regional Ministerial de Justicia para su cumplimiento, el que se hará extensivo a todo el territorio de la República.

Impuesta la cancelación, el mediador quedará inhabilitado para actuar, debiendo proveerse una nueva designación respecto de los asuntos que tuviere pendientes. Por su parte, impuesta una suspensión, el mediador deberá continuar, hasta su término, con aquellos asuntos que se le hubieren encomendado en forma previa.

En caso de pérdida de los requisitos, la Corte de Apelaciones respectiva seguirá el mismo procedimiento señalado en los incisos precedentes.

Artículo 114.- Costo de la mediación. Los servicios de mediación respecto de las materias a que se refiere el inciso primero del artículo 106 serán gratuitos para las partes. Excepcionalmente, podrá cobrarse por el servicio, total o parcialmente, cuando se preste a usuarios que dispongan de recursos para financiarlo privadamente. Para estos efectos se considerará, al menos, su nivel de ingresos, capacidad de pago y el número de personas del grupo familiar que de ellos dependan, en conformidad con lo que señale el reglamento.

Para las restantes materias, los servicios de mediación serán de costo de las partes y tendrán como valores máximos los que contemple el arancel que anualmente se determinará mediante decreto del Ministerio de Justicia. Con todo, quienes cuenten con privilegio de pobreza o sean patrocinados por las corporaciones de asistencia judicial o alguna de las entidades públicas o privadas destinadas a prestar asistencia jurídica gratuita, tendrán derecho a recibir el servicio gratuitamente.

Para proveer los servicios de mediación sin costo para las partes, el Ministerio de Justicia velará por la existencia de una adecuada oferta de mediadores en las diversas jurisdicciones de los tribunales con competencia en asuntos de familia, contratando al efecto los servicios de personas jurídicas o naturales, a fin de que sean ejecutados por quienes se encuentren inscritos en el Registro de Mediadores.

Las contrataciones a que se refiere el inciso precedente, se harán a nivel regional, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento. En todo caso, de contratarse mediadores mediante trato directo, los términos del mismo deberán ajustarse a iguales condiciones que las establecidas para la contratación de mediadores licitados, en lo que sea pertinente.

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AVVISO IMPORTANTE: la presente è una TRADUZIONE NON UFFICIALE del Título V della legge cilena Ley N° 19.968, realizzata a solo scopo informativo. Non è stata certificata da alcuna autorità e non ha valore legale né carattere vincolante. Per qualsiasi uso legale, ufficiale o professionale, fare esclusivo riferimento al testo originale in lingua spagnola pubblicato dalla Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, disponibile su www.bcn.cl/leychile.

Título V: Della mediazione familiare (Ley N° 19.968)

Articolo 103 — Mediazione. Ai fini della presente legge, si intende per mediazione quel sistema di risoluzione dei conflitti in cui un terzo imparziale, privo di potere decisionale, denominato mediatore, aiuta le parti a ricercare da sé una soluzione al conflitto e ai suoi effetti, mediante accordi.

La mediazione, con l'accordo delle parti, potrà essere svolta a distanza mediante videoconferenza secondo quanto disposto dall'articolo 109 bis, qualora il mediatore disponga dei mezzi tecnologici necessari. Entrambe le parti potranno comparire a distanza, oppure una di esse potrà farlo a distanza e l'altra presso la sede del mediatore o del Centro di Mediazione, qualora così convengano.

Articolo 104 — Conciliazioni ottenute al di fuori di un procedimento di mediazione. Fermo restando quanto disposto nel presente Titolo, le parti potranno designare di comune accordo una persona che eserciti tra loro i propri buoni uffici al fine di raggiungere conciliazioni nelle materie in cui ciò sia ammesso ai sensi di legge.

Articolo 105 — Principi della mediazione. Durante l'intero processo di mediazione, il mediatore dovrà vigilare affinché siano rispettati i seguenti principi, nei termini di seguito indicati:

a) Uguaglianza: in virtù del quale il mediatore si accerterà che i partecipanti si trovino in condizioni di parità per adottare accordi. Qualora ciò non fosse così, proporrà o adotterà, a seconda dei casi, le misure necessarie per ottenere tale equilibrio. Qualora ciò non fosse possibile, dichiarerà conclusa la mediazione.

b) Volontarietà: in base al quale i partecipanti potranno ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento. Se nella prima sessione, o in qualsiasi altro momento nel corso del procedimento, uno dei partecipanti manifesta l'intenzione di non proseguire con la mediazione, questa si considererà conclusa.

c) Riservatezza: in base al quale il mediatore dovrà mantenere il riserbo su tutto ciò che ha ascoltato o visto durante il processo di mediazione e sarà tutelato dal segreto professionale. La violazione di tale riserbo sarà sanzionata con la pena prevista dall'articolo 247 del Codice Penale.

Nulla di quanto detto da uno qualsiasi dei partecipanti nel corso della mediazione potrà essere invocato nel successivo procedimento giudiziario, ove ve ne sia uno.

Con tutto ciò, il mediatore sarà esonerato dal dovere di riservatezza nei casi in cui venga a conoscenza dell'esistenza di situazioni di maltrattamento o abuso nei confronti di bambini, bambine, adolescenti o persone con disabilità. In ogni caso, dovrà rendere previamente noto alle parti il significato di tale esenzione.

d) Imparzialità: il che implica che i mediatori saranno imparziali nei confronti dei partecipanti, dovendo astenersi dal promuovere condotte che compromettano tale condizione. Se tale imparzialità risultasse compromessa per qualsiasi causa, dovranno rifiutare il caso, motivando la decisione dinanzi al tribunale competente.

Gli interessati potranno altresì chiedere al tribunale la designazione di un nuovo mediatore, qualora dimostrino che l'imparzialità di quello inizialmente designato risulti compromessa.

e) Interesse superiore del minore: in base al quale, nel corso della mediazione, il mediatore vigilerà sempre affinché si tenga in considerazione l'interesse superiore del bambino, della bambina o dell'adolescente, potendo convocarli solo se la loro presenza è strettamente indispensabile per lo svolgimento della mediazione.

f) Opinioni di terzi: in virtù del quale il mediatore vigilerà affinché si considerino le opinioni dei terzi che non fossero stati convocati all'udienza, i quali potrà anch'egli convocare.

Articolo 106 — Mediazione previa, volontaria e vietata. Le cause relative al diritto agli alimenti, all'affidamento personale e al diritto dei genitori e dei figli e delle figlie che vivano separati di mantenere una relazione diretta e regolare, anche quando debbano essere trattate nell'ambito di un'azione di divorzio o di separazione giudiziale, dovranno essere sottoposte a un procedimento di mediazione preliminare alla proposizione della domanda, il quale sarà disciplinato dalle norme della presente legge e del suo regolamento.

Quanto disposto al comma precedente non si applica ai casi di cui all'articolo 54 della legge n. 19.947.

Le parti saranno esonerate dall'adempimento di tale requisito, qualora dimostrino che, prima dell'inizio della causa, hanno sottoposto lo stesso conflitto a mediazione dinanzi a mediatori iscritti nel registro di cui all'articolo 112, oppure qualora abbiano raggiunto un accordo privato su tali materie.

Le restanti materie di competenza dei tribunali di famiglia, eccettuate quelle indicate al comma seguente, potranno essere sottoposte a mediazione qualora le parti lo concordino o lo accettino.

Non saranno sottoposte a mediazione le questioni relative allo stato civile delle persone, salvo nei casi previsti dalla Legge sul Matrimonio Civile; la dichiarazione di interdizione; le cause relative al maltrattamento di bambini, bambine o adolescenti, e i procedimenti disciplinati dalla legge n. 19.620, sull'adozione.

Nelle questioni cui dà luogo l'applicazione della legge n. 20.066, sulla Violenza Intrafamiliare, la mediazione procederà nei termini e alle condizioni stabilite dagli articoli 96 e 97 della presente legge.

Articolo 107 — Rinvio a mediazione e designazione del mediatore. Quando si tratti di una delle materie che, ai sensi dell'articolo 106, sono di mediazione preliminare, le parti, di comune accordo, comunicheranno al tribunale il nome del mediatore che scelgono tra i mediatori contrattati ai sensi dei commi terzo e quarto dell'articolo 114, mediante una presentazione che contenga l'individuazione degli interessati e l'indicazione della materia o delle materie coinvolte. In mancanza di accordo sulla persona del mediatore, o qualora le parti manifestino la volontà di rimettere la designazione alla decisione del giudice, questi procederà a nominare il mediatore mediante un procedimento oggettivo e generale, che garantisca una distribuzione equa tra i soggetti contrattati per prestare servizio in quel territorio giurisdizionale e un adeguato accesso ai richiedenti. In ogni caso, sarà sempre resa nota al richiedente la possibilità di rivolgersi, a proprie spese, a un mediatore tra quelli iscritti nel registro di cui all'articolo 112. Tali atti potranno essere compiuti dinanzi a qualsiasi tribunale di famiglia e per essi non è richiesto il patrocinio di un avvocato.

Se l'azione giudiziaria verte su una delle materie di mediazione volontaria, il giudice ordinerà che, al momento della presentazione della domanda, un funzionario appositamente qualificato istruisca l'attore sulla possibilità di ricorrervi, il quale potrà accettarla o rifiutarla. Allo stesso modo, entrambe le parti potranno richiedere la mediazione o accettare quella loro proposta dal giudice, nel corso della causa, fino al quinto giorno precedente l'udienza di giudizio, e potranno, in tal caso, designare il mediatore di comune accordo. Se non si raggiunge l'accordo, il giudice procederà a designarlo immediatamente tra coloro che figurano nel Registro dei Mediatori, mediante un procedimento che garantisca un'equa distribuzione del lavoro tra gli iscritti.

La designazione effettuata dal tribunale non sarà soggetta ad alcun ricorso. Tuttavia, dovrà essere revocata e si dovrà procedere a una nuova designazione se il mediatore fosse curatore o parente, per consanguineità o affinità in linea retta senza limiti di grado e fino al quarto grado in linea collaterale, di una delle parti, o avesse in precedenza prestato servizi professionali a favore di una di esse, salvo che li avesse prestati a entrambe in qualità di mediatore.

La richiesta di cui alla lettera d) dell'articolo 105, nonché la revoca e la nuova designazione di cui al comma precedente, saranno trattate in un'udienza speciale convocata a tal fine dal tribunale competente.

Compiuti gli atti di cui agli articoli precedenti, la designazione sarà comunicata al mediatore per la via più celere possibile. Tale comunicazione includerà, inoltre, l'individuazione delle parti e le materie oggetto del conflitto.

Articolo 108 — Convocazione alla sessione iniziale di mediazione. Il mediatore designato fisserà una sessione iniziale di mediazione. A questa convocherà, congiuntamente o separatamente, gli adulti coinvolti nel conflitto, i quali dovranno comparire personalmente o a distanza mediante videoconferenza, a seconda dei casi, fermo restando la possibilità di comparire assistiti dai rispettivi avvocati.

La prima sessione avrà inizio con l'informazione ai partecipanti circa la natura e gli obiettivi della mediazione, i principi che la ispirano e il valore giuridico degli accordi cui potranno pervenire.

Articolo 109 — Regole speciali sulla mediazione nelle cause relative al diritto agli alimenti. Trattandosi di casi che vertano, in tutto o in parte, sul diritto agli alimenti, il mediatore, nella prima sessione, dovrà informare l'alimentando del proprio diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al tribunale per la determinazione di alimenti provvisori, ai sensi dell'articolo 54-2. Di tale atto dovrà lasciarsi constatazione scritta firmata dal mediatore e dalle parti. Fermo restando ciò, le parti potranno adottare direttamente un accordo sulla materia.

Se il richiesto, convocato una sola volta, non si presenta alla prima sessione di mediazione e non giustifica la propria assenza, il richiedente sarà abilitato ad avviare il procedimento giudiziario.

Articolo 109 bis — Mediazione a distanza mediante videoconferenza. La mediazione che si svolga a distanza mediante videoconferenza si realizzerà conformemente a quanto disposto dal presente articolo e dalle restanti norme del Titolo V che non risultino in contrasto con esso.

Il mediatore disporrà di un mezzo di contatto che assicuri l'adeguata comunicazione con le parti e che consenta la tempestiva ed efficace trasmissione e ricezione delle informazioni necessarie per lo svolgimento del processo di mediazione a distanza.

Alla vigilia della sessione di mediazione, le parti forniranno al mediatore un recapito tempestivo, quale un numero di telefono o un indirizzo di posta elettronica, ai fini dello scambio di informazioni e del coordinamento delle sessioni che potranno aver luogo; e dovranno inviare per iscritto al mediatore l'accordo per lo svolgimento della mediazione a distanza. Le parti che compaiono a distanza dovranno preventivamente inviare al mediatore copia del proprio documento di identità al recapito che questi avrà loro indicato.

All'inizio della sessione, il mediatore dovrà verificare l'identità delle parti e chiedere loro di confermare la propria volontà di procedere con il processo di mediazione a distanza mediante videoconferenza. Il mediatore dovrà inoltre accertare, mediante domande o l'esibizione dell'ambiente circostante, che le parti che compaiono a distanza si trovino in un luogo idoneo a partecipare alla sessione di mediazione, che soddisfi condizioni sufficienti di idoneità e privacy, nonché che non siano presenti terze persone estranee al processo.

Il mediatore dovrà prestare particolare attenzione affinché lo scambio di informazioni tra le parti avvenga in modo fluido e chiaro, senza alcun tipo di coercizione esterna. Il mediatore sarà sempre facoltizzato a porre termine o sospendere un processo di mediazione svolto a distanza qualora rilevi che esso non possa svolgersi conformemente ai principi della mediazione.

In caso di malfunzionamento dei mezzi tecnologici, il mediatore disporrà la sospensione della sessione e fisserà un nuovo giorno e ora per la sua prosecuzione nella data più prossima possibile. Quanto precede si intende fatto salvo quanto disposto dal comma finale dell'articolo 111.

Le sessioni di mediazione non potranno essere registrate, captate, intercettate, divulgate né riprodotte dalle parti, dal mediatore né da terze persone, con nessun mezzo materiale, digitale o di comunicazione di massa. Non potranno inoltre essere fotografate immagini o documenti della sessione. L'infrazione a quanto disposto dal presente articolo sarà sanzionata secondo le pene stabilite dall'articolo 161-A del Codice Penale.

Articolo 110 — Durata della mediazione. Il processo di mediazione non potrà durare più di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione al mediatore della propria designazione da parte del tribunale di famiglia.

Tuttavia, i partecipanti, di comune accordo, potranno chiedere la proroga di tale termine fino a sessanta giorni ulteriori.

Durante tale termine, potranno tenersi tutte le sessioni che il mediatore e le parti ritengano necessarie, nelle date che siano concordate di comune accordo. I partecipanti potranno essere convocati separatamente.

Articolo 111 — Verbale di mediazione. Qualora si raggiunga un accordo su tutti o alcuni dei punti sottoposti a mediazione, se ne darà atto in un verbale di mediazione, il quale, dopo essere stato letto dai partecipanti, sarà da questi firmato e dal mediatore, restando una copia in possesso di ciascuna delle parti. Qualora la mediazione si svolga a distanza mediante videoconferenza, il verbale potrà essere firmato mediante firma elettronica semplice o avanzata.

Il verbale dovrà essere trasmesso dal mediatore al tribunale per la sua approvazione in tutto ciò che non risulti contrario al diritto, potendo in ogni caso il giudice sanare i vizi formali che presenti, rispettando in ogni momento la volontà delle parti espressa in tale verbale. Una volta approvato dal giudice, avrà valore di sentenza passata in giudicato.

Se la mediazione fallisce, si redigerà parimenti un verbale in cui si darà atto della conclusione della mediazione, senza aggiungere altri elementi. Per quanto possibile, tale verbale sarà firmato dai partecipanti, ne sarà consegnata copia alla parte che la richieda e sarà trasmesso al tribunale competente, con ciò cessando la sospensione del procedimento giudiziario o, se del caso, l'attore sarà abilitato ad avviarlo.

Si intenderà che la mediazione fallisce se uno dei partecipanti, convocato per due volte, non si presenta alla sessione iniziale, né ne giustifica la causa; se, pur avendo partecipato alle sessioni, manifesta la propria volontà di non proseguire la mediazione, e, in generale, in qualsiasi momento in cui il mediatore acquisisca il convincimento che non si raggiungeranno accordi.

Articolo 112 — Registro dei mediatori. La mediazione disciplinata dal presente Titolo potrà essere condotta esclusivamente dalle persone iscritte nel Registro dei Mediatori che il Ministero della Giustizia manterrà, costantemente aggiornato, tramite le Segreterie Regionali Ministeriali, con le formalità stabilite dal regolamento.

In tale Registro dovranno essere individuati tutti i mediatori iscritti e dovrà essere indicato l'ambito territoriale in cui presteranno servizio. Tale ambito dovrà corrispondere, al massimo, al territorio giurisdizionale di una Corte d'Appello o di più Corti d'Appello, purché situate nella medesima regione, e, come minimo, all'intero territorio giurisdizionale di un tribunale di primo grado con competenza in materia di famiglia. Inoltre, ove pertinente, sarà indicata la loro appartenenza a un'istituzione o persona giuridica.

Il mediatore potrà condurre il processo di mediazione solamente qualora risulti, ai sensi del comma precedente, assegnato al territorio giurisdizionale del tribunale competente a conoscere del conflitto.

Il Ministero della Giustizia fornirà alle Corti d'Appello l'elenco dei mediatori abilitati nel rispettivo territorio giurisdizionale. Dovrà inoltre mantenere pubblicato sul proprio sito web tale elenco, che dovrà essere ordinato per comuni e contenere i dati essenziali di ciascuno di essi.

Per iscriversi nel Registro dei Mediatori è richiesto il possesso di un titolo professionale relativo a un corso di studi di almeno otto semestri, rilasciato da un'istituzione di istruzione superiore dello Stato o da questo riconosciuta; comprovare una formazione specializzata in mediazione e in materie di famiglia o di infanzia, impartita da un'università o da un istituto che svolga attività didattica, formativa o di ricerca in tali materie, e non essere stati condannati per reati che comportino pena affittiva, per alcuno dei reati previsti dagli articoli da 361 a 375 del Codice Penale, né per atti costitutivi di violenza intrafamiliare.

Inoltre, il mediatore dovrà disporre di un luogo idoneo per lo svolgimento della mediazione in qualsiasi comune ove abbia giurisdizione il tribunale dinanzi al quale sia stata concordata la relativa mediazione.

Articolo 113 — Cancellazione dal Registro e sanzioni. I mediatori iscritti saranno cancellati dal Registro, a cura del Ministero della Giustizia, in caso di decesso o di rinuncia. Saranno altresì cancellati dal Registro in caso di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione o per la cancellazione della stessa, disposte dalla Corte d'Appello competente.

In caso di inadempimento dei propri obblighi o di abuso nell'esercizio delle proprie funzioni, il mediatore iscritto potrà essere ammonito o sospeso dall'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi. Parimenti, nei casi gravi, potrà essere disposta la cancellazione dell'iscrizione. Una volta imposta quest'ultima, non si potrà più chiedere una nuova iscrizione.

Le sanzioni saranno disposte da una qualsiasi delle Corti d'Appello nel cui territorio il mediatore eserciti le proprie funzioni, su istanza dell'interessato che reclami contro i servizi prestati, dell'istituzione o persona giuridica cui appartenga il mediatore, di qualsiasi giudice con competenza in materia di famiglia del territorio giurisdizionale della Corte, o della rispettiva Segreteria Regionale Ministeriale di Giustizia.

La Corte deciderà previa audizione degli interessati e l'assunzione dei mezzi di prova che ritenga rilevanti per formare il proprio convincimento.

I provvedimenti che, nell'esercizio di tali facoltà, adottino le Corti d'Appello, saranno appellabili, fermo restando il diritto del mediatore di chiedere il riesame. La trattazione del ricorso sarà soggetta a quanto disposto dai commi secondo e terzo dell'articolo 551 del Codice Organico dei Tribunali.

Il provvedimento sarà comunicato alla corrispondente Segreteria Regionale Ministeriale di Giustizia per la sua esecuzione, la quale avrà efficacia su tutto il territorio della Repubblica.

Disposta la cancellazione, il mediatore sarà inabilitato ad agire, dovendosi provvedere a una nuova designazione per le questioni che avesse in corso. Disposta invece una sospensione, il mediatore dovrà proseguire, sino alla loro conclusione, gli affari che gli fossero stati previamente affidati.

In caso di perdita dei requisiti, la Corte d'Appello competente seguirà lo stesso procedimento indicato nei commi precedenti.

Articolo 114 — Costo della mediazione. I servizi di mediazione relativi alle materie di cui al comma primo dell'articolo 106 saranno gratuiti per le parti. In via eccezionale, potrà essere addebitato, in tutto o in parte, il costo del servizio quando esso sia prestato a utenti che dispongano di risorse per finanziarlo privatamente. A tal fine si terrà conto, quantomeno, del loro livello di reddito, della capacità di pagamento e del numero di componenti del nucleo familiare che da essi dipendano, conformemente a quanto stabilito dal regolamento.

Per le restanti materie, i servizi di mediazione saranno a carico delle parti e avranno come valori massimi quelli previsti dal tariffario che sarà determinato annualmente mediante decreto del Ministero della Giustizia. Tuttavia, coloro che godano del beneficio del gratuito patrocinio o siano assistiti dalle corporazioni di assistenza giudiziaria o da altri enti pubblici o privati destinati a prestare assistenza legale gratuita, avranno diritto a ricevere il servizio gratuitamente.

Al fine di fornire i servizi di mediazione senza costo per le parti, il Ministero della Giustizia vigilerà affinché sussista un'adeguata offerta di mediatori nelle varie circoscrizioni dei tribunali con competenza in materia di famiglia, contrattando a tal fine i servizi di persone giuridiche o fisiche, affinché siano eseguiti da coloro che risultino iscritti nel Registro dei Mediatori.

Gli affidamenti di cui al comma precedente saranno effettuati a livello regionale, conformemente a quanto disposto dalla legge n. 19.886, sulle Basi dei Contratti Amministrativi di Fornitura e Prestazione di Servizi, e dal relativo regolamento. In ogni caso, qualora si proceda alla contrattazione di mediatori mediante trattativa diretta, i relativi termini dovranno adeguarsi alle medesime condizioni stabilite per la contrattazione dei mediatori selezionati mediante gara, per quanto pertinente.

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IMPORTANT NOTICE: this is an UNOFFICIAL TRANSLATION of Título V of the Chilean law Ley N° 19.968, provided for informational purposes only. It has not been certified by any authority and has no legal value or binding effect. For any legal, official or professional use, please refer exclusively to the original Spanish-language text published by the Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, available at www.bcn.cl/leychile.

Title V: On family mediation (Ley N° 19.968)

Article 103 — Mediation. For the purposes of this law, mediation is understood to be that system of conflict resolution in which an impartial third party, without decision-making power, called a mediator, helps the parties to seek by themselves a solution to the conflict and its effects, by means of agreements.

Mediation may, with the agreement of the parties, be carried out remotely by videoconference in accordance with the provisions of article 109 bis, provided the mediator has the technological means to do so. Both parties may appear remotely, or one of them may do so remotely while the other appears at the premises of the mediator or of the Mediation Centre, if they so agree.

Article 104 — Settlements reached outside a mediation procedure. Without prejudice to the provisions of this Title, the parties may jointly appoint a person to exercise good offices between them in order to reach settlements on matters where this is permissible under the law.

Article 105 — Principles of mediation. Throughout the mediation process, the mediator shall ensure compliance with the following principles, in the terms set out below:

a) Equality: whereby the mediator shall ascertain that the participants are on an equal footing to reach agreements. If this is not the case, the mediator shall propose or adopt, as appropriate, the measures necessary to achieve that balance. If this is not possible, the mediator shall declare the mediation terminated.

b) Voluntariness: whereby the participants may withdraw from the mediation at any time. If, at the first session or at any other time during the procedure, any of the participants expresses an intention not to continue with the mediation, it shall be deemed terminated.

c) Confidentiality: whereby the mediator must keep confidential everything heard or seen during the mediation process and shall be covered by professional secrecy. Breach of this confidentiality shall be punished with the penalty provided for in article 247 of the Criminal Code.

Nothing said by any of the participants during the course of the mediation may be invoked in any subsequent judicial proceeding, should there be one.

Notwithstanding the foregoing, the mediator shall be exempt from the duty of confidentiality in cases where he or she becomes aware of the existence of situations of mistreatment or abuse against children or adolescents, or persons with disabilities. In any case, the mediator must inform the parties beforehand of the scope of this exemption.

d) Impartiality: which implies that mediators shall be impartial with respect to the participants, and must refrain from promoting conduct that would compromise that condition. If such impartiality is affected for any reason, the mediator must decline the case, providing justification before the relevant court.

Those involved may also request the court to appoint a new mediator, where they show that the impartiality of the mediator initially appointed is compromised.

e) Best interests of the child: whereby, in the course of the mediation, the mediator shall always ensure that the best interests of the child or adolescent are taken into account, and may summon them only if their presence is strictly indispensable for the conduct of the mediation.

f) Opinions of third parties: whereby the mediator shall ensure that the opinions of third parties who were not summoned to the hearing are taken into consideration, and the mediator may also summon them.

Article 106 — Prior, voluntary and prohibited mediation. Cases concerning the right to maintenance (alimony), personal care (custody), and the right of parents and children living apart to maintain a direct and regular relationship, even where these must be dealt with in the context of a divorce or judicial separation action, must be submitted to a mediation procedure prior to the filing of the claim, which shall be governed by the provisions of this law and its regulations.

The provision of the preceding paragraph shall not apply to the cases referred to in article 54 of Law No. 19.947.

The parties shall be exempt from complying with this requirement if they prove that, before the case began, they submitted the same dispute to mediation before mediators registered in the register referred to in article 112, or if they have reached a private agreement on these matters.

The remaining matters within the jurisdiction of the family courts, except those referred to in the following paragraph, may be submitted to mediation if the parties so agree or accept.

The following matters shall not be submitted to mediation: matters relating to the civil status of persons, except in the cases contemplated by the Civil Marriage Law; declarations of legal incapacity (interdicción); cases concerning the mistreatment of children or adolescents; and the procedures governed by Law No. 19.620, on adoption.

In matters arising from the application of Law No. 20.066, on Domestic Violence, mediation shall proceed under the terms and conditions established in articles 96 and 97 of this law.

Article 107 — Referral to mediation and appointment of the mediator. When one of the matters that, under article 106, is subject to prior mediation is involved, the parties shall, by mutual agreement, communicate to the court the name of the mediator they choose from among the mediators engaged in accordance with the third and fourth paragraphs of article 114, by means of a submission containing the identification of those involved and mention of the matter or matters included. In the absence of agreement on the person of the mediator, or if the parties state their decision to leave the designation to the court's decision, the judge shall proceed to appoint the mediator by means of an objective and general procedure that guarantees an equitable distribution among those engaged to provide services in that judicial territory and adequate access for applicants. In any case, the applicant shall always be informed of the possibility of resorting, at their own expense, to a mediator among those registered in the register referred to in article 112. These steps may be carried out before any family court and do not require the sponsorship of a lawyer.

If the judicial action concerns one of the matters subject to voluntary mediation, the judge shall order that, when the claim is filed, a specially qualified official shall instruct the claimant on the option of resorting to mediation, which the claimant may accept or reject. Likewise, both parties may request mediation, or accept mediation proposed to them by the judge, during the course of the case, up until the fifth day prior to the trial hearing, and may, in this case, designate the mediator by mutual agreement. If no agreement is reached, the judge shall immediately appoint a mediator from among those on the Register of Mediators, by means of a procedure that ensures an equitable distribution of work among those registered.

The designation made by the court shall not be subject to any appeal. However, it must be revoked and a new designation made if the mediator is a guardian or relative, by blood or by marriage, in the direct line to any degree and up to the fourth degree in the collateral line, of either party, or has previously provided professional services to either of them, unless such services were provided to both in the capacity of mediator.

The request referred to in subparagraph d) of article 105, as well as the revocation and new designation referred to in the preceding paragraph, shall be dealt with at a special hearing convened for that purpose by the competent court.

Once the steps referred to in the preceding articles have been carried out, the mediator shall be notified of his or her appointment by the most expeditious means possible. That notification shall also include the identification of the parties and the matters that are the subject of the dispute.

Article 108 — Summons to the initial mediation session. The appointed mediator shall set an initial mediation session. To this session, the mediator shall summon, jointly or separately, the adults involved in the dispute, who must attend in person or remotely by videoconference, as applicable, without prejudice to the attendance of their lawyers.

The first session shall begin with information to the participants about the nature and objectives of mediation, the principles governing it, and the legal value of any agreements they may reach.

Article 109 — Special rules on mediation in cases concerning the right to maintenance. In cases that concern, in whole or in part, the right to maintenance (alimony), the mediator shall, at the first session, inform the person entitled to maintenance of his or her right to apply to the court at any time for the setting of provisional maintenance, in accordance with article 54-2. Written record of this step, signed by the mediator and the parties, must be kept. Notwithstanding this, the parties may directly reach an agreement on the matter.

If the respondent, having been summoned once, fails to attend the first mediation session and does not justify his or her absence, the applicant shall be entitled to initiate judicial proceedings.

Article 109 bis — Remote mediation by videoconference. Mediation carried out remotely by videoconference shall be conducted in accordance with the provisions of this article and the other rules of Title V that are not contrary to it.

The mediator shall have a means of contact that ensures adequate communication with the parties and that allows for the timely and effective transmission and receipt of the information necessary to conduct the remote mediation process.

On the eve of the mediation session, the parties shall provide the mediator with a suitable means of contact, such as a telephone number or email address, for the purposes of exchanging information and coordinating any sessions that may take place; and they must send the mediator, in writing, their agreement to conduct the mediation remotely. Parties appearing remotely must first send the mediator a copy of their identity card at the means of contact the mediator has indicated to them.

At the start of the session, the mediator must verify the identity of the parties and ask them to confirm their willingness to proceed with the remote mediation process by videoconference. The mediator must also ascertain, whether by questioning or by having the surroundings shown, that the parties appearing remotely are in a place suitable for participating in the mediation session that meets sufficient conditions of suitability and privacy, and that no third parties unconnected to the process are present.

The mediator must pay special attention to ensuring that the exchange of information between the parties takes place fluidly and clearly, without any form of external coercion. The mediator shall always be empowered to terminate or suspend a mediation process conducted remotely if he or she observes that it cannot be carried out in accordance with the principles of mediation.

If there is a malfunction of the technological means, the mediator shall order the suspension of the session and shall set a new day and time for its continuation at the earliest possible date. The foregoing is without prejudice to the provisions of the final paragraph of article 111.

Mediation sessions may not be recorded, captured, intercepted, disclosed or reproduced by the parties, the mediator or third parties, by any material, digital or mass-communication means. Nor may images or documents from the session be photographed. Infringement of the provisions of this article shall be punished in accordance with the penalties established in article 161-A of the Criminal Code.

Article 110 — Duration of mediation. The mediation process may not last longer than sixty days, counted from the date on which the mediator is notified of his or her appointment by the family court.

Nevertheless, the participants may, by mutual agreement, request that this period be extended by up to a further sixty days.

During that period, all sessions that the mediator and the parties consider necessary may be held, on dates agreed by mutual consent. Participants may be summoned separately.

Article 111 — Mediation record. If an agreement is reached on all or some of the points submitted to mediation, this shall be recorded in a mediation record which, after being read by the participants, shall be signed by them and by the mediator, with a copy remaining in the possession of each party. If the mediation is conducted remotely by videoconference, the record may be signed by simple or advanced electronic signature.

The record shall be sent by the mediator to the court for approval, in respect of everything that is not contrary to law; the judge may in any case remedy any formal defects it contains, while always respecting the will of the parties expressed in that record. Once approved by the judge, it shall have the value of a final judgment.

If the mediation fails, a record shall likewise be drawn up recording the termination of the mediation, without adding any further particulars. As far as possible, that record shall be signed by the participants, a copy shall be given to any party requesting it, and it shall be sent to the relevant court, whereupon the suspension of the judicial proceedings shall end or, as the case may be, the claimant shall be entitled to initiate them.

Mediation shall be deemed to have failed if any of the participants, having been summoned twice, fails to attend the initial session and does not justify the reason; if, having attended the sessions, a participant expresses his or her intention not to persevere with the mediation; and, in general, whenever the mediator becomes convinced that no agreement will be reached.

Article 112 — Register of mediators. Mediation governed by this Title may only be conducted by persons registered in the Register of Mediators, which the Ministry of Justice shall keep permanently updated, through the Regional Ministerial Secretariats, in accordance with the formalities established in the regulations.

That Register must identify all registered mediators and must record the territorial area in which they will provide services. This must correspond, at most, to the judicial territory of one Court of Appeal or of several Courts of Appeal, provided they are located within the same region, and, at least, to the entire judicial territory of a court of first instance with jurisdiction over family matters. In addition, where applicable, their affiliation with an institution or legal entity shall be noted.

The mediator may only conduct the mediation process if, pursuant to the preceding paragraph, he or she is attached to the judicial territory of the court with jurisdiction over the dispute.

The Ministry of Justice shall provide the Courts of Appeal with the list of mediators qualified within their respective judicial territories. It must also keep that list published on its website, arranged by commune, with the basic details of each mediator.

To register in the Register of Mediators, an applicant must hold a professional degree from a course of studies lasting at least eight semesters, awarded by a state institution of higher education or one recognised by the State; must demonstrate specialised training in mediation and in family or child-related matters, provided by a university or institute engaged in teaching, training or research in such matters; and must not have been convicted of an offence carrying an afflictive penalty, of any of the offences set out in articles 361 to 375 of the Criminal Code, or of acts constituting domestic violence.

In addition, the mediator must have a suitable venue for conducting mediation in any commune within the jurisdiction of the court before which the relevant mediation is agreed.

Article 113 — Removal from the Register and sanctions. Registered mediators shall be removed from the Register by the Ministry of Justice in the event of death or resignation. They shall likewise be removed from the Register in the event of loss of the requirements for registration, or upon cancellation of the registration ordered by the competent Court of Appeal.

In the event of failure to comply with their obligations or abuse in the performance of their functions, a registered mediator may be reprimanded or suspended from practising for a period not exceeding six months. Likewise, in serious cases, cancellation of the registration may be ordered. Once cancellation has been imposed, re-registration may not be sought.

Sanctions shall be ordered by any of the Courts of Appeal within whose territory the mediator practises, at the request of the interested party complaining about the services rendered, of the institution or legal entity to which the mediator belongs, of any judge with jurisdiction in family matters within the judicial territory of the Court, or of the relevant Regional Ministerial Secretariat of Justice.

The Court shall decide after hearing the interested parties and admitting such evidence as it considers relevant to form its judgment.

Measures adopted by the Courts of Appeal in the exercise of these powers shall be subject to appeal, without prejudice to the mediator's right to seek reconsideration. Processing of the appeal shall be governed by the second and third paragraphs of article 551 of the Judicial Organisation Code (Código Orgánico de Tribunales).

The decision shall be communicated to the relevant Regional Ministerial Secretariat of Justice for enforcement, which shall extend throughout the territory of the Republic.

Once cancellation has been imposed, the mediator shall be disqualified from acting, and a new appointment shall be made for any pending matters. Where a suspension has been imposed, the mediator must continue, until their conclusion, with matters previously entrusted to him or her.

In the event of loss of the requirements, the relevant Court of Appeal shall follow the same procedure set out in the preceding paragraphs.

Article 114 — Cost of mediation. Mediation services relating to the matters referred to in the first paragraph of article 106 shall be free of charge for the parties. Exceptionally, a fee may be charged, in whole or in part, for the service where it is provided to users who have the resources to fund it privately. For these purposes, at least the user's income level, ability to pay, and the number of dependants in the family group shall be taken into account, in accordance with the provisions of the regulations.

For the remaining matters, mediation services shall be at the parties' expense and shall be subject to maximum rates set out in the fee schedule determined annually by decree of the Ministry of Justice. Nevertheless, those who hold a certificate of poverty (privilegio de pobreza) or are represented by legal aid corporations or by any public or private entity established to provide free legal assistance shall be entitled to receive the service free of charge.

In order to provide mediation services at no cost to the parties, the Ministry of Justice shall ensure that there is an adequate supply of mediators across the various jurisdictions of the courts having jurisdiction over family matters, engaging for this purpose the services of legal entities or natural persons, so that these are carried out by those registered in the Register of Mediators.

The engagements referred to in the preceding paragraph shall be made at the regional level, in accordance with the provisions of Law No. 19.886, on the Basic Rules for Administrative Contracts for Supply and Services, and its regulations. In any case, where mediators are engaged by direct negotiation, the terms thereof must conform, insofar as relevant, to the same conditions established for the engagement of mediators selected through public tender.

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AVIS IMPORTANT : la présente est une TRADUCTION NON OFFICIELLE du Titre V de la loi chilienne Ley N° 19.968, fournie à titre purement informatif. Elle n'a été certifiée par aucune autorité et n'a aucune valeur juridique ni caractère contraignant. Pour tout usage légal, officiel ou professionnel, il convient de se référer exclusivement au texte original en langue espagnole publié par la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, disponible sur www.bcn.cl/leychile.

Titre V : De la médiation familiale (Ley N° 19.968)

Article 103 — Médiation. Aux fins de la présente loi, on entend par médiation ce système de résolution des conflits dans lequel un tiers impartial, sans pouvoir décisionnel, appelé médiateur, aide les parties à rechercher par elles-mêmes une solution au conflit et à ses effets, au moyen d'accords.

La médiation pourra, avec l'accord des parties, se dérouler à distance par visioconférence conformément aux dispositions de l'article 109 bis, si le médiateur dispose des moyens technologiques nécessaires. Les deux parties pourront comparaître à distance, ou bien l'une d'elles pourra le faire à distance et l'autre dans les locaux du médiateur ou du Centre de Médiation, si elles en conviennent ainsi.

Article 104 — Accords obtenus en dehors d'une procédure de médiation. Sans préjudice des dispositions du présent Titre, les parties pourront désigner d'un commun accord une personne qui exerce entre elles ses bons offices afin de parvenir à des accords dans les matières où cela est admis conformément à la loi.

Article 105 — Principes de la médiation. Tout au long du processus de médiation, le médiateur devra veiller au respect des principes suivants, dans les termes ci-après énoncés :

a) Égalité : en vertu duquel le médiateur s'assurera que les participants se trouvent dans des conditions d'égalité pour adopter des accords. Si tel n'est pas le cas, il proposera ou adoptera, selon le cas, les mesures nécessaires pour obtenir cet équilibre. Si cela n'est pas possible, il déclarera la médiation terminée.

b) Volontariat : selon lequel les participants pourront se retirer de la médiation à tout moment. Si, lors de la première séance ou à tout autre moment de la procédure, l'un des participants manifeste son intention de ne pas poursuivre la médiation, celle-ci sera considérée comme terminée.

c) Confidentialité : selon lequel le médiateur devra garder le secret sur tout ce qu'il aura entendu ou vu au cours du processus de médiation et sera couvert par le secret professionnel. La violation de ce secret sera sanctionnée par la peine prévue à l'article 247 du Code pénal.

Rien de ce qui aura été dit par l'un quelconque des participants au cours de la médiation ne pourra être invoqué dans la procédure judiciaire subséquente, le cas échéant.

Toutefois, le médiateur sera exempté du devoir de confidentialité dans les cas où il aurait connaissance de l'existence de situations de maltraitance ou d'abus à l'encontre d'enfants, d'adolescents ou de personnes handicapées. Dans tous les cas, il devra faire connaître au préalable aux parties la portée de cette exemption.

d) Impartialité : ce qui implique que les médiateurs seront impartiaux à l'égard des participants, devant s'abstenir de promouvoir des actes qui compromettraient cette condition. Si cette impartialité venait à être affectée pour quelque cause que ce soit, ils devront se récuser, en justifiant leur décision devant le tribunal compétent.

Les personnes concernées pourront également demander au tribunal la désignation d'un nouveau médiateur, lorsqu'elles justifient que l'impartialité du médiateur initialement désigné est compromise.

e) Intérêt supérieur de l'enfant : en vertu duquel, au cours de la médiation, le médiateur veillera toujours à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'adolescent soit pris en considération, ne pouvant les convoquer que si leur présence est strictement indispensable au déroulement de la médiation.

f) Opinions des tiers : en vertu duquel le médiateur veillera à ce que soient prises en considération les opinions des tiers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience, qu'il pourra également convoquer.

Article 106 — Médiation préalable, volontaire et interdite. Les affaires relatives au droit aux aliments, à la garde personnelle et au droit des parents et des enfants vivant séparés de maintenir une relation directe et régulière, même lorsqu'elles doivent être traitées dans le cadre d'une action en divorce ou en séparation judiciaire, devront être soumises à une procédure de médiation préalable à l'introduction de la demande, laquelle sera régie par les dispositions de la présente loi et de son règlement.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux cas visés à l'article 54 de la loi n° 19.947.

Les parties seront exemptées de l'accomplissement de cette exigence si elles prouvent qu'avant l'introduction de l'instance, elles ont soumis le même conflit à une médiation devant des médiateurs inscrits au registre visé à l'article 112, ou si elles sont parvenues à un accord privé sur ces matières.

Les autres matières relevant de la compétence des tribunaux de la famille, à l'exception de celles visées à l'alinéa suivant, pourront être soumises à médiation si les parties en conviennent ou l'acceptent.

Ne seront pas soumises à médiation les questions relatives à l'état civil des personnes, sauf dans les cas prévus par la Loi sur le mariage civil ; la déclaration d'interdiction ; les affaires relatives à la maltraitance d'enfants ou d'adolescents ; et les procédures régies par la loi n° 19.620, relative à l'adoption.

Dans les affaires découlant de l'application de la loi n° 20.066, relative à la violence intrafamiliale, la médiation aura lieu dans les termes et conditions établis aux articles 96 et 97 de la présente loi.

Article 107 — Renvoi en médiation et désignation du médiateur. Lorsqu'il s'agit de l'une des matières qui, conformément à l'article 106, relèvent de la médiation préalable, les parties communiqueront d'un commun accord au tribunal le nom du médiateur qu'elles choisissent parmi les médiateurs engagés conformément aux alinéas troisième et quatrième de l'article 114, au moyen d'une requête contenant l'identification des personnes concernées et la mention de la ou des matières incluses. À défaut d'accord sur la personne du médiateur, ou si les parties manifestent leur volonté de laisser la désignation à la décision du juge, celui-ci procédera à la nomination du médiateur au moyen d'une procédure objective et générale, garantissant une répartition équitable entre les personnes engagées pour exercer dans ce ressort juridictionnel et un accès adéquat pour les demandeurs. Dans tous les cas, la possibilité de recourir, à ses frais, à un médiateur inscrit au registre visé à l'article 112 sera toujours signalée au demandeur. Ces démarches pourront être effectuées devant tout tribunal de la famille et ne requièrent pas le patronage d'un avocat.

Si l'action judiciaire porte sur l'une des matières de médiation volontaire, le juge ordonnera que, lors du dépôt de la demande, un fonctionnaire spécialement qualifié informe le demandeur de la possibilité d'y recourir, celui-ci pouvant l'accepter ou la refuser. De même, les deux parties pourront demander la médiation ou accepter celle proposée par le juge, au cours de l'instance, jusqu'au cinquième jour précédant l'audience de jugement, et pourront, dans ce cas, désigner le médiateur d'un commun accord. Si aucun accord n'est trouvé, le juge procédera immédiatement à sa désignation parmi les personnes inscrites au Registre des Médiateurs, au moyen d'une procédure garantissant une répartition équitable du travail entre les personnes inscrites.

La désignation effectuée par le tribunal ne sera susceptible d'aucun recours. Toutefois, elle devra être révoquée et il devra être procédé à une nouvelle désignation si le médiateur est le tuteur ou un parent, par consanguinité ou par alliance, en ligne directe à tout degré et jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale, de l'une des parties, ou s'il a préalablement fourni des services professionnels à l'une d'elles, sauf s'il les a fournis aux deux en qualité de médiateur.

La demande visée à l'alinéa d) de l'article 105, ainsi que la révocation et la nouvelle désignation visées à l'alinéa précédent, seront traitées lors d'une audience spéciale convoquée à cet effet par le tribunal compétent.

Une fois accomplies les démarches visées aux articles précédents, la désignation sera communiquée au médiateur par la voie la plus expéditive possible. Cette communication comprendra également l'identification des parties et les matières sur lesquelles porte le conflit.

Article 108 — Convocation à la séance initiale de médiation. Le médiateur désigné fixera une séance initiale de médiation. Il y convoquera, conjointement ou séparément, les adultes impliqués dans le conflit, qui devront comparaître personnellement ou à distance par visioconférence, selon le cas, sans préjudice de la comparution de leurs avocats.

La première séance débutera par l'information des participants sur la nature et les objectifs de la médiation, les principes qui la régissent et la valeur juridique des accords auxquels ils pourraient parvenir.

Article 109 — Règles spéciales relatives à la médiation dans les affaires concernant le droit aux aliments. S'agissant de cas portant, en tout ou en partie, sur le droit aux aliments, le médiateur devra, lors de la première séance, informer le créancier d'aliments de son droit de saisir à tout moment le tribunal aux fins de fixation d'aliments provisoires, conformément à l'article 54-2. Il devra être laissé constatation écrite de cet acte, signée par le médiateur et les parties. Sans préjudice de ce qui précède, les parties pourront convenir directement d'un accord sur la matière.

Si le débiteur, convoqué une seule fois, ne se présente pas à la première séance de médiation et ne justifie pas son absence, le demandeur sera habilité à engager la procédure judiciaire.

Article 109 bis — Médiation à distance par visioconférence. La médiation qui se déroule à distance par visioconférence sera réalisée conformément aux dispositions du présent article et aux autres normes du Titre V qui ne lui seraient pas contraires.

Le médiateur disposera d'un moyen de contact assurant une communication adéquate avec les parties et permettant la transmission et la réception, en temps utile et efficaces, des informations nécessaires à la conduite du processus de médiation à distance.

La veille de la séance de médiation, les parties fourniront au médiateur un moyen de contact utile, tel qu'un numéro de téléphone ou une adresse électronique, aux fins de l'échange d'informations et de la coordination des séances pouvant avoir lieu ; et elles devront transmettre par écrit au médiateur leur accord pour la tenue de la médiation à distance. Les parties comparaissant à distance devront préalablement transmettre au médiateur une copie de leur pièce d'identité au moyen de contact que celui-ci leur aura indiqué.

Au début de la séance, le médiateur devra vérifier l'identité des parties et leur demander de confirmer leur volonté de mener à bien le processus de médiation à distance par visioconférence. Le médiateur devra également s'assurer, au moyen de questions ou en faisant montrer l'environnement, que les parties comparaissant à distance se trouvent dans un lieu approprié pour participer à la séance de médiation, remplissant des conditions suffisantes d'adéquation et de confidentialité, et qu'aucun tiers étranger au processus n'est présent.

Le médiateur devra veiller tout particulièrement à ce que l'échange d'informations entre les parties se déroule de manière fluide et claire, sans aucune forme de coercition extérieure. Le médiateur sera toujours habilité à mettre fin à un processus de médiation mené à distance ou à le suspendre s'il constate qu'il ne peut se dérouler conformément aux principes de la médiation.

En cas de dysfonctionnement des moyens technologiques, le médiateur ordonnera la suspension de la séance et fixera un nouveau jour et une nouvelle heure pour sa poursuite à la date la plus proche possible. Ce qui précède s'entend sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 111.

Les séances de médiation ne pourront être enregistrées, captées, interceptées, divulguées ni reproduites par les parties, le médiateur ou des tiers, par quelque moyen matériel, numérique ou de communication de masse que ce soit. Il ne pourra pas non plus être pris de photographies d'images ou de documents de la séance. L'infraction aux dispositions du présent article sera sanctionnée selon les peines établies à l'article 161-A du Code pénal.

Article 110 — Durée de la médiation. Le processus de médiation ne pourra pas durer plus de soixante jours, à compter de la communication au médiateur de sa désignation par le tribunal de la famille.

Toutefois, les participants pourront, d'un commun accord, demander la prorogation de ce délai jusqu'à soixante jours supplémentaires.

Pendant ce délai, pourront se tenir toutes les séances que le médiateur et les parties jugeront nécessaires, aux dates fixées d'un commun accord. Les participants pourront être convoqués séparément.

Article 111 — Procès-verbal de médiation. Si un accord est trouvé sur tout ou partie des points soumis à médiation, il en sera fait mention dans un procès-verbal de médiation qui, après avoir été lu par les participants, sera signé par eux ainsi que par le médiateur, une copie restant en possession de chacune des parties. Si la médiation se déroule à distance par visioconférence, le procès-verbal pourra être signé au moyen d'une signature électronique simple ou avancée.

Le procès-verbal devra être transmis par le médiateur au tribunal pour approbation, pour tout ce qui n'est pas contraire au droit, le juge pouvant en tout état de cause corriger les vices de forme qu'il présenterait, en respectant à tout moment la volonté des parties exprimée dans ledit procès-verbal. Une fois approuvé par le juge, il aura la valeur d'un jugement passé en force de chose jugée.

Si la médiation échoue, il sera également dressé un procès-verbal constatant la fin de la médiation, sans autre mention. Dans la mesure du possible, ce procès-verbal sera signé par les participants, une copie en sera remise à la partie qui la demande et il sera transmis au tribunal compétent, ce qui mettra fin à la suspension de la procédure judiciaire ou, le cas échéant, habilitera le demandeur à l'engager.

La médiation sera réputée avoir échoué si l'un des participants, convoqué à deux reprises, ne se présente pas à la séance initiale sans justifier de motif ; si, ayant assisté aux séances, il manifeste sa volonté de ne pas poursuivre la médiation ; et, plus généralement, dès lors que le médiateur acquiert la conviction qu'aucun accord ne sera trouvé.

Article 112 — Registre des médiateurs. La médiation régie par le présent Titre ne pourra être menée que par les personnes inscrites au Registre des Médiateurs que le Ministère de la Justice tiendra, en le maintenant en permanence à jour, par l'intermédiaire des Secrétariats Régionaux Ministériels, selon les formalités prévues par le règlement.

Ce Registre devra identifier tous les médiateurs inscrits et indiquer le ressort territorial dans lequel ils exerceront. Celui-ci devra correspondre, au maximum, au ressort juridictionnel d'une Cour d'appel ou de plusieurs Cours d'appel, à condition qu'elles se trouvent dans une même région, et, au minimum, à l'ensemble du ressort juridictionnel d'un tribunal de première instance compétent en matière familiale. En outre, le cas échéant, sera mentionnée leur appartenance à une institution ou personne morale.

Le médiateur ne pourra mener le processus de médiation que s'il est, conformément à l'alinéa précédent, rattaché au ressort juridictionnel du tribunal compétent pour connaître du conflit.

Le Ministère de la Justice communiquera aux Cours d'appel la liste des médiateurs habilités dans leur ressort juridictionnel respectif. Il devra également tenir cette liste publiée sur son site internet, laquelle devra être classée par commune et contenir les données essentielles de chacun des médiateurs.

Pour s'inscrire au Registre des Médiateurs, il est requis de posséder un titre professionnel relatif à une filière d'études d'au moins huit semestres, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de l'État ou reconnu par celui-ci ; de justifier d'une formation spécialisée en médiation et en matières familiales ou de l'enfance, dispensée par une université ou un institut exerçant des activités d'enseignement, de formation ou de recherche dans ces matières ; et de ne pas avoir été condamné pour un délit emportant une peine afflictive, pour l'un des délits prévus aux articles 361 à 375 du Code pénal, ni pour des actes constitutifs de violence intrafamiliale.

En outre, le médiateur devra disposer d'un lieu approprié pour mener la médiation dans toute commune relevant de la juridiction du tribunal devant lequel la médiation concernée aura été convenue.

Article 113 — Radiation du Registre et sanctions. Les médiateurs inscrits seront radiés du Registre par le Ministère de la Justice en cas de décès ou de démission. Ils seront également radiés du Registre en cas de perte des conditions requises pour l'inscription ou en cas d'annulation de celle-ci, décrétée par la Cour d'appel compétente.

En cas de manquement à ses obligations ou d'abus dans l'exercice de ses fonctions, le médiateur inscrit pourra faire l'objet d'un avertissement ou d'une suspension de l'exercice de son activité pour une durée n'excédant pas six mois. De même, dans les cas graves, l'annulation de l'inscription pourra être décrétée. Une fois celle-ci prononcée, une nouvelle inscription ne pourra plus être demandée.

Les sanctions seront ordonnées par l'une quelconque des Cours d'appel dans le ressort de laquelle le médiateur exerce ses fonctions, à la demande de l'intéressé qui se plaint des services rendus, de l'institution ou de la personne morale à laquelle appartient le médiateur, de tout juge compétent en matière familiale dans le ressort juridictionnel de la Cour, ou du Secrétariat Régional Ministériel de la Justice compétent.

La Cour statuera après audition des intéressés et l'administration des preuves qu'elle estimera pertinentes pour former sa conviction.

Les mesures adoptées par les Cours d'appel dans l'exercice de ces pouvoirs seront susceptibles d'appel, sans préjudice du droit du médiateur de demander un réexamen. Le traitement du recours sera soumis aux dispositions des alinéas deux et trois de l'article 551 du Code Organique des Tribunaux.

La décision sera communiquée au Secrétariat Régional Ministériel de la Justice compétent pour son exécution, laquelle sera étendue à l'ensemble du territoire de la République.

Une fois l'annulation prononcée, le médiateur sera inhabilité à exercer, une nouvelle désignation devant être effectuée pour les affaires qu'il aurait en cours. En cas de suspension, le médiateur devra en revanche mener à leur terme les affaires qui lui auraient été confiées au préalable.

En cas de perte des conditions requises, la Cour d'appel compétente suivra la même procédure que celle indiquée aux alinéas précédents.

Article 114 — Coût de la médiation. Les services de médiation relatifs aux matières visées à l'alinéa premier de l'article 106 seront gratuits pour les parties. À titre exceptionnel, le service pourra être facturé, en tout ou en partie, lorsqu'il est fourni à des usagers disposant de ressources leur permettant de le financer eux-mêmes. À cette fin, seront pris en compte, à tout le moins, leur niveau de revenus, leur capacité de paiement et le nombre de personnes du groupe familial à leur charge, conformément aux dispositions du règlement.

Pour les autres matières, les services de médiation seront à la charge des parties et auront pour valeurs maximales celles prévues par le tarif déterminé annuellement par décret du Ministère de la Justice. Toutefois, les personnes bénéficiant du privilège de pauvreté ou patronnées par les corporations d'assistance judiciaire ou par toute autre entité publique ou privée destinée à fournir une assistance juridique gratuite auront droit à recevoir le service gratuitement.

Afin de fournir les services de médiation sans frais pour les parties, le Ministère de la Justice veillera à l'existence d'une offre adéquate de médiateurs dans les différents ressorts des tribunaux compétents en matière familiale, en engageant à cet effet les services de personnes morales ou physiques, afin qu'ils soient exécutés par des personnes inscrites au Registre des Médiateurs.

Les engagements visés à l'alinéa précédent seront effectués au niveau régional, conformément aux dispositions de la loi n° 19.886, relative aux Bases des Contrats Administratifs de Fourniture et de Prestation de Services, et à son règlement. En tout état de cause, en cas d'engagement de médiateurs par entente directe, les conditions de celui-ci devront se conformer, dans la mesure pertinente, aux mêmes conditions que celles établies pour l'engagement de médiateurs sélectionnés par appel d'offres.